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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE GABINETE. SI SE ESTIMAN ILEGALES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REQUERIMIENTO INICIAL PARA LA EXHIBICIÓN DE LA INFORMACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 247/2023. · Registro digital (IUS): 32620
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.681.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 247/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver cuadro 1

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés; por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Vigésimo Quinto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno jurisdiccional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formularon las personas titulares del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 164/2019, en sesión de veintiuno de agosto de dos mil veinte.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el recurso de revisión fiscal 23/2023, en sesión de veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 164/2019 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito al fallar el recurso de revisión fiscal 23/2023.

7. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

8. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver consideraciones

10. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios como se explica a continuación:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque ambos tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la cuestión propuesta, a saber, la legalidad de la actuación de la autoridad fiscal de requerir, mediante el oficio con el que se inicia la revisión de gabinete, la exhibición de información y documentación con ciertos requisitos formales.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes porque ambos examinaron los artículos 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 174/2011,(6) de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."

13. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo pues uno estimó que la conducta atribuida a la autoridad fiscal consistente en requerir la exhibición de la información con ciertos requisitos formales, de ser irregular, actualizaría un vicio en la fundamentación y motivación de la competencia conforme con lo previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, no subsanable; mientras que el otro determinó que el vicio alegado es meramente formal y debe calificarse en términos del artículo 51, fracción III, de la ley de la materia.

14. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Cuando se estima que la autoridad fiscal incurre en una conducta irregular al exigir, en el oficio de requerimiento de información y documentación con el cual inicia la revisión de gabinete, la exhibición de información con ciertos requisitos formales, ¿cuál hipótesis de las previstas en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se actualiza?

15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 164/2019 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito al fallar el recurso de revisión fiscal 23/2023.

16. Desde luego, no pasa inadvertido que los requisitos exigidos por la autoridad fiscal en los casos examinados por los tribunales no fueron coincidentes entre sí, pues en uno consistieron específicamente en fecha, nombre del cliente y/o deudor, importe, impuesto al valor agregado, total de impuesto retenido, tipo de documentos, número de documentos, etcétera y, en el otro, en la exhibición de información de manera analítica y pormenorizada, es decir, de forma impresa los papeles de trabajo, firmada, en archivo Excel y contenido en un "cd".

17. Sin embargo, tal divergencia no es obstáculo para la existencia de la contradicción porque no fue relevante para decidir el punto en contradicción.

18. Tampoco es relevante que en uno de los asuntos, la persona requerida haya exhibido la información y con base en su contenido se fincara el crédito fiscal, y que en el otro, la autoridad le hubiera impuesto la multa y emitido la liquidación con apoyo en datos proporcionados por otros entes, toda vez que esas circunstancias específicas no incidieron en la respuesta que dieron los tribunales al punto de derecho materia de la contradicción sino, en su caso, en las consecuencias que derivaron, asunto por asunto, de esa respuesta.

19. En suma, un tribunal estimó que era un caso de incompetencia que conducía a la nulidad de la resolución impugnada y el otro decidió que consistía en un vicio formal que no trascendía a la validez de la resolución controvertida, de modo que la contradicción versa sobre la clase de vicio de que se trata y no sobre sus consecuencias.

20. Así, sin soslayar las diferencias fácticas advertidas, la relatoría de las consideraciones de los tribunales colegiados hace patente que su determinación versó sobre un mismo problema jurídico que ambos dilucidaron considerando elementos similares –los preceptos legales y la tesis jurisprudencial ya indicados– y que arribaron a conclusiones disímiles, de ahí que para imprimir eficacia a la función unificadora de la interpretación del orden jurídico que se persigue con la resolución de las contradicciones y abonar a la certidumbre y seguridad jurídica de las personas gobernadas en la impartición de justicia, es dable sostener la existencia de la contradicción y realizar el estudio de fondo del tema en disputa.

21. Sirven de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010(7) y las tesis aisladas P. XLVII/2009(8) y P. V/2011(9) de rubros y textos siguientes:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser solo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.", esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico.

22. Cabe señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(10) se observa que en contra del fallo dictado en el juicio de amparo directo 164/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Quinto Circuito, no se interpuso algún medio de defensa, por lo que se encuentra firme.

23. Por otra parte, importa aclarar que, como se desprende de las ejecutorias antes examinadas, no existe contradicción sobre el tema relativo a las facultades de la autoridad fiscal para requerir información con ciertas características, pues los tribunales participantes en este expediente expresaron su criterio a partir de una hipótesis común, a saber, que se tratara de requerimientos ilegales.(11)

24. En consecuencia de lo anterior, no es el caso examinar el primero de los temas propuestos en el dictamen de trece de febrero de dos mil veinticuatro, que se tuvo como parte de esta contradicción por acuerdo de presidencia del día siguiente, a saber, determinar si de conformidad con el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están autorizadas para requerir a las personas contribuyentes información y documentación que cumpla con ciertas formalidades.

V. Amicus curiae

25. En el oficio recibido el ocho de abril de dos mil veinticuatro, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa: (...)

A. Al respecto, se considera que no existe la contradicción denunciada, para demostrar dicha aseveración, es necesario imponernos del contenido de los criterios contendientes, que en su parte conducente señalan: (...)

Así, de los criterios contendientes no se advierte un punto de contradicción porque uno estimó que la conducta atribuida a la autoridad fiscal, consistente en requerir la exhibición de la información con ciertos requisitos formales, de ser irregular, actualizaría un vicio en la fundamentación y motivación de la competencia conforme con lo previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, no subsanable; mientras que el otro determinó que el vicio alegado es meramente formal y debe calificarse en términos del artículo 51, fracción III, de la ley de la materia. (...)

Por lo que es claro que no existe la contradicción denunciada, ya que en ambas ejecutorias se concluye que la autoridad no puede requerir información con ciertos requisitos, por lo que no se adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho. (...) B. No obstante lo anterior, en el supuesto sin conceder, que se concluya la existencia de la contradicción planteada, se precisa que el sentido que procuran los magistrados denunciantes, transgrede el orden público e interés social.

Ello es así en razón de que pretende generarse jurisprudencia en el sentido que, acorde con los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, el vicio en cuestión queda comprendido en la fracción I del precepto (artículo 51 de la LFPCA), pero su demostración no conduce a la nulidad de todo el procedimiento de fiscalización y de la resolución liquidadora, sino solo de la parte que esté afectada por ese ejercicio abusivo de atribuciones. Lo que es contrario a derecho, ya que no es posible privilegiar los intereses particulares, sobre un interés general. (...)

B.1. Además, conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 17, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, por lo que la propuesta de ese H. Pleno en el sentido de que la nulidad que debe decretarse cuando las autoridades fiscales soliciten información con ciertas formalidades, debe establecerse en la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aun y cuando señale que dicha nulidad no conduce a la nulidad de todo el procedimiento de fiscalización y de la resolución liquidadora, sino solo de la parte que esté afectada por ese ejercicio abusivo de atribuciones, contraviene las disposiciones de la Carta Magna referidas, ya que, en todo caso, se deberá contemplar que la autoridad con base en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación cuenta con la facultad para requerir que los informes y documentos que formen parte de la contabilidad de los contribuyentes, sean exhibidos con la especificidad (forma estándar) que la operación revisada amerite, al resultar necesaria para comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales por lo que no son requerimientos excesivos (integraciones especiales), en la medida en la que versen sobre información que el contribuyente se encuentre obligado a asentar en sus registros contables. (...)

Es por ello, que el sentido en que ese H. Pleno está resolviendo, contraviene el interés fiscal, toda vez que, soslaya que el propio artículo 42 del Código Fiscal de la Federación permite a la autoridad requerir al contribuyente que exhiba cualquier documento, dato o informe que sirva de manera directa para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que como puede advertirse, la forma en la que es solicitada la información obedece al tipo de sociedad de la que se trate, con el único objetivo de que la autoridad pueda verificar si cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales, por lo que de resolverse que ante un requerimiento por parte de la autoridad en donde se solicite al contribuyente información con ciertas formalidades, caería incluso en una privación al actuar de la autoridad, puesto que limitaría facultades que si están previstas en el Código Fiscal de la Federación. (...)

C. Aunado a lo anterior, cabe resaltar a ese H. Pleno que uno de los objetivos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación es comprobar si los contribuyentes han cumplido debidamente con sus obligaciones fiscales, y a efecto de cumplir con el mismo, las autoridades están facultadas para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, que exhiban en su domicilio, establecimiento, en las oficinas de las autoridades o mediante buzón tributario su contabilidad, así como los datos, documentos e informes necesarios con la finalidad de llevar a cabo la revisión de la misma. (...)

A su vez, no debe soslayarse que el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación prevé que los contribuyentes podrán llevar el registro de sus operaciones de acuerdo a la clasificación que sea más eficaz para ellos, es decir, conforme con la actividad que realicen, los establecimientos o dependencias, siempre y cuando cumplan los requisitos legales establecidos por la norma.

En otro sentido, considerando que el legislador no prevé detalladamente las múltiples maneras en que la autoridad puede requerir información y documentación en razón del cúmulo indeterminado de formatos en los que los contribuyentes pueden establecer su contabilidad, la autoridad fiscal posee la facultad para solicitar toda aquella información y documentación que integre su contabilidad, incluso aquella que sea solicitada de manera ordenada o bajo un parámetro de –origen y metodología de integración– particular, pero que tiene relación con el objeto a que hace referencia el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, relativo al conocimiento de la situación fiscal de los contribuyentes.

Efectivamente, de los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación y 33 del Reglamento del Código en cita, puede desprenderse la inexistencia de parámetros específicos en cuanto a la conformación de la contabilidad y su contenido. (...)

Atendiendo a lo anterior, no debe considerarse que la autoridad fiscal se extralimita en el ejercicio de sus facultades al solicitar que los informes y documentos que formen parte de la contabilidad de los contribuyentes, sean exhibidos en un orden –origen y metodología de integración– conforme lo amerite las operaciones revisadas, al resultar necesaria para comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que no son requerimientos excesivos (integraciones especiales) en la medida en la que versen sobre información que el contribuyente se encuentre obligado a asentar en sus registros contables, máxime que no debe perderse de vista que constituye una sanción administrativa en términos de lo preceptuado en los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, consistente en la imposición de una multa a aquellos contribuyentes que no remitan a la autoridad fiscal la información y documentación que forma parte de su contabilidad. (...)

Por otro lado, el limitar la forma y la información que puede solicitar la autoridad, y en su caso de generar jurisprudencia bajo dicho análisis, haría nugatorios los requerimientos formulados en términos del artículo 42 del multicitado código, ya que, impediría conocer de manera certera la situación económica y fiscal de los contribuyentes, acotando a que únicamente puede solicitar en determinados términos la información y documentación. (...)

En ese contexto es dable sostener que no resulta ajustado a derecho el ponderar el ejercicio del derecho relativo a llevar contabilidad de forma libre para efecto de omitir el pago de contribuciones, debido a que prevalece el bien común de la sociedad sobre el interés personal de los contribuyentes, sumado al hecho de que en la práctica la autoridad determina la situación fiscal de un particular con la información que tiene a su alcance (aun teniendo la potestad para sancionar el incumplimiento del particular cuando no haya aportado la información y documentación con el grado de forma estándar requerida, en términos de lo preceptuado en los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación), en consecuencia, no debería dar lugar a decretar la nulidad del acto en ninguna de las hipótesis señaladas en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (oficio que determina el crédito fiscal), ya que si el contribuyente no aporta lo solicitado por la autoridad, es claro que su esfera jurídica de ninguna forma se encuentra vulnerada, sostener lo contrario solo fomenta la evasión fiscal bajo la apariencia de supuestas violaciones a pesar de que solo se están ejerciendo las facultades que tiene conferidas este órgano desconcentrado en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. (...)

26. En el diverso oficio recibido el once de abril de dos mil veinticuatro, las consideraciones expresadas en relación con el tema de contienda fueron, esencialmente, las siguientes:

V. Criterio sostenido por el Servicio de Administración Tributaria.

A. El requerimiento de elementos integrantes en una revisión, no se trata de una cuestión competencial.

A.1. La competencia de la autoridad. (...)

Al respecto, es de señalar que con el objetivo de dilucidar el tema puesto en controversia en la contradicción de criterio que nos ocupa, se debe considerar que, si bien es cierto, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece las facultades de comprobación, dicha disposición debe analizarse con referencia a la forma en que las autoridades fiscales deben ejercitar las facultades referidas (...)

De lo anterior se advierte que, en el análisis de las facultades otorgadas a las autoridades fiscales, se debe atender también a las formalidades establecidas conforme a las cuales se debe llevar a cabo el acto administrativo.

En ese sentido, no podrá pasar desapercibido para ese órgano jurisdiccional, al resolver la contradicción de criterios que nos ocupa, que no se pueden considerar lo mismo las facultades de comprobación con que cuenta la autoridad, y la manera en que ejerce dichas facultades, como lo es, en la especie, el requerimiento de documentación por parte de la autoridad con cierta forma, características o especificaciones, siendo evidente que la facultad en sí de requerir sí constituye una cuestión competencial y la forma en que se efectúa (requerir la información con ciertas especificaciones) dicha facultad es una cuestión meramente formal.

Así, es claro que no hay contradicción en cuanto a que la autoridad se encuentra facultada para requerir la documentación necesaria para llevar a cabo sus facultades de comprobación y verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los particulares, sino que lo que se encuentra en estudio es la manera en cómo es que se lleva a cabo dicho requerimiento, cuestión que es claro que no tiene injerenc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32620-a3d198aa/revision-de-gabinete-si-se-estiman-ilegales-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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