TERRENOS NACIONALES. LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE SU ENAJENACIÓN, FUNDADA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
TERRENOS NACIONALES. LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE SU ENAJENACIÓN, FUNDADA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ Y ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. PONENTE: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. SECRETARIA: ALMA DELIA RAMÍREZ ARGÜELLES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil quince, en razón de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran este Vigésimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, como autoridad que emitió los autos que dieron motivo a los recursos de queja mencionados, de los cuales emanaron los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Federal(1) y el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
TERCERO.—Posturas contendientes. Para una mejor exposición de los criterios contendientes, a continuación, se sintetizan los principales puntos determinados en cada una de las ejecutorias de las que derivaron, y se transcriben las consideraciones en que se fundaron:
A. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 98/2015.
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la parte que interesa, resolvió, sustancialmente, que la norma de que se trata, esto es, el cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce, es de carácter AUTOAPLICATIVO, porque los sujetos obligados se encuentran determinados como los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales con un expediente instaurado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, y en el caso, el quejoso se encontraba en esa hipótesis normativa, por lo que resultaba aplicable la obligación establecida en el primer párrafo del mencionado artículo transitorio y, por tanto, contaba con un plazo de treinta días para impugnar esa norma, o en su caso de quince días a partir del primer acto de aplicación, sin que fuera necesario que se le notificara formalmente de su entrada en vigor, toda vez que su vigencia empezó a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.
Que en cuanto al acto de aplicación, no era necesario un acto específico de autoridad si se situó en el supuesto de aplicación de la norma, al pretender darle cumplimiento el veintitrés de mayo de dos mil trece.
Destacó que, si bien no se coincidía con la calificativa de heteroaplicativa de la norma emitida por el Juez de Distrito, se consideraba que era correcto el cómputo del plazo de quince días a partir del primer acto de aplicación (23 de mayo de 2013), por lo que era claro que la demanda era extemporánea, porque se promovió casi dos años después (27 de abril de 2015).
También señaló, que en cuanto al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, el Juez recurrido estuvo en lo correcto, porque ciertamente, conforme al principio de definitividad se actualizaba la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que debió agotarse previamente el recurso ordinario consistente en la acción agraria ante los tribunales agrarios.
Lo anterior de conformidad con las consideraciones que se transcriben a continuación:
"Para realizar dicho estudio, conviene resaltar, como antecedentes relevantes del caso, que **********, desde el seis de marzo de dos mil, presentó una solicitud de enajenación onerosa de terrenos de presunta propiedad nacional ante la entonces representación agraria, hoy Delegación Estatal en Quintana Roo de la otrora Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Delegación Estatal en Quintana Roo, respecto al predio **********, ubicado en el Municipio de **********.
"El ahora recurrente, con la finalidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce, vigente desde el día siguiente de su publicación –conforme a su artículo primero transitorio–,(3) presentó documentos para actualizar su solicitud, el veintitrés de mayo de dos mil trece.
"Sin embargo, por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, el director general de la Propiedad Rural y la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, determinaron que, si bien el ahora recurrente presentó diversa documentación, advertían que, de conformidad con la relación de las solicitudes recabadas hasta el treinta y uno de mayo de dos mil trece emitida por la Delegación Estatal en Quintana Roo, el ahora recurrente había omitido adjuntar copia simple de su solicitud de enajenación de seis de marzo de dos mil, por lo que –consideraron las autoridades responsables– no satisfizo las formalidades legales para dar cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo cuarto transitorio, resultando así improcedente continuar con el trámite de enajenación. Y, en consecuencia, se resolvió ordenar el archivo de la solicitud.
"El ahora recurrente promovió el juicio de amparo reclamando la promulgación, publicación y refrendo del artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural mencionado –publicado el veintiocho de noviembre de dos mil doce– y el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, del cual señaló haber tenido conocimiento del diez de abril de ese año, tanto por vicios propios, como estimando que ése es el primer acto de aplicación de la norma reclamada por parte de la autoridad.
"El Juez de Distrito determinó desechar de plano la demanda, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaban respecto de cada uno de los dos actos reclamados dos distintos motivos manifiestos e indudables de improcedencia.
"En relación con la inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, consideró que se está en el supuesto previsto en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque el plazo de quince días con que contaba el quejoso, ahora recurrente, para promover su demanda de amparo, considerada ésta como una norma heteroaplicativa, comenzó a correr desde el momento en que el quejoso manifestó que presentó la actualización de su solicitud de enajenación pretendiendo cumplir con los requisitos que establece el artículo cuarto transitorio que reclama (el veintitrés de mayo de dos mil trece), ya que, de esta manera –consideró el Juez recurrido– se colocó asimismo en el supuesto normativo que reclama como inconstitucional, es decir, se autoaplicó la norma desde el momento en que se sujetó al cumplimiento de lo prevenido en el artículo cuarto transitorio reclamado, pues acudió ante la autoridad administrativa a pretender cumplir con una obligación impuesta por esta disposición normativa.
