JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA Y FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. ENCARGADA DEL ENGROSE: FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDGAR ALAN PAREDES GARCÍA.
Cancún, Quintana Roo. Resolución del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito correspondiente al día ********** de ********** de dos mil quince.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.
1. Recepción de la denuncia de contradicción de tesis.
Por oficio presentado el veinticuatro de junio de dos mil quince ante la Oficialía de Partes del anterior domicilio oficial del Pleno de este circuito,(1) el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano judicial y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión **********/2015 y el recurso de queja **********/2014, respectivamente.
2. Admisión.
Por auto de veinticinco de junio de dos mil catorce, el entonces presidente del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito(2) ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis, bajo el expediente 3/2015 y la admitió a trámite; asimismo, con el fin de integrar debidamente el presente asunto, requirió a los presidentes de los precitados órganos de control constitucional, para que remitieran copia certificada de las referidas ejecutorias. Asimismo, les solicitó informaran si los criterios sustentados en los asuntos en los que se denunció la posible antinomia jurídica, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
SEGUNDO.-Integración del asunto.
1. Recepción de la ejecutoria del recurso de queja **********/2014 y orden de informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante proveído de dos de julio de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio **********/2015, suscrito por la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal de este circuito, por medio del cual informó que el criterio adoptado, al resolver el recurso de queja **********/2014 se encuentra vigente y remitió la copia certificada de la ejecutoria de dicho medio de defensa.
Por otro lado, en el citado auto se ordenó informar por vía electrónica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la admisión de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo 20/2013 de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
2. Recepción de la ejecutoria del recurso de revisión **********/2015.
Mediante proveído de tres de julio pasado, se tuvo por recibido el oficio **********/2015, suscrito por el secretario de tesis del Segundo Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito, por medio del cual informó que el criterio adoptado, al resolver el recurso de revisión **********/2015 se encuentra vigente y remitió la copia certificada de la ejecutoria de dicho medio de impugnación.
Por otro lado, en el referido auto se hizo del conocimiento de las partes que, en virtud de que el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito se encontraba desintegrado, no era factible turnar la presente contradicción de tesis para su resolución conforme al artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, motivo por el cual se reservó acordar lo conducente hasta en tanto se reintegrara el citado Pleno.
3. Inexistencia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que guarde relación con el tema materia de la presente contradicción.
El cinco de agosto de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-**********, remitido por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual comunicó que de la consulta al sistema de seguimiento de contradicción de tesis pendiente de resolver en el Alto Tribunal del País, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, sección amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema materia de la presente contradicción de tesis.
TERCERO.-Turno del asunto.
En virtud de que en sesión extraordinaria de ocho de septiembre del año en curso se declaró formalmente integrado el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito; consecuentemente, el nueve siguiente se turnó el asunto al Magistrado Jorge Mercado Mejía, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, para que formulara el proyecto de resolución, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
CUARTO.-Engrose.
En sesión de ********** de ********** de dos mil quince, no se aprobó el proyecto propuesto por el Magistrado ponente Jorge Mercado Mejía, quien sostuvo el criterio en éste planteado, razón por la cual se acordó que el engrose sería elaborado por la Magistrada Florida López Hernández, representante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General Número 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran este Vigésimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
TERCERO.-Para la mejor exposición de los criterios contendientes, a continuación se transcriben:
A. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********/2015.
"CUARTO.- ********** acudió en demanda de amparo en contra del acuerdo de ********** de ********** de dos mil catorce (y sus consecuencias), firmado de manera conjunta por el director general de la Propiedad Rural y la directora general adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues consideraron que de la revisión practicada a la documentación que presentó aquél para obtener la enajenación del predio de propiedad nacional **********, no fue actualizada en los términos previstos por el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; en consecuencia, se ordenó el archivo del asunto como concluido y se determinó que el predio en referencia permanece dentro del régimen de dominio público de la Federación.
