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Modo: Corpus Pro

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ESCALAFONARIOS PREVISTOS EN LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. LAS NORMAS QUE LOS REGULAN TIENEN EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVAS, PERO SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA EXPEDICIÓN O PRECISIÓN DE REGLAS GENERALES, POR LO QUE NO CAUSAN PERJUICIO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 256/2014. · Registro digital (IUS): 25834
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-09-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III , Pág. 2111.

AMPARO EN REVISIÓN 256/2014. 20 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. SECRETARIO: HUMBERTO MORENO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio del asunto. En principio, debe decirse que en el caso procede la suplencia de la deficiencia de los agravios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por tratarse de un recurso que deriva de un juicio de garantías promovido por la parte que figura como trabajadora.

En cuanto a este punto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."

A. Este órgano colegiado no se ocupará de diversos quejosos debido a que la a quo desechó y tuvo por no presentada la demanda. En principio, cabe señalar que este órgano colegiado no se ocupará de los quejosos ********** (179), ********** (32), ********** (64), ********** (66), ********** (71), ********** (72), ********** (73), ********** (117), ********** (123), ********** (129), ********** (138), ********** (139), ********** (143), ********** (154), ********** (165), ********** (207), ********** (208) y ********** (215); en razón de que la Juez de Distrito desechó la demanda respecto al primero (foja 412 vuelta del juicio de amparo), y tuvo por no presentada la misma por lo que ve a los restantes (foja 513 vuelta ídem).

B. Legalidad del sobreseimiento respecto de las autoridades a las que se les reclamaron los actos de ejecución de los artículos tildados de inconstitucionalidad. Como una diversa cuestión previa al análisis de los agravios que se abordará en los apartados subsecuentes, y aun cuando no fue materia de impugnación por la parte recurrente -única a la que le podía deparar perjuicio-, con el fin de no atentar contra la figura jurídica de la suplencia de la queja deficiente que, en materia laboral, es aplicable incluso ante la ausencia de agravios, conviene establecer que en la especie es procedente confirmar el sobreseimiento decretado en el considerando tercero del fallo recurrido, respecto de los actos de ejecución de las normas tildadas de inconstitucionales, atribuidos al secretario de Educación del Estado de Jalisco, quien expresamente negó la existencia de tales actos al rendir su respectivo informe con justificación, sin prueba en contrario que desvirtuara dichas negativas; sobreseimiento que, a la postre, se vio reflejado también en el único punto resolutivo del fallo impugnado.

Así, es verdad que con los medios de prueba que fueron allegados al sumario natural por los hoy revisionistas, los cuales se hicieron consistir en toda una serie de documentos encaminados a demostrar que eran docentes incorporados al sistema educativo estatal, así como en algunas leyes, reglamentos y otras normas de observancia general que, en su opinión, resultaron afectadas con motivo de la emisión del decreto impugnado, no se desvirtúa de alguna forma la negativa expresada por dicha autoridad, en cuanto a la emisión de un acto de ejecución de las normas cuestionadas, mucho menos se demuestra, en su caso, la existencia de un acto concreto de aplicación que pueda ser atribuido y, en consecuencia, al haberse evidenciado la inexistencia de actos como los precisados, indudablemente se acreditó la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; por ello, resultó ajustado a derecho que se decretara el sobreseimiento en el sumario constitucional por lo que se refiere a dichos actos y autoridades.

En efecto, resulta importante diferenciar entre lo que constituye para un órgano de amparo el verificar la existencia del acto reclamado a una autoridad respecto del acto de aplicación o individualización de normas propiamente dicho, pues éstas no necesariamente coinciden.

En el primer caso, el elemento principal que debe atender el juzgador es determinar si existen elementos de prueba que justifiquen una conducta concreta del ente estatal por virtud del cual hubiere trascendido a la esfera jurídica del gobernado de manera imperativa, coercitiva y unilateral en cuanto a la aplicación de normas atribuidas, como sería el caso de que las autoridades designadas como ejecutoras hubieren desplegado su actividad pública para obtener el cumplimiento de lo dispuesto en algunos de los preceptos de la legislación reclamada.

