Corpus
Modo: Corpus Pro

TERRENOS NACIONALES. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE PERSONALMENTE A LOS SOLICITANTES Y POSEEDORES DE AQUÉLLOS, QUE CUENTAN CON UN PLAZO DE 6 MESES PARA ACTUALIZAR SU SOLICITUD DE ENAJENACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. · Registro digital (IUS): 26012
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 3078.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. SECRETARIO: SERGIO ADOLFO PENICHE QUINTAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran el Vigésimo Séptimo Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, donde ejerce jurisdicción este Pleno de Circuito.

El juzgador aludido señaló que la discrepancia de criterios surge en cuanto a la circunstancia de que el delegado estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debe dar a conocer o no al solicitante del trámite de enajenación onerosa de terreno nacional, la obligación y requisitos contenidos en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Lo anterior, pues los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos de este Vigésimo Séptimo Circuito, en los amparos en revisión **********/2014 y **********/2014, respectivamente, sostuvieron un criterio similar en el sentido de que la publicación de dicho reglamento en el Diario Oficial de la Federación obliga a los interesados a actualizar su solicitud de enajenación de terrenos nacionales en el plazo de seis meses; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, en el amparo en revisión **********/2015, estimó que con la finalidad de garantizar la protección de los derechos de los gobernados, es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en quien recae la obligación de notificar a los interesados el contenido de dicho artículo cuarto transitorio.

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión de diez de abril de dos mil catorce, al resolver el amparo en revisión **********/2014, sostuvo estas consideraciones:

"CUARTO.-Son infundados por una parte, y fundados por otra, los agravios vertidos por la autoridad responsable.

"Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, es pertinente precisar sus antecedentes más relevantes.

"Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil nueve, ante la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), ********** solicitó al titular de dicha secretaría, la enajenación onerosa del predio propiedad de la nación, denominado **********, ubicado en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

"Solicitud la cual, dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente radicado bajo el número de expediente **********/2009; asimismo, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil nueve, se requirió al solicitante para que, en un plazo improrrogable de quince días hábiles, exhibiera diversa documentación.

"Dicho requerimiento se notificó al interesado el ********** de marzo de dos mil diez; quien, mediante escrito presentado el nueve de abril siguiente, exhibió la documentación requerida.(1)

"Con motivo de lo anterior, el diecisiete de junio de ese año, la autoridad responsable tuvo por cumplida la prevención y radicó el expediente, en donde se ordenó iniciar de oficio la investigación de antecedentes registrales y catastrales del predio en cuestión, verificar las posesiones existentes, así como determinar su naturaleza jurídica.(2)

"Por oficio **********/2010 de ********** de noviembre de dos mil diez, el delegado estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria solicitó a la directora general adjunta de Regularización de la Propiedad Rural para que le otorgara, entre otros, el folio para llevar a cabo los trabajos técnicos de medición y deslinde en el terreno mencionado.(3)

"Mediante oficio **********, de ********** de marzo de dos mil once, recibido el ********** de marzo siguiente en la delegación estatal en Quintana Roo de la Secretaría de la Reforma Agraria, la directora general adjunta autorizó llevar a cabo los trabajos de medición y deslinde del predio de mérito, asignándoles el número de folio **********.(4)

"Oficio el cual, constituye la última actuación dentro del procedimiento administrativo que motivó la solicitud de la enajenación onerosa del terreno nacional denominado **********.

"Ante tal circunstancia, el ********** de enero de dos mil trece, ********** solicitó la protección constitucional contra actos del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el delegado estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), que hizo consistir en la falta de continuación al procedimiento de investigación que se tramita con motivo de la solicitud de enajenación en el expediente de terrenos nacionales **********/2009 y, como consecuencia de lo anterior, la falta de entrega del título de propiedad del predio relativo.