"Al delegado en Quintana Roo, de dicha entidad gubernamental, se le reclamó la notificación de esa resolución.
"En sentencia, cuyo engrose firmó en ********** de ********** de dos mil catorce, el Juez Sexto de Distrito en Chetumal, Quintana Roo, en el considerando quinto, apartado A, respecto los actos reclamados reseñados, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa que procedía antes de acudir al juicio de amparo indirecto, y al no hacerlo, inobservó el principio de definitividad, por ende, con base en el diverso 63, fracción V, sobreseyó en el juicio, lo que hizo extensivo al acto de ejecución reclamado.
"El aludido juzgador estimó que en contra del acto reclamado procedía la acción agraria ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente, en términos de los artículos 27 constitucional, 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y con base, además, en los lineamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en el engrose del expediente de conflicto competencial 171/98, que transcribió.
"Inconforme con tal determinación, el quejoso, a través de su autorizado, expresó estos agravios:
"1. El medio de defensa establecido en la Ley Agraria no es aplicable al procedimiento de enajenación de terrenos nacionales fuera de subasta a título oneroso; además, los ordenamientos aplicables no prevén un medio de defensa ordinario que deba agotarse, con la acotación de que tampoco procedería el juicio ante el Tribunal Unitario Agrario porque no se actualiza alguno de los supuestos que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; en sustento a su afirmación, citó la tesis aislada XIV.2o. 10 A, de rubro: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DE LA LEY DE LA MATERIA, AUNQUE NO SE AGOTE EL JUICIO AGRARIO.’; máxime que similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja **********/2014.
"2. No tenía obligación de agotar algún recurso ordinario pues en su demanda de amparo alegó que el acto reclamado carecía de motivo y fundamento, lo que constituye excepción al principio de definitividad; se corrobora lo anterior pues en el acto reclamado se manifestó: ‘Que revisadas las constancias que integran la documentación de la solicitud de enajenación en cita, se advierte que la misma no fue actualizada en el plazo previsto por el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.’
"3. Otra excepción a dicho principio que igual hizo valer fue que el acto reclamado transgredía directamente el artículo 16 constitucional; igual sucedió con los artículos 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 25 del Pacto de San José, pues los Estados miembros se obligan a tener un medio eficaz que ampare a sus gobernados en el goce efectivo de sus derechos, pero tanto las autoridades responsables como el Juez de Distrito vulneraron ese derecho humano, al impedir su defensa efectiva como se prevé en esos instrumentos internacionales, que conforme a los artículos 1o. y 133 constitucionales, así como al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están encima de las leyes locales y federales. En adición, el acto reclamado no cumplir (sic) con los requisitos indispensables de fundamentación, pues los motivos o causas que tomó en consideración la autoridad responsable no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse.
"Los motivos de disenso 2 y 3 se resuelven de manera conjunta en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.
"Son infundados, pues contrario a lo expresado por la parte recurrente, el acto reclamado sí contiene motivo y fundamento, entonces, el simple alegato en contrario es insuficiente para estimar que se actualiza una excepción al principio de definitividad.
"Es decir, el acto reclamado, consistente en el contenido del acuerdo de ocho de agosto de dos mil catorce, dictado de manera conjunta por el director general de la Propiedad Rural y la directora general Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contiene motivo y fundamento, por ende, no puede admitirse la excepción al principio de definitividad con argumentos genéricos y sin sustento, como los que nos ocupan.