Lo cual constituye un elemento sine qua non para analizar la constitucionalidad de los actos de la autoridad a quien se atribuyen, so pena que de no demostrarse su participación directa en aquéllos, el órgano de amparo está en condiciones de sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la falta de acreditación o inexistencia del acto reclamado.

En cambio, la individualización de las normas impugnadas vincula un tema jurídico diferente como es la demostración de la afectación al interés jurídico del gobernado y, a la vez, presupuesto de procedencia del amparo cuando la impugnación constitucional de una normatividad se hace depender de un acto de aplicación en específico. En tal evento, la situación a verificar es sólo si existe prueba suficiente de una concreción de las disposiciones reclamadas en la persona de quien solicita la protección constitucional. En el entendido que el acto de aplicación si bien puede derivar de una actividad de la autoridad, también puede surgir de la conducta observada por un tercero que actúa en auxilio de ésta, o bien, del propio gobernado.

Así que el acto de aplicación de normas no deriva indefectiblemente de una conducta de autoridad, pues puede provenir de sujetos diferentes (dependencias estatales o particulares que actúan de manera auxiliar o coordinada en función de un imperativo legal o consensual, o bien, del propio agraviado cuando jurídicamente queda a cargo de éste aplicarse las disposiciones que reclama).

Este contexto de análisis permite advertir que en el juicio de amparo puede resultar que no quede demostrado el acto reclamado a una autoridad ejecutora en cuanto a la aplicación de normas (respecto a haber intervenido o exigido el cumplimiento coactivo de ciertas disposiciones de una legislación u ordenamiento), sin perjuicio de que el acto de individualización de la ley pueda estar acreditado por virtud de un acto diverso que no sea indefectiblemente de autoridad, así como con pruebas diferentes como son en las que conste una autoaplicación de la ley por el propio agraviado,(4) o bien, en función de una conducta de un tercero (persona física o moral, ya sea privada o también estatal cuando actúa bajo un plano de relaciones de coordinación con el destinatario).

De esta forma, para efectos de verificar la existencia de un cierto acto reclamado a la autoridad, es elemental que sea ésta la que manifieste su voluntad como órgano del Estado de aplicar en la esfera de algún individuo lo descrito en cierta norma, de lo cual debe haber pruebas que generen convicción de ese extremo.

Así que cuando el agraviado les atribuye en particular a una o varias dependencias o entidades públicas que han tenido participación directa en la emisión de actos de aplicación de cierta ley o norma concreta en su esfera individual, ésta es la cuestión a constatar por el órgano de amparo en cuanto al tema de la existencia de los actos reclamados, sin perjuicio de que al abordar las cuestiones de procedencia del amparo contra leyes verifique si quedó acreditado el acto de aplicación proveniente de un organismo o sujeto que no actúe con carácter de autoridad (tal sería el caso de un hecho específico de autoaplicación de la ley por el quejoso, o bien, la individualización de la norma por un tercero).

Por ello es que el Alto Tribunal ha estimado que no toda conducta de los órganos estatales o de las autoridades que se designan como ejecutoras en el amparo por los agraviados, puedan asumirse como ciertos en cuanto a su existencia, si no comprenden un genuino acto de aplicación de normas proveniente de una autoridad, pues es menester que pueda entenderse objetivamente que éstas han decidido aplicar o ejecutar ciertas disposiciones en la esfera del agraviado de manera cierta y actual. Así que cuando no se vincula un actuar positivo de aquéllas en este rubro, puede concluirse que no generan una conducta tendente a querer que se realice el acto, o que desee que se manifiesten sus efectos en la esfera del individuo. Luego, que tampoco quede demostrada su participación y correspondiente existencia del acto de aplicación atribuido.

