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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE GABINETE. LA ORDEN RELACIONADA CON PERIODOS Y CONTRIBUCIONES MATERIA DE UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ANTERIOR DECLARADO NULO, CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU VERTIENTE ESPECÍFICA DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, SI EN ELLA NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE HECHOS DIFERENTES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 413/2014. · Registro digital (IUS): 25552
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-03-27
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III , Pág. 2467.

AMPARO DIRECTO 413/2014. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. PONENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. SECRETARIO: GUSTAVO EDUARDO LÓPEZ ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO. Análisis. El estudio de los conceptos de violación en relación con lo actuado en el juicio, conduce a determinar lo siguiente:

En principio, debe analizarse el segundo de los conceptos de violación, en el cual la peticionaria de amparo sostiene que la sentencia es ilegal, puesto que si declaró la nulidad de la resolución impugnada en el apartado de reparto adicional de utilidades, debió declarar la nulidad lisa y llana de todo el crédito fiscal, por fundarse dicha resolución en un precepto declarado inconstitucional.

El argumento en debate es infundado.

Ciertamente, el fundar una resolución en un precepto declarado inconstitucional acarrea la nulidad de lo determinado, pero únicamente respecto de la determinación basada en el numeral inconstitucional, no pudiendo hacerse extensiva dicha declaratoria al resto de la resolución controvertida, pues ésta no se funda en esa norma contraria al texto de la Ley Fundamental.

La determinación impugnada de origen tiene como consecuencia determinar un crédito fiscal a cargo de la sociedad quejosa, por los rubros del impuesto sobre la renta de las personas morales, impuesto sobre dividendos de las personas morales, impuesto al valor agregado anual, retención por dividendos o utilidades distribuidas, actualización de los pagos provisionales del impuesto al valor agregado, recargos, multas y reparto adicional de utilidades; empero, la inconstitucionalidad existente aplica sólo para el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que regula, prima facie, la determinación y cálculo de dicho reparto, norma que de ninguna forma regula las restantes determinaciones; de ahí que fuerza es decir que en el caso y contrario a lo afirmado por la quejosa, la nulidad nunca pudo ser lisa y llana para todo el crédito, pues el vicio de ilegalidad sólo es aplicable a uno de los rubros que conforman el acto impugnado; de ahí que el proceder de la responsable se encuentre ajustado a derecho.

En otro orden de ideas, asiste razón a la quejosa, pues son fundados los argumentos vertidos en el primer concepto de violación, en relación al cuestionamiento de la legalidad de la orden de revisión de gabinete contenida en el oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, notificado a la actora el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, por el cual la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le solicitó a la contribuyente diversa información y documentación del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, por no haber justificado una segunda revisión por el mismo periodo y contribución que ya fueron objeto, previamente, de otra revisión y la consecuente liquidación del adeudo fiscal (en materia del impuesto sobre la renta), habida cuenta que la actuación de la autoridad tercero interesada vulnera la garantía de seguridad jurídica y, en específico, el principio ne bis in idem, previstos en los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso precisado en los artículos 16, 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En efecto, si bien la Sección responsable determinó que la disposición contenida en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no resulta aplicable en el presente asunto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 134/2013 (10a.), de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*].", la resolutora contenciosa administrativa federal inadvirtió que el tercer argumento de nulidad del escrito de demanda se fundó en la transgresión de los artículos 16, 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que también especifica limitantes para una nueva orden de comprobación fiscal.

En efecto, los numerales invocados por la hoy quejosa son del tenor siguiente:

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

"Artículo 16. Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya transcurrido al menos, un plazo de tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el periodo objeto de revisión. En el supuesto mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate.

"Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente mediante oficio dicha situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal.

"Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y hayan transcurrido al menos cinco meses del plazo a que se refiere el artículo 18 de este ordenamiento, sin que las autoridades fiscales hayan emitido la resolución que determine las contribuciones omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de un mes, adicional al previsto en el numeral mencionado, y contado a partir de la fecha en que los contribuyentes presenten la declaración de referencia para llevar a cabo la determinación de contribuciones omitidas que, en su caso, proceda.

"No se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.

"Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen hechos que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores a las corregidas por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no se corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, hasta su conclusión.

"Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no corrija totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emitirán la resolución que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación."

"Artículo 19. Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad; en este último supuesto, la orden por la que se ejerzan las facultades de comprobación deberá estar debidamente motivada con la expresión de los nuevos conceptos a revisar."

"Artículo 20. Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y periodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente."

