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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE PUEDE INICIAR ANTES DEL EMPLAZAMIENTO AL EXISTIR CARGAS PARA LA ACTORA Y NO SÓLO PARA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 25 DE JULIO DE 2014).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26000
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1576.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDGAR ALAN PAREDES GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito que integran el Vigésimo Séptimo Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por **********, Sociedad Anónima, **********,**********, **********, como fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número ********** (titular de los créditos hipotecarios), en su carácter de parte procesal de los juicios de amparo donde se sustentan los criterios materia de la denuncia, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito

Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, el veintitrés de mayo de dos mil trece, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados, quien a su vez es apoderada y nueva administradora de la institución de crédito denominada **********, **********, Sociedad Anónima, **********, **********, **********, como fiduciaria en el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el número **********, en la vía especial hipotecaria, demandó de ********** y **********, el cumplimiento de las prestaciones precisadas en el escrito inicial.

Correspondió conocer del asunto a la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, quien por auto de veintinueve de mayo de dos mil trece, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó realizar el emplazamiento de ley.

Los días dos y treinta de octubre de dos mil trece, respectivamente, el actuario adscrito a dicho juzgado levantó constancias donde estableció las razones por las cuales no pudo llevar a cabo el emplazamiento ordenado en el juicio.

El doce de diciembre de dos mil trece, la parte actora presentó una promoción ante la Juez de origen, proporcionando un diverso domicilio para realizar el emplazamiento en comento; a dicha promoción, recayó el auto de idéntica fecha donde se decretó la caducidad de la instancia, en términos de lo establecido por el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo.

Inconforme con dicho auto, la actora interpuso recurso de apelación, que se radicó con el número **********/2014 ante la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, donde por sentencia de tres de julio de dos mil catorce, se confirmó al auto apelado, el cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo directo del que emana uno de los criterios denunciados en contradicción.

El asunto se radicó en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el número **********/2014, de su índice y, al resolverlo en sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, negó la protección constitucional solicitada por la quejosa.

Para arribar a esa conclusión, el Tribunal Colegiado de Circuito, al emprender el examen de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, analizó, entre otros, los artículos 123, 128 y 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, de los que advirtió que la caducidad opera en el plazo de seis meses y se delimita que, por mes, se entenderá el periodo comprendido de treinta días.

Así, afirmó que la caducidad opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte y hasta antes de la citación para oír sentencia, por lo cual, si en el caso ya se había emitido el primer auto, es decir, la admisión de la demanda, el hecho de que existiera o no emplazamiento no es impedimento para que se computara el lapso previsto en la norma relativa a la caducidad en comento.

Expresa que la figura jurídica de la caducidad sanciona procesalmente el incumplimiento del impulso al proceso, lo que pretende evitar que, ante el desinterés de las partes, quede abierto un procedimiento en forma indefinida, pero sin que ello implique que la autoridad jurisdiccional quede relevada de su deber de administrar justicia de manera pronta y expedita, ni la responsabilidad derivada del incumplimiento de ese deber, la que, en su caso, podrá tener eventualmente consecuencias jurídicas relacionadas con el ejercicio de su encargo.

Insistió en el deber de impulsar el procedimiento en un juicio que versa sobre derechos disponibles -principio dispositivo- que corresponden a las partes, aun ante la eventual circunstancia de que el juzgador deje de actuar, por ser quienes tienen el deber procesal de velar por la prosecución del juicio, en atención al interés de que el juicio se desarrolle hasta su conclusión.

En ese sentido, concluyó que si bien correspondía a la autoridad judicial, por conducto del funcionario adscrito respectivo, realizar la diligencia de notificación pendiente, al haber transcurrido un lapso considerable sin que se hubiere efectuado aquélla y por las razones apuntadas por el actuario, al precisar que no se pudo realizar dicha diligencia en la forma y términos ordenados, la entonces quejosa, por ser la interesada en que se emplazara a su contraparte para la consecución del juicio, estuvo en aptitud de impulsar el procedimiento solicitando al Juez que ordenara la aludida notificación, con el fin de que, además, no operara la caducidad de la instancia, sin que tal petición resultara frívola o improcedente, porque a través de ella hubiera manifestado su interés en que se desarrollara la controversia planteada.

Por tales razones, el referido órgano jurisdiccional concluyó que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, al no existir constancia alguna de impulso procesal en el lapso temporal previsto por la norma, resultaba apegado a derecho que se declarara la caducidad cuestionada.

