AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE JUNIO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
II. COMPETENCIA
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante "Ley de Amparo"), y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo consistirá en determinar cuál es el alcance del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en la parte que señala que las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito a través del juicio de amparo directo, sobre lo cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden tales preceptos normativos.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a la contradicción de tesis.
A. Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Tercer Circuito en el amparo directo 242/2013
Antecedentes procesales
10. ********** denunció ante la representación social hechos que consideró delictuosos (violencia familiar) cometidos en su perjuicio por su esposo **********.
11. Posterior al desahogo de diversas actuaciones y pruebas, en resolución de trece de noviembre de dos mil doce, el agente del Ministerio Público número 5 adscrito a la Agencia de Violencia Intrafamiliar de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, determinó consignar la averiguación previa **********, al considerar a ********** probable responsable en la comisión del delito de violencia intrafamiliar, previsto y sancionado por el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco.
12. Derivado de lo anterior, el Juez Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al que por razón de turno le tocó conocer del asunto, registró la causa penal con el número ********** y, por resolución de diez de diciembre de dos mil doce, libró la correspondiente orden de captura.
13. Apersonado el indiciado ante el Juez de la causa, en virtud de la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo que promovió contra el referido mandato de captura y recabada la declaración preparatoria del aludido inculpado, por resolución de treinta de enero de dos mil trece, el referido Juez Penal decretó a favor del probable responsable auto de libertad por falta de elementos para procesar, al estimar que de las pruebas de autos no se advertía que se hubiere causado en la ofendida un deterioro físico o psicológico, sin perjuicio de que, por datos posteriores de prueba se procediera nuevamente en su contra de conformidad con lo que dispone el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco.
14. En contra de esa determinación, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación. La Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco conoció del asunto, lo registró bajo el número de toca 529/2013 y, por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil trece, se confirmó la interlocutoria de libertad.
15. Ante lo desfavorable de la determinación anterior, ********** (víctima del supuesto delito) promovió juicio de amparo el veinticuatro de septiembre de dos mil trece. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito conoció del asunto, admitió la demanda, registró el asunto como juicio de amparo directo 242/2013 y, en sesión de cinco de diciembre del mismo año, emitió una sentencia en la que decidió declinar competencia al Juez de Distrito que correspondiere por razón de turno. Lo anterior, al tenor de los razonamientos que se expondrán a continuación:
Argumentación de la sentencia
16. El Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Como punto de partida, señaló que derivado del contenido del artículo 19 de la Constitución Federal, en el que se consigna el derecho de no ser retenido por más de setenta y dos horas ante la autoridad judicial, el Juez se encuentra obligado a dictar el auto de término constitucional, el cual puede ser en el siguiente sentido: a) auto de formal prisión; b) auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad; c) auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley; y, d) auto de libertad absoluta.
17. Sobre esta tipología, precisó que el auto de formal prisión constituye un acto por el cual se sujeta al proceso penal al indiciado, privándolo de su libertad hasta que se dicte sentencia firme (el proceso penal continúa); que el auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertar tiene los mismos efectos que el anterior sólo que el proceso se puede llevar en libertad por así proveerlo la norma penal (el proceso penal continúa); que el auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley se emite cuando no se acredita dentro de las setenta y dos horas siguientes a su detención el cuerpo del delito, con la condicionante de que si el Ministerio Público se allega de pruebas suficientes, se reanuda el proceso penal (el proceso penal queda en suspenso); y que el auto de libertad absoluta se emite cuando el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o se demuestra que el indiciado no es responsable del delito que se le acusa (el proceso penal finaliza).
18. Por lo que hace al auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo reserva de ley, el Tribunal Colegiado consideró que éste deja el proceso penal en suspenso porque aunque tiene como consecuencia la libertad del individuo, ello no implica que el proceso penal haya concluido, ya que se encuentra latente la posibilidad de que el Ministerio Público ejercite nuevamente la acción penal; por ende, en caso de allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, se reanudara el procedimiento evidenciando entonces que no era una resolución que pone fin al proceso penal.
19. Por otro lado, señaló que, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose como tal aquellas que decidan el juicio en lo principal o por resoluciones que pongan fin al juicio que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, resaltando que para ello debe agotarse el principio de definitividad.
20. Consecuentemente, determinó que como el auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo la reserva de ley deja en suspenso el proceso penal; esto es, que éste puede reabrirse, resulta evidente que no procede el juicio de amparo directo, al no poderse equiparar dicha resolución a una que pongan fin al juicio, ya que no tiene como consecuencia la conclusión del proceso penal.
