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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (VALIDEZ DEL DECRETO No. 118, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 21 DE JULIO DE 2015). II. CONGRESOS LOCALES. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL PARA ESTABLECER EL NÚMERO DE DIPUTADOS, EL CUAL DEBE SER PROPORCIONAL A LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, DENTRO DEL PARÁMETRO DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 32, PÁRRAFO PRIMERO, 33, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y IV, Y 34, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, ASÍ COMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 118 POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). III. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR ESTE PRINCIPIO, AUNQUE NO A REGLAMENTARLO DE UNA FORMA ESPECÍFICA, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO POR LA LEY FUNDAMENTAL Y A SU FINALIDAD (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 32, PÁRRAFO PRIMERO, 33, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y IV, Y 34, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, ASÍ COMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 118 POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). IV. CANDIDATURAS COMUNES. LAS LEGISLATURAS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 95, PÁRRAFOS DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO –ANTES DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO–, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA). V. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. AL TENOR DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CONSERVAR SU REGISTRO, NO LES ES EXIGIBLE UN PORCENTAJE MÍNIMO EN LAS ELECCIONES DE AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y AYUNTAMIENTOS"). VI. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. LA REGULACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE SU REGISTRO ES COMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES, LAS QUE DEBEN APEGARSE A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y AYUNTAMIENTOS"). VII. CANDIDATOS A DIPUTADOS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDEN POSTULARLOS DE FORMA SIMULTÁNEA SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN EL LÍMITE DE VEINTE POR CIENTO DE CANDIDATURAS SIMULTÁNEAS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE DIPUTADOS QUE DEBAN INTEGRAR EL CONGRESO DEL ESTADO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TLAXCALA). VIII. DIPUTADOS LOCALES. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES DE PREVER LA IMPOSIBILIDAD DE LA REELECCIÓN CONSECUTIVA DE LOS QUE OCUPABAN ESE CARGO AL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, AL SER DIRECTAMENTE APLICABLE EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE (VALIDEZ DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO 118 POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). IX. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA REGULARLAS EN EL ÁMBITO ESTATAL (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA). X. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS COMO EN LAS EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INS

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015. · Registro digital (IUS): 26236
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-04-08
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Pág. 101.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO MORENA. 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de noviembre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de escritos iniciales, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos del Decreto Número 118, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia político electoral, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el veintiuno de julio de dos mil quince:

Ver acciones de inconstitucionalidad

Se precisaron como autoridades emisoras y promulgadoras de las normas impugnadas a la LXI Legislatura Constitucional del Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.-Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. De manera coincidente, los accionantes señalaron como violados los artículos 1o., 16, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de los artículos señalados en el párrafo precedente, el Partido de la Revolución Democrática señaló como vulnerados los artículos 9o. y 14 de la Constitución Federal.

Por su parte, el Partido Acción Nacional señala, además de los preceptos referidos, los artículos 34, 35, 39, 40, 73 y 134 de la Constitución Federal.

Mientras que el Partido Morena, adicionalmente, señaló los artículos 1o., 2o., 4o., 17, párrafo segundo, 35, fracciones I, II y III, 39, 40 y 54, fracción V, de la Constitución Federal; así como los artículos 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; los puntos I, II y II de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y los artículos 4, inciso j) y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

I. En la acción de inconstitucionalidad 69/2015, el Partido de la Revolución Democrática planteó conceptos de invalidez en contra del procedimiento legislativo y a temas de fondo respecto de la norma impugnada.

El Partido de la Revolución Democrática sostuvo que con las reformas a la Constitución Local, tanto el Congreso del Estado de Tlaxcala, como los treinta y nueve de sus Ayuntamientos, cometieron violaciones al procedimiento legislativo, a los principios de legalidad, certeza, seguridad y equidad jurídica, libertad del sufragio, así como representación política:

1) Violación a los principios y derechos de debido proceso y de legalidad durante el procedimiento legislativo relativo a la reserva de artículos en lo particular.