Con base en lo reseñado, se tiene que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió, en esencia, en el amparo directo civil **********/2014, que un juicio especial hipotecario regido por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, donde se dictó un primer auto, verbigracia, la admisión de la demanda, es susceptible de caducar, en términos de su numeral 131, aun cuando no haya tenido lugar el emplazamiento de la contraria, producto de la infructífera actuación del juzgador para tales fines, concatenada con la falta de impulso procesal por parte de la actora.

2. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito

Este asunto tiene su antecedente en el juicio especial hipotecario, promovido por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, donde **********,**********,********** e **********, apoderados de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien interviene como representante de **********,**********, Sociedad Anónima, **********, **********, **********, en su calidad de fiduciaria en el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago **********, reclamaron de **********, el cumplimiento de las prestaciones indicadas en el escrito inicial.

Admitida la demanda, el dos de abril de dos mil trece, la actuaria hizo constar las razones por las cuales no se pudo llevar a cabo el emplazamiento en el lugar indicado para ello y, una vez proporcionado nuevo domicilio para tales efectos por parte de la actora, en diversa razón de trece de abril del propio año, se estableció que tampoco pudo materializarse el emplazamiento en el nuevo domicilio.

Por segunda ocasión, la actora proporcionó nuevo domicilio, hecho lo cual, por auto de cinco de abril de dos mil trece, se ordenó el emplazamiento en el nuevo domicilio indicado; a través de las constancias actuariales de veintiséis de junio, dos de octubre y doce de diciembre de dos mil trece, respectivamente, la actuaria plasmó las razones por las cuales no se pudo llevar a cabo la diligencia de emplazamiento encomendada, donde la última de ellas consistió en que en el domicilio indicado no se respondió a su llamado.

Posteriormente, la actora solicitó a la juzgadora que se realizaran las diligencias necesarias para la localización de su contraria, finalmente, por auto de veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Jueza Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, decretó la caducidad de la instancia, por haber transcurrido seis meses sin que la parte actora impulsara el procedimiento.

Inconforme con la determinación anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, con el toca civil **********/2014, quien dictó sentencia el quince de mayo de dos mil catorce, donde si bien modificó el acuerdo recurrido, reiteró la declaratoria de caducidad de la instancia.

La resolución referida en el párrafo anterior, fue materia de impugnación en el amparo directo civil, radicado con el número **********/2014, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que por ejecutoria de dos de octubre de dos mil catorce, determinó conceder el amparo solicitado por la quejosa.

Para sustentar su resolución, el tribunal interpretó el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de lo que concluyó, en forma preliminar, que no prevé expresamente si la caducidad de la instancia sólo debe recaer en los contendientes mientras exista una carga procesal que requiera su intervención y no por una simple inactividad del órgano jurisdiccional.

Desarrolló las características de la figura jurídica de la caducidad, tales como que opera de pleno derecho y que puede presentarse cualquiera que sea el estado del juicio con la acotación del lapso comprendido entre el primer auto y hasta antes de la citación para oír sentencia.

Sostuvo que en las controversias del orden civil, excepción hecha de aquellas que diriman derechos de menores e incapaces, la caducidad se justifica en la medida en que los derechos ahí discutidos únicamente incumben a las partes; no obstante lo anterior, precisó que la caducidad no puede operar por la mera inactividad del órgano jurisdiccional en desempeñar las diligencias que la ley le encomienda y que hubiere asumido practicar durante el proceso, por lo que sólo aplica ante la existencia de cargas procesales para las partes.

Determina que la admisión de la demanda del juicio especial hipotecario no arroja carga procesal alguna a las partes, ya que es al juzgador a quien correspondía vigilar la materialización del emplazamiento por él ordenado, sin que las partes tuvieran necesidad de actuar dando impulso al procedimiento, dado que el legislador no lo dispuso de esa forma en la norma aplicable, máxime si la actora no se compromete a realizar la diligencia ni el juzgador le encomendó su realización, por lo que concluye este razonamiento aseverando que, en tanto estuviera pendiente el emplazamiento, la autoridad es quien tiene el imperio para hacer cumplir su determinación, por lo que la carga procesal sobre tal cuestión la soportaba el órgano jurisdiccional, no así alguna de las partes.

De tal forma, concluye que el proveído por el que se ordenó el emplazamiento a juicio no es la última resolución tendente a impulsar el procedimiento en el juicio especial hipotecario, ya que dicha actuación no genera carga procesal alguna para la actora.

Esto es, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consiste en que, admitida la demanda y ordenado el emplazamiento por parte del órgano jurisdiccional, corresponde a éste exclusivamente la carga procesal para materializar dicha diligencia, por lo que, al no existir carga procesal para las partes procesales y, en específico, para la actora, no puede considerarse como la actuación a partir de la cual se compute el plazo para que tenga lugar la caducidad a que se refiere el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que, conforme a la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso, cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.