Bajo esos parámetros de análisis, tratándose del estudio de la existencia de los actos reclamados es fundamental haber demostrado la intervención de la autoridad a quien se atribuye la realización de ese determinado acto de aplicación de leyes en la esfera del agraviado, pues de la existencia de esa conducta de hacer, no hacer o dejar de hacer, que es atribuida a determinado ente estatal en cuanto a que ha pretendido aplicar determinada disposición jurídica en la esfera del quejoso, depende que el juzgador cuente con el elemento mínimo para estudiar su constitucionalidad, claro está, de no actualizarse alguna causa de improcedencia del juicio de garantías que impida el estudio de fondo.

Pero si ocurre que la parte quejosa no logra demostrar el acto reclamado a la autoridad (determinada aplicación de normas en su perjuicio como una cuestión de hecho) será correcto que el órgano de amparo sobresea en cuanto a los actos que resultaron inexistentes o no probados, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.

Este tipo de razonamiento es precisamente el que rige el sobreseimiento decretado por el juzgador respecto del secretario de Educación del Estado de Jalisco, al cual los quejosos atribuyeron la aplicación de los preceptos que reclamaron en su demanda de amparo y que el Juez Federal advirtió conforme a su estudio integral.

En efecto, en cuanto al comentado secretario de Educación del Estado de Jalisco, el juzgador advirtió que al rendir su informe justificado (foja 598 del juicio de amparo) negó haber realizado alguno de los actos atribuidos en la demanda (aplicación de las normas combatidas), lo cual llevó a la Juez de Distrito a determinar que eran inexistentes los actos reclamados en cuanto a dicha autoridad ejecutora, al no existir prueba que evidenciara lo contrario.

Al respecto, cabe precisar que en cuanto a la valoración de las pruebas ofrecidas por los quejosos, aquí recurrentes, posteriormente será objeto de estudio el agravio que al respecto formularon, así que por el momento es suficiente señalar que efectivamente, como lo atendió el juzgador, de las constancias del juicio de amparo no se advertía la existencia de un determinado acto de aplicación de alguna de las disposiciones legales que fueron materia de reclamo por los agraviados, pues al margen de la citada valoración de las pruebas señaladas, éstas no denotaban la participación del referido secretario de Educación del Estado de Jalisco en la aplicación de las normas reclamadas, dado que ninguna provenía de esta entidad, por lo cual no había datos de su participación en su elaboración y menos de que esta autoridad hubiere incidido con determinada conducta dirigida a la esfera de los quejosos, en la aplicación de las disposiciones que impugnaron de inconstitucionales.

Por lo cual, no quedó desvirtuada la negativa de los actos que el secretario de Educación del Estado de Jalisco manifestó en su correspondiente informe justificado, como lo dijo acertadamente el juzgador, pues ante la falta de comprobación de la existencia de los actos reclamados en cuanto a dicha autoridad era jurídicamente válido el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia 284,(5) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.-Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Máxime si como lo informa la jurisprudencia en consulta, cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la parte quejosa la carga de demostrar lo contrario, sin que en el caso, hayan sido suficientes para tal extremo las afirmaciones que anota.(6)

Por otra parte, respecto de la diversa responsable Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, igualmente rige la premisa de que el material probatorio allegado no corroboraba la existencia de actos específicos de aplicación en la esfera de los quejosos de alguno de los múltiples preceptos que fueron atribuidos a dicha dependencia como autoridad.

Efectivamente, las manifestaciones de los quejosos en la demanda de amparo, en torno a que había actos de aplicación de las normas reclamadas por dicho órgano, en cuanto a los artículos tildados de inconstitucionales, tampoco quedaron corroboradas.