En el asunto de que se trata, ********** fue objeto de revisión por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, a través del oficio **********, de veintitrés de julio de dos mil cuatro, en el que se requirió diversa documentación e información al contador público registrado **********, con el objeto de llevar a cabo la revisión de papeles de trabajo relacionados con su auditoría y poder llevar a cabo la revisión del dictamen de los estados financieros que para efectos fiscales formuló a la contribuyente en cita; así como el oficio **********, de veinticinco de febrero de dos mil cinco, en que se requirió a la contribuyente diversa información y documentación (fojas 389 a 403 del expediente primigenio).

Respecto del mismo ejercicio fiscal la quejosa fue objeto de comprobación, con motivo del oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, por el cual la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le solicitó directamente a la contribuyente diversa información y documentación (fojas 78 a 88 del expediente originario).

Resultado del ejercicio de dichas facultades de comprobación se determinaron créditos fiscales por concepto del impuesto sobre la renta a cargo de la hoy quejosa.

El artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene la garantía de seguridad jurídica que proscribe que alguien pueda ser juzgado más de una vez por los mismos hechos:

"Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia."

El precepto constitucional en cita atesora la garantía conocida como ne bis in idem, como una forma específica de evitar los actos arbitrarios de molestia mediante la prohibición de reiterar la incidencia de la autoridad en la esfera de derechos de los particulares por hechos que han sido juzgados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado vinculantemente que el principio ne bis in idem, de cuño penal, rige en todas las ramas jurídicas:

"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LAS ESTABLECE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL. Aun cuando la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 23 constitucional no se limite a la materia penal, en atención a que, conforme al diverso 14 constitucional, tal garantía debe regir en todas las ramas jurídicas, el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción III, último párrafo, al establecer la hipótesis en que las sentencias deben declarar la nulidad para efectos en materia fiscal, no resulta violatorio de aquel precepto, en virtud de que es inexacto que el numeral ordinario permita más de tres instancias en el juicio contencioso administrativo, ya que la resolución que da efectos constituye una sentencia que determina la ilegalidad del acto impugnado y puede ser combatida a través del recurso previsto por el tercer párrafo de dicha fracción, lo que no implica que el mismo acto administrativo declarado nulo pueda ser materia de interminables juicios o procedimientos, tomando en consideración que la razón de ser del debate, la que fue objeto del proceso y constituyó la materia sobre la que versó la sentencia, una vez resuelta, constituye cosa juzgada y respecto de ella no procede ya intentar otro juicio, pues esto únicamente es posible si se plantea en contra de un acto administrativo nuevo y, por tanto, diferente."(1)

"REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN DE UN ‘OFICIO DE OBSERVACIONES’ POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sustentar la tesis de jurisprudencia P./J. 84/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 57, determinó que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se limita a la materia penal, toda vez que conforme al numeral 14 de la propia Constitución Federal tal garantía debe regir en todas las ramas jurídicas; por su parte, el principio non bis in idem, derivado del invocado artículo 23 constitucional, se refiere a la proscripción de iniciar un nuevo juicio o procedimiento sobre una cuestión ya resuelta en forma definitiva en un procedimiento judicial o administrativo. En atención a lo antes expuesto, se concluye que el artículo 48, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, que autoriza a las autoridades fiscales a emitir, como consecuencia de la revisión de escritorio, el oficio de observaciones en el cual harán constar circunstanciadamente los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas, no viola la garantía constitucional de seguridad jurídica, ya que no es producto de la actividad de juzgar en estricto sentido, pues no deriva de un juicio propiamente dicho o de un procedimiento que revista las formalidades de éste, sino que se trata de un acto de revisión administrativa, por lo que no puede conceptuarse como una sentencia o resolución definitiva en la cual, con la característica de la cosa juzgada, se establezca la situación fiscal definitiva del contribuyente en relación con el ejercicio fiscal revisado, ya que, en todo caso, el interesado tiene expeditos los medios de defensa correspondientes para determinar en forma concluyente su situación fiscal."(2)

Como se ha transcrito, el principio en estudio ha sido desarrollado por las normas en materia administrativa, materia del debate, proscribiendo la posibilidad de reiterar actos de molestia (actividades de comprobación fiscal) si no se fundan en hechos diferentes, lo cual deberá estar sustentado en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.

En consecuencia, debe concluirse que para considerar legal un nuevo despliegue de facultades de comprobación por el mismo ejercicio y una misma contribución, la autoridad debe motivarlo en la existencia de nuevos hechos que lo justifiquen a efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica, en la vertiente específica del principio ne bis in idem.

En el asunto de que se trata, mediante oficio **********, de veintitrés de julio de dos mil cuatro, notificado el veintiséis siguiente, se requirió diversa documentación e información al C.P.R. **********, con el objeto de llevar a cabo la revisión de papeles de trabajo relacionados con su auditoría, y poder llevar a cabo la revisión del dictamen de los estados financieros que para efectos fiscales formuló a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno.

- Toda vez que el dictamen, papeles de trabajo y documentación aportada por el C.P.R. ********** no fueron suficientes para observar su situación fiscal, ya que no proporcionó diversos documentos, entre ellos, documentación comprobatoria de los movimientos de las cuentas de acreedores diversos a los nombres de "Ing. **********", "**********", "**********" y "**********"; mediante oficio **********, de veinticinco de febrero de dos mil cinco, notificado a la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable el veintiocho de febrero de dos mil cinco, la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le requirió a la contribuyente diversa documentación e información, a fin de que fuera exhibida en un plazo de quince días.

- Mediante oficio **********, de veintiuno de diciembre de dos mil cinco, le fue determinado a la actora un crédito fiscal en cantidad total de $**********, por concepto del impuesto sobre la renta, multas y recargos, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno.

- Inconforme con la determinación anterior, la contribuyente promovió juicio contencioso administrativo que quedó radicado como **********, ante la Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en la Ciudad de Torreón, Coahuila, la que por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil seis, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

- En contra de dicho fallo, la hoy quejosa promovió demanda de amparo, misma que fue radicada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, como **********, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

- En cumplimiento de la citada ejecutoria, la Segunda Sala Regional del Norte Centro II dictó sentencia el veintiséis de marzo de dos mil siete.

- Inconforme con dicha sentencia, la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión fiscal que quedó radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito como **********, a través del cual se revocó la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil siete.

- Mediante sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil siete se declaró la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que al emitirse el oficio **********, por el cual la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le comunicó a la demandante el inicio de las facultades de comprobación, no se fundaron las facultades de la autoridad relativas a la competencia por territorio.

- Por oficio **********, de catorce de diciembre de dos mil siete, la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón requirió al C.P.R. ********** para que exhibiera sus papeles de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52-A, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, a efecto de llevar a cabo la revisión del dictamen de los estados financieros que, para efectos fiscales, formuló dicho contador a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno.

- Derivado del estudio efectuado al dictamen y papeles de trabajo exhibidos, se conoció que no fueron suficientes para determinar la situación fiscal de la actora por el ejercicio fiscal 2001, ya que no fue posible desvirtuar el renglón de cuentas de acreedores diversos, aportaciones para futuros aumentos de capital, ventas, costo de ventas, compras y las subcuentas de gastos, comisiones pagadas, impuesto al valor agregado de gastos, promociones y honorarios; por tanto, mediante oficio **********, de siete de octubre de dos mil ocho, notificado al contador público registrado el ocho de octubre de dos mil ocho, la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le solicitó exhibiera diversa información y documentación relativa al ejercicio fiscal de 2001.

- Mediante escrito de treinta de octubre de dos mil ocho, el C.P.R. ********** dio respuesta exhibiendo diversa documentación e información relativa al dictamen fiscal formulado a la actora por el ejercicio fiscal de 2001.

- Al no haber sido proporcionada en su totalidad la documentación requerida, con fundamento en el artículo 52-A, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se emitió el oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, notificado a la actora el veintisiete siguiente, por el cual la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón le solicitó a la contribuyente diversa información y documentación del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno.

- Mediante resolución contenida en el oficio **********, de veintinueve de abril de dos mil diez, emitido por la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón, se determinó un crédito fiscal a cargo de la hoy quejosa en cantidad total de $**********, por omisión al impuesto sobre la renta anual de las personas morales, impuesto sobre la renta por dividendos o utilidades distribuidas, impuesto al valor agregado, retención por dividendos o utilidades distribuidos, actualización de los pagos provisionales del impuesto al valor agregado, recargos y multas correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil uno, así como la determinación de un reparto de utilidades por pagar en cantidad de $**********.

Para mejor percepción, conviene insertar el oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, mediante el cual la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón solicitó a la contribuyente diversa información y documentación del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Los antecedentes e imágenes citados evidencian que en la actividad de comprobación fiscal contenida en el oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil ocho, notificado a la actora el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, la administradora local de Auditoría Fiscal de Torreón solicitó a la contribuyente diversa información y documentación del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por las contribuciones denominadas: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto al activo, retenciones en materia de impuesto sobre la renta y retenciones del impuesto al valor agregado, sin referir la existencia del procedimiento de comprobación anterior y sin justificar la existencia de hechos diferentes; se revisó el cumplimiento del mismo gravamen (impuesto sobre la renta) por el mismo periodo (2001), lo cual es ilegal y violatorio de la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente específica del principio ne bis in idem, por la evidente duplicidad de revisiones.

Queda claro que las revisiones a la ahora quejosa versaban sobre el mismo ejercicio fiscal y ocurre lo mismo con la contribución a revisar, pues coinciden en el impuesto sobre la renta, pues si bien la revisión practicada en último término abarca más contribuciones a revisar (impuesto al valor agregado, impuesto al activo, retenciones en materia de impuesto sobre la renta y retenciones del impuesto al valor agregado), se impone concluir que fue materia de revisión el mismo gravamen en ambas revisiones, razón por la cual, como lo aduce la impetrante, se está incidiendo dos veces en los mismos hechos, ya que resulta palmaria la identidad del objeto materia de estudio en las revisiones practicadas a la contribuyente, máxime que no fue debidamente motivada la orden con la cual inició la posterior revisión.

No omite advertir este Tribunal Colegiado de Circuito que las revisiones de que fue objeto la sociedad quejosa no implicaron una intromisión en el domicilio de la contribuyente sujeta a revisión, pues se trató de actos practicados en las oficinas de la autoridad fiscal federal para corroborar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, caso en el cual no aplica la limitante prevista en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

"Artículo 46. ...

"Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales; a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente."

Sin embargo, el domicilio y los papeles (información contable) de los gobernados son igualmente objeto de la garantía de seguridad jurídica y si, en el caso, la autoridad fiscal federal revisó y liquidó un crédito fiscal por el mismo ejercicio, por la misma contribución y derivado de dos oficios de solicitud de documentación, la autoridad fiscal federal debía justificar en hechos distintos el segundo de los oficios sujetos a estudio.

No se desatiende que se está en presencia de un caso en el cual no aplica el último párrafo del artículo 46 del código tributario federal, lo que ha sido reconocido así por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia del siguiente tenor:

"REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*].-La intención del legislador al establecer en esa disposición legal, que la autoridad fiscalizadora no podrá iniciar una nueva visita por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, salvo que se trate de la comprobación de hechos diferentes, fue poner un límite a las visitas domiciliarias que puede soportar un contribuyente, pues así se señala expresamente en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 6 de diciembre de 2006, que lo propuso. En ese sentido, la seguridad jurídica que pretende salvaguardarse con esa restricción se vincula directamente con la obligación constitucional de respetar el principio de inviolabilidad del domicilio previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo en casos excepcionales y en aras de proteger el interés general, autoriza a la autoridad administrativa a introducirse en el domicilio del particular, invadiendo su intimidad o privacidad, como sucede con las visitas que se realizan en el domicilio del contribuyente, a diferencia de las revisiones de gabinete que se llevan a cabo en las oficinas de la autoridad hacendaria, y que sólo se rigen por el primer párrafo del indicado precepto constitucional, que protege a los gobernados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Por tanto, si la limitante contenida en la citada disposición legal no es aplicable a las revisiones de gabinete, tampoco lo es la jurisprudencia señalada en el rubro, que fija el alcance de esa norma sobre la imposibilidad de practicar nuevamente una visita domiciliaria cuando se declara nula la primera orden por indebida o insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad que la emitió.". Tesis 2a./J. 134/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro XXIV, Tomo 2, septiembre de 2013, página 1590.

Sin embargo, el principio ne bis in idem contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a todas las ramas jurídicas, ha sido reiterado en los artículos 16, 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y rige actuaciones como la que dio origen a la resolución y procedimiento materia del acto reclamado, por lo que debe aplicarse analógicamente el criterio contenido en la siguiente jurisprudencia 2a./J. 157/2011 (9a.):

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).-Conforme al citado numeral, en el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos materia de una revisión anterior, sólo podrá efectuarse una nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. Ahora bien, dado que la génesis del mencionado artículo consiste en hacer respetar las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y obligar a la autoridad hacendaria a no ordenar ni practicar una visita a un contribuyente por las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos revisados, sin que condicione la emisión de una nueva orden a lo que se haya resuelto en relación con una anterior, referida a esos mismos supuestos, es decir, a que se haya declarado su nulidad, sino sólo a que se compruebe la existencia de hechos diferentes y a que éstos se acrediten en la nueva orden, resulta que la declaración de nulidad lisa y llana de la primera orden por insuficiencia o indebida fundamentación de la competencia material de la autoridad que la emitió, no justifica la emisión de una nueva en las condiciones apuntadas, pues esto es contrario al citado numeral. Lo anterior

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25552-2baeb7b5/revision-de-gabinete-la-orden-relacionada-con-periodos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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