Dicho criterio está reflejado en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que, para el surgimiento de la contradicción de tesis, es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la problemática jurídica examinada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad; de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción de tesis, se cumpla el objetivo perseguido por tal institución, que es el de dar certidumbre jurídica.

En atención a lo expuesto, y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, de los que se dio noticia en el considerando que antecede, se desprende que, en el caso, existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en particular, determinar si puede tener lugar la caducidad de la instancia en un juicio especial hipotecario regido por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que versa sobre derechos disponibles, una vez dictado el auto de admisión de la demanda y antes de que tenga lugar el emplazamiento de la demandada, con especial atención a si con motivo de dicho emplazamiento, derivan cargas procesales para las partes o únicamente para el órgano jurisdiccional, y arribaron a criterios jurídicos discrepantes.

Asimismo, cabe agregar que, atendiendo a que el propósito de la denuncia de contradicción de tesis es que, a través de un criterio jurisprudencial, se supere la inseguridad jurídica derivada de posturas divergentes sostenidas sobre un mismo problema de derecho por órganos del Poder Judicial de la Federación, y considerando que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo tienen como característica que son emitidas por órganos terminales, de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, se concluye que es procedente la contradicción de tesis surgida entre las sustentadas por los contendientes, al resolver los amparos directos civiles **********/2014 y **********/2014, respectivamente.

Cobra especial atención que los asuntos de los que derivaron los criterios que dieron origen a la presente contradicción de tesis, tienen como aspecto distintivo que el órgano jurisdiccional respectivo, no adoptó una postura enteramente pasiva, ya que con motivo de la admisión de la demanda intentó llevar a cabo el emplazamiento en el domicilio proporcionado para tales efectos, aunque de forma infructífera, incluso, en el asunto de origen, relativo al amparo directo **********/2014, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, a cada promoción de impulso procesal formulada oportunamente por la actora, en aras de proporcionar la información necesaria para materializar dicho emplazamiento, recayó el respectivo proveído y diligencia donde se pretendió cumplir lo ordenado.

Consecuentemente, al no haber correspondencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir si una vez admitido el escrito inicial, lo atinente al emplazamiento de la demandada constituye una carga procesal exclusiva del órgano jurisdiccional o atañe igualmente a las partes, aunado a si puede realizarse el cómputo para que opere la caducidad de la instancia a partir del auto de admisión de la demanda aun cuando no exista emplazamiento de la contraria.

QUINTO.-Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

El artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, vigente en febrero y mayo de dos mil trece, en que se presentaron las demandas que dieron inicio a los juicios de origen, es del texto siguiente:

"Artículo 131.·La caducidad tiene por finalidad en la primera instancia dejar sin efecto el proceso pero no la acción y en la segunda convertir en firmes las resoluciones recurridas. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta antes de la citación para oír la sentencia definitiva, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

"a) Que hayan transcurrido seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la última resolución dictada, y

"b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Entendiéndose por meses los periodos comprendidos de treinta días."

Como se advierte, la legislación aplicable prevé que la finalidad de la institución procesal de la caducidad es extinguir la instancia originada por la inactividad de las partes, siendo relevante que:

a) Opera de pleno derecho (es de orden público e irrenunciable); y,

b) Puede presentarse cualquiera que sea el estado del juicio (a partir del primer auto hasta antes de que se cite para oír sentencia).

En efecto, la caducidad es la sanción impuesta por la ley al promovente del juicio por el abandono del proceso durante determinado tiempo, es decir, se impone dicha figura jurídica ante la falta de interés de hacer uso de ese derecho.

Dicha figura procesal también puede entenderse como una institución jurídica de orden público, acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos.

Sobre este pormenor, la figura de la caducidad está estrechamente vinculada con el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, en su vertiente de garantía de defensa, pues en acatamiento a ésta, se concede a los gobernados la posibilidad de controvertir actos de un particular o autoridad que afecten su esfera jurídica; sin embargo, tal potestad se encuentra reducida a que se realice en los términos que la ley establece y, en cuanto a su ejercicio, se obliga al gobernado a seguirlo hasta sus últimas instancias, so pena de que pueda actualizarse la extinción de la instancia, en virtud de su inactividad procesal.

Ahora bien, tratándose de las controversias del orden civil -con excepción de aquellas donde se diriman derechos de menores e incapaces, o bien, las expresamente reguladas en el ordenamiento legal respectivo-,(1) la caducidad se justifica en la medida en que los derechos ahí discutidos únicamente incumben a las partes, pues se trata de un proceso que se rige por el principio dispositivo, consistente en que las partes pueden disponer tanto del proceso, como del derecho sustantivo controvertido.

