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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO HIDRÁULICO EMITIDA POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA SENTENCIA QUE SE LIMITA A DECLARAR SU NULIDAD, NO AFECTA EL INTERÉS FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2014. · Registro digital (IUS): 25743
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-07-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Pág. 1084.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚ ALVARADO ESQUIVEL, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ. SECRETARIO: EDUARDO GARIBAY ALARCÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.-La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el Magistrado Armando Cruz Espinosa, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

TERCERO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los Tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De la jurisprudencia preinserta, se aprecia que, para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, los cuales pueden derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante, para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Las consideraciones en que se sustenta el recurso de revisión contencioso administrativa R.C.A. 191/2013, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son las siguientes:

"TERCERO. El presente medio de defensa es improcedente por las consideraciones siguientes:

"En principio, es oportuno señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veinticinco de agosto de dos mil diez, la contradicción de tesis 256/2010, determinó que la instauración del recurso de revisión se creó con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, por lo que será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya detectado la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado.

"Esto es así, porque la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.

Por tanto, el Máximo Tribunal estimó que el estudio de tales aspectos debía confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.

"De esa manera, la Segunda Sala del Alto Órgano Jurisdiccional de la Nación sostuvo que, se reservaba a los Tribunales Federales el conocimiento de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia tuvieran un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"La superioridad manifestó que, si bien el artículo de referencia, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a que si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación; sin embargo, en este último supuesto, no puede considerarse satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.

"El criterio de referencia, se encuentra consignado en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 694, Tomo XXXII, diciembre de 2010, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada:

"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa, en los casos en los que dichas sentencias decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmarse presuntivamente los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a ese tipo de resoluciones, pues la intención del Legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación, aspectos cuyo estudio corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto.’

"La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de mayo de dos mil once, la contradicción de tesis 136/2011, estableció que en la jurisprudencia apuntada con antelación, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, por lo que era inconcuso que el criterio jurisprudencial de referencia era aplicable en todas las hipótesis materiales previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales.

"Del razonamiento que antecede, derivó la jurisprudencia 2a./J. 88/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, Tomo XXXIV, agosto de 2011, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales.’

"Lo anterior también resulta aplicable para la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativa por tratarse de un recurso extraordinario al igual que el recurso de revisión fiscal, por tanto, las jurisprudencias que interpretan su procedencia son aplicables al caso por analogía.

"Al respecto, se cita la tesis 2a. XXXI/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 560, Tomo XXV, abril de 2007, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:

"‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD.-La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante.’

"Ahora bien, de las constancias que obran en el recurso de apelación R.A. **********, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que en el fallo recurrido se revocó la sentencia apelada y en consecuencia, se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar esencialmente lo siguiente:

"‘[...] VII. La controversia en el presente asunto, consiste en resolver respecto a la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, que se precisa en el considerando IV de este fallo, lo que traerá como consecuencia en el primer caso, que se reconozca la validez y en el segundo, que se declare su nulidad.-VIII. Esta Sala Superior, una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, previa valoración de las constancias que integran el expediente en que se actúa, a las que se les otorga el valor probatorio que en derecho les corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 119, fracción I y 126, fracción I, de la Ley Orgánica que rige a este tribunal, entra al estudio de los conceptos de nulidad que se alegan en el escrito de demanda.-El demandante, en el punto TERCERO de conceptos de nulidad de la demandada, argumenta que previo a la emisión de la orden de restricción del servicio hidráulico, la autoridad debe hacer del conocimiento del particular, la existencia del crédito fiscal a su cargo del que derive la orden de suspensión y haberlo requerido de pago de ese crédito.-La autoridad demandada, al contestar la demanda, alegó que no se encuentra obligada a hacer del conocimiento del actor, el adeudo por el pago del suministro del servicio de agua, ya que la orden de restricción se emitió porque no se comprobó la existencia del pago del crédito.-Es fundado el concepto de anulación a estudio, toda vez que tal como lo menciona la actora, que previo a la emisión de la orden de restricción del suministro de agua, la autoridad no demostró haber puesto del conocimiento del demandante, la determinante del crédito por el que se restringe el servicio de agua, ni haberlo requerido de su pago, con lo que no se respetó la garantía de audiencia del actor, que previene el artículo 14 constitucional, de donde resulta lo ilegal de la resolución impugnada, siendo aplicable la jurisprudencia número 86, Tercera Época, de esta Sala Superior, que establece: Época Tercera, Instancia Sala, Superior, TCADF, tesis S. S. 86.-«LA ORDEN DE SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL SERVICIO HIDRÁULICO POR LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI NO SE ACREDITA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PREVIAMENTE A SU EMISIÓN HUBIERA REQUERIDO AL USUARIO DE LA TOMA DE AGUA EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE, ADEUDA.» (se transcribe).-Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 126, fracción I, 127, fracciones I y II, y 128, fracción II, de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal, se declara la nulidad lisa y llana de la orden de restricción del servicio hidráulico, contenida en el oficio número ********** (sic) de fecha primero de agosto de dos mil doce, respecto a la toma de agua **********, ubicada en Privada **********, manzana **********, lote **********, colonia **********, Delegación **********, Distrito Federal, quedando obligada la autoridad demandada, director de Atención a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a restituir a la parte actora en el goce de los derechos indebidamente afectados, que en el caso consiste, en dejar sin efectos la resolución declarada nula, ordenando la reanudación del suministro del servicio hidráulico en el domicilio citado, en un término de improrrogable de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que quede firme esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 126, fracción IV, de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal [...]’ (Fojas 16 a 17 y vuelta del toca de apelación).