Ello, dado que en el sumario de amparo no consta alguna prueba que evidenciara como acertada la afirmación de los quejosos, no obstante que es un principio general del derecho que quien afirma un hecho se encuentra obligado a probarlo, lo cual se encuentra contemplado de forma supletoria en los artículos 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por tanto, no bastaba la sola manifestación de ser parcialmente ciertos los actos de aplicación atribuidos por la citada responsable si del informe rendido y constancias allegadas no quedaba demostrado que al tenor de alguna prueba estuviera evidenciado que en un lugar, momento y bajo determinadas circunstancias la comentada autoridad hubiere actuado o dirigido sus actos para incidir en la esfera jurídica de los inconformes en cuanto a hacer cumplir bajo algún parámetro específico alguno de los preceptos reclamados -del cúmulo que pretendieron inconformarse-, pues como este órgano colegiado lo ha referido anteriormente, la cuestión a verificar al respecto es que verdaderamente pueda advertirse una determinada conducta de la autoridad en que haya exigido el cumplimiento de los preceptos reclamados a los agraviados en mención.

Sin que ello se pueda inferir por la sola apreciación o afirmación de los quejosos, pues al efecto era indispensable que soportaran su dicho. En congruencia con ello, que aportaran medios de convicción para demostrar la existencia de un acto de tal naturaleza en que directamente hubiere participado la comentada responsable Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, en cuanto a la emisión o ejecución cierta y actual de un determinado acto de aplicación de una o varias de las disposiciones jurídicas reclamadas.

En cuanto a esto último, no resulta relevante para lo que el tema concierne la confesión de la responsable en que pretenden insistir los disidentes, porque si la conducta atribuida a aquélla es que participaron en una conducta de aplicación de las normas objeto de reclamación es necesario conocer cuál fue ese acto mediante el cual se alega que la referida autoridad hizo cumplir la norma reclamada en la esfera de los inconformes; por ende, que éste quede acreditado fehacientemente, pues sería el presupuesto para el estudio de la constitucionalidad de la ley cuando se acude por virtud de un acto de aplicación.

En este sentido, ya se ha explicado que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes cuando se controvierte una disposición de carácter general en función de un acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente este punto a nivel de un hecho cierto; por ende, que sea actual y permita constatar de qué manera fue que la autoridad participó en la aplicación de normas atribuidas.

Luego, de no estar comprobado de forma clara y concreta un acto aplicativo proveniente de una autoridad a través del cual se hayan actualizado los perjuicios de la ley en la esfera de los quejosos, no podría asumirse que son ciertos, pues al efecto resultaría ineficaz una afirmación genérica del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, pues si la legislación combatida regula en lo general su actuación, queda claro que podrá aplicarla ordinariamente al ser parte del fundamento de su actuación constante, pero lo que aquí interesa es si así ocurrió en función de un hecho concreto, determinado o actual respecto de la esfera de los citados quejosos.

Así que este evento no puede derivar de presunciones o de afirmaciones tan amplias, sino, en todo caso, del medio probatorio que contenga el acto de aplicación proveniente de esa autoridad a la que se atribuye y que efectivamente denote que ésta ha desplegado su voluntad de hacer cumplir determinados preceptos de la legislación combatida en los quejosos, puesto que la existencia del acto reclamado debe realizarse a la fecha de la interposición de la demanda de amparo y no pueden tomarse para ello cuestiones de realización futura e incierta de las que se desconozcan las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución, pues su desconocimiento impide constatar la existencia misma del perjuicio.

Al respecto sirve de apoyo, por similitud de razón jurídica, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) que expresa:

"AMPARO CONTRA UNA LEY. ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.-Si en la demanda se señala como acto reclamado, la aplicación que se haga o pretenda hacerse de una ley, en aquellos de sus preceptos que contrarían los derechos del quejoso, y del informe correspondiente aparece que ninguno de dichos preceptos se aplica aún, claro es que, se reclaman actos futuros, para cuya existencia deberá entrar en juego la actividad encomendada a las autoridades responsables, por las leyes de sus funciones; y el amparo es improcedente porque debe recaer sobre hechos actuales y ciertos y no sobre los futuros e inciertos; y si es verdad que las leyes se hicieron para ser obedecidas, la expedición y promulgación no implica forzosamente su aplicación, por ser un acto jurídico distinto; y cuando la ley, por su sola letra, no produce alteración de derechos, es una regla genérica que a nadie afecta, mientras no se aplique a un caso concreto."

