Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. EL PLAZO PARA QUE OPERE RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DERIVADA DE LOS CONTRATOS DE MUTUO O DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA O FIDUCIARIA, CELEBRADOS ENTRE EL FOVISSSTE Y UN PARTICULAR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL DEUDOR INCUMPLE SU OBLIGACIÓN DE PAGO Y NO DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26008
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2274.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PRESIDENTE PEDRO ELÍAS SOTO LARA Y GUILLERMO CRUZ GARCÍA. DISIDENTE: JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ. PONENTE: PEDRO ELÍAS SOTO LARA. SECRETARIA: ARACELY DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CASTILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Noveno Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Integración y Funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como con lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción de tesis versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados que pertenecen a este Noveno Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. **********, es tercero interesado en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, carácter que tiene debidamente reconocido, y por consiguiente, tiene calidad de parte en aquel asunto; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, se encuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción de tesis, son los que a continuación se precisan:

a) El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo directo civil con número de expediente **********, en el que se expuso, esencialmente, lo siguiente:

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de marzo de dos mil quince.

"(...)

"CONSIDERANDO

"(...)

"SEXTO.-Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se examinará.

"En efecto, este Primer Tribunal Colegiado considera que le asiste la razón a la persona moral quejosa en cuanto aduce que la sentencia reclamada es violatoria de lo dispuesto en el artículo 2920(1) del Código Civil Federal, porque se declaró procedente la acción de prescripción negativa, sin tomar en cuenta que en la cláusula sexta del contrato fundatorio, se estableció como plazo máximo de su liquidación, el de treinta años, los que a la fecha de presentación de la demanda aún no transcurrían.

"Se afirma lo anterior, porque el contenido del contrato privado de mutuo con interés y garantía fiduciaria, así como reconocimiento de adeudo, celebrado por las partes en juicio, el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, en lo conducente, es el siguiente:

"(...)

"De lo acabado de transcribir, se advierte que el inmueble sobre el cual se constituyó la garantía fiduciaria, garantizaba un crédito otorgado a favor del actor, que se cubriría en un plazo máximo de treinta años, además de que se pactó como causa de rescisión de dicho acuerdo de voluntades, la omisión del deudor de pagar a su vencimiento, dos o más abonos quincenales, por lo que se precisó que en tal caso, se daría por vencido anticipadamente el término concedido al deudor para la amortización de los adeudos y se haría exigible en una sola exhibición la totalidad de los saldos insolutos, de sus intereses y demás accesorios legales.

"Sobre el tema, es importante precisar que los artículos 1159 y 2918 del Código Civil Federal, en su orden consignan:

"‘Artículo 1159. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.’

"‘Artículo 2918. La acción hipotecaria prescribirá a los diez años, contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito.’

"Luego, tomando en cuenta lo dispuesto en dichos preceptos legales, se colige que la persona moral inconforme tiene expedito su derecho para hacer valer cualquier cuestión relacionada con el incumplimiento del contrato de que se trata, desde el veintiocho de febrero mil novecientos noventa y siete y hasta el veintiocho de febrero dos mil veintisiete, por lo que mientras tal plazo no fenezca no puede empezar a correr la prescripción; sobre todo, porque en el caso, conforme a lo establecido en el artículo 2920 del Código Civil Federal, debe prevalecer lo pactado por las partes.

"Es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro IUS 345056, publicada en la página 1326, Tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que consigna:

"‘HIPOTECA, PRESCRIPCIÓN CUANDO SE SEÑALA UN PLAZO VOLUNTARIO PARA EL PAGO DEL CRÉDITO QUE AQUÉLLA GARANTIZA.-El término de prescripción negativa no puede comenzar a correr durante el plazo voluntario señalado por las partes para el pago del crédito hipotecario. La prescripción se funda en el abandono del derecho por parte del acreedor, por lo que no puede considerarse que corriendo el plazo voluntario señalado para el pago, exista dicho abandono, pues el propio acreedor, al no exigir el pago, lo hace con la intención de que continúe el deudor gozando del término voluntario, y este último, al no hacer ese pago, admite también que continúe el citado plazo. Por otra parte, la prescripción negativa corre desde que la obligación puede exigirse conforme a derecho, lo que supone que no está corriendo término alguno voluntario o forzoso entre las partes.’

"Cabe decir, que en el caso es inaplicable la jurisprudencia invocada en la sentencia reclamada, intitulada: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y NO DESDE EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL MISMO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)’,(2) ya que la misma trata de un tema diferente al que fue materia del juicio natural.

"Lo anterior así es, porque en la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia(3) en forma textual se dijo:

"‘El problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: ¿A partir de qué momento comienza a correr el plazo de prescripción de la acción hipotecaria, cuando el acreedor da por vencido anticipadamente el plazo estipulado en el contrato por incumplimiento del deudor? Para resolver lo anterior, habrá de determinarse en qué momento se hace exigible el cumplimiento de una obligación cuando el acreedor de la misma tiene el derecho para dar por vencido anticipadamente el contrato principal que le da origen a la misma.’

