ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DEL ARTÍCULO 2o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE ESE AÑO, AL CONSTITUIR UNA NORMA DE VIGENCIA ANUAL QUE HA DEJADO DE TENER APLICACIÓN Y, POR ENDE, HAN CESADO SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL PREVER QUE EL EJECUTIVO FEDERAL QUEDA AUTORIZADO PARA CONTRATAR DEUDA PÚBLICA, CONSTITUYE UNA NORMA DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y, POR ENDE, UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL, LA CUAL PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron en contra de las consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DEUDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL ESTABLECER QUE EL EJECUTIVO FEDERAL QUEDA AUTORIZADO PARA CONTRATAR AQUÉLLA, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN VIII Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE ESE ORDENAMIENTO FUNDAMENTAL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas -con reservas en cuanto al grado de motivación-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán -con salvedades- y presidente Juan N. Silva Meza -con salvedades-. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2013. DIVERSOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 4 DE NOVIEMBRE DE 2014. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de noviembre de dos mil catorce, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 38/2013, promovida por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, y se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de noviembre de dos mil trece.
I. Trámite
1. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Diversos senadores de la República, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acción de inconstitucionalidad(1) en la que solicitaron la invalidez del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil catorce y se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de noviembre de dos mil trece. Señalaron como autoridades emisoras a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, y como autoridad promulgadora al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Conceptos de invalidez. Los promoventes manifestaron en sus conceptos de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
I. Procedencia del estudio del artículo 2o. de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil trece reformado.
a) Como cuestión previa, indican que procede estudiar los conceptos de invalidez hechos valer en contra de dicha norma, sin que se actualice lo previsto en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria en la materia, que dispone que las acciones de inconstitucionalidad serán improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general, ya que su inconstitucionalidad se plantea sobre la base de la progresividad de sus efectos en el tiempo, pues éstos trascenderán inevitablemente al ejercicio fiscal dos mil catorce. Lo anterior, porque se trata de una norma facultativa que autoriza al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice determinadas conductas de endeudamiento a cargo de la hacienda pública federal, sin más limitantes que una determinada cuantía a modo de tope de deuda contratable de hasta setenta mil millones de pesos y la temporalidad en la contratación, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
b) En el caso de que se ejerza dicha atribución, los efectos del endeudamiento trascenderían de manera necesaria e inevitable al ejercicio fiscal dos mil catorce, ya que se concede una autorización irrestricta al Ejecutivo Federal para que aumente el déficit presupuestario a nivel de deuda interna hasta por un monto de setenta mil millones de pesos en el plazo que transcurra del veintiuno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, pretendiendo que en el mismo plazo quede amortizada dicha deuda -monto adicional al originalmente autorizado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil trece-.
c) Este tipo de deudas pesa sobre las finanzas del Estado y afectan hacia el futuro los recursos públicos que han de destinarse para su pago, por lo que se dejan cargas a las generaciones futuras, pues son los gobernados quienes aportan los recursos con lo que dichos compromisos públicos han de cumplirse. Dicha circunstancia se acredita con la motivación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en cuyo texto se aprecia que las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, para el periodo de dos mil trece a dos mil dieciocho, estarán determinadas por su déficit anual más las amortizaciones de la deuda pública interna y externa.(2)
II. Consideraciones de inconstitucionalidad aplicables tanto al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece reformado, como al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil catorce.(3)
II.A Violación al artículo 134 constitucional.
a) No se impugna el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, sino la reforma que el Congreso de la Unión realizó al primer párrafo de este precepto y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veinte de noviembre de dos mil trece. También se impugna el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil catorce.
b) Las normas generales impugnadas contravienen el artículo 134 constitucional, ya que violan los principios de conducción del gasto público que deben observar la Federación y los demás órdenes de gobierno, respecto de los recursos económicos que tengan a su disposición, en específico, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y legalidad exigibles en toda la actividad que se relacione con el manejo de recursos públicos, incluyendo la facultad para la contratación de deuda pública y los supuestos que configuran la viabilidad para ejercer dicha facultad. El contenido y alcances del primer párrafo de dicho artículo se encuentran desarrollados en la tesis: "GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA."(4) y, atendiendo a dicha interpretación, los principios de eficacia y economía se contravienen, en virtud de que la autorización para acrecentar el déficit público a nivel interno en setenta mil millones de pesos durante el último tramo del ejercicio fiscal de dos mil trece, así como para contratarlo en quinientos setenta mil millones de pesos y diez millones de dólares durante el ejercicio dos mil catorce, implica un despilfarro de los recursos públicos, ya que se autoriza la contratación de deuda pública sin que exista una verdadera necesidad para ello ni el menor indicio de que se podrá hacer frente a su amortización.