21. Sobre este razonamiento, el órgano colegiado afirma que el hecho de que en el segundo párrafo de la fracción I del citado artículo 170 de la Ley de Amparo se señale que la víctima y ofendido podrán impugnar las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado, no provoca que cualquier auto de libertad pueda ser objeto del juicio de amparo directo. Por el contrario, desde su punto de vista, de una interpretación sistemática y teleológica de la norma, sólo se está haciendo referencia a los autos en los que se decrete la libertad de manera absoluta, de manera que no sea posible abrir una averiguación previa en su contra o continuar con un procedimiento penal.
22. Estimar lo contrario, dice el Tribunal Colegiado, equivaldría a otorgarle a todos los autos de libertad las características de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponen fin al juicio o que lo deciden en lo principal, lo cual no ocurre, por lo menos, en los autos de libertad con reservas legales, pues el Ministerio Público cuenta con la oportunidad de allegarse de nuevos elementos o pruebas para proceder nuevamente en contra del inculpado. Posibilidad que es nula en autos de libertad absolutos (en los que se declare, por ejemplo, la prescripción o el sobreseimiento del delito).
23. Lo anterior, fortalecido con lo previsto en el inciso a), fracción V, del artículo 107 de la Constitución Federal, en el que expresamente establece como supuesto de procedencia del amparo directo las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sin que en materia penal se haga mención alguna en relación a "autos que se refieran a la libertad del inculpado", por lo que debe seguirse entendiendo que alude sólo a las resoluciones o sentencias definitivas.
B. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 20/2014
Antecedentes procesales
24. Derivado de la celebración de un contrato de compra-venta de un camión de pasajeros entre ********** (comprador) y ********** (vendedor), el cual no fue entregado al comprador siendo que éste ya había pagado una parte por dicho objeto, el Ministerio Público, previa denuncia, inició la averiguación previa por la conducta que encuadraba el delito de fraude específico, misma que fue consignada.
25. Una vez recibida y radicada la averiguación previa, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, registró la causa penal con el número ********** y, el dieciocho de octubre de dos mil doce, dictó el auto de término constitucional, en el cual se determinó decretar formal prisión o preventiva en contra de **********.
26. En desacuerdo con tal determinación, el inculpado presentó un recurso de apelación. La Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla conoció del asunto, lo registró bajo el número de toca ********** y, por resolución de diecisiete de abril de dos mil trece, revocó en su totalidad el auto de término constitucional reseñado al no haberse demostrado el cuerpo del delito de fraude específico, decretando entonces a favor del procesado auto de libertad por falta de elemento para procesar con las debidas reservas de ley.
27. En contra del fallo anterior, por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil trece, ********** (víctima del supuesto delito) presentó una demanda de amparo. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito conoció del juicio de amparo directo, asignándole el número de expediente 20/2014 y, el veintidós de mayo de dos mil catorce, emitió una sentencia en la que decidió negarle el amparo al quejoso.
Argumentación de la sentencia
28. En principio, el Tribunal Colegiado se declaró legalmente competente para conocer del juicio de amparo en contra de un auto de libertad. Al respecto, aclaró que no compartía el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, reflejado en la tesis de rubro: "AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. SI ÉSTE SE EMITIÓ SIN PERJUICIO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO RECABE PRUEBAS PARA PROCEDER NUEVAMENTE CONTRA EL INCULPADO, AQUÉL ES IMPROCEDENTE POR NO ENCUADRAR EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
29. A su juicio, a diferencia de lo sostenido por el órgano colegiado del Tercer Circuito, el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no hace una distinción entre un auto de libertad con las reservas de ley o un auto de libertad absoluta para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
30. Para ello, explica que un auto de libertad con reservas de ley o por "falta de méritos", como lo señala la codificación procesal penal aplicable, radica en una resolución de libertad por ausencia de elementos de convicción suficientes para el procesamiento del inculpado. Sin embargo, sostiene que aun cuando esta resolución no tiene efectos de una sentencia definitiva ni equivale a una absolución de la instancia, la persona recobra su libertad y sólo estaría latente la eventualidad de que con posterioridad la autoridad ministerial ejerza nuevamente la acción penal sólo bajo nuevos datos de cargo. Así, si bien no se trata de una libertad absoluta, afirma que con esa determinación el Juez no deja abierto el proceso no tiene injerencia en hacerlo con la indagatoria para que se vuelva a consignar al inculpado, siendo esas razones las que justifican que en el artículo 170 de la Ley de Amparo no se contemplara la definición de los "autos de libertad" con la connotación de "absoluta".
31. Bajo estos parámetros, el Tribunal Colegiado consideró que el referido artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la reglamentación del juicio de amparo, al prever que "en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley", no hace una distinción entre los tipos de autos de término constitucional que concedan la libertad que se puedan emitir y, por ende, debería proceder el amparo directo en contra de los autos sujetos a reserva de ley o por "falta de méritos". No existe una justificación objetiva y razonable para entender que el Estado puede establecer distinciones con un instrumento para la protección de quienes deben ser protegidos, siendo que la víctima también tiene el interés legal en que no subsista el auto de libertad por falta de méritos y que tal petición sea llevada a través del amparo directo.