"De lo anterior se desprende, que lo que se estudió por el Más Alto Tribunal de justicia en el País, fue el momento a partir del que empieza a correr el término de prescripción de la acción hipotecaria, cuando el acreedor da por vencido anticipadamente el plazo estipulado en el contrato por incumplimiento del deudor; sin embargo, de los antecedentes relatados, se advierte que en el caso, en el juicio del que deriva el acto reclamado, la persona moral quejosa, no dio por vencido anticipadamente el plazo otorgado al deudor para la amortización del adeudo contraído; de ahí la inaplicabilidad de dicha jurisprudencia.

"Es importante precisar, que en la sentencia reclamada se hizo referencia al amparo directo **********, que resolvió este Primer Tribunal en sesión de cuatro de septiembre de dos mil ocho; además, este órgano jurisdiccional advierte que en sesión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, se resolvió el amparo directo **********, desprendiéndose de tales ejecutorias, que los citados juicios fueron promovidos por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente y que en los juicios naturales de los que derivaron, se controvertían cuestiones esencialmente idénticas sobre las que versa el procedimiento del que deriva el acto reclamado (entre otras, la prescripción negativa de la obligación de pago y la extinción de la hipoteca), y en los que se negó la protección constitucional; sin embargo, en una nueva reflexión este Tribunal Colegiado considera necesario apartarse del criterio sostenido en dichos amparos, para que prevalezca el sustentado en la presente ejecutoria."

2) El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el amparo directo civil número **********, en el que se expuso lo siguiente:

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión de 11 (once) de enero de 2012 (dos mil doce).

"(...)

"CONSIDERANDO

"(...)

"SEXTO. Los conceptos de violación que anteceden resultan infundados.

"(...)

"Precisado lo anterior, procede ahora el estudio de los motivos de disenso, los cuales como se adelantó al inicio del presente considerando, resultan infundados.

"En efecto, la parte quejosa alega, en esencia, que el tribunal responsable inadvirtió que para la existencia de un contrato se requiere consentimiento y objeto, que lo primero -consentimiento- puede ser expreso o tácito, y lo segundo -objeto- se traduce en la cosa que el obligado debe dar y el hecho que éste debe hacer o no hacer, siendo su objeto posible y lícito, que cada uno de los contratantes se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, pudiendo las partes contratantes fijar las cláusulas que crean convenientes, que en el caso concreto en la cláusula tercera del contrato se desprende que existió la voluntad de las partes en haber señalado el término de 30 (treinta) años para el cumplimiento del pago, por lo que se está en presencia de una hipoteca voluntaria, de conformidad con el artículo 2920 del Código Civil Federal, por lo que estima que la responsable desacató el diverso numeral 1150 del ordenamiento legal en comento y en apoyo citó las tesis de los rubros: ‘HIPOTECA, PRESCRIPCIÓN CUANDO SE SEÑALA UN PLAZO VOLUNTARIO PARA EL PAGO DEL CRÉDITO QUE AQUELLA GARANTIZA’ y ‘ACCIÓN HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA SU PRESCRIPCIÓN NEGATIVA TRANSCURRE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLA LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y NO LA ACCESORIA AUNQUE EL PLAZO DE AQUÉLLA NO SE DÉ POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE A PESAR DEL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA.’

"El resumido motivo de disenso es infundado.

"En principio, cabe acotar que, como acertadamente lo expuso el Juez de Distrito y confirmó el Tribunal de Alzada, la entonces actora, ahora tercero perjudicada **********, acreditó los elementos de su acción de prescripción negativa, contenidos en los artículos 1135, 1158 y 1159 del Código Civil Federal, consistentes en: a) La existencia de una obligación; y, b) El solo transcurso del tiempo contado a partir de que aquélla pudo exigirse por el tiempo previsto en la ley.

"Que el primer elemento se acreditó con el contrato de otorgamiento de crédito con interés y garantía hipotecaria suscrito entre los contendientes el 16 (dieciséis) de agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), el cual no fue objetado y que al haber sido protocolizado ante un fedatario público, alcanzó valor probatorio pleno.

"Respecto el segundo requisito, el mismo se demostró con el propio acuerdo de voluntades, del cual se desprendió que la demandada debió realizar los descuentos al salario de la actora a partir de la primera quincena de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), lo que no aconteció sino hasta la segunda quincena de enero de 2010 (dos mil diez), esto es, 14 (catorce) años y 6 (seis) meses después, atento a los recibos de salarios exhibidos por aquélla, máxime que acorde con el contenido de la cláusula décima primera, inciso d), de dicho pacto de voluntades, la falta de pago de dos o más abonos quincenales daba lugar a tener por vencido anticipadamente los plazos relativos a las amortizaciones restantes.

"En esa medida, como acertadamente lo sostuvieron tanto el a quo Federal como el Magistrado responsable, desde la primera quincena de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) la demandada debió descontar del salario de la entonces actora ahora tercero perjudicada **********, los pagos correspondientes al crédito otorgado, por tanto, se concluye que la obligación era exigible desde aquella época, sin que se advierta que la ahora solicitante del amparo durante un lapso de 14 (catorce) años 6 (seis) meses hubiese efectuado el cobro correspondiente a efecto de interrumpir el plazo de la prescripción.

"En ese contexto, se colige que no le asiste la razón a la promovente del juicio constitucional cuando refiere que el Tribunal de Alzada contravino el contenido de los ordinales 1135, 1158 y 1159 del Código Civil Federal, ya que precisamente en atención a lo establecido en tales preceptos legales fue que el ad quem confirmó lo resuelto por el Juez de Distrito en el sentido de que precisamente de lo pactado en el contrato de marras, específicamente en la cláusula décima primera, inciso d), se advierte que las partes manifestaron su conformidad con que a partir de la primera quincena de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), la demandada ahora quejosa debía efectuar los descuentos a la nómina de la actora, sin que lo hiciera por un lapso de 14 (catorce) años 6 (seis) meses, por lo que, se reitera, el Tribunal Unitario responsable sí analizó esa circunstancia, de ahí lo infundado del resumido motivo de disenso.

"Asimismo, también resulta infundado el diverso concepto de violación en el cual la parte quejosa aduce que toda vez que la actora se obligó a liquidar el adeudo en un plazo de 30 (treinta) años, entonces se está en presencia de una hipoteca voluntaria, de conformidad con el dígito 2920 del Código Civil Federal.

"Para ilustrar mejor dicha calificativa, resulta indispensable traer a colación el contenido de la cláusula décima primera, inciso d), del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, el cual a la letra dice:

"DÉCIMA PRIMERA: Serán causas de rescisión del presente contrato, por consiguiente ‘EL FONDO’ podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago de las obligaciones a cargo de ‘LA ACREDITADA’, las siguientes:

"(...)

"d). Si dejare de pagar a su vencimiento dos o más abonos quincenales a que está obligado, pero si ‘LA PARTE ACREDITADA’ justifica a satisfacción de ‘EL FONDO’ que cesó en su empleó sin culpa de su parte y que no ha obtenido otro empleo público o particular, podrá suspender los pagos hasta por doce meses que ‘EL FONDO’ pueda dar por vencido dicho plazo, de acuerdo con el artículo ciento trece de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."

"Ahora bien, como acertadamente lo sostuvo el Tribunal de Alzada, de la lectura del contrato origen del pleito, se advierte con meridiana claridad que se debieron descontar las amortizaciones del crédito a partir de la primera quincena de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco) por lo que al no haberse verificado los dos primeros pagos ni los subsecuentes, según se dejó plasmado en la cláusula décima primera, inciso d), del multimencionado pacto de voluntades, por tanto, la demandada, aquí solicitante del amparo se encontraba facultada para desde el mes de octubre de ese año -1995 (mil novecientos noventa y cinco)- realizar los gestiones correspondientes para hacer efectiva la garantía hipotecaria, luego, en virtud de que de conformidad con el artículo 1159 del Código Civil Federal, se establece que el plazo para la prescripción negativa comienza a transcurrir desde el momento en que se hace exigible la obligación, es inconcuso que ello ocurrió al vencerse las dos primeras amortizaciones pactadas, esto es, las correspondientes a la primera y segunda quincenas de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), por lo que al no hacerlo dentro de ese plazo sino hasta la segunda quincena de enero de 2010 (dos mil diez), es decir, 14 (catorce) años 6 (seis) meses después, es evidente que operó en su contra la acción de prescripción negativa intentada por la entonces actora **********.

"No es obstáculo para arribar a dicha conclusión, como bien lo ponderó el Tribunal de Apelación, la circunstancia de que en el contrato origen del debate se haya fijado un plazo de 30 (treinta) años para cubrir el total del adeudo, pues ello no implica que hasta que concluya ese término pueda reclamarse su cumplimiento, como inexactamente lo pretende la ahora quejosa, ya que ésta podía solicitar el vencimiento anticipado del contrato y el pago total de la obligación principal sin esperar a que se vencieran los demás pagos que estaban pendientes.