Sin embargo, de una interpretación pro persona -aun en los procedimientos de orden dispositivo-, la institución de la caducidad de la instancia in genere debe entenderse como una sanción que no opera por el mero transcurso del tiempo y la inactividad del Juez, sino que necesariamente requiere la inactividad de las partes, mientras coexista una carga procesal para ellas, cuya satisfacción se encuentre pendiente de cumplir el interés propio, en dicho momento procesal, esto es, no puede imponerse por mera inactividad del órgano jurisdiccional.

Ello es así, pues el nuevo modelo y estándar interpretativo de protección a los derechos humanos implica ahondar dicha concepción primigenia y determinar en qué casos la inactividad de las partes verdaderamente implica un abandono y desinterés manifiesto del juicio que deba sancionarse a través de la institución procesal de la caducidad de la instancia.

Es pertinente reiterar que la caducidad a que se hace referencia sólo puede tener lugar por la omisión de las partes de cumplir con sus cargas procesales, mas no puede imponerse por la mera inactividad del tribunal. Esto es, si se diera este último supuesto, deberá coexistir con la inactividad de ambos, en el entendido de que exista una carga procesal que durante ese lapso tuvieran que satisfacer, ya que por sí sola, la inactividad del órgano jurisdiccional es insuficiente para que se decrete la caducidad.

Aunado a lo anterior, la caducidad sólo extingue la instancia, lo que se traduce en que no se priva a las partes de su derecho a iniciar un nuevo juicio en el que hagan valer sus derechos, y tiene lugar en juicios que se rigen por el principio dispositivo, en los que se ventilan intereses particulares y, por tanto, derechos disponibles.

Importa destacar en esta parte que, por carga procesal, debe entenderse aquel acto jurídico que durante el proceso debe ejecutarse si se quiere obtener cierta finalidad en interés propio, cuya omisión puede involucrar el perder un efecto favorable durante el proceso y enfrentar uno desfavorable.(2) Esta carga procesal para las partes debe tener origen en: a) la ley o b) una determinación judicial.

En efecto, la satisfacción de las cargas procesales es, como se ha dejado establecido, un deber de las partes en el juicio, a quienes corresponde el impulso del procedimiento, en términos del principio dispositivo, y su funcionamiento obedece a la naturaleza misma del procedimiento, que es una concatenación sucesiva de etapas, en la que la procedencia y naturaleza de ésta, depende de la manera en que se concluyó la anterior.

Sin que la característica a que se ha aludido, relativa a la "jurisdicción rogada" o dispositiva, conlleve a estimar sin límites la discrecionalidad del Juez en mantenerse alejado de una sana dinámica procesal, en la que actúe con rectoría en el proceso, a fin de desahogar las diligencias que le competen, acordes con la etapa procesal y los requerimientos que las partes hubieren formulado, a fin de impulsar el proceso.

Ello es así, pues la observancia y sujeción al proceso dispositivo no implican, en forma alguna, elevar reiteradas solicitudes al juzgador, a fin de que actúe como le ordena la ley, sino que para ello basta que se formule por una sola ocasión la solicitud correspondiente, para interrumpir el cómputo del plazo para que opere la caducidad y éste inicie nuevamente.

Son aplicables a lo anterior, las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del título, subtítulo y texto siguientes:

Tesis 1a. LXXI/2014 (10a.)(3)

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE UNA CARGA PROCESAL PARA LAS PARTES. La caducidad es una forma extraordinaria de terminación del proceso, debido a la inactividad procesal de una o ambas partes, que persigue cumplir con los principios de justicia pronta y expedita y de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 16 y 17 constitucionales, ya que los actos que integran el procedimiento judicial, tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben estar sujetos a plazos o términos y no pueden prolongarse indefinidamente. Sin embargo, la caducidad sólo puede operar mientras existe una carga procesal para las partes en el proceso, esto es, actos del proceso en los que se requiera de su intervención, ya que a falta de dicha participación, el juicio no puede seguir adelante, puesto que el Juez no tendría elementos suficientes para emitir una resolución. Así, una vez que las partes aportaron al juicio todos los elementos que les corresponde, la caducidad no puede operar en su perjuicio. Por lo que una vez celebrada la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, se termina la carga procesal de las partes y queda sólo la obligación del Juez de dictar sentencia. A partir de ese momento no pue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26000-f58b7f9c/caducidad-de-la-instancia-en-materia-civil-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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