32. En ese tenor, agrega que la abrogada Ley de Amparo no contemplaba la regla específica sobre la procedencia del amparo directo en contra de sentencias absolutorias o autos de libertad y sólo regía la disposición de lo que debía entenderse como sentencia definitiva o un acuerdo o resolución que pusiera fin al juicio, lo que hace entonces diferente ese caso a los tratados con anterioridad.
33. Por otra parte, tras declararse competente, el Tribunal Colegiado negó el amparo a la supuesta víctima del delito, ya que no se habían actualizado ninguna de las violaciones aducidas por el quejoso con base en la fracción XIX del artículo 173 de la Ley de Amparo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
34. Esta Primera Sala considera que con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes respecto a cómo debe interpretarse el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, en la parte en que señala que la víctima u ofendido del delito podrán reclamar el auto que se refiere a la libertad del imputado dictado en un proceso penal.
35. Antes de pasar a explicar las razones para advertir dicha contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que, tal como sucede con algunos de los criterios contendientes, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.
36. En ese sentido, se estima que, por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(1) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
37. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
38. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
39. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, del rubro y texto que a continuación se reproducen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)
40. Expuesto lo anterior, como se adelantó, esta Primera Sala considera que en el caso concreto se advierte que se cumplieron las referidas condiciones para la existencia de la contradicción.
41. En primer lugar, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir si el respectivo órgano jurisdiccional era competente para conocer de un juicio de amparo directo promovido por la víctima u ofendido de un delito en contra de un auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley.
42. En segundo lugar, en cuanto al requisito material, de un análisis de las diferentes ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se considera que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes abordaron una misma temática con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos. Tal diferendo argumentativo consiste en si cuando el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que las víctimas u ofendidos de un delito podrán reclamar vía amparo directo los autos que se refieran a la libertad de un imputado, se refiere únicamente a aquellos que la otorgan de manera absoluta o también incluye a los autos de libertad con las reservas de ley.
43. Por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el amparo directo **********, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y declinó competencia al Juez de Distrito correspondiente, toda vez que a partir de su lectura de los supuestos de procedencia del amparo directo, la víctima u ofendido de un delito exclusivamente pueden objetar los autos de libertad de término constitucional cuando, precisamente, la libertad del inculpado sea absoluta.
44. En ese caso, el Juez Penal dictó un auto de libertad por falta de elementos para procesar, mismo que fue confirmado en apelación.(4) Al impugnarse vía amparo directo, el Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente, pues de una interpretación del segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, sólo los autos de libertad que, por sus propias características den por concluido la instancia penal podrán ser objetados a través del amparo directo.
45. Consecuentemente, a juicio del Tribunal Colegiado, en términos del artículo citado de la Ley de Amparo, procede el amparo directo promovido por una víctima u ofendido únicamente en contra de un auto de libertad de carácter absoluta, pues de aceptarse que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes y deberían conocer de las demandas promovidas contra autos de libertad por falta de elementos para procesar o bajo las reservas de ley (en los que el Ministerio Público puede ejercer nuevamente la acción penal si recaba nuevos elementos de cargo), conllevaría a desnaturalizar el concepto de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, respecto de la cual la ley no conceda un recurso ordinario, en virtud que del puedan ser modificadas o revocadas, materia justamente del juicio de amparo directo.
46. En la sentencia de amparo, se puede leer lo que sigue (negritas añadidas):
"Resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa (ofendida en el proceso de origen) habida cuenta que este órgano de control constitucional advierte que es legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo.
"...
"Así, respecto de la procedencia del juicio de amparo directo, es necesario señalar que de la interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio.
"El aludido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece, que se entenderá por sentencia definitiva o laudo, aquella que decide el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.
"...
"Por ello, el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de derechos cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones.
"...
"Lo expuesto permite concluir, que toda vez que el auto de libertad por falta de elementos para procesar bajo la reserva de ley, al tener como consecuencia el que quede en suspenso el proceso penal con la posibilidad de que al allegarse el Ministerio Público del acervo probatorio indicado reanude el proceso penal, no es una resolución que pone fin al juicio, para que contra la misma proceda el juicio de amparo directo en su contra, pues dicha resolución no tiene como consecuencia la conclusión del proceso penal.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 10/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 32, que dispone lo siguiente: ...
"Corolario de lo anterior, es que debe declinarse la competencia legal para conocer de este juicio de amparo, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el Estado de Jalisco, por ser de su competencia (al no constituir una sentencia definitiva el acto reclamado) el conocimiento del presente asunto.
"Previo a concluir, debe destacarse que no se soslaya, que el artículo 170, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, refiere en la última parte del segundo párrafo: ‘en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25926-82b81d25/amparo-directo-contra-los-autos-que-se-refieran · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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