"De tal documento se aprecia que, en relación con la solicitud de enajenación de terrenos nacionales respecto del predio llamado **********, ubicado en **********, Quintana Roo, con una superficie superior a las ********** hectáreas, se obtuvo:
"• Se llevó a cabo una investigación de antecedentes registrales de ese predio ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de **********; de la Dirección General de Catastro de **********, y en el Registro Agrario Nacional en **********, todo en Quintana Roo, y se remitió el resultado a la dirección general adjunta para su revisión y autorización de folio;
"• En veintiocho de agosto de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, cuyo artículo cuarto transitorio transcribió;
"• La revisión de las solicitudes (en cumplimiento a tal artículo transitorio) arrojó que ********** no actualizó la suya en el plazo legal respectivo;
"• La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la Dirección General de la Propiedad Rural, estableció su competencia legal para resolver el asunto en el contenido de los artículos 27 de la Constitución, 41, fracciones I, inciso b), II, IX y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 158, fracción I, de la Ley Agraria, cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y 22, fracción XV, incisos a) y b), del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y,
"• La solicitud de ********** para la enajenación del terreno nacional llamado **********, fue improcedente por no cumplir con el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; como consecuencia, se ordenó el archivo del asunto como concluido y se determinó que ese terreno permanece dentro del régimen de dominio público de la Federación.
"El motivo y fundamento podrán ser equivocados, inexactos, imprecisos, o algún otro calificativo similar, pero el acto reclamado no carece de esos requisitos, pues sólo en este último caso (ausencia de fundamento y motivo), sí constituye una violación directa al artículo 16 constitucional, y sí dispensa la promoción del juicio o recurso ordinario previo a acudir al juicio de amparo indirecto, por tanto, debido a que el acto reclamado sí contiene razones y fundamentos legales, los agravios en trato son infundados.
"En diverso orden de ideas, en el primer motivo de inconformidad, el recurrente adujo que no debió sobreseerse en el juicio pues el medio de defensa establecido en la Ley Agraria no es aplicable al procedimiento de enajenación de terrenos nacionales fuera de subasta a título oneroso; tampoco se prevé la procedencia del juicio agrario porque no se actualiza alguno de los supuestos que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; criterio este último que han sostenido dos Tribunales Colegiados de Circuito.
"Es infundado lo aseverado por el inconforme, pues fue correcto que el Juez de amparo tratara el asunto bajo los lineamientos de la ejecutoria del conflicto competencial 171/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que su referencia y transcripción parcial son necesarias:
"‘Competencia 171/98
"‘Entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dos, en Ensenada, Baja California y el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.
"‘Ponente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
"‘Secretario: Rafael Coello Cetina
"‘México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.
"‘VISTOS; Y,
"‘RESULTANDO:
"‘...
"‘De los elementos anteriores, para el único efecto de esta resolución, deriva que el predio respecto del cual **********, en el juicio civil **********, demanda le sea otorgada la posesión y reconocida la propiedad, probablemente, pueda constituir un terreno nacional.
"‘En efecto, de lo dispuesto en el oficio número ********** de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres remitido a ********** por el director de colonias y terrenos nacionales, así como de la copia certificada del plano del predio denominado **********, cuyo original obra en el expediente ********** instaurado en el archivo de la propia Dirección de la Secretaría de la Reforma Agraria, es posible colegir que el predio respecto del cual, presumiblemente, versa el litigio en comento aún es un terreno nacional, y no un terreno, cuya propiedad se ha transferido a **********.
"‘Tal conclusión tiene su origen en que si bien de los originales acompañados por la demandada deriva: que ella elevó a la dirección de colonias y terrenos nacionales solicitud para adquirir el predio presuntivamente materia de la litis, que el predio denominado ********** es un terreno nacional y que aquélla realizó el pago por el total del valor del terreno el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho; todo ello, por sí, no genera convicción sobre si el predio que dice poseer continúa siendo un terreno nacional o si, efectivamente, ya es del pleno dominio de dicha gobernada y que, por tanto, se rige por las normas del derecho común.
"‘Por ende, si de las constancias de autos derivan elementos para suponer que el aparente predio en litigio aún conserva su carácter de terreno nacional, debe estimarse que ello determina la competencia para conocer del conflicto, en la inteligencia de que con esto no se prejuzga sobre el problema de fondo, ni debe influir en el ánimo del juzgador que resuelva en definitiva, pues de esa cuestión, entre otras, debe ocuparse, tomando en cuenta los elementos de convicción que aporten las partes.
"‘...
