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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 355, FRACCIÓN VII Y 356, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ADICIONADO EL PRIMERO EN AQUELLA FRACCIÓN MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, POR LO QUE SE REFIERE A LA INCOMPETENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, POR LO QUE SE REFIERE A LA INCOMPETENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -con salvedades-, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 316 BIS, APARTADO C, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE AL PLANTEAMIENTO RELATIVO A LA INCOMPETENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron por la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 318, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE AL PLANTEAMIENTO RELATIVO A LA INCOMPETENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD PARA REGULAR EN MATERIA DE COALICIONES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza se pronunciaron por la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán votaron en contra. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) CANDIDATURAS COMUNES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 356, FRACCIONES III -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "EN EL CASO DE QUE EL ELECTOR MARQUE UNO O MÁS CUADROS O CÍRCULOS, EL VOTO SE ASIGNARÁ AL PARTIDO POSTULANTE"- Y IV -QUE ESTABLECE QUE CUANDO EL ELECTOR MARQUE DOS O MÁS EMBLEMAS DE PARTIDOS QUE SOMETAN ESAS CANDIDATURAS, SE CONTARÁ VOTO VÁLIDO PARA EL CANDIDATO O FÓRMULA PERO NULO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES POSTULANTES-, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 30 DE JUNIO DE 2014, VULNERA EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz -con reservas en cuanto a la declaración de invalidez de la fracción IV del artículo 356 mencionado-, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas -con reservas en cuanto a la declaración de invalidez de la fracción IV del artículo 356 mencionado-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán -con reservas en cuanto a la declaración de invalidez de la fracción III del referido artículo 356, en la porción normativa señalada- y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del vo

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2014 Y SUS ACUMULADAS 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 Y 75/2014. · Registro digital (IUS): 25556
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-27
Promovente: MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I , Pág. 675.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2014 Y SUS ACUMULADAS 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 Y 75/2014. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA Y MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de escritos iniciales, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, reformado mediante decretos de fechas veintisiete y treinta de junio de dos mil catorce:

Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas

Se precisaron como autoridades emisoras y promulgadoras de las normas impugnadas a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal. El Partido Revolucionario Institucional también precisó, como órganos promulgadores de la norma, al consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal y a la directora general jurídica y de Estudios Legislativos.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. De manera coincidente, los accionantes señalan como violados los artículos 1o.; 4o., primer párrafo; 6o.; 7o.; 9o.; 14; 16, primer párrafo; 17; 35, fracciones I, II, y III; 36, fracción IV; 39; 40; 41; párrafos primero y segundo, bases I, II, III, IV y V; 54; 56; 116, fracciones II y IV; 122; 124; 133 y 135 de la Constitución General.(1)

En algunas acciones de inconstitucionalidad(2) también se señala como precepto constitucional violado el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

I. En la acción de inconstitucionalidad 45/2014, el Partido Movimiento Ciudadano señaló que:

1) El artículo 220 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal vulnera el derecho de asociación y el acceso al cargo público, reconocidos en los artículos 1o., 9o. y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución General, al establecer que los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones, fusiones o candidaturas comunes con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro.

La figura de la coalición representa una opción más de participación a favor de los ciudadanos en la postulación de candidaturas afines en un proceso electoral, por lo que la intervención de los partidos políticos de registro reciente no puede verse acotada en la postulación de candidatos con otros partidos políticos ya existentes, ya que su participación contribuye a la maximización de los derechos de votar y ser votado.

El artículo 220 impugnado limita la intervención efectiva de los partidos políticos de reciente creación, en contravención a la base I del artículo 41 constitucional, pues negar la posibilidad de participar en la postulación de candidatos afines, junto con otros partidos políticos, niega el mandato constitucional establecido en dicho precepto de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público.

Además, la reforma en comento se sustenta en la Ley General de Partidos Políticos, la cual, a su vez, se pretende sustentar en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Partidos Políticos de la reforma constitucional en materia político-electoral, cuando un precepto transitorio no puede estar por encima de la Ley Fundamental.

