TRABAJADORES DE CONFIANZA EN SITUACIÓN DE RELEVO DE FUNCIONARIOS. EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE LO PREVÉ, NO ESTABLECE EL PLAZO PARA HACERLO VALER COMO CAUSA LEGAL DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SIN EMBARGO, POR SER UN REQUISITO NECESARIO PARA SU EFICACIA, DEBE SER EL DE 30 DÍAS NATURALES, CON BASE EN LA APLICACIÓN ANALÓGICA DEL NUMERAL 113, FRACCIONES I Y IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO ELÍAS SOTO LARA Y GUILLERMO CRUZ GARCÍA. DISIDENTE: JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ. PONENTE: GUILLERMO CRUZ GARCÍA. ENCARGADO DEL ENGROSE: PEDRO ELÍAS SOTO LARA. SECRETARIA: ARACELY DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CASTILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Noveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como con lo establecido por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción de tesis versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. El licenciado ********** es autorizado legal de **********, carácter que tiene reconocido en el juicio de amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por consiguiente, tiene calidad de parte en aquel asunto y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo se encuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis.
Sobre el particular resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Novena Época, identificada con el número de tesis 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227 del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.-El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO.-Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción de tesis, son dos, los cuales en seguida se precisan:
1) El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral con número de expediente **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"Amparo directo No. **********. Materia laboral. Quejosa: **********. Quejosas adherentes: Subsecretaría Jurídica y de Servicios y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de la Secretaría General del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su apoderada jurídica, licenciada **********. Magistrado Ponente: José Luis Sierra López. Secretaria: Lucía Elizabeth Martínez Martínez.
"San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión de veintiuno de agosto de dos mil catorce.
"...
"CONSIDERANDO:
"...
"SEXTO.-Los conceptos de violación expuestos en el juicio de amparo principal, los cuales por técnica jurídica se estudian en un orden diverso al planteado, en una parte, son infundados, en otra, fundados pero inoperantes y, en una última fundados, según se expone a continuación:
"...
"En el cuarto concepto de violación, la impetrante de amparo alega que el tribunal responsable incorrectamente consideró que atento a que ella era una trabajadora de confianza y fue relevada de su cargo de subdirector, entonces, no existió despido injustificado alguno.
"Razonamiento que afirma es erróneo, toda vez que parte de que la consideración de que las demandadas acreditaron su excepción de relevo, cuando ello no fue así.
"Para evidenciarlo, la actora destaca que en su demanda laboral expuso lo siguiente:
"•El 26 veintiséis de septiembre de 2003 dos mil tres, fue designada subdirectora de la Consejería Jurídica, aunque fue comisionada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado (foja 1119, tomo III, del juicio laboral); y, a partir del 2 dos de noviembre de 2007 dos mil siete, a la Subsecretaría Jurídica y de Servicios, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado (foja 1120, tomo III, ídem);
"•El 26 veintiséis de septiembre de 2009 dos mil nueve, tuvo lugar el cambio de administración estatal;
"•El 1 primero de octubre de 2009 dos mil nueve, por instrucciones del entonces director general de Asuntos Jurídicos, licenciado **********, se reincorporó de nueva cuenta directamente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (foja 1127, tomo III, ibídem);
"•El 6 seis de noviembre de 2009 dos mil nueve, el director general de Asuntos Jurídicos, licenciado **********, le indicó a la trabajadora que ya estaba dada de baja, razón por la cual no se le había pagado desde el 1 primero de octubre del año en cita (foja 1128, tomo III, del juicio de origen);
"En esa misma fecha, el director jurídico, licenciado **********, ordenó al licenciado ********** se coordinara con la trabajadora para que ésta le entregara los expedientes a su cargo, la oficina y herramientas de trabajo, lo que sucedió ese mismo día, según la constancia con acuse de recibo de los expedientes a su cargo y el equipo de cómputo (foja 1128, tomo III, del juicio de origen);
"De tales hechos, la quejosa subraya que las demandadas en sus contestaciones se limitaron a señalar que: ‘es cierto que el Lic. ********** fue al profesionista que la actora hizo entrega de los expedientes y equipo a su cargo; ... sin embargo, tal entrega se efectuó con motivo del relevo de funcionario comunicado a la actora’. Con lo cual, dice, queda de relieve que no controvirtieron su reincorporación en su trabajo a partir del 1 primero de octubre de 2009 dos mil nueve, por órdenes del citado funcionario, ni el hecho que fue hasta el 6 seis de noviembre siguiente que dejó de laborar, al entregar los expedientes y enseres a su cargo.