"‘Ahora bien, para determinar cuál es el órgano jurisdiccional al que corresponde conocer de un juicio en el que se controvierte la propiedad y la posesión de un presunto terreno nacional, es necesario tomar en cuenta que a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos el régimen legal relativo a los terrenos baldíos y nacionales sufrió una trascendental modificación.
"‘...
"‘Al respecto, destaca que en la Ley Agraria, en complemento a la referida abrogación, en sus artículos del 157 al 162, correspondientes a su título noveno se estableció una diversa regulación respecto de los terrenos baldíos y nacionales. "‘La voluntad expresada por el legislador al abrogar la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, y regular en la Ley Agraria lo que consideró conveniente sobre la materia, permite concluir que tal actuar legislativo tuvo como fin primordial incorporar lo atingente a los terrenos baldíos y nacionales, como cuestión relacionada con la propiedad rural, en el ámbito de la materia agraria.
"‘...
"‘En general, la regulación de las instituciones que aún continúan vigentes, se realiza actualmente en los artículos del 157 al 162 de la Ley Agraria y en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, bajo el siguiente esquema:
"‘a) La determinación del concepto de terrenos baldíos y nacionales, así como sus características, en los artículos del 157 al 159 de la Ley Agraria y 99 a 101 del reglamento, los cuales son del siguiente tenor:
"‘(se transcriben)
"‘b) El procedimiento para llevar a cabo el deslinde, en los artículos 160 de la Ley Agraria y 104 a 115 del reglamento, en los que se establece:
"‘Ley Agraria.
"‘«Artículo 160. ... En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio.»
"‘...
"‘Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural
"‘«Artículo 114. En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la secretaría, el interesado podrá acudir a los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efecto la notificación personal o al de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.».-«Artículo 115. Las resoluciones deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad federativa de que se trate, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal, así como en el registro.»
"‘...
"‘c) La enajenación de terrenos nacionales en subasta pública y fuera de ella, en los artículos 161 y 162 de la Ley Agraria y del 116 al 133 del reglamento, en los cuales se establece:
"‘(se transcriben)
"‘De lo anterior se llega a la conclusión de que fue voluntad del legislador sujetar las cuestiones relativas a los terrenos nacionales al régimen jurídico que emana de la Ley Agraria, sin desconocer su carácter administrativo pero insertándolas dentro de un ordenamiento establecido, específicamente, para regular y solucionar la problemática de la propiedad rural.
"‘Es preciso señalar lo anterior, pues ello resulta relevante para determinar en qué órganos jurisdiccionales recae la competencia para conocer de los conflictos en los que se puedan ver afectados terrenos nacionales, con independencia de las partes entre las que aquéllos se susciten.
"‘...
"‘Como quedó precisado párrafos atrás, la voluntad del legislador, plasmada en la abrogación de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, y en el establecimiento de su regulación en la Ley Agraria y en los reglamentos derivados de ésta, permite concluir que las actuaciones relacionadas con los terrenos nacionales se han incorporado al ámbito de la materia agraria y, por ende, al de la justicia agraria, de donde se sigue que la competencia para conocer de conflictos en los que se ventilen cuestiones relacionadas con un terreno nacional corresponde en la actualidad a los tribunales agrarios.
"‘En efecto, para determinar que el conocimiento de los conflictos en comento corresponde en la actualidad a los tribunales agrarios es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 27, fracción XIX, constitucional, 163 de la Ley Agraria, y 18, fracciones IV, VIII y XI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El citado precepto constitucional dispone:
"‘(se transcribe)
"‘...
"Como se observa, fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución crear una jurisdicción especializada en donde se ventilen todos aquellos conflictos que, por su trascendencia puedan afectar la propiedad rural, sin limitar el ámbito de tal jurisdicción a las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra ejidal o comunal y con independencia de que la controversia tenga lugar entre una autoridad agraria y un gobernado, o entre estos últimos.