2) El artículo 356, fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal establece lo relativo a la forma en que se tendrá como válido un voto tratándose de candidaturas comunes, señalando que, en el caso de que el elector marque uno o más círculos o cuadros, el voto se asignará al partido postulante.

Al establecer dicha norma, la Asamblea Legislativa hace uso indebido de sus facultades, porque desvirtúa la forma en que se contabiliza el voto emitido por los ciudadanos a favor de las candidaturas comunes, al establecer, sin ningún sustento, que los votos sólo se cuenten a favor del partido postulante y no para el resto de los partidos políticos que apoyan la candidatura común, lo que impacta en el porcentaje de votación de cada partido político y afecta gravemente la distribución de las prerrogativas y la asignación de curules por el principio de representación proporcional.

Con lo anterior se da un manejo injustificado al voto ciudadano, al desvirtuar la voluntad de los electores y desnaturalizar el objeto y fin de la manifestación del sufragio previsto en los artículos 41, base I, párrafo segundo y 116, fracción IV, inciso a), de la Ley Fundamental, así como el principio de autenticidad en el sufragio.

Asimismo, dicho precepto vulnera el derecho de asociación, previsto en el artículo 9o. constitucional, porque vuelve inviable la candidatura común, al contar los votos sólo para el partido postulante.

La norma impugnada disminuye la objetividad del voto en perjuicio del electorado atentando contra el principio de certeza. Asimismo, se desnaturaliza la figura de las candidaturas comunes, por distorsionar los efectos jurídicos que debe producir la emisión del voto por parte del elector, pues debe entenderse que la expresión de la voluntad del ciudadano, al emitir su voto, tiene efectos jurídicos diversos a la consecución de la mayoría para la elección del candidato ganador, por lo que aseverar que un mismo voto tiene determinados efectos para la elección del candidato y para el partido que lo postula, pero ninguna para los partidos políticos que lo apoyan en candidatura común, es incongruente con el sistema constitucional.

Finalmente, se solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se realice una interpretación conforme de los preceptos combatidos en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no signifiquen un menoscabo a la libertad, pluralidad y democracia.

II. En la acción de inconstitucionalidad 46/2014, el mismo partido político (Movimiento Ciudadano), señaló que:

1) El artículo 244 Bis, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece como requisito para obtener el registro como candidato independiente, además de cumplir con los términos, plazos y condiciones de registro establecidos para los candidatos propuestos por partidos políticos, el no haber sido integrante de alguno de los órganos de dirección nacional o local en el Distrito Federal de algún partido político, cuando menos tres años anteriores a la solicitud de registro.

Dicho precepto vulnera el derecho de votar y ser votado previsto en los artículos 35, fracciones II y VI y 36, fracción IV, de la Constitución General, sobre todo frente a la maximización de derechos humanos que prevé el artículo primero constitucional, pues el requisito mencionado es excesivo y contrario a la libertad de asociación del artículo 9o. constitucional. Dicha determinación no es proporcional, razonable, idónea ni necesaria.

2) El artículo 244 Ter del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal es inconstitucional, porque la exigencia de anexar la copia de la credencial de elector a las firmas de apoyo que consiga el ciudadano que pretenda ser candidato independiente, es desproporcionada, pues contraviene el derecho humano a votar y ser votado, ya que el ejercicio de tales derechos se garantiza estableciendo requisitos que permitan a los ciudadanos interesados cumplirlos, contrario a lo que hace la norma impugnada, además de que dicha carga la tendrá que cubrir con sus propios recursos económicos.

Asimismo, el requisito consistente en que sólo podrá registrarse el candidato independiente a cualquier cargo de elección popular que, por fórmula o planilla, haya obtenido la mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre que dicho apoyo sea igual o mayor al 2% de la lista nominal de la demarcación territorial de la elección que corresponda, resulta excesivo, desproporcional y carece de justificación.