"Así, el Juez Federal determinó que el plazo para promover la demanda de amparo comenzó a correr desde el día siguiente a aquel en que el ahora recurrente presentó su escrito de actualización ante la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, esto es, desde el veinticuatro de mayo de dos mil trece y concluyó el trece de junio del mismo año, descontando del cómputo el veinticinco y veintiséis de mayo, y uno, dos, ocho y nueve de junio de dos mil trece, por ser sábados y domingos. Por lo que, si la demanda se presentó el veintisiete de abril de dos mil quince –concluyó el Juez de Distrito–, evidentemente, transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que significa que el quejoso consintió tácitamente la norma reclamada al no haberla reclamado dentro de este plazo.
"Por otra parte, en cuanto al acuerdo de archivo de veinticinco de marzo de dos mil quince, el Juez recurrido consideró que, con base en el principio de definitividad del juicio de amparo, se actualizaba la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que debió agotarse, previamente a acudir al juicio constitucional, el recurso ordinario consistente en la acción agraria ante los tribunales agrarios, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia: ‘TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE GOBERNADOS, O ENTRE ÉSTOS Y LAS AUTORIDADES AGRARIAS, EN LAS QUE SE INVOLUCRE LA PROPIEDAD O LA POSESIÓN DE UN PRESUNTO TERRENO NACIONAL.’, así como con base en el criterio de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito establecido en la queja con número de expediente 11/2015.
"Esto, porque –consideró el Juez de Distrito– el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer de la nulidad de actos que contravengan las leyes agrarias, dentro de las cuales debe incluirse el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y porque se trata de un terreno nacional.
"En contra de este acuerdo de desechamiento, el recurrente hace valer los agravios que se sintetizan y analizan a continuación:
"A. En su primer agravio, el recurrente aduce que el Juez Federal no interpretó la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, de forma sistemática y como un todo en su conjunto, sino que lo hizo de forma aislada, pasando por alto las violaciones al principio pro persona. Afirma que nunca consintió la norma reclamada (el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural), toda vez que al ser ésta de carácter heteroaplicativo, se requería que el órgano encargado de su aplicación dispusiera y se pronunciara al respecto, como lo hizo al emitir el acuerdo de archivo que también se combatió y estima que éste es el acto de aplicación con base en el cual debe computarse la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo en contra de la norma reclamada.
"En este sentido, estima –el recurrente– que el plazo para la presentación de la demanda no debía computarse a partir del momento de publicación de la norma, ni a partir de la fecha cuando él mismo actualizó su solicitud de enajenación (el veintitrés de mayo de dos mil trece), ya que opina, en primer lugar, era necesario que las autoridades responsables le notificaran de dicha disposición, en segundo, dicho artículo transitorio reclamado requería de un pronunciamiento de la autoridad para su aplicación y, en tercer lugar, porque no se le causó perjuicio alguno al momento de emitirse la norma, sino al momento de emitirse el acuerdo de archivo reclamado.
"El agravio es inoperante.
"Este Tribunal Colegiado advierte que el agravio se refiere al desechamiento de la demanda en relación con la norma cuya inconstitucionalidad se reclamó, lo cual se llevó a cabo en razón de la extemporaneidad en su presentación, considerando, el Juez recurrido, que se trataba de una norma general heteroaplicativa.
"Al respecto, el texto de los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que el recurrente aduce fueron interpretados incorrectamente por el Juez de Distrito es, respectivamente, como sigue:
"‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"‘I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ...’
"‘Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.’
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
"‘No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.
"‘Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.
"‘Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ...’
"Con base en estas disposiciones, el recurrente alega que, contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, el primer acto de aplicación debía ser un acto de autoridad.
"Ahora, el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce, vigente desde el día siguiente de su publicación –conforme a su artículo primero transitorio–,(4) establece lo siguiente:
"‘Cuarto. Los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales que tengan expediente instaurado en la Secretaría, contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente reglamento para actualizar su solicitud. Para tal efecto, deberán presentar copia de la misma, constancia actualizada de posesión, croquis o plano del predio de que se trate, con la identificación de la superficie y colindancias.
"‘La Secretaría contará con un plazo de noventa días para resolver la procedencia de la solicitud, previa compulsa con la documentación que al efecto obre en la misma.
"‘Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo primero, se ordenará el archivo de los expedientes de solicitudes de terrenos nacionales que no hubieren presentado su actualización.’
"Este Tribunal Colegiado considera que la norma de que se trata es de carácter autoaplicativo, toda vez que los sujetos obligados se encuentran determinados como los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales con un expediente instaurado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y, en el caso, el ahora recurrente se encontraba, claramente, en esa hipótesis normativa, por lo que le resultaba aplicable la obligación establecida en el primer párrafo del mencionado artículo transitorio y, por tanto, contaba con un plazo de treinta días para reclamar esta norma o, en su caso, con un plazo de quince días a partir del primer acto de aplicación, sin que fuera necesario que se le notificara formalmente de su entrada en vigor, toda vez que su vigencia empezó a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil doce.
"Y en cuanto al acto de aplicación, ciertamente, no era necesario un acto específico de autoridad y se situó en el supuesto de aplicación de la norma al pretender darle cumplimiento el veintitrés de mayo de dos mil trece, como se aprecia de su manifestación en ese sentido, la cual constituye una confesión expresa, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone su artículo 2o., y en la que se apoya el motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad.’(5)
"En similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja número 212/2014, en que basó su resolución el Juez recurrido.