Al respecto, adujo que fueron transgredidos el párrafo segundo del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el decreto impugnado viola los principios de debido proceso y de legalidad, toda vez que el procedimiento legislativo no cumple con los requisitos de validez de los actos de autoridad. En efecto, señaló que se violaron el debido proceso parlamentario y la legalidad en la sesión extraordinaria en que se aprobó el decreto impugnado por los siguientes motivos:

1. Dictámenes de comisiones, fundados y motivados.

El promovente reconoció que el dictamen con proyecto de decreto fue elaborado cumpliendo con el debido procedimiento legislativo y el principio de debate democrático en las Comisiones Legislativas; sin embargo, existieron las siguientes violaciones:

2. Falta de motivación general, al solicitar la reserva de los artículos en particular.

El partido argumentó que cuando se reservaron en lo particular y se presentaron las nuevas propuestas de los artículos 32, 33, 34, 35, 60, 95, tercero, séptimo, octavo y noveno transitorios del referido decreto, los diputados María Angélica Zárate Flores y Armando Ramos Flores, que presentaron nuevas propuestas, no realizaron la exposición de motivos y que, al tratarse de temas trascendentales para la vida política de la entidad como la disminución de diputados, debieron respetarse el sistema de partidos y los derechos humanos de representación y la libertad del sufragio.

Adujo que dichas propuestas estaban vinculadas con la disminución del número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, el establecimiento de la nueva distritación de circunscripciones uninominales, las candidaturas simultáneas y el establecimiento de un modelo de coalición electoral denominado "candidatura común", al cual se refirió como expulsado del sistema electoral nacional. Al respecto, señaló que los referidos temas estaban vinculados con los derechos humanos de representación y libertad de sufragio y con el sistema de partidos y que, en virtud de lo anterior, la inexistencia de motivos transgredió los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que establecen la obligación de fundamentar y motivar actos de autoridad.

El promovente argumentó que no se cumplió con el requisito de motivación, ya que no se expusieron los motivos para aprobar las reformas que se impugnan y que la votación, por sí sola, no significa que su aprobación haya sido válida. Señaló que la propuesta de reserva, al pretender ser parte de un dictamen y de un decreto, debió cumplir con lo establecido en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.(1)

Basándose en el acta de sesión extraordinaria del Congreso Local, sostuvo que el procedimiento legislativo que dio lugar a las normas impugnadas no cumplió con lo establecido en los artículos 124 y 125 del referido reglamento, toda vez que los diputados trataron de motivar los temas de los artículos reservados 32 y 33, pero no expusieron motivos respecto de las candidaturas comunes, emblemas comunes, convenios o las nuevas propuestas en los artículos transitorios del dictamen, lo cual implica -según su criterio- un nulo debate legislativo de la norma impugnada y, consecuentemente, su invalidez, al no ajustarse a los principios de debido proceso y legalidad.

En ese sentido, citó la acción de inconstitucionalidad 19/2010, para referir que para el estudio de la validez de las normas deben atenderse determinados estándares dentro del procedimiento legislativo, tales como:

a) El respeto a los derechos de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad.

b) La correcta aplicación de las reglas de votación.

c) Publicidad en la deliberación y votación.

Además, señaló que la argumentación respecto a la disminución de diputados no fue la debida, toda vez que los diputados basaron su propuesta en criterios de ahorro presupuestal y de gobernabilidad, los cuales no corresponden al criterio poblacional establecido en la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal.

3. Falta de conocimiento pleno, claro, fehaciente y con antelación de las propuestas.

El partido promovente señaló que las propuestas de los artículos reservados no fueron hechas del debido conocimiento del conjunto de los diputados, sino que únicamente se conocieron en el momento en que fueron leídas por los diputados promoventes, además, señaló que del acta de sesión y de su versión estenográfica se advierte que únicamente se leyeron las propuestas, pero que éstas nunca se entregaron a la mesa directiva o a los diputados y que, por ello, al no haberse presentado por escrito (en violación al artículo 143 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en relación con los diversos 45, fracciones I, II, V y VI, y 104, fracciones V y XII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala), no fueron hechas del debido conocimiento de los diputados, sino hasta el momento en que éstas fueron leídas, lo que deriva de una falta de exhaustividad y de certeza en lo planteado, por lo que se dio un falso y nulo debate, a grado tal que los cinco diputados que intervinieron se refirieron a sólo uno de los temas de los artículos reservados.

Citó la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y acumuladas y la acción de inconstitucionalidad 19/2010, enfatizando que el órgano legislativo antes de ser un órgano decisorio es un órgano deliberante. En suma, adujo que se incumplió con el debido proceso parlamentario y la legalidad, principios previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que estima que se debe declarar la invalidez de las reformas aprobadas en los artículos reservados.