A pesar de que el legislador local tiene un amplio margen de delegación para legislar sobre la materia, lo cierto es que no puede actuar libérrimamente.

3) Los artículos 244 Quáter y 244 Quintus del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vulneran el principio de equidad electoral previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, al establecer que los candidatos independientes tendrán derecho a financiamiento público para gastos de campaña y que el monto que les corresponderá será el que se destine a los candidatos del partido político con menor financiamiento público en el año de la elección, el cual, se distribuirá entre todos los candidatos independientes.

Lo anterior, porque no establecen parámetros fijos respecto de las cantidades de dinero público que les corresponderían a los candidatos independientes, ya que, al estar supeditado el financiamiento público al número de candidatos que se registren para cada cargo de elección popular, se vulnera la equidad en la contienda electoral, pues deriva en menor financiamiento para aquellos cargos de elección popular en el que se inscriban más candidatos independientes.

Además, los recursos públicos asignados sólo en periodo de campaña a los candidatos independientes son insuficientes en comparación con los que reciben los partidos políticos que también gozan de prerrogativas desde el inicio del proceso electoral de que se trate. Sobre todo si se toma en cuenta que al candidato independiente se le restringe a que los recursos públicos que reciba no podrán rebasar el 60% del tope de gastos de campaña establecido para la elección de que se trate y que para los partidos políticos no hay tal restricción, a pesar de que reciben además de recursos de campaña, recursos para gastos ordinarios.

Finalmente, el partido promovente solicita a esta Suprema Corte que se realice una interpretación conforme de los preceptos combatidos, en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no signifiquen un menoscabo a la libertad, pluralidad y democracia.

III. En la acción de inconstitucionalidad 66/2014, el Partido Verde Ecologista de México señaló que:

1) El artículo 356, fracción III, parte final, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal viola los artículos 1o., 35, fracciones I y II, 41 y 116 de la Constitución General, al restringir el derecho fundamental a votar y a ser votado.

El precepto impugnado establece que contará como un voto válido para el candidato común, la marca o marcas que haga el elector dentro de uno o varios cuadros o círculos en los que se contenga el nombre o nombres de los candidatos comunes y el emblema de los partidos políticos, y que en el caso de que el elector marque uno o más cuadros o círculos, el voto corresponderá al partido postulante.

Lo anterior vulnera el principio constitucional del sufragio, el derecho de los ciudadanos a votar y no genera certeza en relación al partido por el que quiso votar el ciudadano; además, se contraviene el principio de legalidad, porque no podría establecerse con exactitud a favor de qué partido político votó el elector que marcó dos o más cuadros vinculados a la candidatura común.

Además, dicha disposición genera la ineficacia del voto y transgrede la voluntad ciudadana, por cuanto se refiere a los efectos que debe surtir con relación a los partidos políticos, pues si al momento de emitir el sufragio, el elector eligió a varios de ellos, es evidente que no se sabe hacia cuál orientó su voluntad. Ante esa duda, el voto debe computarse a favor de los partidos políticos que hayan sido marcados por el elector. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA."

Lo establecido en la norma impugnada no puede considerarse una excepción válida a los derechos humanos de votar y ser votado, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-1749/2012, señaló que las limitaciones a derechos humanos no deben ser arbitrarias, caprichosas o injustificadas, sino que para que resulten válidas, deben estar sujetas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, y que la restricción no debe ser discriminatoria, sino que debe basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo.

Por otra parte, el precepto cuestionado genera incertidumbre, al no especificar ni dar bases para determinar cómo y de qué forma los funcionarios de casilla designados deberán computar y asentar en el acta de escrutinio y cómputo el voto ciudadano que marcó más de un emblema de los partidos que participan en una candidatura común y cuál es el partido político postulante, pues este cómputo debe efectuarse en la casilla.

