ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL.
AMPARO DIRECTO 792/2014. 12 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIO: VÍCTOR DANIEL FLORES ARDEMANI.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-En principio, deviene inoperante lo alegado en torno al actuar del Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Tuxpan, Veracruz, ya que este órgano colegiado se encuentra impedido para analizar lo planteado al respecto, en razón de que, primero, en el amparo directo no debe resolverse si el fallo de primer grado, conclusivo del proceso de origen, estuvo bien o erróneamente dictado sino, si los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, que se ocuparon de dar respuesta a los agravios esgrimidos en contra de aquél, son o no violatorios de derechos fundamentales y, después, porque al haber sido sustituida la sentencia de primera instancia por la pronunciada en segundo grado, la cual aquí constituye el acto reclamado, cesaron sus efectos.
Cobra aplicación al tema, por su contenido, la tesis de jurisprudencia número 157, consultable en la página ciento setenta y seis del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, registro digital 1002223, de rubro y texto:
"AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO.-Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia."
Conviene puntualizar que este Tribunal Colegiado de Circuito procederá al estudio de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada y los conceptos de violación que se esgrimen en su contra, en dos apartados distintos, en atención a que son dos quejosas las que solicitan la protección constitucional.
Estudio del caso por lo que hace a **********.
Son infundados los conceptos de violación.
En efecto, la impetrante aduce en esencia, que la Sala responsable al pronunciar la sentencia reclamada, en la que se confirmó la cancelación de la pensión alimenticia que tenía en su favor, vulneró lo que disponen los artículos 57, 210, último párrafo y 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, pues las consideraciones que se toman en cuenta para sustentar la sentencia aquí combatida, se hacen supliendo la deficiencia de la demanda promovida por el actor, ya que como bien puede apreciarse dentro del juicio, la parte actora demanda como prestación la aludida, en el hecho de que es mayor de edad y que, por esa situación, el actor cree que culminó sus estudios "universitarios", sin afirmar que tal circunstancia sea cierta o no, o mejor aún manifestar que "conocía" si aún continuaba estudiando, por lo que es evidente que su pretensión de cancelar la pensión alimenticia no estaba fundada en el hecho de que la edad de ella, no era acorde con sus estudios.
A fin de evidenciar el calificativo indicado, conviene destacar, desde luego, que sobre el tema relacionado con la carga de demostrar que el hijo mayor de edad que estudia un grado acorde a su edad, no necesita alimentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que corresponde al deudor alimentario, asimismo, estableció un límite a esa regla, cuando quien demanda alimentos es el hijo mayor de edad pues, en ese caso, a éste atañe demostrar, además de su calidad de hijo, la posibilidad del deudor y que estudia un grado acorde a su edad.
Se cita la jurisprudencia 38, de la entonces Tercera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 16/90, publicada en la página 30 del Tomo IV, Materia Civil, Octava Época, en el Apéndice 1917-2000, registro digital 912980, del tenor siguiente:
"ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 141, en la página 236, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo el criterio de que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos mayores de edad no desaparece por el solo hecho de que lleguen a esa edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la realización de esa circunstancia, toda vez que al igual que los hijos menores de edad, tienen la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario, correspondiendo tal carga en esos casos al deudor, quien debe justificar que el actor no los necesita, ya sea porque tiene bienes propios o porque desempeña algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; sin embargo, tal criterio debe quedar limitado, para que prospere la acción de alimentos intentada por el hijo mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique además de su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica para sufragarlos, el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y que el grado de escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que debe percibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a proporcionar alimentos al hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera realizando estudios que no corresponden a su edad y situación."
Puntualizado lo anterior, en el caso concreto, el padre de la quejosa le demandó que cesara el pago de la pensión alimenticia establecida en el juicio de alimentos **********/1996 y **********/2001 -los cuales se tienen a la vista al haberse ofrecido como pruebas-, en razón de que la acreedora alimentaria ya no necesita los alimentos porque es mayor de edad, al contar al momento de la presentación de la demanda con veintiséis años de edad "con edad suficiente para ver (sic) culminado actualmente sus estudios universitarios", por consiguiente aseveró que era una persona adulta, sin discapacidad física y en plena actitud de sus facultades mentales para realizar cualquier empleo o trabajo que se le pudiera encomendar y suministrase su manutención alimentaria.
Por su parte, la codemandada **********, al contestar la demanda se excepcionó en el sentido de seguir estudiando, sin que a la fecha tenga algún empleo o fuente de ingresos, inclusive, manifestó que continúa viviendo con su progenitora.