4. Falta de debate y de votación artículo por artículo.

El partido promovente impugnó el hecho de que en el proceso legislativo no se diera debate y votación artículo por artículo de la reserva y que no existiera una forma específica de debate. Citó el artículo 131, fracción IV, inciso e), del reglamento interior y el artículo 45, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala, para apoyar el argumento relativo a que la mesa directiva tiene la facultad de asegurar el debido desarrollo de los debates y que en razón de ello, debió atender el hecho de que un diputado hizo una moción, a fin de que se discutiera cada artículo en lo particular.

Precisó que la moción hecha por el diputado Jaime Piñón Valdivia, en el sentido de que se debatiera artículo por artículo para que existiera exhaustividad en la deliberación, fue rechazada mecánicamente por los veintiún diputados que aprobaron el dictamen, es decir, por una mayoría que -estimó- no estaba dispuesta a debatir. En tal virtud, sostuvo que la mesa directiva incumplió con los artículos 131 del reglamento y 45 de la ley orgánica, que le confieren la atribución de asegurar el debido desarrollo de los debates.

Adujo que al abrirse el debate sólo intervinieron cinco diputados en contra de sólo uno de los temas de los artículos reservados, situación que no permitió que se ahondara en el análisis y discusión de todos los contenidos de cada artículo reservado, debido a la falta de precisión en la forma del debate determinada por la mesa directiva y su presidente.

En resumen, argumentó que debe declararse la invalidez del procedimiento legislativo, al no determinarse la forma de debate parlamentario y por la falta de conocimiento de la propuesta de los artículos reservados hasta que fue leída (por no haberse entregado por escrito), así como por falta de motivación.

Por otra parte, señaló que la forma de votación conjunta de los artículos reservados no permitió establecer una diferenciación entre las propuestas y los artículos que conllevara a que cada diputado expresara con su voto un criterio serio y diferenciado respecto a cada propuesta y cada artículo, siendo así que no existe certeza en los votos ni en la voluntad de los diputados, pues se vieron obligados a votar por todos los artículos reservados en su conjunto, ya que se trató de una forma de votación impuesta por la mesa directiva que impidió la libertad del voto de cada diputado. Que al no haber claridad sobre cómo deberían haberse votado los artículos reservados, lo conducente era que la mesa directiva aplicara el artículo 45, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,(2) para asegurar el debate y la forma de votación.

5. Inexistencia de dispensa de trámite.

El partido promovente adujo que, a excepción de la dispensa de la segunda lectura del dictamen, no hubo ninguna otra dispensa de trámite que pudiera excusar a la mesa directiva o al propio Pleno de incumplir con algunas disposiciones del procedimiento legislativo; argumentó que no existió algún tipo de urgencia que ameritara omitir la motivación, la determinación de la forma del debate y la omisión de hacer llegar por escrito las propuestas.

En ese sentido, precisó que en el caso en concreto se trataba de un dictamen y no de una iniciativa, y que no se presentó ninguno de los supuestos del artículo 117 del reglamento interior.(3)

Que al haberse hecho la reserva de los artículos, lo procedente era solicitar que se otorgara la dispensa de ir a las Comisiones Unidas y que la misma fuera de urgente y obvia resolución, aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes.

Además, argumentó que debió haberse atendido a los artículos 129 y 130(4) del reglamento interior, es decir, ponerse a debate las nuevas propuestas en una hora distinta, al menos para que los diputados hubieran tenido la oportunidad de conocer plenamente su contenido.

En síntesis, adujo que, al concederse la reserva de diversos artículos del dictamen, ésta debió haberse remitido a las Comisiones Unidas para la formulación de un nuevo dictamen, o bien, que de haberse solicitado y concedido la dispensa de dicho trámite debió haberse acreditado el carácter de urgente y aprobado por dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el artículo 133 del reglamento interior.

6. Indebido mandato al secretario parlamentario para formular correcciones y adecuaciones.

El partido promovente señaló que el presidente de la mesa directiva no tiene facultades para ordenar al secretario parlamentario que haga la correcciones y adecuaciones al dictamen, toda vez que el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala no le confiere dicha facultad, más aún, que el artículo 129 de su reglamento interior(5) establece que ninguna disposición o proyecto se discutirá si no pasa primero por la comisión competente para la elaboración de su dictamen. Por lo tanto, concluyó que las correcciones y adecuaciones no debieron ser ordenadas al secretario parlamentario para que las reformara, sino a las comisiones competentes.