c) Del análisis de los informes sobre las finanzas públicas y la deuda pública que rindió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se advierte que es injustificada la necesidad de financiar el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece a la que se hizo referencia en la iniciativa del decreto impugnado, incluso, dicha necesidad es frontalmente contradictoria con lo que el Ejecutivo Federal manifestó en el "Informe sobre finanzas públicas", relativo al tercer trimestre de dos mil trece, en el que se concluye que el gasto neto presupuestario se encontró prácticamente en línea con el programa original y los ramos administrativos ejercieron su presupuesto, de conformidad con el calendario establecido y la previsión original, por lo que no se requería una "inyección" adicional de ingresos para cumplir con las metas programadas. Por ello, se violan los principios de eficacia y economía previstos en el artículo 134 constitucional, pues a pesar de que el Ejecutivo Federal contaba con la capacidad suficiente para cumplimentar sus expectativas de gasto para el ejercicio fiscal de dos mil trece, solicitó y obtuvo una autorización para contratar gasto adicional por la cantidad de setenta mil millones de pesos, sin existir causa de justificación económica o financiera, generando así la creación de un pasivo a cargo de la hacienda federal que trascenderá a varios ejercicios fiscales.
d) El presupuesto de gasto para dos mil catorce muestra un incremento injustificado, ya que el ejercicio anterior terminó conforme a lo presupuestado, además de que el déficit público se destinará a gasto corriente y no a inversión productiva, tal como lo exige la fracción VIII del artículo 73 constitucional. Además, la contratación de deuda interna y externa implicará un pasivo cuyos plazos de amortización no son conocidos por los promoventes, ya que el Ejecutivo Federal no se pronunció en ese sentido en su iniciativa ni en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión. Por ello, se violan los principios de eficacia y economía previstos en el artículo 134 constitucional.
e) Derivado de lo anterior, también se viola lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que exige que, en caso de que la iniciativa de Ley de Ingresos prevea un déficit presupuestario, el Ejecutivo Federal, por conducto del secretario de Hacienda, debe comparecer ante el Congreso de la Unión y dar cuenta del monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario, así como de las razones excepcionales que lo justifican y del número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario, cuestiones que el Ejecutivo Federal no justificó. En dicho artículo se establece también que, en caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario, deberá motivar su decisión dando cuenta del monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario y las razones excepcionales que lo justifican, sin embargo, ninguna de las Cámaras cumplió con el requisito de justificar el déficit presupuestario. De este modo, tanto el Congreso Federal como el Ejecutivo Federal incumplieron con las obligaciones impuestas en el artículo de referencia, violentando de manera paralela el principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos previsto en el artículo 134 constitucional.
f) Igualmente, se viola lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que si durante el ejercicio fiscal correspondiente disminuyen los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal podrá aplicar una serie de medidas de disciplina presupuestaria, que son verdaderas condiciones de operatividad que hacen efectivos los principios de eficacia y economía en materia de contratación y ejercicio de deuda pública, sin embargo, entre dichas medidas no se establece la posibilidad de solicitar un endeudamiento adicional al autorizado en la Ley de Ingresos correspondiente. Aun cuando el precepto establece que "podrá" recurrirse a tales medidas, lo cierto es que deben agotarse estas posibilidades antes de acudir a otra para conseguir la finalidad que se persigue; sin embargo, los poderes públicos mencionados hicieron uso de los recursos económicos del Estado de manera liberal y arbitraria, sin atender a las medidas referidas, las que no pueden entenderse como "buenos deseos" o "buenas recomendaciones" en la contratación y ejercicio de déficit público presupuestario, por lo que se violenta lo establecido en el artículo 134 constitucional.
g) Las normas impugnadas violentan el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no se atendió a la normatividad prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que se determinó que, para hacer frente al déficit detectado, debía autorizarse un aumento al endeudamiento interno aprobado en diciembre de dos mil doce, en lugar de ajustar el gasto público, de conformidad con las medidas ahí previstas. Asimismo, el Ejecutivo Federal no cumplió con su obligación de fundar y motivar su decisión de aumentar el endeudamiento interno, ya que en su exposición de motivos sólo mencionó que debía hacerse una reducción al gasto, ya que era un año en el que la economía estaba creciendo por debajo de su potencial y ello podría agravar la desaceleración. Con dicho argumento, se pretendió justificar que el endeudamiento es la medida más adecuada para afrontar el déficit surgido, sin embargo, ésta es una razón general y dogmática que no explica por qué no podía acudirse previamente a cualquiera de las medidas de disciplina fiscal establecidas por el legislador.