"Al respecto, tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 1a./J 52/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 169, de rubro y texto siguientes:

"‘PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. PLAZO PARA QUE OPERE EN EL SUPUESTO DE PAGOS EN PARCIALIDADES DERIVADOS DE UNA COMPRAVENTA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).-Para computar el lapso que habrá de transcurrir para que opere la prescripción negativa cuando se trata de pagos en parcialidades derivados de una compraventa, debe tomarse en consideración la regla general contenida en los artículos 1159 del Código Civil para el Distrito Federal y 1146 del Código Civil para el Estado de Baja California, la cual establece el plazo de diez años contados desde que la obligación pudo exigirse y no así la excepción prevista en los diversos numerales 1162 y 1149 de los Códigos Civiles citados, respectivamente, consistente en que tratándose de prestaciones periódicas, la prescripción negativa se verifica a los cinco años contados desde el vencimiento de cada una de ellas. Lo anterior es así, porque los referidos pagos en parcialidades, al derivar de un contrato instantáneo con ejecución diferida, no tienen la naturaleza de prestaciones periódicas, las cuales derivan de contratos de tracto sucesivo, en los que las partes se hacen prestaciones recíprocas de manera continua.’

"Asimismo, resulta ilustrativa al respecto, la diversa jurisprudencia número 1a./J. 18/2005, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 501, de epígrafe y contenido siguientes:

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y NO DESDE EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL MISMO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO).-El Código Civil Federal y el Código Civil del Estado de Jalisco coinciden en señalar que la prescripción de la acción hipotecaria comienza a computarse una vez que la obligación principal se hace exigible. Además, ambas legislaciones establecen que la exigibilidad de una obligación de pago acontece desde el momento en que su pago no puede rehusarse conforme a derecho, lo cual sucede desde el vencimiento de la obligación, porque en tanto no se produzca dicho vencimiento, el deudor se puede rehusar al cumplimiento conforme a derecho. Por tanto, esta clase de obligaciones es exigible desde el momento en que se incumple con ellas, incluso cuando se otorga al acreedor el derecho para declarar el vencimiento anticipado del plazo originalmente pactado en el contrato por incumplimiento del deudor, ya que lo que determina la exigibilidad de la obligación es el incumplimiento y no ese vencimiento anticipado. Por lo anterior, el plazo para que opere la prescripción de la acción hipotecaria debe computarse desde el momento en que se incumple con la obligación del contrato principal, y no cuando el plazo originalmente pactado en éste se termina o vence anticipadamente, ya que considerar lo contrario contravendría el principio de seguridad que inspira al sistema jurídico mexicano, porque se estaría facultando al acreedor para determinar desde cuándo comienza el cómputo del plazo de la prescripción, cuestión que al ser de orden público, no puede quedar al arbitrio de los contratantes."

"En ese orden de ideas, no tienen aplicación al caso las tesis que invocó la quejosa de los rubros: ‘HIPOTECA, PRESCRIPCIÓN CUANDO SE SEÑALA UN PLAZO VOLUNTARIO PARA EL PAGO DEL CRÉDITO QUE AQUELLA GARANTIZA.’ y ‘ACCIÓN HIPOTECARIA. EL PLAZO PARA SU PRESCRIPCIÓN NEGATIVA TRANSCURRE A PARTIR DE QUE SE INCUMPLA LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y NO LA ACCESORIA AUNQUE EL PLAZO DE AQUÉLLA NO SE DÉ POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE A PESAR DEL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA.’, toda vez que, como ya se explicó con antelación, precisamente atendiendo a la literalidad del contrato celebrado entre las partes, concretamente al contenido de la cláusula décima primera, inciso d), se ponderó que la exigencia del cumplimiento de la obligación aconteció después de la segunda quincena del mes de septiembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), esto es, a partir del mes de octubre de ese año, por lo que si la demandada ahora quejosa efectuó las gestiones tendentes al pago de las amortizaciones hasta la segunda quincena de enero de 2010 (dos mil diez), es decir, 14 (catorce) años 6 (seis) meses después, es inconcuso que transcurrió en exceso el plazo de 10 (diez) años previsto en el artículo 1158 del Código Civil Federal, término que resulta aplicable cuando se trata de pagos en parcialidades derivados de una compraventa, como en el caso aconteció."

CUARTO.-Determinación de existencia de contradicción de tesis. Como cuestión previa debe establecerse si en el caso, efectivamente, existe la contradicción de tesis denunciada.

De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y P. XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Los criterios del Pleno de ese Alto Tribunal, a que se hizo referencia en las líneas que anteceden, respectivamente, señalan:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Número registro digital: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)

Ahora bien, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es menester realizar una breve referencia a los antecedentes fácticos de cada asunto y, posteriormente, establecer las consideraciones jurídicas emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver en sesión plenaria celebrada el veintiséis de marzo de dos mil quince, el juicio de amparo número **********, precisó como antecedentes del juicio ordinario civil de orig

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26008-839f91bb/prescripcion-negativa-el-plazo-para-que-opere-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.