"De lo que se deriva, dice, que tácitamente, reconocieron la existencia de aquel acto de entrega y la fecha de su verificación. Y, sólo controvirtieron la causa que originó el término de la relación laboral, al alegar que no fue un despido injustificado, sino el relevo de la trabajadora, en términos del artículo 45 de la ley burocrática estatal, ante el cambio de administración estatal.
"Excepción que afirma, el tribunal responsable examinó de manera errónea, ya que se limitó a destacar que la actora era una trabajadora de confianza y ante la evidencia del relevo de funcionarios, derivó en la terminación de la relación laboral con la quejosa; sin analizar si la decisión de las demandadas de dar por concluida la relación de trabajo con ella, el 6 seis de noviembre de 2009 dos mil nueve, atento a la figura de relevo, fue un acto que se encontraba realizado en tiempo o no, atendiendo a que la administración estatal concluyó el 26 veintiséis de septiembre del año en cita.
"Relevo que asevera no fue oportuno, ya que, en todo caso, lo conducente es sujetar a la institución pública a un plazo de 30 treinta días a partir del cambio de administración, para terminar sin responsabilidad para la parte patronal la relación laboral con los empleados de confianza, esto, por equiparación a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I, de la ley burocrática estatal, que prevé la facultad de las instituciones de rescindir la relación de trabajo en el citado plazo, cuando el trabajador no reúna los requisitos indispensables para el cargo o empleo de que se trate.
"Lo que, alega, encuentra justificación, ya que 30 treinta días son suficientes para que el patrón conozca las aptitudes y situaciones de irregularidad que guardan sus empleados para apreciar la necesidad de contar o no con sus servicios. Plazo al cual de igual forma, la fracción IV del artículo en cita, se sujeta la facultad de las instituciones públicas para cesar al trabajador, a partir de que sean conocidas las causas de rescisión.
"En ese sentido, la quejosa afirma que la figura de relevo alegada por las demandadas, no se realizó dentro del citado plazo legal para que se pudiera dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, toda vez que, si la administración saliente, reitera, concluyó el 26 veintiséis de septiembre de 2009 dos mil nueve, y ella prestó sus servicios hasta el 6 seis de noviembre de ese mismo año, es inconcuso que entre ambas fechas transcurrieron más de 30 treinta días.
"Planteamiento que resulta infundado, pues como la propia quejosa lo reconoce en su motivo de disenso, el artículo 45 de la ley burocrática estatal(1) no sujeta a un plazo determinado dentro del cual, para relevar a los trabajadores de confianza.
"De lo que se desprende que esa fue precisamente la intención del legislador, no sujetar a cierto plazo tal facultad, sino que, en todo caso, para estimar acreditado el relevo del trabajador de confianza, bastará con demostrar que hubo cambio de administración, como correctamente lo consideró la autoridad responsable.
"Sin que, adverso a lo pretendido por la quejosa, pueda estimarse aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 113, fracciones I y IV, de la ley burocrática del Estado, pues es inconcuso que tales disposiciones atienden al derecho que los trabajadores de base tienen a la estabilidad en el empleo, pues si la parte patronal conoce una causa para rescindir la relación laboral y no lo hace, se debe considerar que su acción prescribe, a fin de tutelar el citado derecho del trabajador de base.
"Ello es así, atento a que conforme lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, los trabajadores de confianza carecen del derecho a la estabilidad en el empleo, el cual tampoco les es conferido por el citado numeral 45 o algún otro de la ley burocrática del Estado; de ahí que las disposiciones invocadas por la quejosa no pueden ser aplicadas por analogía a los trabajadores de confianza, se insiste, atento a la naturaleza de éstos.
"No obsta a las anteriores consideraciones que, de la demanda laboral del juicio de origen, se desprenda que con motivo del relevo en la administración estatal, que tuvo lugar el 26 veintiséis de septiembre de 2009 dos mil nueve, la ahora quejosa dejó de asistir a laborar, las cuales se aprecia, fueron inasistencias de la trabajadora sin consecuencia alguna, ya que, según ella misma lo expuso, días después, el 1 primero de octubre siguiente, a solicitud del entonces director general de Asuntos Jurídicos, se reincorporó a sus labores y trabajó hasta el 6 seis de noviembre del año en cita, cuando realizó la entrega- recepción de los expedientes y enseres a su cargo.