"De la anterior transcripción se advierte que, el recurso de revisión contencioso administrativo es improcedente, toda vez que la Sala Superior, en el fallo controvertido, se revocó la sentencia apelada, y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada (orden de restricción del servicio hidráulico, contenida en el oficio número **********, de uno de agosto de dos mil doce, respecto de la toma de agua **********, ubicada en **********, Manzana **********, Lote **********, Colonia **********, Delegación **********, Código Postal **********, México, Distrito Federal), debido a que no se respetó la garantía de audiencia del actor, en razón de que la autoridad emisora de la misma no hizo del conocimiento de éste, la determinante del crédito, por el que se restringe el servicio de agua y tampoco le requirió su pago, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.

"En este sentido, la causa de anulación no conduce a la declaración de un derecho, ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible ausencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.

"Por consiguiente, en la especie no se está en presencia de una determinación que ataña al fondo del asunto y, por ende, debe desecharse el recurso de revisión contencioso administrativo interpuesto.

"Por lo anterior, no es el caso de examinar los supuestos que prevé el artículo 140 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo, pues al decretarse la nulidad del acto impugnado por vicios formales, es inconcuso que de actualizarse algún requisito de procedencia previsto en ese numeral, no cambiaría el sentido que rige el presente fallo.

"Finalmente, no impide concluir de la manera descrita, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite por auto de presidencia, en virtud de que esa decisión no causa estado, en términos de la tesis 2a./J. 222/2007, aplicada por analogía, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 216, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.-La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo.’"

Por su parte, al resolver el recurso de revisión contencioso administrativa 182/2013, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo lo siguiente:

"17. Procedencia. Este Tribunal Colegiado estima que el medio de impugnación que nos ocupa, resulta improcedente.

"18. En el caso, la autoridad recurrente argumenta que el recurso es procedente con fundamento en las fracciones I, II, y VI, del artículo 140, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por las razones siguientes:

"a) Porque la resolución afecta al interés fiscal y patrimonio del Distrito Federal, porque se relaciona con el pago de derechos por el suministro de agua ya que la orden impugnada es una sanción que se impuso al contribuyente por no haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con esa contribución.

"b) Porque en la sentencia recurrida se interpretó incorrectamente el artículo 177 del Código Fiscal del Distrito Federal, ya que esa norma no prevé que deba darse garantía de audiencia al contribuyente antes de restringirle el servicio de agua por no pagar los derechos correspondientes, ya que está obligado al pago del servicio prestado, además de que la orden de restricción es una sanción que se impone al contribuyente por no cumplir sus obligaciones.

"19. Por su parte, el artículo 104, fracción III, constitucional y 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, este último vigente a partir del veinticinco de julio de dos mil doce, disponen:

"‘CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

"‘Art. 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: ...

"‘III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;’

"‘LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

"‘Artículo 140. Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho tribunal dentro del término de 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, en los casos siguientes:

"‘I. Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito Federal;

"‘II. Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos;

"‘III. Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento;

"‘IV. Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones;

"‘V. Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias;

"‘VI. Cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar tal circunstancia;

"‘VII. Cuando se trate de resoluciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o la ley que resulte aplicable; y

"‘VIII. Cuando el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en el Distrito Federal, al momento de emitirse la resolución de que se trate.

"‘TRANSITORIOS:

"‘Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. ...’

"20. De lo anterior, se aprecia que el recurso de revisión contencioso administrativo está sujeto a un régimen de procedencia de naturaleza excepcional y restringida.

"21. La fracción III del artículo 104 constitucional, es claro en ese sentido al establecer la existencia del recurso y su procedencia ‘sólo en los casos previstos en la ley’.

"22. Mientras que el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (reformado mediante Decreto publicado el veinticinco de julio de dos mil doce) imprime también una naturaleza excepcional al recurso, al reglamentar su procedencia en los términos antes transcritos.

"23. Y ante ese marco normativo, la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo debe ajustarse a los supuestos señalados en el citado artículo 140, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. De otra forma, ese medio de defensa operaría en cualquier caso de que la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resultara contraria a las pretensiones de la autoridad demandada. Criterio que desde luego, es inadmisible toda vez que pugna con la naturaleza excepcional y selectiva que el invocado precepto constitucional trazó para el recurso en comento.

"24. Así, la procedencia del recurso de revisión debe analizarse en términos de lo previsto en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, conforme a los lineamientos precisados en los párrafos anteriores.

"25. Tal ha sido la tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte de la ejecutoria pronunciada al resolver la contradicción de tesis 6/2005, en la cual el Pleno del Alto Tribunal estableció las siguientes consideraciones principales:

"Que el recurso de revisión contencioso administrativo es un medio de defensa excepcional y el legislador ordinario tiene la facultad de determinar los casos de procedencia.

"Que el legislador ordina

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25743-cab4b319/orden-de-restriccion-o-suspension-del-servicio-hidraulico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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