"La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; quien se declaró legalmente incompetente para conocer de ella al estimar que, al ser los actos reclamados de carácter omisivo, no tenían ejecución material. Motivo por el cual, debía conocer del libelo constitucional el Juez de Distrito competente donde radicara la autoridad responsable.

"Por cuestión de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal; quien, mediante acuerdo de ********** de enero de dos mil trece, aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto. Asimismo, seguidos todos los trámites legales, el ********** de septiembre de dos mil trece dictó sentencia, en donde determinó conceder el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables dieran continuidad al procedimiento de enajenación del terreno nacional, consistente en la integración del expedientillo con el estudio de las operaciones de deslinde, tanto de la parte técnica topográfica como de la titulación enviada; o bien, le indicaran al quejoso los requisitos legales para que pudiera continuar con dicha solicitud, así como la existencia de algún impedimento para seguir su tramitación.

"Inconforme con ello, la autoridad responsable denominada delegado estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, interpuso el recurso de revisión que ahora nos ocupa en donde hizo valer los siguientes agravios:

"Primero y segundo agravios. Incorrecto análisis de la causa de improcedencia hecha valer.

"Sostiene la autoridad recurrente que la Juez Federal estudió incorrectamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo abrogada pues, contrario a lo que consideró, los extractos de la demanda que transcribió en su fallo no podían tenerse como tales, por no advertirse de su contenido la causa de pedir.

"En ese sentido, sostiene que la resolutora constitucional suplió al quejoso la deficiencia de sus conceptos de violación en un asunto en donde no opera dicha figura.

"Lo anterior es infundado.

"No asiste razón a la recurrente, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que sí se expresaron los agravios que le ocasionó el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron, lo que configura la causa de pedir.

"En efecto, el artículo 79 de la Ley de Amparo abrogada establece:

"‘Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.’

"Del precepto transcrito se desprende que los tribunales de amparo examinarán en su integridad la demanda de amparo, así como los demás argumentos vertidos por las partes, para resolver la cuestión efectivamente planteada, con la condición de no cambiar los hechos expuestos en el libelo constitucional.

"Lo anterior significa que, el escrito de demanda deberá apreciarse como un todo, de manera de que el juzgador pueda advertir la verdadera pretensión de quien acude a la instancia constitucional para el efecto de estar en condiciones de solucionarla, sin exigir rigorismos técnicos, bastando el hecho de que se exprese con claridad el agravio que el acto reclamado ocasionó en su esfera jurídica y los motivos que lo originaron.

"De tal modo que, todos aquellos razonamientos que se contengan en la demanda de amparo que tiendan a demostrar la contravención del acto reclamado a los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos, deben considerarse como conceptos de violación, aunque no se encuentren en el capítulo relativo.

"Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:(5)

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.», en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.’

"Bajo ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso sí formuló conceptos de violación, sin que obste la circunstancia de que no se contengan dentro del capítulo relativo pues, se reitera, la demanda se debe apreciar como un todo para apreciar la cuestión efectivamente planteada. Lo que se constata de la transcripción siguiente:

"‘... sin que se autorice llevar a cabo los trabajos de medición y deslinde en el predio ********** por los derechos adquiridos de los terrenos presuntamente nacionales a favor de los hoy suscritos que en preferencia sobre cualquier otro solicitante tenemos, situación que hasta la fecha no ha ocurrido, violando lo contenido en los artículos 160 de la Ley Agraria, 107 y 110 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural ya que hasta la fecha no se ha dictado resolución respecto de nuestra solicitud derivado de los trabajos técnicos informativos ...

"‘... ya que desde el día ********** de abril del 2010 solicité la continuación de mi trámite situación que hasta la fecha exista certeza de la autoridad por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria Delegación Chetumal, hoy (Sedatu) y que desconocemos la naturaleza de dichos actos pasando más de 1 año 10 meses sin recibir respuesta y sin que la señalada como responsable continúe con el tramite solicitado ...