Finalmente, el partido promovente estimó que se violaron los principios de debido proceso y de legalidad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que están reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al incumplirse el contenido normativo del artículo 51 de la Constitución Local,(6) pues al momento de reservarse los artículos en lo particular y, al no haber sido aprobadas las reformas a los artículos considerados originalmente en el dictamen, lo procedente era que la mesa directiva determinara su remisión a las Comisiones Unidas, con o sin debate, a efecto de que formularan un nuevo dictamen conforme al artículo 133 del reglamento interior.(7)

2) Violación al principio de debido proceso y de legalidad en la votación de los Ayuntamientos.

En este concepto de invalidez el partido promovente realiza un análisis del acta y de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria de treinta de junio de dos mil quince del Congreso del Estado, así como de las actas de sesiones de Cabildo de los Ayuntamientos en las que se aprobó el decreto impugnado y de la declaración de diecisiete de junio de dos mil quince hecha por la Comisión Permanente del Congreso del Estado respecto de la aprobación del dictamen.

Con base en el análisis de los documentos señalados en el párrafo precedente, el partido promovente precisó la votación del Congreso del Estado y aseveró que la aprobación hecha por los Ayuntamientos incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como en el artículo 120 de la Constitución de Tlaxcala.

Señaló que aparentemente se cumplió con el artículo 120 de la Constitución Local, al haber sido aprobado el dictamen por treinta y nueve Ayuntamientos, pero que de las actas de sesión se advierten inconsistencias.

En efecto, el Partido de la Revolución Democrática señaló como violación al procedimiento legislativo y de votación la falta de debate por parte de los Ayuntamientos, que en las actas de sesiones de Cabildo no se asentó fehacientemente que haya habido debate en ninguno de los Ayuntamientos, pues sólo en siete(8) se dice que hubieron comentarios, en nueve(9) de ellos se dice que hubo algún análisis, en diecinueve sólo se dice que se le dio lectura al documento de reforma constitucional y que en cuatro de ellos ni siquiera se le dio lectura al dictamen; aunado a lo anterior, señaló que en treinta y nueve Ayuntamientos(10) no existió libertad ni equidad para debatir. Además de que sólo en diecinueve sesiones de Cabildo se advierte que se leyó el dictamen, en cuatro que no se leyó y en veintitrés sólo se anotó que se dio lectura.

Adicionalmente, argumenta que en algunas de las sesiones de Cabildo no se dio una votación libre ni auténtica; y desarrolla su razonamiento de la siguiente forma:

a) Que en los Cabildos de Muñoz de Domingo Arenas, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco y Zacatelco se votaron dos dictámenes (el impugnado y el de derechos humanos, de veinticinco de junio de dos mil quince) en forma conjunta y se aprobaron por unanimidad o por mayoría calificada, sin embargo, no consta fehacientemente cuál es el sentido y la voluntad de cada uno de los integrantes de los Ayuntamientos. Precisa que lo irregular estriba en la forma conjunta en la que se votaron ambos dictámenes, pues en ninguna de las actas consta fehacientemente la voluntad de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, respecto de la aprobación de ambos dictámenes.

Asimismo, señala que las actas de Cabildo no establecen los motivos ni el fundamento por los cuales se aprobaron.

Adujo que la aprobación que se emita en las sesiones de Cabildo debe hacerse constar fehacientemente en las actas y no inferirse, que si no consta de manera concreta que se aprobó el dictamen impugnado, no es factible tenerse por aprobado. Para robustecer su argumento cita la jurisprudencia, de rubro: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. PARA QUE SUS REFORMAS Y ADICIONES FORMEN PARTE DE ELLA, ES NECESARIO QUE LA APROBACIÓN POR LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD CONSTE DE MANERA FEHACIENTE, Y NO INFERIRSE."(11)

b) Que la aprobación del dictamen no fue auténtica, toda vez que en diecinueve sesiones de Cabildo únicamente se dio lectura del dictamen, en cuatro no hubo lectura y en dieciséis sólo hubieron comentarios del mismo.

De las actas de las sesiones de Cabildo de los Municipios de Emiliano Zapata, Zacatelco, Atlangatepec, la Magdalena Tlaltelulco, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Papalotla, Tlaxcala y Totolac advierte que no hubo certeza de lo que se aprobó, puesto que no se deduce realmente el sentido de los votos.