En similar sentido de interpretación jurídica, es aplicable la tesis 1793 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, publicada en el Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, Precedentes Relevantes SCJN, página 1238, que establece:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE.-Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquéllos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio distinto se permitirá el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizan los perjuicios de la ley, situación técnica inadecuada."

De esa forma, no basta la inminencia de la aplicación de la ley combatida o que uno de sus destinatarios sea el referido Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, sino que la parte quejosa hubiere comprobado fehacientemente que por virtud de una conducta concreta de tal dependencia designada como autoridad hubiere sido actualizado o concretado el perjuicio en la esfera jurídica de cada gobernado de manera real y actual, resultando insuficiente la sola presunción de que tal aplicación podría realizarse o la confesión que pretenden invocar (contenida en su respectivo informe justificado), si no hay evidencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del acto de aplicación por la autoridad que hubiere designado, lo que impide constatar la existencia misma del acto que contendría el perjuicio que pretenden reparar.

En ese entendido, se tiene que si al rendir su informe con justificación el comentado Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco señaló únicamente de modo genérico que: "Es parcialmente cierto el acto reclamado" (foja 542 del juicio de amparo); dicha manifestación, como acertadamente determinó el juzgador federal, no implica tener por cierto el acto atribuido a dicha autoridad, dado que realmente no aceptó un hecho ocurrido en un momento, lugar y condiciones en particular que revele haber participado en la aplicación de algún precepto de la ley reclamada como autoridad encargada de hacerla cumplir o exigir coactivamente su observancia en cuanto a determinada hipótesis.

Ante tales circunstancias, el amparo es improcedente, porque debe recaer sobre hechos actuales y ciertos y no sobre los futuros e inciertos.

De ahí que si en autos no obra prueba que demuestre fehacientemente tal existencia del acto atribuido a las autoridades de referencia, lo procedente es confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

C. Correcta determinación de sobreseer en el juicio de amparo respecto a las autoridades que intervinieron en el refrendo y publicación del decreto tildado de inconstitucional. Asimismo, en suplencia de la queja, conviene establecer que procede confirmar el sobreseimiento decretado en el considerando quinto, inciso A), del fallo recurrido, en razón de que como bien lo refirió el Juez de Distrito, el juicio de amparo resulta improcedente contra los actos atribuidos al secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Jalisco, consistentes respectivamente, en el refrendo y publicación del Decreto Legislativo 24832/LX/14, en el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, publicado el veintisiete de febrero de dos mil catorce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Así es, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que fue correcto el sobreseimiento decretado por el a quo, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo respectiva en que se reclamen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, mientras que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando reclame sus actos por vicios propios.

Por tanto, si en la demanda de amparo no existe ningún argumento que controvierta la constitucionalidad del proceso legislativo del decreto reclamado, es evidente, como lo estableció el juzgador, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ...III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios..."

De lo anterior, es menester acudir a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa a efecto de verificar si el refrendo y publicación que atribuyó a las autoridades de que se trata, se reclamaron por vicios propios o no.

Así pues, de la demanda de amparo que obra a fojas uno a sesenta y dos del juicio constitucional, se advierte que los quejosos, aquí recurrentes, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal señalando como actos reclamados y autoridades responsables los que a continuación se citan:

Ver actos reclamados y autoridades responsables

Posteriormente, se observa que la parte quejosa alegó la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 24832/LX/14, en el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, publicado el veintisiete de febrero de dos mil catorce, por estimar que sus disposiciones transitorias derogan preceptos directamente relacionados con el diverso 261 de la ley impugnada; asimismo, porque se pretende aplicar una legislación de corte educativo que contiene disposiciones de carácter laboral que lesionan sus derechos individuales y colectivos; así como el derecho de permanecer en clases frente al grupo; el ingreso, promoción y permanencia como docente; y afectación a sus derechos sindicales en la determinación de la asignación de horas vacantes y la aplicación de forma retroactiva del artículo 258 de la referida ley; y que dicha reforma crea una excepción sui géneris en cuanto a la estabilidad en el empleo, ya que condiciona la realización y acreditación de la evaluación a la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación.