"En ese contexto, es inconcuso que la aludida reincorporación de la trabajadora, sucedió, en virtud de que no había finalizado la relación laboral, por relevo o alguna otra causa, pues es claro que éste sucedió hasta el citado 6 seis de noviembre de 2009 dos mil nueve, cuando aquélla entregó la oficina a su cargo, según el acta que destaca acompañó a su demanda. Entonces, es inconcuso que es en esta última fecha en la que fue relevada en sus labores. Sin que obste para tener por acreditada dicha figura jurídica, que entre la fecha en que la nueva administración estatal entró en funciones y la que ella fue relevada, transcurrieran más de 30 treinta días, pues como ya se analizó, conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la ley burocrática estatal, no existe un plazo para el relevo.
"Apoyan las consideraciones que anteceden, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA EN SITUACIÓN DE RELEVO. EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO VIOLA EL DERECHO DE PERMANENCIA EN EL EMPLEO NI PREVÉ MENORES O DIFERENTES PRERROGATIVAS A LAS OTORGADAS AL RESTO DE LOS TRABAJADORES DE ESA CATEGORÍA.-El citado precepto al disponer que el relevo de los funcionarios de una institución pública de gobierno en ningún caso afectará la estabilidad de los trabajadores, excepto de los de confianza, no viola el citado derecho ni prevé menores o diferentes prerrogativas a las otorgadas al resto de los trabajadores de esa categoría, en tanto que el artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional, no establece como derecho mínimo en favor de los trabajadores de confianza el de permanecer en el empleo, sino que en relación con esta clase de trabajadores tal precepto constitucional limita sus derechos a los relacionados con la protección al salario y a los de seguridad social, conforme a la tesis P. LXXIII/97 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.».’. Novena Época. Registro digital: 172126. Segunda Sala. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, materias constitucional y laboral, tesis 2a. LVII/2007, página 352.
"Así como la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que es del tenor siguiente:
"‘RELEVO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. NO ES EQUIPARABLE A UN DESPIDO INJUSTIFICADO.-En relación con la estabilidad en el empleo, del título cuarto de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí se concluye, por un lado, que los trabajadores de confianza no gozan de ésta, puesto que pueden ser afectados por el relevo de los funcionarios de una institución pública de gobierno y, por otro, que ningún trabajador de base puede ser separado de su cargo sin causa justificada. En ese sentido, los procedimientos y causas para la suspensión o terminación de las relaciones de trabajo y cese de los trabajadores a que hace alusión el título séptimo de la citada ley, rigen sólo para los trabajadores de base, pues son éstos, únicamente, los que no pueden ser separados de sus servicios sin que medie causa justificada. Conforme a lo anterior, la figura del relevo de los trabajadores de confianza prevista en el artículo 45 de la invocada ley, no es equiparable a un despido injustificado, por no ser una causa de terminación de la relación laboral o cese a que hacen referencia los artículos 54 y 55 del propio ordenamiento, pues dichas causas y procedimientos rigen sólo para los trabajadores de base.’. Décima Época. Registro digital: 2004078. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, materia laboral, tesis IX.1o.8 L (10a.), página 1535. ..."
2) Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral con número de expediente **********; en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"Amparo directo laboral Núm. **********. Quejoso: Ayuntamiento de San Luis Potosí. Magistrada Ponente: Lic. Juana María Meza López. Secretaria: Lic. Ma. del Carmen Galván Rivera.
"San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al día ocho de agosto de dos mil doce.
"...
"CONSIDERANDO:
"...
"SEXTO. Son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisan.
"...
"Ahora bien el quejoso aduce que la figura del relevo, debe considerarse como una forma de dar por terminada la relación laboral con el trabajador de confianza, sin responsabilidad para la institución pública; y para determinar el plazo en que se puede ejercer tal facultad, debe aplicarse, igual que cualquiera otra de la causales reconocidas en la ley que producen el mismo efecto, el plazo de treinta días que se precisa en beneficio del patrón para comunicarle al trabajador el cese de la relación laboral, contabilizando éste a partir de que se reconoció el motivo del cese, como refiere el artículo 113, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
"El anterior concepto de violación resulta fundado.