Seguido el juicio por sus diversas etapas legales, el Juez Segundo de Primera Instancia, en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, declaró procedente la acción de cancelación de pensión alimenticia.
Inconforme con lo anterior, **********, interpuso recurso de apelación ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinándose confirmar la sentencia impugnada, bajo la consideración toral siguiente:
"En esa tesitura, si bien el actor en el natural solamente acreditó que su hija **********, actualmente es mayor de edad porque cuenta con la edad de ********** años, conforme la partida de su nacimiento que se encuentra glosada dentro de las actuaciones del expediente número **********/1996, del índice del juzgado de origen, recibido como prueba en la controversia de origen, con eficacia probatoria al tenor de los preceptos 261, fracción VIII y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y como consecuencia jurídica de ello puede disponer libremente de su persona y sus bienes, según se colige de los dispositivos 577 y 578 del Código Civil para la entidad veracruzana, así como que la referida acreedora alimentaria, no se encuentra realizando estudios acordes a su edad, como ella misma lo demostró con la constancia de estudios expedida en su favor por el licenciado **********, en su calidad de subdirector del Centro de Computación de Tuxpám (sic), **********, de fecha diecinueve de noviembre del dos mil trece, donde hizo constar que ********** ‘...Se encuentra inscrita en el ********** semestre del cinco de agosto del dos mil trece al veintiocho de febrero del dos mil catorce, en la especialidad de **********, en el sistema **********...’ (foja 27), documental que hace prueba plena de acuerdo con el numeral 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, medio con el cual se constata que la acreedora alimentaria cursa estudios que no son acordes a su edad (********** años), lo que quedó adminiculado con la confesión que vertió en la audiencia prevista por el numeral 219 del código adjetivo civil, desahogada el cinco de febrero del dos mil catorce, donde al absolver las posiciones calificadas de legales números: ‘...4a. Que diga, si es cierto como lo es, que actualmente se ha abstenido de realizar los estudios correspondientes a su edad.-5a. Que diga, si es cierto como lo es, que actualmente se encuentra en su domicilio auxiliando a su madre en las labores del hogar...’; respondió: ‘...4a. Que sí, me abstuve por un tiempo fue por motivos de un accidente que tuve un hematoma en mi cabeza.-5a. Que sí, estoy en mi casa...’; [fojas 30 vuelta, 35 y 35 (sic)], por tanto, es claro que no puede seguir gozando de la pensión alimenticia fijada a su favor en el expediente número **********/1996, del índice del juzgado de origen, además de que a ello debe añadirse, que la acreedora alimentaria no se encuentra estudiando una carrera acorde a su edad, pues actualmente cuenta con ********** años y no existe constancia para acreditar siquiera su ingreso a los estudios secundarios y preparatorios, menos profesionales, habida cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el precepto 41 de la Ley de Educación para esta entidad federativa, la instrucción primaria se inicia a los seis años de edad y dura seis años, tanto la educación secundaria como la preparatoria, se cursan en tres años cada una, aunque esta última se divide en semestres y el grado profesional, por regla general, se cursa en cuatro años más, igualmente dividido en semestres y aun cuando estos datos sólo pueden considerarse como una referencia genérica y no como exigencia hermética, actualmente debería haber culminado sus estudios profesionales, lo cual, en modo alguno demostró la aquí recurrente en el caso justiciable, como igualmente lo ponderó el Juez de primera instancia al indicar ‘sin embargo en el caso a estudio es evidente que a sus ********** años se encuentra estudiando una especialidad en computación, cuando estuvo en su favor una pensión alimenticia para que cursara una carrera profesional (sin que se aprecie de autos que así lo hubiera hecho), no obstante, su edad ya es suficiente para sufragarse sus propias necesidades, pues tampoco manifestó estar imposibilitada física o emocionalmente para ello’; motivo por el cual, la determinación del juzgador natural de condenar a ambas demandadas a la cancelación de la pensión que vienen disfrutando indebidamente de su progenitor deviene procedente y se encuentra ajustada a derecho; de ahí lo infundado del motivo de disenso en estudio." (énfasis añadido de las fojas 12 a 13 del toca de apelación).
Consideraciones que a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito son apegadas a derecho.
Se afirma lo anterior, dado que el actor, aquí tercero interesado, en su escrito inicial de demanda, como sustento de su acción, adujo que la demandada **********, carece del derecho a seguir recibiendo alimentos de su parte, al contar con ********** años, edad suficiente para haber culminado sus estudios universitarios, porque además de no tener alguna limitación física o mental, le permitiría suministrarse recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias; las que aunado a que la demandada introdujo el argumento a la controversia que subsistía su necesidad de ser alimentada por su progenitor, al estar estudiando.