Por lo que respecta a los Municipios de Apizaco, Papalotla, Totolac, Xaloztoc, Hueyotlipan y Zitlaltépetl adujo que no se asentó que hubiera mayoría calificada; además, argumentó que de acuerdo al artículo 72, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, los secretarios de los Ayuntamientos de Apizaco y Hueyotlipan no estaban facultados para modificar o aclarar las actas a su discrecionalidad, por lo que fue incorrecto que en el oficio de remisión de actas se precisara que en el caso de Apizaco se aprobó por trece de dieciséis votos y de Hueyotlipan por unanimidad.

De las actas de Cabildo precisó lo siguiente:

a) En seis no se estableció fehacientemente que se haya aprobado por la mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes.(12)

b) En cuatro, donde se aprobaron dos dictámenes distintos, no hay certeza de que se hayan aprobado con dicha votación.(13)

a) En veintiséis no hay certeza de la votación de cada munícipe, pues se dice, pero no se demuestra que hubo unanimidad.

b) En los treinta y nueve no existió debate democrático.

3) Violación al criterio constitucional de número de diputados locales y al principio de representación, al disminuirse el número de diputados que integran el Congreso del Estado de Tlaxcala, así como al principio de certeza, al establecer la entrada en vigor inmediata de una nueva integración del Congreso del Estado sin posibilidad legal y material de llevar a cabo el procedimiento de redistritación.

En ese concepto de invalidez, el partido promovente señala que, al reformar el artículo 32 de la Constitución de Tlaxcala, que establece que habrá 15 diputados electos en distritos uninominales por el principio de mayoría relativa y 10 diputados electos a través de listas de candidatos por el principio de representación proporcional no se atendió al criterio poblacional establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, sino que respondió a criterios insuficientes, como lo son el ahorro al erario público y el retraso en los acuerdos legislativos.

El promovente estimó que el objetivo del principio de representación proporcional es que los votos no se pierdan y que el porcentaje refleje exactamente al electorado, pues es el elemento decisorio para asignar cargos, lo cual tiene sustento en los artículos 54, 56, 60 y 116 de la Constitución Federal, en los artículos 16 y 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 32 y 33 de la Constitución Local.

Con base en ello, adujo que si bien 15 diputados electos por mayoría relativa es un número factible, dados los datos poblacionales obtenidos con el Censo General de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo cierto es que, a pesar de esa factibilidad, existen inconvenientes.

El promovente señaló que los criterios tomados para la disminución de diputados y reflejados en la exposición de motivos, relativos al ahorro del erario público y al retraso en la toma de decisiones, son criterios insuficientes, los cuales no tienen sustento constitucional, pues debió atenderse el criterio poblacional que establece el párrafo primero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se cumpla con el principio de representación.

Por otra parte, señaló que el principio de representación proporcional consiste en la elección de diputados conforme al número porcentual de votos que obtiene cada partido, cuyo objetivo es que los votos no se pierdan y que, por ello, el porcentaje es el elemento decisorio para asignar cargos.

En ese sentido, el porcentaje que obtenga cada partido debe corresponder a un número lo más exactamente posible de cargos, por lo que, al reducirse de 13 a 10 diputados, se deja de cumplir con el principio de representación, toda vez que podrían quedar sin representación un numeroso porcentaje de votos-ciudadanos, sólo en este momento están en condiciones de participar en el proceso electoral de Tlaxcala del 2015-2016 los siguientes partidos políticos:

Ver partidos políticos

El partido señaló que si sólo hay 10 diputados para asignarse por principio de representación proporcional, de entrada a dos partidos políticos no se les asignaría nada, aunque hayan logrado el porcentaje de un cociente natural, por el resto mayor a cinco partidos ya no les sería asignado ningún diputado. Es decir, que al reducirse el número de diputados, particularmente el número de diputados plurinominales, el fin de la representación proporcional no se cumple, ya que quedarían sin representación un numeroso porcentaje de votos ciudadanos a través de los partidos políticos.

El partido sostuvo que la disminución de los diputados locales es una decisión que se relaciona con el sistema de elección, el principio de representación, los principios electorales de legalidad y certeza en la participación de los partidos en la competencia electoral, razón por la cual, de quedar excluidos algunos partidos políticos en la asignación de diputados de representación proporcional, se estarían violando los derechos humanos de no discriminación y de representación de las minorías, contenidos en los artículos 29, 32 y 34 de la Constitución Federal, así como en el 29 de la Constitución de Tlaxcala.