Además, se precisa que el hecho de que los partidos políticos señalen en el convenio de candidatura común al partido político que postula al candidato, sólo debe surtir efectos para lo relativo a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, específicamente a la lista B, pues en este caso, debe señalarse en cuál de los partidos políticos promoventes de la candidatura común participarán los candidatos a diputados que no logrando el triunfo en la elección por el principio de mayoría relativa, alcancen a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación efectiva respecto de otras fórmulas de su propio partido, de conformidad con el artículo 244 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

El derecho a votar en las elecciones presupone que el voto de todos los electores tenga el mismo valor, bajo el principio democrático e igualitario de que todo voto tiene el mismo peso y es contabilizado de la misma manera; sin embargo, el precepto impugnado descarta de inicio la preferencia del ciudadano, atentando contra la voluntad del ciudadano y su derecho al sufragio efectivo.

Debe tomarse en cuenta que hay electores que votan por el candidato sin importar el partido que lo postula y, otros, que votan por el partido de su predilección, con independencia del candidato, por lo que partiendo de que en el proceso de escrutinio y cómputo es imposible que se pueda distinguir lo anterior, los sufragios deben computarse a favor de ambos, tal como lo hace la legislación federal en el caso de las coaliciones.

Asimismo, dado que la candidatura común es efímera -porque desaparece conforme termina la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones-, la norma impugnada afecta a los partidos políticos integrantes de la candidatura común, dado que obtendrán o perderán fuerza electoral.

Es por ello que cuando el ciudadano marque en la boleta electoral la totalidad de los emblemas de los partidos políticos que participan en una candidatura común, se debe entender que fue voluntad del ciudadano favorecer con su voto a cada uno de ellos, concluyendo que el porcentaje de la votación emitida para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional será aquel que corresponda conforme a la distribución respectiva de los votos, entre los partidos políticos de la candidatura común; distribución que se hará en forma igualitaria, ya que los ciudadanos quisieron favorecer de tal manera a esos partidos políticos.

En caso de existir fracción, los votos correspondientes se asignarían a los partidos políticos de más alta votación y si de la suma de los votos correspondientes, una vez realizada la distribución igualitaria, hubiera fracción pendiente de distribuir, ésta se otorgaría para aquel o aquellos partidos políticos con más alta votación.

2) El artículo 356, fracción III, en su parte final, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal vulnera el principio de representación proporcional para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecido en los artículos 116, 120 y 122 de la Constitución General.

De conformidad con la norma impugnada, la votación obtenida válidamente en el Distrito Federal no refleja aquellos votos obtenidos para los partidos que participan en una candidatura común para efectos de la representación proporcional, por lo que tal disposición impide que la asignación de representantes populares se realice conforme a los resultados de la votación y que se logre la proporcionalidad entre votos y escaños. Lo anterior, en perjuicio de los partidos políticos participantes de la candidatura común distintos al postulante.

El principio de representación proporcional, como garante del pluralismo político, tiene como fin que cada partido político tenga una representación en el órgano colegiado correspondiente, lo más aproximado posible a su porcentaje de votación respecto a la votación total emitida. La norma impugnada excluye los votos efectivamente emitidos a favor de los partidos en candidatura común, distorsionando el grado de representatividad que éstos tendrán a nivel de los órganos legislativos, modifica la proporcionalidad en la repartición de los espacios a favor de los partidos que no participan en esta modalidad y, en consecuencia, genera que la votación efectiva emitida tenga efectos diversos a la voluntad de los sufragantes.

3) El citado artículo 356, fracción III, compromete la obtención del financiamiento público reconocido en el artículo 41 constitucional y vulnera el principio de equidad en la contienda.

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, en su artículo 251, fracción 1, inciso b, señala que el financiamiento público de los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes será determinado por el consejo general anualmente, con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal, multiplicado por el factor del 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y que el 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo anterior se distribuirá en forma igualitaria. Asimismo, indica que el 70% restante se distribuirá según el porcentaje de la votación efectiva que hubiese obtenido cada partido político en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional inmediata anterior.