En esa medida, a la demandada en términos del artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, le correspondía probar los hechos constitutivos de sus excepciones. Esto es, tenía que acreditar la necesidad de seguir recibiendo pensión decretada en los juicios civiles **********/1996 y **********/2001, en razón no sólo de estar estudiando sino que, además, los estudios que realiza resultan acorde a su edad cronológica.
Así, para resolver sobre el concepto de educación, en el caso concreto es apegado a derecho que se valoren las pruebas aportadas a juicio por las partes y recibidas a fin de obtener un equilibrio procesal.
Con vista en la documental relacionada con los estudios de la especialidad en **********, se llega a la misma convicción de la responsable, de que ya no subsiste la obligación alimentaria del actor para con su hija **********, pues no quedó probado que estudie un grado acorde a su edad.
En efecto, la consulta de la constancia glosada a foja veintisiete del sumario civil, se desprende que la aquí quejosa, se encuentra inscrita en el primer semestre, que comprende el periodo del cinco de agosto al veintiocho de febrero de dos mil catorce, en la especialidad de informática empresarial, del **********.
Sin embargo, como bien lo apreció la Sala responsable al pronunciar la sentencia reclamada, los estudios que demostró tener la actora, no son acordes a su edad, cuenta habida que al momento de la expedición de la constancia relativa contaba con ********** años de edad, lo que fue debidamente adminiculado con la confesión que realizó la aquí impetrante, en la audiencia que tuvo verificativo el cinco de febrero de dos mil catorce, donde al absolver el pliego de posiciones formulada por su contraparte en la controversia de origen, respondió lo siguiente:
"4a. Que diga, si es cierto como lo es, que actualmente se ha abstenido de realizar los estudios correspondientes a su edad. "
"4a. Que sí, me abstuve por un tiempo fue por motivos de un accidente que tuve un hematoma en mi cabeza..."
"5a. Que diga, si es cierto como lo es, que actualmente se encuentra en su domicilio auxiliando a su madre en las labores del hogar..."
"5a. Que sí, estoy en mi casa..."
[fojas 30 vuelta, 35 y 35 (sic)]
Bajo ese contexto, si bien pudiera considerarse que la acreedora alimentaria estudia, el grado no es acorde a su edad, pues ella misma acepta que se ha abstenido de realizar estudios acordes a su edad cronológica.
Lo anterior, conlleva a concluir que la autoridad responsable abordó los temas debatidos en juicio, apreciando el valor de las pruebas conforme a derecho, sin que en momento alguno supliera la deficiencia de la queja en favor del deudor alimentario, pues se ajustó al resolver la litis planteada, como se expuso en este apartado.
Luego, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por lo que hace a **********.
Estudio del caso por lo que hace a **********.
Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto donde se cuestiona el derecho de recibir alimentos a favor de una hija.
Tales argumentos consisten, en síntesis, en que la responsable no hizo un análisis valorativo de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio, pues aún requiere ser alimentada por su padre por encontrarse estudiando.
La calificativa apuntada a los conceptos de violación deriva de la indebida apreciación de la Sala responsable, al confirmar el criterio del juzgador por medio del cual se canceló el derecho de la aquí quejosa a seguir percibiendo alimentos por el simple hecho de haber procreado una hija, aun cuando haya justificado continuar realizando estudios profesionales; pues el haber procreado un hijo, a su decir, es una excepción suficiente a la regla para no continuar percibiendo alimentos por parte de su padre, al tratarse de una persona con libre capacidad de goce, ejercicio y con los medios necesarios para allegarse de sus propios satisfactores y los de su familia.
Lo anterior resulta así, porque cuando los hijos se encuentran estudiando, su derecho a percibir pensión alimenticia puede prolongarse hasta cuando el acreedor requiera sufragar gastos por concepto de titulación y se obtenga título profesional -salvo, cuando la prolongación del periodo no sea imputable al acreedor- tal como lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2008, visible en la página sesenta y siete del Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 58/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 31, con el rubro: ‘ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, sostuvo que la obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que éstos conservan ese derecho siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en la legislación aplicable, en virtud de que el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las personas la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de vida. Por otro lado, atento a los artículos 1o., 25, 29 y segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como a los numerales 1o., 18, 19 y 22, y 1o., 2o. y 15 de las Leyes del Ejercicio Profesional para los Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Chiapas, respectivamente, se advierte que el título profesional constituye un requisito indispensable para el ejercicio de algunas profesiones, e incluso se sanciona a quien sin tenerlo actúe como profesionista. En ese sentido, si se toma en cuenta, por un lado, que la pensión alimenticia por concepto de educación consiste en otorgar a los acreedores los elementos necesarios para que puedan valerse por sus propios méritos y, por el otro, que para poder ejercer su profesión en algunos casos es necesario el título que acredite la capacidad necesaria para ello, en consecuencia, para obtener una retribución, es indudable que en tales supuestos los gastos de titulación forman parte de los alimentos por educación, de manera que el derecho a recibir la pensión relativa se prolongará hasta que se obtenga el título profesional, siempre y cuando dicho periodo no sea imputable al acreedor, para lo cual el juzgador debe analizar la procedencia del pago de los gastos de titulación -para cada caso particular- evaluando las condiciones y circunstancias de la profesión, y atendiendo a la legislación de que se trate, a fin de evitar demandas excesivas y respetar el principio de justo equilibrio entre la posibilidad del deudor y la necesidad del acreedor." (énfasis agregado).
Además, la aplicabilidad de la jurisprudencia por contradicción acabada de citar, deviene porque fue a través de dicho procedimiento de unificación, donde se dilucidó cuál criterio debía imperar con el carácter de jurisprudencia por contradicción de tesis, cuando se trataba de acreedores alimenticios realizando estudios universitarios, sin ser óbice a esta conclusión el hecho de no haberse incluido la circunstancia de haber procreado un hijo en la etapa estudiantil, lo que encuentra explicación en los siguientes razonamientos.
Tomando en consideración la naturaleza del derecho para allegarse los alimentos derivados de un lazo sanguíneo, es dable establecer las siguientes premisas:
En el Estado de Veracruz existen disposiciones sustantivas en las cuales se establece la irrenunciabilidad de los alimentos y la subsistencia de la obligación para otorgarlos en los casos de divorcio.
Asimismo, la legislación sustantiva civil señala la obligación del juzgador para tomar en cuenta las circunstancias de cada caso y, con ello, poder sentenciar la procedencia o improcedencia respecto al pago de los alimentos a favor del acreedor alimenticio, en cualquiera de las modalidades legales.
Además, la codificación civil en cita especifica los casos en los cuales cesa la obligación de dar alimentos cuando el acreedor alimentario deja de necesitarlos; al respecto, es necesario hacer la siguiente precisión.
Del Diccionario de la Lengua Española, puede encontrarse que la Real Academia Española señala los significados del verbo cesar como (del lat. cessare) dicho de una cosa: suspenderse o acabarse. Dejar de desempeñar algún empleo o cargo. Dejar de hacer lo que se está haciendo.(1)
Tal como se advierte el citado vocablo tiene dos significados cuyas consecuencias son distintas; si bien es cierto que la Real Academia Española ha descrito el significado de la palabra cesar como suspender o acabar, también resulta cierto que ambos verbos no son sinónimos en tanto tienen distintos significados, pues por suspender debe entenderse levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire, así como detener o diferir por algún tiempo una acción u obra(2) y por el verbo acabar, debe referirse a poner o dar fin a algo, terminarlo o concluirlo.(3)
Así, para establecer el alcance de la norma civil veracruzana, al respecto, debe partirse de determinados presupuestos legales que supondrán su significado, esto es, si la disposición se refiere a una suspensión provisional o conclusión definitiva.
Como ya se ha dejado establecido, los alimentos son un derecho irrenunciable. Éste puede derivar de los tres tipos de parentesco reconocidos en el artículo 223 del Código Civil para el Estado, esto es, por consanguinidad, por afinidad y civil; así, la obligación alimenticia en el parentesco por consanguinidad deriva de lo dispuesto en los artículos 234, 235, 236 y 237, en el parentesco por afinidad por lo ordenado en el artículo 233, así como -en alcance- el artículo 162 del mismo cuerpo legal y en el parentesco legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 del código a estudio.
Consecuentemente, puede establecerse que al ser un derecho irrenunciable, la cesación de los alimentos debe entenderse como la suspensión de ese derecho en tanto desaparezca la causa cuya existencia generó dicha interrupción, no así como una situación con la cual se conlleve a su conclusión definitiva o cancelación.
Entonces, el derecho a percibir alimentos derivado de un parentesco por consanguinidad es un derecho sustantivo protegido por la legislación civil, el cual no puede ser renunciable, ni objeto de transacción, no obstante, existe la posibilidad para cesar la obligación de otorgarlos, sin significar cancelación alguna de aquella obligación, pues ello equivaldría, en sentido estricto, a reconocer la inexistencia de aquel derecho sustantivo.
En ese orden de ideas, la ley sustantiva civil precisa limitativamente los supuestos en los cuales puede cesar la obligación alimenticia en el artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 251. Cesa la obligación de dar alimentos:
"I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;
"II. Cuando el alimentario deja de necesitar los alimentos;
"III. En caso de injuria, falta o daño graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos;
"IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentario, mientras subsistan estas causas;
"V. Si el alimentario, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables."
Si bien es cierto que en la fracción II del precepto acabado de citar señala como causa para cesar la obligación alimenticia, cuando el acreedor deja de necesitarlos, y algunos criterios aislados emitidos por órganos jurisdiccionales homólogos a éste, han concluido en la imposibilidad para justificar moral o jurídicamente la dependencia económica para con el deudor alimentario cuando el hijo o hija mayor de edad ha procreado un hijo, también es cierto que la legislación veracruzana no establece expresamente circunstancia específica a través de la cual pudiere determinarse cuándo se actualiza este supuesto, pues sólo se refiere a "dejar de necesitarlos" situación que obliga al juzgador a atender al elemento necesidad y a las circunstancias especiales del caso para determinar la procedencia de la acción de referencia.
Lo anterior significa que -si se pretende sostener la actualización de la fracción II del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz- debe acreditarse -fehacientemente- cómo ha dejado de necesitarse el cumplimiento de esa obligación legal; por eso, estimar a la procreación como elemento para justificar la falta de necesidad de los alimentos resulta no tener relación lógica, ni jurídica alguna. Máxime cuando no existe ni siquiera una presunción legal que desvirtuara la diversa presunción establecida a favor de quien ha justificado ser acreedor alimentario realizando estudios para desarrollar una profesión, pues al hacerse de esa manera, el juzgador deja de sentenciar el caso concreto con objetividad y apego a derecho, ya que al actuar así sólo plasma una visión personal en relación con el momento y las circunstancias en las cuales una determinada persona debe procrear.
Apoya a lo anteriormente considerado, el criterio sustentado por este órgano colegiado en la tesis VII.2o.C.78 C (10a.), visible en la página dos mil ochocientos noventa y siete, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas, cuyos título y subtítulo, son del tenor siguiente:
" De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 64/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 67, de rubro: ‘ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN.’, y su ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que cuando los hijos se encuentran estudiando, su derecho a percibir pensión alimenticia puede prolongarse hasta cuando el acreedor requiera sufragar gastos por concepto de titulación y obtenga título profesional, salvo cuando la prolongación del periodo no sea imputable al acreedor; por lo que no es óbice a esta conclusión el hecho de no haberse incluido la circunstancia de haber procreado un hijo en la etapa estudiantil. En ese tenor, el artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz precisa limitativamente los supuestos en los que puede cesar la obligación alimenticia, en lo que interesa, si bien es cierto que en su fracción II señala como causa para cesar la obligación alimenticia cuando el acreedor deja de necesitarlos, y algunos criterios aislados emitidos por órganos jurisdiccionales homólogos a éste, han concluido en la imposibilidad para justificar moral o jurídicamente la dependencia económica para con el deudor alimentario cuando el acreedor o acreedora mayor de edad ha procreado un hijo, también lo es que la legislación veracruzana no establece expresamente la circunstancia específica a través de la cual pudiere determinarse cuándo se actualiza este supuesto, pues sólo se refiere a "dejar de necesitarlos" situación que obliga al juzgador a atender al elemento necesidad y a las circunstancias especiales del caso para determinar la procedencia de la acción de referencia. Lo que significa que si se pretende sostener la actualización de la fracción II del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe acreditarse fehacientemente cómo ha dejado de necesitarse el cumplimiento de esa obligación legal; por eso, estimar a la procreación como elemento para justificar la falta de necesidad de los alimentos resulta no tener relación lógica, ni jurídica alguna. Máxime cuando no existe ni siquiera una presunción legal que desvirtuara la diversa establecida a favor de quien ha justificado ser acreedor alimentario realizando estudios para desarrollar una profesión pues, al hacerse de esa manera, el juzgador deja de sentenciar el caso concreto con objetividad y apego a derecho, ya que al actuar así sólo plasma visión personal en relación con el momento y las circunstancias en las cuales una determinada persona debe procrear."
En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la autoridad responsable:
a) Deje insubsistente la sentencia reclamada.
b) En su lugar, emita otra en la que:
1. Reitere las consideraciones atinentes a la cancelación de la pensión alimenticia de **********.
2. Y atendiendo a los razonamientos vertidos en esta ejecutoria, en lo tocante a la interpretación de la hi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25695-586db957/alimentos-cuando-el-acreedor-mayor-de-edad-ha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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