"‘Esa conclusión se fortalece por lo dispuesto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
"‘En cuanto al primero de dichos preceptos, resalta que en él se establece como ámbito de la justicia agraria todos aquellos juicios que tengan por objeto sustanciar, dirimir y resolver controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley. El mencionado dispositivo es del siguiente tenor:
"‘«Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.»
"‘Para fijar el justo alcance del ámbito de competencia material de la jurisdicción agraria, enunciado en el precepto antes transcrito, es necesario realizar la interpretación de lo previsto en éste y de lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Este último numeral señala:
"‘«Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen en relación con las tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.
"‘«Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer:
"‘«...
"‘«IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;
"‘«...
"‘«VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;
"‘«...
"‘«XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.»
"‘Del análisis de las diversas hipótesis que establecen la competencia material de los Tribunales Unitarios Agrarios destaca que conocerán de controversias que se susciten entre gobernados (fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, entre otras) pudiendo acudir a ellas aquellos que ordinariamente se han considerado como sujetos de derecho agrario -núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros-, o bien, pequeños propietarios o sociedades; inclusive, bastará que el gobernado pretenda la nulidad de un acto o contrato, por estimar que contraviene las «leyes agrarias», dentro de las cuales debe incluirse el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que se surta la competencia de los tribunales agrarios.
"‘Por otra parte, el legislador otorgó a los Tribunales Unitarios Agrarios una competencia análoga a la contenciosa administrativa, a través de la cual podrá declarar la nulidad de cualquier resolución dictada por una autoridad agraria, que altere, modifique o extinga un derecho o determine una obligación (fracción IV), sin que se limite la procedencia de tales juicios a que el accionante sea uno de los mencionados sujetos agrarios.
"‘Lo anterior permite concluir que los juicios agrarios a que se refiere el artículo 163 de la Ley Agraria son todos aquellos en los que en la materia litigiosa, o de mera jurisdicción voluntaria, se involucra la aplicación o interpretación de las normas sustantivas que integran la Ley Agraria, con independencia de que los conflictos se susciten entre las autoridades agrarias y los gobernados, o entre estos últimos.
"‘En ese contexto, dado que la regulación de los terrenos nacionales, por voluntad del legislador, se ha incorporado en la Ley Agraria y sus reglamentos, en específico el expedido en materia de ordenamiento de la propiedad rural, este Alto Tribunal llega a la conclusión de que dentro del cúmulo de atribuciones que legalmente corresponden a los Tribunales Unitarios Agrarios se encuentra la de conocer y dirimir las controversias en las que se discuta la propiedad o la posesión de un presunto terreno nacional, de conformidad con la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 27, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ...’
"No obstante la ejecutoria se refiere a un conflicto competencial entre un juzgador especializado en materia agraria y otro civil, lo cierto es que sus lineamientos pueden extenderse al presente asunto, en la parte en que las cuestiones relativas a terrenos nacionales, sí incumben a la justicia agraria y la competencia de los tribunales agrarios para dirimir sus controversias.
"El Pleno del Alto Tribunal acotó que a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, el régimen legal relativo a los terrenos baldíos y nacionales sufrió una trascendental modificación, pues antes de esta fecha la materia referida se encontraba regulada por la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías (ahora abrogada) y que la Ley Agraria, en sus artículos del 157 al 162 estableció una diversa regulación respecto de los terrenos baldíos y nacionales. Este cambio legislativo tuvo como fin primordial incorporar lo atingente a los terrenos baldíos y nacionales, como cuestión relacionada con la propiedad rural, en el ámbito de la materia agraria.
"Puntualizó que la regulación de esas instituciones (terrenos baldíos y nacionales) se realiza actualmente en los artículos del 157 al 162 de la Ley Agraria, y destaca que su artículo 160 establece que en caso de controversia respecto las resoluciones que dicte la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), el interesado podrá someter el asunto, al conocimiento de los trib
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26149-55924c23/juicio-de-nulidad-ante-el-tribunal-unitario-agrario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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