h) No se desconoce que la Corte ha sostenido que la fundamentación de los actos legislativos se satisface cuando la autoridad actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere y la motivación se satisface cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente; sin embargo, estos requisitos no deben entenderse como una mera formalidad, ya que, en los hechos, se estaría avalando la actuación arbitraria de los Poderes del Estado, por lo que en este tipo de actos dichos requisitos deberían ser reforzados, por lo que lo mínimo que se tendría que justificar y no se hizo es:
• ¿Cuándo se originó el desequilibrio económico que obligó al Ejecutivo a proponer un déficit de setenta mil millones de pesos para el dos mil trece y en cantidad de quinientos setenta mil millones de pesos y diez mil millones de dólares para el dos mil catorce?
• ¿Cuáles fueron las medidas hacendarias y presupuestales que se tomaron para atender esa contingencia?
• ¿Por qué no se informó al Congreso de dicha situación fiscal?
• ¿Por qué el déficit contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece aparece inesperadamente y con la expectativa de mantenerse en los próximos meses?
i) Por tanto, al no haberse justificado ninguna de estas cuestiones, resulta claro que las disposiciones impugnadas vulneran los principios de eficacia y economía en el manejo del gasto público, previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.
II.B Violación al artículo 73, fracción VIII, constitucional.
a) Los artículos impugnados autorizan la celebración de empréstitos con un fin distinto a los autorizados en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, ya que en ellos se establece que la deuda será para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación de ambos ejercicios fiscales de referencia. En la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal se señala que con la modificación al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, se evitará que se afecten el gasto público, los niveles de inversión pública y los programas de gobierno. Lo anterior evidencia que la deuda solicitada para ambos ejercicios no está etiquetada para cumplir con alguno de los fines previstos en la norma constitucional de referencia, sino para solventar el gasto público, la inversión pública y los programas de gobierno. Cabe mencionar que el gasto público y los programas de gobierno no son obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, ya que son gastos, y si bien la inversión pública sí podría redundar en un incremento en los ingresos públicos, ni de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal ni de los dictámenes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión que la aprobaron puede concluirse que se aplicaran a ello. No existe documento justificativo alguno que establezca que los ingresos aprobados serán destinados a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los recursos públicos, a propósitos de regulación monetaria, a operaciones de conversión o que se requieren para hacer frente a alguna emergencia declarada por el presidente de la República, en términos del artículo 29 constitucional.
b) Los artículos impugnados vulneran el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Federal, porque otorgan al Poder Ejecutivo Federal una autorización a priori para la contratación de deuda, sin que dicha celebración sea aprobada posteriormente por el Congreso de la Unión, órgano facultado para dictar las bases que se deben respetar para que los empréstitos celebrados por el Ejecutivo sean válidos, los cuales no deben tener un fin distinto a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo que se actualice algún supuesto de excepción (regulación monetaria, operaciones de conversión o emergencia declarada, en términos del artículo 29 de la Constitución Federal).
c) El propio artículo 73, fracción VIII, constitucional prescribe los requisitos necesarios para que los empréstitos celebrados por el Ejecutivo Federal sean válidos:
• Es facultad del Congreso de la Unión dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal podrá celebrar los empréstitos, bases que se encuentran en la Ley General de Deuda Pública y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
• Los empréstitos sólo podrán celebrarse si su fin es la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos; y,
• Los empréstitos celebrados conforme a las bases establecidas por el Congreso de la Unión deberán ser aprobados por dicho órgano legislativo.
d) La aprobación del Congreso de la Unión es una condición suspensiva de validez de los empréstitos celebrados por el Poder Ejecutivo y su aprobación la regula el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Federal, que indica que los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
e) La Constitución faculta al Poder Ejecutivo Federal para que celebre empréstitos, sin embargo, suspende la validez jurídica de los mismos a la aprobación posterior que de ellos haga el Congreso de la Unión; este mecanismo constitucional de control legislativo sobre el Poder Ejecutivo en materia de empréstitos ha sido reconocido en la jurisprudencia, de rubro: "DEUDA PÚBLICA. EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL POSEE LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL PARA RECONOCERLA Y MANDARLA PAGAR.";(5) sin embargo, en los artículos impugnados se otorga al Ejecutivo Federal una autorización a priori para la contratación de deuda, sin tener que acudir, posteriormente, al Congreso para pedir su aprobación, lo cual la torna inconstitucional.
