PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL HECHO DE QUE EL INCULPADO OPTE POR ESTA FORMA ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, ADMITA LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN Y ESTÉ DE ACUERDO CON LA CANTIDAD QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRECISÓ EN SU ACUSACIÓN POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO, NO IMPIDE QUE EL JUEZ DE GARANTÍA VALORE LAS PRUEBAS Y CONCRETE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN PECUNIARIA, SIN QUE SE EXCEDA DEL MONTO QUE CONFORMÓ LA IMPUTACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).
AMPARO DIRECTO 387/2009. 26 DE FEBRERO DE 2010. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS MARTÍNEZ CALDERÓN. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Previamente al estudio de los conceptos de violación que hace valer el quejoso, para una mejor comprensión del asunto, conviene dejar asentados los siguientes aspectos jurídicos relevantes del caso.
1. El diecisiete de abril de dos mil nueve, el Juez de garantía del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Parral, Chihuahua, dentro de la causa **********, instruida en contra de **********, ********** y **********, en la modalidad de procedimiento abreviado, dictó sentencia en su contra, por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de **********, considerando que son penalmente responsables en la ejecución de dicho ilícito; asimismo, por dicha conducta les impuso un año con dos meses de prisión a cada uno, abonándoles cuatro meses y un día, tiempo bajo el cual duraron en prisión preventiva como medida cautelar; se absolvió a los sentenciados del pago de la reparación del daño y les concedió el beneficio de la condena condicional de manera inmediata por no existir condena a la pena pecuniaria.
2. La agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, constituida como Tribunal Unitario; el dieciocho de agosto de dos mil nueve, modificando la recurrida y considerando a **********, ********** y **********, como penalmente responsables en la comisión del delito de robo agravado, cometido en perjuicio de **********, por los hechos que tuvieron verificativo el quince de diciembre de dos mil ocho en Parral, Chihuahua. Por su conducta, les impuso la pena de tres años de prisión con cuatro meses a cada uno de ellos y los condenó al pago de la reparación del daño, de manera solidaria y mancomunada por la suma de treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos con cuarenta centavos a favor del aludido ofendido; asimismo, les otorgó el beneficio de la condena condicional, estableciendo que sus requisitos deben ser fijados en ejecución de sentencia por el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad; determinación que constituye el acto reclamado materia de estudio en la presente ejecutoria de amparo.
SEXTO.-Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son fundados.
Antes de abordar el estudio de las razones de inconformidad planteadas, conviene destacar que la instancia de la apelación fue abierta sólo por la agente del Ministerio Público, en tal virtud, los temas relativos al delito y la responsabilidad penal no serán materia de estudio, siendo la litis constitucional circunscrita únicamente al análisis de las penas aplicadas a los sentenciados **********, ********** y **********, relativas a la privativa de libertad de tres años con cuatro meses de prisión a cada uno; asimismo, la diversa pecuniaria que se tradujo en el pago de la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos con cuarenta centavos a favor del citado ofendido **********, por concepto de reparación del daño.
En sus conceptos de violación, los quejosos argumentan medularmente:
1. La responsable quebranta el principio de congruencia, porque refiere que en el procedimiento abreviado no necesariamente debe recaer un fallo condenatorio, ya que cabe la posibilidad de un absolutorio, pero se contradice al decir que no existe punto de debate por consentirse la acusación.
1.1. La misma facultad para absolver la continúa teniendo el Juez para revisar la totalidad de las pretensiones de las partes y emitir una sentencia.
1.2. La ley limita al Juez de garantía para imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, en el procedimiento abreviado, con independencia de la doctrina en que se apoya la responsable, puesto que la legislación mexicana es clara y precisa al respecto y en este caso no se aplica el derecho comparado que se cita.
1.3. La responsable olvida que el procedimiento abreviado tiene como fin que la persona imputada renuncie a ser juzgada mediante el juicio oral, y acepta el juicio con los antecedentes de la carpeta de investigación, a cambio de que se le disminuya hasta en un tercio el mínimo de la pena a imponer, por lo que una vez acordado lo anterior se presenta ante el Juez de garantía para que revise lo solicitado por el Ministerio Público y verifique que esté apegado a los ordenamientos legales y sobre todo, si se encuentra acreditada su pretensión, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 constitucional.