El promovente argumentó que no se previeron las consecuencias de mantener el criterio de derecho a la asignación de diputados de representación proporcional establecido en la fracción II del artículo 33 de la Constitución Local; de ahí que de mantenerse la reducción de 32 a 25 diputados, no existirá correspondencia con la exigencia constitucional mínima para que cada partido tenga derecho a la asignación de diputados de representación proporcional. Dijo que debería cumplir con el principio de representación, con los límites de sobre y subrepresentación y con los principios constitucionales para la distritación, que de lo contrario se violarían los derechos humanos a la no discriminación, derecho al sufragio y de representación de las minorías.

Adicionalmente, señaló que el artículo segundo transitorio del decreto impugnado es contrario al principio de certeza regulado en los artículos 14 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece la inmediata entrada en vigor de la reforma al artículo 32 de la Constitución Local, esto es, que la nueva composición del Congreso del Estado no puede aplicarse para el proceso electoral 2015-2016 de la entidad federativa, puesto que el Instituto Nacional Electoral ya ha realizado actividades de redistritación electoral del Estado de Tlaxcala con base en la legislación vigente hasta el veintiuno de julio de dos mil quince, constituyéndose éstos como actos firmes, definitivos y no retroactivos.

Además, planteó que ante el inminente proceso electoral local 2015-2016 no hay tiempo suficiente para implementar la reforma impugnada que regula la variación en el número de integrantes del Poder Legislativo y de distritos electorales, en esa virtud, se transgreden los principios de definitividad y certeza en el proceso electoral.

4) Violación a las normas generales que regulan las coaliciones electorales, al establecer el modelo de coalición electoral expulsado del marco jurídico general bajo la denominación de "candidatura común".

El partido promovente impugnó los párrafos décimo noveno y vigésimo (antes décimo octavo y décimo noveno) del artículo 95 de la Constitución Local, reformada mediante el decreto impugnado,(14) toda vez que no guardan conformidad con las bases constitucionales que establecen las formas de participación de los partidos políticos en las elecciones y, de manera particular, las figuras asociativas para la postulación de las candidaturas comunes.

El promovente señaló que las "candidaturas comunes" establecidas en el precepto impugnado son una modalidad de la figura de "coalición electoral" que existió en forma general en otro momento de la historia política del país, mismo que fue elevado a rango constitucional mediante el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal del diez de febrero de dos mil catorce. Indicó que su principal característica consiste en que cada partido político coaligado participa con su emblema por separado, permitiendo determinar con claridad la votación recibida por cada partido político.

En ese sentido, argumentó que una coalición electoral se distingue por contar con una misma plataforma electoral, así como la aparición de sus emblemas en las boletas electorales pero no de un emblema común.

Apuntó que la Ley General de Partidos Políticos regula la figura de "coalición electoral" en los artículos 85 y del 87 al 92, y que si bien el párrafo quinto del artículo 85 faculta a las entidades federativas para establecer en sus Constituciones Locales otras formas de asociación de partidos políticos, lo cierto es que no las faculta ni permite que bajo la denominación de "candidatura común" se restablezca la modalidad de coalición vigente para las elecciones.

El promovente manifestó que la norma impugnada es contraria al sistema jurídico electoral, ya que establece un acuerdo de distribución de votos respecto a las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos, sin distinguir cuáles de ellas son útiles para obtener financiamiento público, además de que, al legislarse, se omitió hacer referencia a los efectos en relación con la representación proporcional en Ayuntamientos y en el Congreso del Estado.

Razonó que, al tratarse de una votación común de los partidos políticos asociados mediante la figura de "candidatura común" se permite a los partidos políticos la postulación en común de un número indiscriminado de candidaturas, lo que contraviene los artículos 87 al 92 de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen las modalidades de las coaliciones, es decir, parciales, flexibles o totales.

Por último, el partido promovente planteó la inconstitucionalidad de la norma impugnada con base en las siguientes consideraciones:

a) Convenios. Si se trata de una candidatura común no debe haber ningún convenio, pues dichas candidaturas se dan en función de que el candidato acepte ser postulado por más de un partido político; de tal manera que la relación se da entre candidatos y partidos y no entre partidos políticos.

b) Emblema común de los partidos políticos. No debe convenirse la existencia de un emblema común de los partidos que tengan una candidatura común, así como el color o colores con los que participará, toda vez que cada partido político tiene su propia identidad en emblema y color; de tal manera que las opciones de voto son por partido político y para candidatos independientes y que de convenir su emblema y color se violaría el derecho al voto de los electores, al hacerlos elegir ent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26236-bcfddf27/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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