Pues bien, no obstante los señalamientos anteriores, este órgano colegiado no advierte que el refrendo y publicación que de ella se reclaman se haya impugnado por vicios propios, pues no se formuló concepto de violación destacado que evidencie vicios en dichas etapas del proceso legislativo.

En las relatadas condiciones, se estima que fue correcta la determinación del Juez de Distrito, en sobreseer en el juicio de amparo, respecto a los actos reclamados al secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Jalisco, consistentes respectivamente, en el refrendo y publicación del decreto tildado de inconstitucional, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu.

D. Correcta determinación del sobreseimiento por falta de interés jurídico, en virtud de que diversos quejosos no exhibieron documento alguno, otros presentaron copias simples, y unos más los que exhibieron no estaban vigentes a la entrada en vigor del decreto reclamado. Por lo que ve a los quejosos ********** (118), ********** (87), ********** (126), ********** (134), ********** (160), ********** (170), ********** (171), ********** (172), ********** (173), ********** (177), ********** (185), ********** (227), ********** (248), ********** (52), ********** (58) y ********** (84), el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que no acreditaron que los artículos reclamados afectaran su interés jurídico con el que se ostentaban, pues como más adelante se verá, unos exhibieron copias simples del recibo de nómina y de la credencial del Instituto Federal Electoral expedidos a su nombre, otros los recibos de nómina que aportaron no estaban vigentes al momento de la entrada en vigor del aludido decreto, y uno de ellos no ofreció nada.

Determinación que se estima correcta, pues del análisis de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, reformada mediante decreto número 24832/LX/14, publicado el pasado veintisiete de febrero de dos mil catorce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se puede advertir que se adiciona el título décimo, denominado: "Del Servicio Profesional Docente", comprendiendo los artículos 189 a 261, de dicha legislación, advirtiéndose de los mismos que se regulan diversos aspectos, tales como los tipos de personal docente que contempla la ley, ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de dicho personal en su función, así como sus derechos y obligaciones.

Luego, es evidente que dichas disposiciones sólo tendrán injerencia y trascenderán posiblemente en la esfera jurídica de aquellos quienes tengan o realicen funciones docentes que encuadren en las establecidas por dichos numerales y no así, de cualquier otro trabajador con actividades diversas a las señaladas por dicha legislación.

En tales condiciones, como bien lo determinó el a quo al emitir el fallo aquí recurrido, los quejosos de que se trata (al haber impugnado la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en la Ley de Educación del Estado de Jalisco referida), tenían la obligación de acreditar, en primer término, que tienen el carácter de trabajadores docentes al servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a fin de poder considerar que dichas disposiciones les son aplicables y, en un momento dado, les pudiesen ocasionar algún perjuicio en su esfera jurídica, que sea susceptible de impugnarse por la vía de amparo.

Lo anterior es así, pues deviene indispensable, se insiste, acreditar en primer término que dichas disposiciones sí le son aplicables a la parte quejosa, para que con posterioridad, en su caso, habiéndose superado dicho requisito, pudiese analizarse si tales disposiciones son de carácter heteroaplicativo o autoaplicativo; es decir, pronunciarse respecto a la necesidad o no de un acto de autoridad posterior a la entrada en vigor de la ley combatida, a fin de acreditar el perjuicio en su esfera jurídica (heteroaplicativa); o bien, si dicha normatividad afecta su esfera jurídica con su simple entrada en vigor (autoaplicativ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25834-cd1a1e48/procesos-de-evaluacion-y-escalafonarios-previstos-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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