1.4. El Juez natural sí tomó en cuenta el monto de lo robado, lo analizó y valoró de acuerdo al artículo 20 del Código de Procedimientos Penales, es decir, según a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, tan es así que en la audiencia y resolución de su sentencia señala que: "...no se puede tener por acreditado que el robo recayera sobre la cantidad de numerarios señalada por la víctima, pues al respecto, su dicho no se encuentra apoyado con otros elementos de prueba, pues mientras éste dice que fue desapoderado de la cantidad de cincuenta y siete mil noventa y dos pesos, la hija dice que ella se acuerda que cuando regresaron de hacer las operaciones propias del negocio por distintos bancos, en el maletín había treinta y ocho mil pesos, que en la casa de cambio había cinco mil trescientos cuarenta y seis dólares, es decir, cuarenta y tres mil pesos más trescientos cuarenta y seis dólares... pero que además, los agentes, al lograr la detención, encontraron cantidades mucho menores que las señaladas... pues aun cuando existe la posibilidad de que la víctima tuviera la cantidad de dinero de la que se queja, no hay más datos que acrediten que los acusados se apoderaron de la misma, pues si tomamos en cuenta que la hora aproximada en la que ocurrieron los hechos fue a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos y el momento de la detención en la vía corta con rumbo a Chihuahua, lo fue a las diecisiete horas con tres minutos, es decir, apenas dieciocho minutos de ocurridos los hechos, resulta claro que los acusados no tuvieron oportunidad de ocultar lo robado, pues si ésta hubiera sido la intención, en el mismo lugar hubieran dejado el arma de fuego y los documentos propiedad de la víctima que los podían involucrar en el hecho, por lo que este juzgador considera que la cantidad de que se apoderaron no fue mayor a la que se encontró en su poder al momento de su detención."
1.5. Es inadecuado que el Magistrado en su resolución deje de ocuparse del porqué el Juez de garantía valoró así esos medios de prueba, es decir, no los combate, sólo se limita a decir que "debió apegarse a lo propuesto por la fiscalía", siendo un señalamiento absurdo; asimismo, tomó en cuenta un cheque que no fue cambiado y que no tenía fondos para estimarlo como parte de lo robado, sin que tuviera valor alguno, según el propio dicho de la hija del ofendido **********.
1.6. La figura del Juez de garantía no es decorativa, es decir, no va a consentir algo que no esté debidamente acreditado, como resultó la cantidad de lo robado, que si bien es cierto que en el auto de vinculación a proceso los antecedentes de la carpeta de investigación fueron bastantes para ello, no en cambio resultaron idóneos y suficientes para un fallo complaciente en sentencia como pretendía el Ministerio Público y que consintió la autoridad responsable, tan es así que en la sentencia de un procedimiento abreviado, el Juez de garantía tiene la obligación de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales.
1.7. En la segunda instancia no existen razones para que los medios de prueba sean revalorados sin que medie planteamiento de parte interesada, lo cual admite sólo una excepción si se atiende al último párrafo del artículo 408 del código procesal penal, es decir, para reparar algún agravio que afecte derechos fundamentales de la persona imputada.
1.8. Los agravios del Ministerio Público resultaron insuficientes, pues no aludió en forma alguna a los antecedentes que fueron expuestos en la audiencia relativa al procedimiento abreviado, esto es, en la que se pronunció la resolución apelada; tampoco hizo referencia al valor jurídico que tales datos de prueba merecerían para tener por demostrados tales extremos, lo que impedía a la autoridad responsable pronunciarse sobre tales requisitos que son medulares para emitir un fallo condenatorio, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, lo cual le está prohibido por la ley y por la jurisprudencia, en razón de que, en tal caso, la sola expresión del Ministerio Público en el sentido de que los elementos de prueba que fueron invocados en la audiencia de procedimiento abreviado en la que dictó el fallo impugnado, acreditan la existencia del delito y la responsabilidad del acusado en su comisión, obligaría a cualquier autoridad judicial no sólo a interpretar el pensamiento del Ministerio Público, sino a emitir argumentos que no fueron hechos valer por la fiscalía, pues en la resolución recurrida no fue parte propiamente materia de impugnación.
1.9. Si se accediera a la rutinaria práctica del modelo tradicional, sólo implicaría desnaturalizar el nuevo formato del recurso, particularmente el de apelación de que se trata. En tanto significa, de una parte, (sic) dejar de respetar la independencia del Juez de garantía como operador primario y en otra rechazar el principio de inmediación y la audiencia (y su registro) como forma de generar actos procesales, para en su lugar conservar (como documento imprescindible) el expediente elaborado por el Ministerio Público; aplicar precedentes que privilegian esas actuaciones y seguir sujetos a prejudicialización del proceso.
Para estar en aptitud de resolver los conceptos de violación antes señalados, conviene detallar el entorno procesal, constitucional y doctrinal que se tomará en cuenta para emitir la presente resolución. Así, es preciso dejar asentado el contenido literal de los artículos 17, 18, 19, 20, capítulo II, procedimiento abreviado, artículos 387 al 392 y 408, todos del Código de Procedimientos Penales, así como los diversos artículos 14, 20, fracciones II, VII, VIII y 21 constitucionales, los cuales a la letra dicen:
"Artículo 17. Objetividad y deber de decidir.
"Los Jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de decidir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión.
"Si lo hicieren, se harán acreedores a las sanciones administrativas y penales correspondientes.