f) No puede argumentarse que dicha inconstitucionalidad es inexistente, debido a que los dispositivos que regulan las bases para la contratación de deuda, en específico, la Ley General de Deuda Pública y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solamente establecen como requisito para su celebración que el Congreso de la Unión autorice los montos del endeudamiento en la Ley de Ingresos. De la lectura de los artículos 9o., 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública podría pensarse que la aprobación del Congreso sobre la deuda únicamente se refiere a la aprobación en la Ley de Ingresos de los montos máximos de la deuda que podrá contratar el Ejecutivo Federal en el año en cuestión; o bien, que una vez autorizados, el Ejecutivo Federal es libre de contraer deuda por la cantidad y en el lugar que estime conveniente sin necesitar que el Congreso de la Unión le otorgue validez jurídica. Ambos supuestos son incorrectos, ya que la determinación del monto máximo al que se refiere la Ley General de Deuda Pública no corresponde al supuesto relativo a la "aprobación de esos empréstitos", previsto en el artículo constitucional de referencia, sino a las "bases" a las que remite el mismo, tal y como lo establece el artículo 12 de dicha ley. Asimismo, es incorrecto que la determinación de los montos máximos excluye la aprobación de la deuda por parte del Congreso una vez que se encuentra individualizada, porque otorga a las previsiones de la Ley General de Deuda Pública mayores alcances de los que tienen. La ley no prescribe que la determinación del monto máximo deba equipararse a una aprobación completa y previa a la existencia de los contratos de deuda que celebre el Ejecutivo Federal.
g) La necesidad de que la aprobación de la deuda a la que se refiere la fracción VIII del artículo 73 constitucional, junto con la de tratados internacionales, se realice por cada acto individualizado, tiene justificación histórica: los dos actos son celebrados por el Ejecutivo y, posteriormente, son sometidos para su aprobación o rechazo ante el Legislativo Federal; si ambos han sido procesados de la misma forma, es difícil argumentar que deban ser tratados de manera distinta. Además, a lo largo de toda la historia mexicana, con excepción de las bases orgánicas de la República Mexicana, el Congreso siempre ha intervenido en la contratación de deuda, ya sea celebrándola o aprobando la que celebre el titular del Ejecutivo Federal. Actualmente, el modelo de aprobación que sigue nuestra Constitución Política es aquel en el que el Congreso sienta las bases para la contratación de empréstitos y el titular del Ejecutivo está facultado para celebrarlos, pero para que sean válidos, el Congreso debe aprobarlos posteriormente.
h) De este modo, el procedimiento constitucional para la celebración y aprobación de la deuda del Estado Mexicano consiste en que el Congreso sienta las bases normativas que el Ejecutivo Federal debe respetar al momento de celebrar contratos de deuda; el Ejecutivo Federal es el único facultado para celebrar dichos contratos; una vez celebrado alguno de estos contratos, debe ser sometido al Congreso para su aprobación puesto que su validez depende de ello; una vez sometido al Congreso, dicho contrato podrá ser aprobado y se perfeccionará jurídicamente, o rechazado, en cuyo caso se retrotraerán sus efectos jurídicos al momento de su celebración.
II.C Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional.
a) Los artículos impugnados violan lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "DEUDA PÚBLICA. LAS DECISIONES ACERCA DEL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO DEBEN SER REFLEJO DE UN EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER Y UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.", las deudas que pesan sobre las finanzas del Estado comprometen el crédito público, esto es, afectan hacia el futuro los recursos públicos que han de destinarse para su pago o garantía y las cargas que se dejan a las generaciones futuras, a las que se impondrá la obligación de soportar una contribución al gasto público de forma ruinosa, excesiva y confiscatoria. Así, los artículos impugnados devienen inconstitucionales porque al estar proyectados al futuro, legalizan una cuestión contraria al dispositivo jurídico referido y lo hacen en adición a las distintas cargas presupuestarias que se tendrán que soportar, derivadas del presupuesto del dos mil catorce, en un momento en que es prácticamente imposible exigir rendición de cuentas sobre la situación financiera y el endeudamiento autorizado.