"‘... de lo narrado y transcrito a pesar que hasta la fecha no se han realizado los trabajos de medición, no es obstáculo para que se lleven a cabo por lo que insistí se continúen en todas y cada una de sus etapas el procedimiento para que se me sea entregado el título de propiedad a mi favor ...’

"Como se aprecia, el quejoso se duele de la dilación de la autoridad administrativa de continuar con la tramitación del procedimiento de investigación, lo que ocasiona que no se determine si procede o no la enajenación onerosa solicitada respecto del inmueble en cuestión.

"De modo que, tal circunstancia provoca que el quejoso se encuentre en incertidumbre jurídica, al no tener respuesta de la autoridad administrativa en relación a sí es procedente la adquisición onerosa del predio nacional del que es poseedor; lo que sin duda se traduce en una afectación al quejoso en su esfera de derechos, al no tener noticia alguna de la prosecución del consabido trámite.

"Derivado de lo anterior, es carente de sustento el planteamiento de la autoridad responsable consistente en que la Juez de Distrito suplió la deficiencia de la queja, por no advertirse de los conceptos de violación propuestos la causa de pedir; pues contrario a ello, como se evidenció, el promovente del amparo claramente manifestó que le irrogaba perjuicio la incertidumbre jurídica que le provocaba la dilación del procedimiento administrativo, al no obtener respuesta de las autoridades señaladas como responsables, respecto de su solicitud de enajenación onerosa del predio nacional del cual es poseedor.

"Luego, si de conformidad con la jurisprudencia P./J. **********/2000 antes transcrita, para estudiar los conceptos de violación basta con que se exprese la causa de pedir; resulta suficiente que en alguna parte de la demanda de amparo se señale cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

"Así las cosas, si en el caso el quejoso sostiene que solicitó al secretario de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) la enajenación onerosa del terreno nacional que posee, y que ha pasado más de un año diez meses sin recibir respuesta alguna respecto del procedimiento de investigación que se instauró con tal motivo, resulta evidente que con ello se expresó la causa de pedir, la cual, además, se redujo a evidenciar una dilación en la continuación del procedimiento respectivo con el fin de que se dicte la determinación correspondiente y, en caso de ser procedente su solicitud, se le expida el título de propiedad respectivo.

"De ahí que no le asista razón a la autoridad recurrente.

"Tercer agravio. Incorrecto análisis de las manifestaciones vertidas en relación a la constitucionalidad del acto reclamado.

"Aduce la recurrente que la Juez de Distrito dejó de considerar los argumentos en los que manifestó que el procedimiento administrativo de enajenación a título oneroso del predio denominado **********, ubicado en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se estaba sustanciando conforme al Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********** de noviembre de dos mil doce; reglamento que, en su artículo cuarto transitorio, establece que a partir del día siguiente de que surta efectos la publicación del mencionado cuerpo normativo, las personas que tenga instaurados solicitud de enajenación ante la secretaría contarán con un plazo de seis meses para actualizar sus peticiones y, una vez transcurrido dicho plazo, se acordará el archivo como asunto total y definitivamente concluido.

"Motivo por el cual, si la parte quejosa no cumplió con el contenido de ese dispositivo legal, la Delegación Estatal en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encontraba impedida para continuar el trámite de enajenación.

"Es fundado lo alegado por la autoridad responsable, aquí recurrente.

"La sentencia que se revisa aludió a la omisión en que incurrieron las autoridades responsables en concluir el trámite de regularización de terrenos nacionales mediante enajenación onerosa, previsto en el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce.

"Sin embargo, la Juez Federal omitió remitirse, previamente, a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio, el cual dispone que, a partir del día siguiente de que surta efectos la publicación de dicho reglamento, las personas que tengan instauradas solicitudes de enajenación ante la secretaría, contarán con un plazo de seis meses para actualizar sus peticiones; transcurrido dicho plazo, se acordará el archivo como asunto total y definitivamente concluido.