Con apoyo en dicha disposición, puede advertirse que dividir el voto de un ciudadano en válido, por una parte, y en nulo para los partidos políticos que participan en una candidatura común distintos al postulante, afectan directamente la asignación del financiamiento que les debe proporcionar el Instituto Electoral Local, pues como se desprende de la disposición constitucional y del Código Electoral local, el mayor porcentaje del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes corresponde al 70%, el cual, se distribuirá de acuerdo al porcentaje de la votación efectiva que hubiese obtenido cada partido político en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional, lo que resulta contrario al principio de equidad en la contienda electoral y al artículo 41 constitucional, fracción II, que señala que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

4) Por otro lado, el artículo 356, fracción III, en comento, vulnera el derecho a la libertad de asociación, en detrimento de la consolidación y funcionamiento del sistema democrático de gobierno.

El artículo 1o. constitucional establece una suprema garantía de igualdad y un principio de no retracción ni menoscabo del derecho en perjuicio de persona alguna. Asimismo, dentro del marco de protección más amplia que tutela dicho precepto, debe entenderse también la garantía de libre asociación que contempla el artículo 9o. constitucional, derecho que constituye una prerrogativa fundamental de los partidos políticos, en su calidad de sujetos activos de garantías constitucionales, pues la posibilidad de reunirse es una razón intrínseca de su existencia.

La Ley General de Partidos Políticos prevé, en su artículo 85, numeral 5, la facultad de las entidades federativas para establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación distintas a los partidos políticos, con el fin de postular candidatos. El artículo 122, fracción VI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en relación con los partidos políticos, establece que la ley señalará el derecho a conformar frentes, coaliciones y candidaturas comunes.

Dentro de este esquema, la candidatura común no es una figura aislada, sino el resultado material de un acto volitivo de los partidos políticos, que por cuyos efectos en la vida democrática del país, acaba por convertirse en una institución política de interés público, pues constituye un vehículo político de absoluta legitimación que permite la conducción y éxito de una estrategia político electoral válida, con miras a lograr la efectiva representación de la voluntad ciudadana.

En estas condiciones, la norma impugnada viola la libertad de asociación, porque la existencia de la sanción jurídica mencionada en el precepto impugnado inhibe el deseo de cualquier organización política para asociarse con sus pares, dada la pérdida de prerrogativas que ello conllevaría y que beneficiaría únicamente al partido que pudiera constituir la oferta política imperante. Es decir, si por asociarse se pierden los instrumentos legales de acceso a los espacios de representación ciudadana, ningún partido estará dispuesto a participar en una candidatura común.

IV. En la acción de inconstitucionalidad 67/2014, el Partido Verde Ecologista de México señaló lo siguiente:

1) El artículo 292, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal transgrede los artículos 1o. y 133 constitucionales, porque para otorgar diputaciones por la lista B, se hace prevalecer la equidad de género por encima de la libre expresión de la voluntad de los electores, principio que se encuentra reconocido en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dando lugar a que, en los hechos, se genere una discriminación por sexo, independientemente si el perjudicado es hombre o mujer.

No debe perderse de vista que el votante en este tipo de elección (lista B) lo hace con la intención de elegir a un representante por el principio de mayoría relativa, es decir, se pretende que -contrario a lo que sucede bajo el principio de representación proporcional- el voto se dirija a una persona específica, con lo cual se configura lo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos denomina "la libre expresión de la voluntad de los electores".

Además, el legislador local no puede trascender lo que le impone la Constitución General y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tal como lo señala la tesis aislada de la Primera Sala, de rubro: "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL.". Los legisladores deben respetar la voluntad popular por encima de criterios legislativos locales.

2) El artículo 292, fracción II, parte final, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal vulnera el artículo 35, fracción II, de la Constitución General, que señala que los candidatos tienen derecho a ser votados.

De acuerdo con el propio precepto, la lista B atiende a candidatos que no obtuvieron el triunfo, pero que compitieron en un sistema de mayoría relativa, por lo que no debe calificarse tal lista como propia del sistema de representación proporcional dado que los votantes emiten su voto en un sistema de mayoría relativa. Tampoco debe considerarse dicha lista como de representación proporcional tan sólo por encontrarse en un título referente a ésta.

El sistema de representación proporcional atiende a un número de votos que reciban las candidaturas y a favor de listas previamente determinadas, lo que en el caso de la lista B no se presenta. Así, no puede considerarse como tal, tipos de lista como la "B" que hayan atendido a una persona específica y no a una lista determinada.

La lista B, como se encuentra regulada, no atiende a la votación obtenida por el candidato de mayoría, sino que introduce parámetros que se alejan de la asignación natural por representación proporcional, creando categorías que dan más peso al género que a la votación mayoritaria, lo que impide asegurar la decisión del votante.

3) La norma impugnada vulnera la igualdad entre hombre y mujer, prevista por el artículo 4o. constitucional, pues establece una acción afirmativa que produce una discriminación positiva generando una mayor desigualdad a la que pretende eliminar.

La equidad de género en el contexto político de las elecciones fue asegurada por el Órgano Revisor de la Constitución en la reciente política electoral de dos mil catorce, estableciendo que para la conformación de las listas y los registros se debe atender a lo que la Constitución denomina paridad de género. Es decir, tal igualdad se asegura mediante las listas escalonadas y no en los casos en los cuales un votante dirige su voto hacia una persona específica. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 14/2010, de rubro siguiente: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO."

La igualdad se asegura con la postulación de listas previamente definidas, mas no así con listas sin definir, como es el caso de la lista B, pues ésta atiende a la votación de prelación que un candidato determinado ha obtenido. Señalar a un ganador por un sistema de género, en lugar del porcentaje de votos, daña severamente los derechos políticos de los competidores y el derecho del valor del voto que cada ciudadano tiene.

4) La norma impugnada contraviene los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, pues los encargados de la función electoral en el Distrito Federal no podrán operar en el caso de la lista B atendiendo a tales principios, pues estarán en la disyuntiva de acatar la determinación de los ciudadanos sufragantes en el respectivo comicio, o bien, la obligación infraconstitucional de atender a la parte final del precepto impugnado.

V. En la acción de inconstitucionalidad 68/2014, el Partido Verde Ecologista de México señaló que:

1) El artículo 316 Bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal contraviene el artículo 41 constitucional, fracciones II y IV, inciso g), de la Constitución General, pues el tratamiento que se le da a los "permisos administrativos temporales revocables" rompe con la igualdad y equidad en la contienda electoral, ya que el derecho al uso de estos permisos no se encuentra limitado constitucionalmente y dicho numeral pone límites al ejercicio de ese derecho, al tratar de equipararlo a porcentajes establecidos constitucionalmente para otros rubros, como en el caso del financiamiento público o en materia de radio y televisión, para los cuales, incluso, se realizó una reforma constitucional, pues no se podrían regular en el código dichas materias sin antes estar previstas en la Constitución.

Además, dicho artículo pretende dejar de lado que dichos permisos son derechos ya otorgados sin limitación constitucional alguno; en todo caso, la autorización entra en el ámbito del derecho administrativo.

En particular, se menciona que:

- El primer párrafo del precepto impugnado y la alusión a la distribución de un 30% y 70% elimina la equidad en la contienda electoral, porque hace distinciones favorables a partidos políticos específicos en perjuicio de otros.

- En donde la Constitución no distingue, el legislador secundario no puede hacerlo, pues se impondrían mayores requisitos a los exigidos por la norma superior, dejando en desproporcionalidad a los partidos políticos, sin un pronunciamiento previo en la Constitución General, respecto a la distribución de este tipo de propaganda entre los partidos políticos.

- La repartición en los porcentajes aludidos en la disposición que se controvierte no tiene razón de ser, pues aunque existe una repartición idéntica en el artículo 41 constitucional, ésta se refiere a la repartición de recursos económicos y no a la de espacios publicitarios, mucho menos del tipo de publicidad a la que alude el precepto impugnado, por lo que,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25556-3c1abf6f/accion-de-inconstitucionalidad-desestimacion-respecto-de-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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