III. Consideraciones de inconstitucionalidad aplicables exclusivamente al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece.
a) Se viola lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en su emisión no se observó el principio de legalidad. Si bien conforme a los artículos 9, 10 y 12 de la Ley de Deuda Pública se autoriza el endeudamiento interno para financiar al Gobierno Federal, también se señala, de manera clara y expresa, que los montos correspondientes deberán quedar establecidos en la Ley de Ingresos del año correspondiente, lo que quiere decir que la autorización de endeudamiento, por su naturaleza, es previa a su ejercicio y no posterior, de conformidad con los artículos 24 al 38 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dedica esos artículos a las reglas, actividades y responsabilidades para la programación, presupuestación y aprobación de los proyectos de ingresos y egresos.
b) Conforme al artículo 74 constitucional, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, a más tardar el ocho de septiembre, y la Cámara Baja del Congreso deberá aprobar el presupuesto referido, cuando mucho, el quince de noviembre siguiente; de tal forma que el Congreso de la Unión sólo puede aprobar aquello que se propone exista a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente. La autorización es siempre anterior al año en que se ejerce, por ello, en el caso, el Ejecutivo Federal sólo podía proponer el precepto impugnado y el Congreso aprobarlo, si para su modificación se hubiera argumentado y acreditado que el endeudamiento externo fue menor al monto autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en una cantidad equivalente a la del monto del endeudamiento interno adicional pretendido, sin embargo, al no haber actuado de esa forma su actuación fue inconstitucional.
c) Se viola el principio de irretroactividad contenido en el artículo 14 constitucional, así como lo establecido en los artículos 126 y 73 de ese ordenamiento, ya que la disposición impugnada entró en vigor el veintiuno de noviembre de dos mil trece, esto es, pocos días antes de que finalizara el ejercicio fiscal para el que fue aprobada y varios meses después de que se había autorizado el límite al financiamiento interno, por lo que se modificó una situación acaecida con anterioridad, lo que evidencia que, más que prevenir situaciones futuras, sirvió para regularizar un endeudamiento en el que ya se había incurrido. Lo anterior vulnera lo establecido en el artículo 126 constitucional que establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté soportado ex ante en el presupuesto o en una ley posterior, y si bien el artículo modificado establece un aumento en el déficit interno aprobado en dos mil doce para el siguiente ejercicio fiscal, no se hizo ninguna reforma a la disposición que rige los egresos adicionales solicitados por el Ejecutivo y aprobados por la mayoría del Congreso.
d) Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y con el objeto de restituir el orden jurídico que ha sido quebrantado, declare la nulidad de los actos jurídicos que, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos impugnados, lleve a cabo el Ejecutivo Federal; ordenar a esta última autoridad que rinda la justificación constitucional del déficit público interno y que, en lo sucesivo, se cumpla con el referido ejercicio de justificación; ordenar que informe el destino de los recursos que, en su caso, se obtengan con motivo del acrecentamiento del déficit público interno y, en su caso, calificar si su destino se apega a los fines constitucionales trazados en la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Federal. Asimismo, se solicita que la Corte ordene al Ejecutivo Federal que someta a la previa aprobación del Congreso de la Unión cada acto jurídico que tenga por objeto la contratación de déficit público interno o externo y que ordene a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito federal que, en ejercicios subsecuentes, lleven a cabo los requerimientos previstos en los artículos 73, fracción VIII y 134 constitucionales, a fin de contratar y ejercer déficit público presupuestario.
3. Admisión y trámite. La Ministra decana, como presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 38/2013 y, conforme a la certificación del turno que realizó el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(6)
4. El Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto.(7)
5. Informe de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.(8) El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República manifestó en su informe, en síntesis, lo siguiente:
a) La acción de inconstitucionalidad debe declararse improcedente, respecto del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con los artículos 59 y 65, todos de la ley reglamentaria de la materia, dado que han cesado los efectos de la norma impugnada, pues estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Sirve de apoyo la jurisprudencia, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS."(9)
b) El acto legislativo que creó las disposiciones impugnadas se ajusta a los procedimientos que para ello establecen los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución General de la República y las expidió de acuerdo a las facultades y atribuciones derivadas del artículo 74, fracción IV, constitucional, por lo que las normas impugnadas tienen plena validez formal. Además, el Poder Legislativo fundó y motivó las normas impugnadas, ya que tiene facultades para emitir dicha regulación y existe una exigencia social y administrativa de proveer las disposiciones necesarias para el funcionamiento administrativo del Estado; de modo que no quede paralizado su actuar ante las contingencias financieras o materiales inciertas. Resultan aplicables las jurisprudenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25536-6dbdff04/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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