"Como ya se adelantó, el artículo 45 de la ley burocrática local establece la facultad que tienen las instituciones públicas para substituir a los empleados de confianza cuando existe un cambio de titular, en virtud de que tales empleados no gozan de estabilidad en el empleo.
"Así las cosas, se concluye que el legislador mediante ese artículo establece una causa de separación de los trabajadores de confianza, sin responsabilidad para el patrón, pues únicamente se requiere encontrarse en el supuesto de relevo de los titulares de la dependencia pública de que se trate.
"De lo anterior se desprende que los efectos de la figura jurídica son precisamente el cese de la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón, pues al actualizarse la dicha figura jurídica, la autoridad puede rescindir la relación laboral con los trabajadores de confianza.
"En ese orden de ideas, cabe destacar que la ley burocrática local, establece que la facultad de las autoridades para cesar a los trabajadores a partir de que se tiene conocimiento de la causa, prescribe en treinta (sic) de conformidad con el artículo 113, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, el cual se transcribe a continuación.
"‘Artículo 113. Prescriben en treinta días:
"‘...
"‘IV. La facultad de las autoridades para cesar a los trabajadores, tomado en cuenta el término a partir de que sean conocidas las causas de rescisión.’
"Por tanto, si la figura jurídica del relevo es considerada como una causa de separación del trabajador, sin responsabilidad para el patrón, entonces, se debe aplicar el artículo anterior, para determinar el plazo con el que cuentan las instituciones públicas para hacer valer la facultad de relevo, al igual que en tratándose de cualquier otra causa cese.
"A mayor abundamiento, este cuerpo colegiado considera pertinente puntualizar, que el término de treinta días señalado, a efecto de que la nueva administración municipal lleve a cabo el relevo de los funcionarios de confianza, resulta prudente pues dicha figura se actualiza precisamente al efectuarse un cambio en el titular de la administración pública municipal, porque resultaría imposible que la nueva administración tenga conocimiento pleno de los recursos humanos con los que cuenta la dependencia de que se trate, además de su calidad como trabajadores de base o de confianza ..."
CUARTO.-Determinación de existencia de la contradicción de tesis. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y P. XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Las tesis del Pleno de ese Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro digital: 164120. Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro digital: 166996. Pleno. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)
Hechas las precisiones anteriores, conviene establecer los elementos fácticos y jurídicos que derivan de las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el juicio de amparo número **********, precisó como antecedentes del juicio laboral burocrático de origen, en lo que interesa, lo siguiente:
a) Que la actora demandó, entre otros a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Subsecretaría Jurídica y de Servicios, ambas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, de quienes reclamó, entre otras cuestiones, la reinstalación y recategorización, en el puesto de abogado especializado, nivel 13, categoría 23, del tabulador de puestos y salarios del Gobierno del Estado.
b) Las aludidas demandadas al dar contestación, opusieron las excepciones de sin acción, carencia de la acción y del derecho, oscuridad, contradicción de acciones y falsedad, bajo el argumento de que la actora era una trabajadora de confianza y fue relevada de su cargo, derivado del cambio de administración gubernamental para el periodo dos mil nueve dos mil quince.
c) Al respecto, en el laudo reclamado se determinó la improcedencia de la acción debido a que la parte actora ostentaba el carácter de subdirectora y como tal no se encontraba protegida por el artículo 123, apartado "B", fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es un puesto de confianza de dirección y vigilancia, lo que significa que no contaba con el derecho de estabilidad en el empleo, de manera que fue correcta la aplicación de la figura jurídica del relevo contemplada en el artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito:
I. Que el artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas no sujeta a un plazo determinado para que opere la figura jurídica del relevo, pues al no preverlo dicho precepto, esa fue la intención del legislador, de tal manera que para estimar acreditado el relevo del trabajador de confianza, bastará con demostrar que hubo un cambio de administración.
II. Que no es aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 113, fracciones I y IV, de la ley burocrática del Estado, porque esas disposiciones atienden al derecho que los trabajadores de base tienen a la estabilidad en el empleo, pues si la parte patronal conoce una causa para rescindir la relación laboral y no lo hace, se debe considerar que su acción prescribe, a fin de t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26058-ad1bded5/trabajadores-de-confianza-en-situacion-de-relevo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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