"Para tal efecto, presidirán y presenciarán en su integridad el desarrollo de las audiencias, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.
"Desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él."
"Artículo 18. Fundamentación y motivación de las decisiones.
"Los Jueces están obligados a fundar y motivar sus decisiones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión infundada o inmotivada, conforme a lo previsto en este código, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
"No existe motivación cuando se haya inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo."
"Artículo 19. Legalidad de la prueba.
"Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este código.
"No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas."
"Artículo 20. Valoración de la prueba.
"Las pruebas serán valoradas por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia."
"Artículo 387. Procedencia.
"El procedimiento abreviado se tramitará únicamente a solicitud del Ministerio Público, en los casos en que el imputado admita el hecho y sus circunstancias, que le atribuyera aquél en su escrito de acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento, el acusador coadyuvante o la víctima u ofendido, en su caso, no presenten oposición fundada.
"La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido de domicilio conocido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. La incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la apertura del procedimiento abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia respectiva."
"Artículo 388. Oportunidad.
"El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral. En caso de que el Juez de garantía rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al Juez que fije un plazo para el cierre de la investigación.
"El Ministerio Público manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En este último caso, el Ministerio Público podrá modificar su acusación, así como la pena requerida.
"El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa."
"Artículo 389. Verificación del Juez.
"Antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, el Juez verificará que el imputado:
"I. Ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor;
"II. Conociere su derecho a exigir un juicio oral, y que renunciare voluntariamente a ese derecho y aceptare ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación;
"III. Entendiere los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle; y
"IV. Acepta los hechos materia de la acusación y sus modalidades en forma inequívoca y de manera libre y espontánea.
"El Juez verificará que la víctima u ofendido o acusador coadyuvante hayan comprendido los términos del procedimiento abreviado y los alcances de éste."
"Artículo 390. Resolución sobre la solicitud de procedimiento abreviado.
"El Juez aceptará la solicitud del Ministerio Público cuando considere actualizados los requisitos correspondientes.
"Cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición del acusador coadyuvante o de la víctima u ofendido, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y el proceso continuará en la etapa que corresponda. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado, así como las modificaciones de la acusación efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento. Asimismo, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimiento abreviado, sean eliminadas del registro."
"Artículo 391. Trámite en el procedimiento abreviado.
"Acordado el procedimiento abreviado, el Juez abrirá el debate y otorgará la palabra al Ministerio Público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado."
"Artículo 392. Sentencia en el procedimiento abreviado.
"Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público.
"En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere."
"Artículo 408. Competencia.
"El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, a menos que se trate de un acto derechos fundamentales."
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
El artículo 20, apartado A, fracciones II, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:
"Artículo 20. ...
"II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
"...
"VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
"VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
"..."
"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
"La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial..."
Expuesto lo anterior, los conceptos de violación planteados resultan fundados en su esencia, cuyo estudio se llevará a cabo de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí, acorde al contenido del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues se hace valer que se quebranta el principio de congruencia, porque no obstante se precisa que al procedimiento abreviado puede recaer un fallo absolutorio, la responsable se contradice al señalar que no existe punto de debate al consentirse la imputación, sin tener en cuenta que el Juez de garantía revisa lo solicitado por el Ministerio Público y verifica que se encuentre apegado a los ordenamientos legales y si está acreditada su pretensión, en cumplimiento al contenido del artículo 14 constitucional y, en el caso, la valoración del material probatorio llevado a cabo por el Juez, se ajustó al artículo 20 del Código de Procedimientos Penales, es decir, según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, resultando inadecuado que el Magistrado no se haya pronunciado sobre las conclusiones en que se apoyó el Juez, limitándose a decir que el caso debió apegarse a lo propuesto por la fiscalía; además señala que el Magistrado tomó en cuenta un cheque que no fue cambiado y no tenía fondos para estimarlo como parte de lo robado, sin que tuviera valor alguno, según el propio dicho de la hija del ofendido.
Agrega que el Juez de garantía no tenía por qué consentir algo que no esté debidamente acreditado, como resultó la cantidad de lo robado y tiene la obligación de cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 375 del Código de Procedimientos Penales; asimismo, señala que en la segunda instancia no existen razones para que los medios de prueba sean revalorados sin que medie planteamiento de parte interesada, lo cual admite sólo una excepción si se atiende al último párrafo del artículo 408 del Código Procesal Penal, es decir, para reparar algún agravio que afecte derechos fundamentales de la persona imputada.