"De haber estimado esta cuestión, se habría percatado de que se exige al gobernado, por medio de una norma formal y materialmente legislativa, actualizar su petición de regularización o enajenación del inmueble correspondiente, bajo la pena de archivar su expediente si no lo hace.

"Es decir, la norma impuso una exigencia sólo al solicitante, no así a la autoridad, ya que a ésta reservó la obligación de archivar el asunto si aquél no cumplía con el mandato legal.

"Al respecto, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural antes citado, en su artículo cuarto transitorio, establece:

"‘Cuarto. Los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales que tengan expediente instaurado en la secretaría, contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente reglamento para actualizar su solicitud. Para tal efecto, deberán presentar copia de la misma, constancia actualizada de posesión, croquis o plano del predio de que se trate, con la identificación de la superficie y colindancias.

"‘...

"‘Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo primero, se ordenará el archivo de los expedientes de solicitudes de terrenos nacionales que no hubieren presentado su actualización.’

"Del precepto legal antes transcrito se colige que, las personas solicitantes de terrenos nacionales que tenían algún expediente instaurado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contaron con un plazo de seis meses a partir de la publicación de dicho reglamento para actualizar su solicitud y que en caso de no hacerlo se ordenaría el archivo.

"En directa relación con lo anterior, el artículo primero transitorio del citado reglamento señala:

"‘Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’

"Luego entonces, si el referido reglamento entró en vigor el veintinueve de noviembre de dos mil doce (toda vez que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho anterior) y el quejoso no actualizó su solicitud dentro del plazo de referencia, puesto que en autos no hay constancia de ello; es dable concluir que la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aquí recurrente, estaba legalmente imposibilitada para continuar con el procedimiento de enajenación de terreno nacional.

"Motivo por el cual, fue incorrecto que la Juez Federal concediera el amparo solicitado.

"En las relatadas condiciones, al resultar infundados por una parte, y fundados por otra, los agravios planteados, procede revocar la sentencia recurrida y negar el amparo contra el acto reclamado de la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve:

"PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra de los actos que reclamó de la Delegación Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

"Notifíquese como corresponda y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de su origen; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal; y, en su oportunidad, archívese el toca.

"‘Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Gonzalo Eolo Duran Molina, como presidente, Rafael Martín Ocampo Pizano, así como José Manuel Novelo López, secretario de Tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para fungir como Magistrado de este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, según acuerdo de uno de octubre de dos mil trece, comunicado por oficio CCJ/ST/4870/2013, siendo ponente el último de los nombrados, quien firma con el Magistrado presidente y el secretario de Acuerdos, licenciado José Luis Díaz Pereira, que autoriza y da fe."

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en vigor al día siguiente, estableció una exigencia al gobernado, consistente en actualizar su petición de regularización o enajenación de terrenos nacionales, bajo la pena de archivar su expediente si no lo hace; es decir, esa norma impuso un requerimiento al solicitante, no así a la autoridad, pues a ésta se reservó la obligación de archivar el asunto si aquél no cumplía con el mandato legal.

CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en sesión de ********** de abril de dos mil catorce, al resolver el amparo en revisión **********/2014, consideró lo siguiente:

"CUARTO.-Antes de examinar los agravios formulados, se señalan los antecedentes de la sentencia recurrida.

"********** promovió juicio de amparo en contra del acto reclamado a las autoridades responsables secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, antes Reforma Agraria, con residencia en México, Distrito Federal y delegado estatal en Quintana Roo, de dicha secretaría, con sede en Chetumal, consistente en la abstención de ejecutar los trabajos de medición y deslinde del citado terreno nacional.

"Seguidos los trámites del procedimiento de amparo, el ********** de noviembre de dos mil trece, se dictó sentencia en la que el secretario en funciones de Juez Federal concedió la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables continúen el procedimiento de enajenación del terreno nacional y una vez integrado el expediente respectivo, se determine si procede o no la solicitud de enajenación del mismo.

"En desacuerdo la autoridad responsable recurrente en contra de dicha sentencia, aduce los siguientes motivos de disidencia:

"a) No tiene la carga de notificarle al quejoso que debe actualizar su solicitud de enajenación a título oneroso del citado terreno nacional, porque esa obligación se la impuso el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el cual es de observancia general a partir del ********** de noviembre de dos mil doce, en virtud que se publicó el veintiocho anterior, en el Diario Oficial de la Federación.

"b) El quejoso incumplió con su obligación de actualizar la documentación relativa a su solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional, en términos del artículo cuarto transitorio del aludido reglamento, por lo que debió determinarse que la autoridad recurrente está legalmente imposibilitada para continuar con el referido procedimiento de enajenación.

"Tales argumentos son fundados, porque ese reglamento entró en vigor el ********** de noviembre de dos mil doce, dado que se publicó en el rotativo oficial en dicha data, sin que el accionante del amparo haya actualizado su solicitud dentro del plazo de seis meses, que prevé el artículo cuarto transitorio, puesto que de los autos del juicio de garantías, no aparece alguna constancia que acredite que cumplió con esa actualización, por lo que es dable concluir que la autoridad responsable recurrente, está legalmente imposibilitada para continuar con los trabajos de medición y deslinde del terreno nacional denominado **********, en relación con la solicitud de su enajenación a título oneroso.

"Esto es así, porque los artículos primero y cuarto transitorios del aludido reglamento, disponen literalmente lo siguiente:

"‘Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’

"‘Cuarto. Los solicitantes y poseedores de terrenos nacionales que tengan expediente instaurado en la secretaría, contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente reglamento para actualizar su solicitud. Para tal efecto, deberán presentar copia de la misma, constancia actualizada de posesión, croquis o plano del predio de que se trate, con la identificación de la superficie y colindancias.

"‘... Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo primero, se ordenará el archivo de los expedientes de solicitudes de terrenos nacionales que no hubieren presentado su actualización.’

"De tales preceptos legales, se colige que a las personas solicitantes de terrenos nacionales que tienen expediente instaurado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes de la Reforma Agraria, se les dio el plazo de seis meses a partir de la publicación de dicho reglamento para actualizar su solicitud y que en caso de no hacerlo se ordenaría el archivo.

"Publicación que es de observancia obligatoria, porque al tratarse de un acuerdo de interés general, para todo el que tenga un expediente en dicha secretaría, surte efectos de notificación; por ello, es innecesario que la autoridad recurrente le notificara al accionante sobre su obligación impuesta en el artículo cuarto transitorio del aludido reglamento.

"Tiene aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 20, Volumen C, Tercera Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:

"‘DIARIO OFICIAL, PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL.-La publicación de resoluciones administrativas en el Diario Oficial no surte efectos de notificación, a menos de que se trate de acuerdos de interés general, de decretos o leyes.’

"De esta manera, el delegado responsable recurrente no incurrió en la omisión alegada, porque la falta de llevar a cabo los trabajos de medición y deslinde en el terreno nacional denominado **********, es consecuencia de que el quejoso haya incumplido con su obligación de actualizar su solicitud de enajenación a título oneroso.

"En tales condiciones, al ser fundado el argumento examinado, lo que procede en la materia de la revisión es modificar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional contra el acto reclamado al delegado estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

"Similar criterio adoptó este tribunal, al resolver el amparo en revisión **********/2013, en sesión de veinte de febrero de dos mil catorce.

"Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:

"PRIMERO.-Se deja firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero de la sentencia que se revisa.

"SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.

"TERCERO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, en contra del acto que le atribuyó al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, especificado en el resultando primero de esta ejecutoria.

"CUARTO.-La Justicia de la Unión no ampara a **********, en contra del acto que le atribuyó al delegado estatal en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, precisado en el resultando primero de esta sentencia.

"Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26012-a566197b/terrenos-nacionales-es-innecesario-que-la-autoridad-notifique · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.