"Por otra parte, en cuanto a la sanción contenida en el último párrafo del artículo cuarto transitorio reclamado, consistente en que si, transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere su párrafo primero, la solicitud de terrenos nacionales no se hubiera actualizado el expediente, entonces, se ordenará su archivo, este Tribunal Colegiado considera que no modifica el carácter autoaplicativo de la norma.
"Lo anterior, porque la norma reclamada es de individualización incondicionada y las obligaciones en ella impuestas nacen con la sola vigencia de la norma, es decir, los sujetos de aplicación se encuentran vinculados a ella con la circunstancia de ser solicitantes de terrenos nacionales con un expediente ante la autoridad agraria, la cual es una situación concreta de derecho por la que se afectan derechos subjetivos de los sujetos vinculados, ya que obliga, desde su vigencia, a cumplir con las obligaciones ahí establecidas de manera incondicionada, sin que sea relevante el momento en que jurídica y fácticamente pueda actualizarse la sanción que la norma prevé, consistente en el archivo del expediente en caso de incumplimiento –siendo el cumplimiento o incumplimiento de la norma, en el caso específico, una cuestión de legalidad del acto sancionatorio–.
"Ahora, la Ley de Amparo –en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18– establece dos plazos para reclamar la inconstitucionalidad de una norma, uno, es el de treinta días a partir de que entra en vigor dicho acto legislativo, el otro, el de quince días a partir del primer acto de aplicación.
"Ahora, si bien este órgano colegiado no coincide con la calificación de la norma como heteroaplicativa, que realizó el Juez de Distrito, se considera que es correcto el cómputo del plazo de quince días a partir del primer acto de aplicación (de veintitrés de mayo de dos mil trece), como lo definió, respecto del cual, es claro que la demanda de amparo se promovió casi dos años después (el veintisiete de abril de dos mil quince) y, por tanto, extemporáneamente.
"Por otra parte, aunque ciertamente el Juez Federal no realizó el cómputo del plazo de treinta días a partir de la vigencia de la norma, es claro que éste transcurrió en exceso, ya que el artículo cuarto transitorio controvertido entró en vigor el veintinueve de noviembre de dos mil doce, y la demanda de amparo se presentó más de dos años después, esto es, el veintisiete de abril de dos mil quince.
"En consecuencia, el agravio es inoperante, porque independientemente que el Juez recurrido no realizó el cómputo del plazo de treinta días antes señalado, es decir, no tuvo en cuenta uno de los plazos con que contaba el ahora recurrente para promover su demanda de amparo, porque consideró que se trataba de una norma heteroaplicativa, lo cierto es que, en el caso, se actualizó la causa de improcedencia en que fundó su determinación, es decir, que el quejoso consintió tácitamente la norma reclamada al no haber reclamado su inconstitucionalidad dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo.
"B. En sus agravios segundo y tercero, los cuales se estudian conjuntamente con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el recurrente argumenta que no debió desecharse su demanda en relación con el acto de aplicación reclamado (el acuerdo de archivo de su expediente de veinticinco de marzo de dos mil quince), toda vez que, contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito en cuanto al principio de definitividad, no existe medio de defensa alguno en contra de las resoluciones por las cuales se decrete el archivo definitivo de un expediente de terreno nacional, ya que el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que es la norma aplicable al caso, no lo estipula, ni se actualiza alguno de los supuestos de competencia del Tribunal Unitario Agrario previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
"En apoyo a sus argumentos, cita la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.’. Así como la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito de rubro: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DE LA LEY DE LA MATERIA AUNQUE NO SE AGOTE EL JUICIO AGRARIO.’
"Además, afirma que el Juez de Distrito no consideró que en el caso se cometieron violaciones directas a los artículos 14 y 16 constitucionales, específicamente en relación con las formalidades esenciales del procedimiento, porque se archivó su solicitud sin haber sido oído ni vencido en juicio, violándose así la tutela judicial efectiva, los principios del debido proceso judicial y, sobretodo, dejándosele sin defensa alguna.
"En este sentido, estima aplicables las tesis de jurisprudencia del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos rubros son: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ y ‘RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.’
"Finalmente, el recurrente opina que el Juez Federal pasó por alto que el amparo era procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, porque el archivo de su solicitud de enajenación lo dejó sin defensa en el procedimiento administrativo.
"Estos dos agravios son infundados.
"En primer término, debe decirse que el acto reclamado no proviene de algún tribunal judicial, administrativo o del trabajo, ni fue seguido en forma de juicio, sino que se trata de un acto administrativo dictado en relación con una solicitud de enajenación de terrenos nacionales, por lo que, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, no resulta aplicable la fracción III del artículo 107 constitucional, sino su distinta fracción IV.
"Ahora, los artículos 107, fracción IV, de la Carta Magna; así como aquellos en que se fundó la causa de improcedencia, es decir, los numerales 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.’
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de dema
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28011-78a8ab95/terrenos-nacionales-la-solicitud-de-actualizacion-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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