Aunado a lo expuesto, refirieron los quejosos que los agravios del Ministerio Público debieron estimarse insuficientes, pues no aludió en forma alguna a los antecedentes que fueron expuestos en la audiencia relativa al procedimiento abreviado, esto es, en la que se pronunció la resolución apelada; tampoco hizo referencia al valor jurídico que las pruebas merecerían para tener por demostrados tales extremos, lo que impedía a la autoridad responsable pronunciarse sobre los requisitos que son medulares para emitir un fallo condenatorio, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, lo cual le está prohibido. Además, que se dejó de respetar la independencia del Juez de garantía como operador primario, incumpliendo los principios de inmediación y audiencia, como forma de generar actos procesales, para en su lugar, conservar (como documento imprescindible) el expediente elaborado por el Ministerio Público.
De lo antes expuesto se desprende que son dos los temas de estudio en la presente ejecutoria de amparo, el primero vinculado con el alcance del ejercicio de la función jurisdiccional que ejerce el Juez de garantía al dictar sentencia en el procedimiento abreviado y, el segundo, relacionado con la fijación de la litis en la apelación tratándose del aludido procedimiento.
En cuanto al primero de los aspectos jurídicos antes indicados, teniendo en cuenta lo que disponen los artículos 14, 20, apartado A, fracciones II, VII, VIII y 21 de la Carta Magna, es necesario establecer que el Constituyente ha elevado a un rango constitucional el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal.
Así, se tutela como garantía del imputado, la exacta aplicación de la ley en materia penal, por virtud de la cual en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
También se establece como principio, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; además, el desahogo de las audiencias y valoración de las pruebas es una facultad propia del Juez, quien ejerce función de manera libre y lógica.
Aunado a lo anterior y con el objeto de no colapsar el proceso penal, se instituyó que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. Se refiere además, que la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.
El título séptimo del Código de Procedimientos Penales establece los modos alternativos de terminación del proceso, contemplando en el capítulo I los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, regulados en los artículos 196 al 209 del citado ordenamiento legal.
A diferencia de éstos, en el título noveno, denominado Procedimientos especiales, capítulo II, el legislador reguló el procedimiento abreviado, resultando oportuna la distinción anterior, en la medida en que la voluntad de las partes para solucionar el conflicto tiene un alcance distinto para cada una de estas formas de concluir el procedimiento, como a continuación se verá.
Acorde con las disposiciones adjetivas reproducidas líneas precedentes, el proceso penal se sustenta en los principios de objetividad y deber de decidir. Esto es, los Jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de definir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna determinación. Asimismo, desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él.
Asimismo, otro principio fundamental que debe observar la autoridad jurisdiccional, atiende a la fundamentación y motivación de las decisiones, es decir, se encuentran obligados a fundar y motivar sus resoluciones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. En esta medida, se estima que no existe motivación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.
Aunado a lo anterior, tratándose de las pruebas, sólo tendrán valor si han sido obtenidas y producidas por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza el Código de Procedimientos Penales; careciendo de valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas. Los medios de convicción serán valorados por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.
El procedimiento abreviado antes señalado, se tramitará únicamente a solicitud del Ministerio Público, en los casos en que el imputado admita el hecho y sus modalidades que le atribuyera aquél en su escrito de acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada; asimismo, la existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido de domicilio conocido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante.
El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral. En caso de que el Juez de garantía rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al Juez que fije un plazo para el cierre de la investigación.
La autoridad ministerial manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito o, verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En este último caso, el Ministerio Público podrá modificar su acusación, así como la pena requerida.
También podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa.
El Juez de garantía, antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, verificará que el imputado ha prestado su conformidad con el procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor; que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que renunció voluntariamente a ese derecho y aceptó ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación; entendió los términos del acuerdo y las consecuencias que pudiera implicarle y que aceptó los hechos materia de la acusación y sus modalidades en forma inequívoca y de manera libre y espontánea.
Respecto a la solicitud de procedimiento abreviado, el Juez aceptará la del Ministerio Público cuando considere actualizados los requisitos correspondientes. En el supuesto de que no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición de la víctima u ofendido, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura de juicio oral. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado, así como las modificaciones de la acusación efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento. Asimismo, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26047-c64715ed/procedimiento-abreviado-el-hecho-de-que-el-inculpado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRUEBA ILÍCITA. EL HECHO DE QUE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL INCULPADO O SU RECONOCIMIENTO POR LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL, SE DECLAREN NULOS POR HABERSE OBTENIDO (AMPARO DIRECTO)
- DECLARACIÓN DEL INCULPADO. SI SE RESERVA ESTE DERECHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA (AMPARO DIRECTO)
- MULTA. EL MÍNIMO A IMPONER ES DE UN DÍA. (AMPARO DIRECTO)
- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. ES VÁLIDA Y TIENE PLEN (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ROBO. COMPROBACION DEL MONTO DEL APODERAMIENTO EN EL DELITO DE. (s/clave)
- ROBO. COMPROBACIÓN DEL MONTO DEL APODERAMIENTO EN EL DELITO DE.- (2704)
- FRAUDE. (s/clave)
- FRAUDE. REPARACION DEL DAÑO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis