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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. SUPUESTA VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. POTENCIAL INVALIDANTE DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE SE DESEMPEÑÓ EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ EL DECRETO IMPUGNADO, AL NO HABER SIDO ELECTA POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 215 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARAD

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 265/2020 Y SUS ACUMULADAS 266/2020, 267/2020 Y 268/2020. · Registro digital (IUS): 30049
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-27
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE TLAXCALA, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO IMPACTO SOCIAL Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 2805.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 265/2020 Y SUS ACUMULADAS 266/2020, 267/2020 Y 268/2020. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE TLAXCALA, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO IMPACTO SOCIAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 265/2020 y sus acumuladas 266/2020, 267/2020 y 268/2020, promovidas por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, Partido del Trabajo ("PT"), Partido Impacto Social ("Impacto Social") y Partido Movimiento Ciudadano ("Movimiento Ciudadano"), respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las acciones. Las acciones fueron presentadas de la siguiente manera:

Parte de diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala y el PT presentaron sendos escritos de demanda de acción de inconstitucionalidad, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; por su parte, Impacto Social y Movimiento Ciudadano presentaron sus respectivas demandas vía electrónica el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Sistema Electrónico de este Alto Tribunal el veintiocho siguiente.

Las demandas se promovieron por los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, a través de Irma Yordana Garay Loredo, María del Rayo Netzahualtl Ilhuicatzi, Patricia Jaramillo García, Leticia Hernández Pérez, Víctor Manuel Báez López, José María Méndez Salgado, Jesús Rolando Pérez Saavedra, María Félix Pluma Flores y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; por el PT, los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Ángel Benjamín Robles Montoya, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, María Mercedes Maciel Ortiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María del Consuelo Estrada Plata, Mary Carmen Bernal Martínez y Sonia Catalina Álvarez; por Impacto Social, mediante Moisés Palacios Paredes, en su carácter de presidente del Comité de Dirección Estatal; y por Movimiento Ciudadano, mediante Clemente Castañeda Hoeflich, Alonso Vidales Vargas, Rodrigo Samperio Chaparro, Maribel Ramírez Topete, Royfid Torres, Perla Yadira Escalante, Vania Ávila García, Ana Rodríguez Chávez, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional, pero con la firma electrónica de Juan Manuel Ramírez Velasco. Todos solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades señaladas a continuación:

1. El Congreso del Estado de Tlaxcala

2. El gobernador del Estado de Tlaxcala

1. Normas generales cuya invalidez se reclaman:

Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, PT, Impacto Social:

"Decreto que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de agosto de 2020 (sic) y que se encuentra alojado en la siguiente dirección electrónica:

"http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Ex27082020.pdf

"La invalidez del decreto por la violación al procedimiento para su aprobación, así por la existencia de diversas contradicciones con la Norma Suprema de la Nación y de diversas disposiciones constitucionales y electorales del Estado de Tlaxcala.

"De este decreto, toma realicé (sic) para su amable consideración lo establecido por el tercer párrafo del artículo 257 del decreto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala (LIPET) que genera conflicto con lo establecido en el párrafo primero, después del numeral VIII del artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de elección consecutiva por ser totalmente contrario a la Máxima Disposición Normativa.

"Lo establecido por el decreto de la LIPET por el que se adicionó un artículo décimo por el que se establece un método para concretizar la llamada regla de los distritos perdedores a fin de establecer la paridad, por ser notoriamente confuso, incierto y contrario a los postulados de paridad.

"Por regresar al incumplimiento a la declaratoria de invalidez del artículo 93 de la LIPET de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicado en el Diario Oficial del 4 de diciembre de 2015, mediante el último decreto aprobado.

"La confusión en la normativa de los procesos extraordinarios, así como en la llamada cadena de custodia electoral, así como en el diseño e impresión de las boletas electorales, generando confusión en cada uno de los procesos orientados a organizar y calificar las elecciones, lo que va en contra del principio constitucional de certeza en las elecciones."

Movimiento Ciudadano:

"Las reformas a los artículos 93 y 257 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, publicadas en fecha 28 de agosto de 2020."

SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, así como Impacto Social señalaron los artículos 1o., 4o., 35, fracción II, 39, 40, 41, bases I, párrafo segundo, y V, apartados A, primer, y C, numeral 6o., artículos 94, 104, 115, 116, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1o. y 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por su parte, el PT señaló como violados los artículos 1o., 6o., 14, 40, 41, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 1, 2, 23.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, Movimiento Ciudadano señaló los artículos 1o., 14, 16, 35, 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes de manera coincidente aducen, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. Tanto los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT e Impacto Social, en el primer concepto de invalidez; así como el partido Movimiento Ciudadano en su tercer concepto de invalidez, inciso a), alegaron que el artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala es inconstitucional, al ser violatorio de lo que disponen el artículo 35, fracción VIII, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y el artículo 133 de la Constitución Federal.

En concreto, refieren que la reforma del artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala genera falta de certeza en materia electoral, toda vez que estableció una temporalidad distinta a la que establece la Constitución Local para la separación del encargo de las diputaciones que aspiren a la elección consecutiva o a algún otro cargo de elección popular.

En efecto, señalan que la Constitución Local, en su artículo 35, previó que los diputados locales se podrían reelegir hasta cuatro periodos consecutivos, pero también se determinó la separación de cargo para los funcionarios que fueron electos hasta con noventa días de participación. Por esa razón, consideran que el artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala establece una separación de treinta días y no coloca ninguna reserva sobre la manera en que se realizarán las campañas ni cómo se respetarán los recursos públicos.

Además, en otro planteamiento, los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT e Impacto Social, refieren que el artículo 253 impugnado no establece ninguna reserva sobre la manera en que se realizarán las campañas y cómo será regulado el uso imparcial de los recursos públicos, lo cual produce incertidumbre para las diputadas y los diputados en funciones que busquen reelegirse o participar en la elección de otros cargos.

2. En el segundo concepto de invalidez de los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT y Partido Impacto Social, así como en el tercer concepto de invalidez, inciso c) de Movimiento Ciudadano, se alega que es confuso, incierto y contrario a los postulados de paridad el mecanismo para determinar los distritos perdedores para efecto de garantizar la paridad en los porcentajes de candidaturas, así como en las oportunidades de acceder a los cargos mediante la prohibición de postular solamente candidatos de un género en aquellos distritos donde el partido, coalición o candidatura común no tiene expectativas de ganar la elección.

En ese sentido, se alegan violados a los artículos 2, párrafo 1, y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, así como 4, inciso j) de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Los artículos 1o., 4o., 35, fracción II, 41, bases I, párrafo segundo y V, apartados A, primer párrafo y C, numeral 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 1, 5, párrafo 2, 7, párrafo 1, 27, 104, párrafo 1, incisos a) e i), 232, párrafos 3 y 4, 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 3, párrafos 1 y 3 a 5, así como 25, párrafo 1, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 12, párrafo tercero, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.

Luego de desarrollar el concepto de paridad como la necesidad de que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres, sin discriminación alguna, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, tratados internacionales y criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advierten que en dos mil quince, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una normativa aceptada por el Tribunal Electoral para acatar lo dispuesto en el artículo tercero, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos (mecanismo para determinar los distritos con menor votación).

Se pone de manifiesto que ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni la Ley General de Partidos Políticos, establecen una metodología para determinar la forma en que se debe dar cumplimiento al principio previsto, por lo que se dejó en manos de la autoridad electoral y que fue avalado por la Sala Superior. Así, el INE divide los distritos en tres partes a partir de los niveles de votación (alto, intermedio y bajo), de forma que el análisis se hace respecto del tercio de distritos en los que se obtuvo la menor votación.

Precisado lo anterior, refieren que el decreto impugnado modificó el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala para incorporar una metodología que debería estar en la Ley General de Partidos Políticos; esto, toda vez que responde directamente al artículo 12 de la referida ley. Sustentan que ni siquiera lo ha realizado la Federación, con lo que incorporar la metodología es incongruente y va en contra de los principios de paridad.

Así, se alega que se trata de un procedimiento confuso que no garantiza su objetivo porque los partidos políticos deberán ejecutar dicho procedimiento. Continúan diciendo que no se estableció un mecanismo de control para evitar que los partidos políticos hagan uso inadecuado de la información y ubicar distritos perdedores que no lo fueran y concentrar allí a las mujeres. En ese sentido, las estadísticas del Instituto Tlaxcalteca Electoral servirán de base para no cumplir con el postulado.

En adición, argumentan que con la reforma se hace lo que el Tribunal Electoral estableció que no debía hacerse: partir la totalidad de los distritos en dos, a fin de que sólo haya distritos ganadores y perdedores, sin considerar el nivel intermedio. Si se hiciera una división en tres bloques, sería fácilmente identificable la diferencia entre los distritos con votación más alta y los que obtuvieron porcentajes más bajos, pues entre ellos habría un bloque de votación intermedia.

Estiman que la metodología del artículo impugnado no garantiza que realmente se cumpla con la regla de distritos perdedores porque utiliza la metodología de los extremos que no es la adecuada para que no se destine "exclusivamente" un género a los distritos perdedores. En adición, no se otorga ningún valor a lo que tiene que hacer el Instituto Tlaxcalteca Electoral para que sea la autoridad la que provea no sólo la información adecuada, sino que sea la que proyectó los escenarios de distritos ganadores, intermedios y perdedores para que no se viole la ley.

Por otra parte, indican que en los niveles de elección que un partido político no hubiera inscrito candidatos o planillas en el proceso electoral anterior, dicho Municipio se ubicaría en el bloque de más baja votación, lo que no garantiza la equidad en la contienda; por el contrario, es una medida que ejerce presión para dejar a las fuerzas políticas que no han tenido posibilidad de crecer.

Por lo anterior, afirman que la metodología vulnerará el principio de paridad, pues determinar los distritos perdedores genera incertidumbre e ilegalidad. Con esto, no se considera el principio de paridad previsto en los artículos 53, segundo párrafo, y 56, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, refieren que el artículo 10 de la legislación local determina que en caso de número impar, el partido asignará la candidatura restante, lo que hace presumir que está a criterio de la fuerza política y no sujeta a las reglas de paridad. Se indica que derivado de la historia política-electoral del país, no puede dejarse la paridad en manos de quien de manera voluntaria no la ha procurado: los partidos políticos. También, se alega que de forma reiterativa se establece la frase "al menos" el cincuenta por ciento o la mitad. Justo esa redacción permite que sea menor y la proporción no sea 50-50.

3. En el concepto de invalidez tercero de los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT e Impacto Social, se alega el incumplimiento a la declaratoria de invalidez del artículo 93 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de diciembre de dos mil quince. Así, se estiman violados los artículos 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1o. y 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVÉ LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA." Y la sentencia SUP-OP-027/2015.

Relatan que el artículo 93 fue declarado inconstitucional porque para ser presidente, secretario o consejero electoral de un Consejo Distrital o Municipal, no se requería cumplir con la convocatoria que emitiera el consejo general para su designación, sino con los requisitos previstos en la ley. En consecuencia, el artículo fue modificado en noviembre de dos mil quince para subsanar dicha falla; no obstante, el decreto que ahora se impugna vuelve a presentar ese error.

Destacan que en la sentencia de la Sala Superior, se estableció que los requisitos que deben reunir los aspirantes a los cargos antes mencionados, deben estar previstos en ley y no en una convocatoria emitida por el Consejo General de un organismo público electoral.

Por lo anterior, concluyen que la propuesta de incluir una nueva fracción X podría ser inconstitucional, porque aprobar las evaluaciones que implemente el Consejo General, vuelve a colocar al Instituto Tlaxcalteca Electoral por encima de la ley. Si bien se sustituyó ese numeral con la disposición que establecía "se privilegiará a quienes tengan conocimientos en materia electoral", pero no se consideró que esto generaría nuevamente el problema de inconstitucionalidad que se había superado.

Aunado a lo anterior, respecto de este mismo tema, Movimiento Ciudadano, en parte de su segundo concepto de invalidez, refiere que también existe una indebida fundamentación en el artículo 93 de la Ley Electoral Local, que en su momento fue declarado inconstitucional, pero que ahora se propone regresar al mismo vicio sin justificación alguna.

4. En el cuarto concepto de invalidez tanto de los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT e Impacto Social, como de Movimiento Ciudadano, se impugnan los artículos 106, 107, 119, 120 y 160 del decreto, ya que, a su juicio, generan confusión en la normativa de los procesos extraordinarios en la organización y calificación de las elecciones, así como en los tramos de custodia electoral y en el diseño e impresión de las boletas electorales.

En consecuencia, se estiman violados los artículos 39, 40, 41, 116, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las reglas para realizar los comicios, los principios rectores del proceso electoral, así como los artículos 25 y 95 de la Constitución Local.

Así, se duelen de que en los preceptos impugnados, se confunden los procedimientos sobre la manera en que se realizan las actividades electorales, lo que podría generar problemas en la confianza, validez y calificación de las próximas elecciones. Refieren que la ley electoral anterior a la reforma, preveía disposiciones que dejaban abierta la redacción para que pudiera interpretarse que determinado procedimiento podía aplicarse para la elección ordinaria o extraordinaria. En cambio, con la reforma, se limita a las elecciones extraordinarias y se borra la referencia a los comicios ordinarios, lo que genera confusión y falta de certeza.

Aducen que la reforma pretende innovar sobre la cadena de custodia de los paquetes electorales, pero lo hace mal, ya que introduce temas que no tienen que ver (edición e impresión de boletas electorales). Así, existen algunas disposiciones que deben ser propias y exclusivas de la autoridad electoral, porque ésta tiene el presupuesto y capacidad profesional para llevar a cabo ciertas tareas.

Asimismo, argumentan que dentro de la reforma, también hay disposición para adecuar los emblemas de los contendientes en las boletas electorales, pero se mezclan temas: en el apartado de candidaturas independientes, describe las boletas para los partidos políticos. Lo anterior, puede afectar el proceso electoral.

Finalmente, alegan que la legislación es deficiente al grado que el decreto establece que modificará la ley municipal, pero no lo hace.

5. Tanto los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, y los partidos PT e Impacto Social, en su quinto concepto de invalidez, como el partido Movimiento Ciudadano, en su tercer concepto de invalidez, inciso b) plantearon la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 313 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, por ser violatorio de lo previsto en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia P./J. 13/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señalan que dichos enunciados restringen el derecho de los ciudadanos para competir por un puesto de elección popular, ya que los requisitos no guardan una relación con las calidades de las personas, lo que les torna desproporcionados, irrazonables, discriminatorios y restrictivos del derecho al sufragio.

En esa línea, mencionan que el legislador estatal en sus constituciones o leyes, además de los requisitos o condiciones de elegibilidad que se prevén, podrá establecer otros distintos siempre y cuando sean inherentes a su persona y cumplan con los requisitos de objetividad y de razonabilidad; lo anterior a fin de no hacer nugatorio el derecho humano al voto, o restringirlo en forma desmedida, ya que ello devendría en una violación el texto constitucional.(1)

Señalaron que con relación al derecho a ser votado –previsto en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Federal; 25, inciso b), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos y Yatma Vs. Nicaragua ha señalado que los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, incluso pueden establecer restricciones a los mismos, pero siempre que ello esté previsto en ley, esté dirigido a cumplir una finalidad legítima, necesaria y proporcional en sentido estricto, es decir, que sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa, que no sea caprichosa o arbitraria, y que las restricciones al derecho estén encaminadas a protegerlo o incluso potenciarlo.

Derivado de esa línea argumentativa, los legisladores y los partidos políticos señalan que la restricción prevista en las porciones normativas impugnadas no es adecuada para alcanzar una participación democrática en condiciones de igualdad, pues limita el voto pasivo, al poner prohibiciones excesivas para acceder a la postulación de una candidatura.

Máxime porque el precepto impugnado no sólo establece requisitos adicionales a los señalados en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(2) sino que carece de elementos razonablemente necesarios para garantizar el ejercicio transparente, cierto, objetivo, imparcial y efectivo del derecho fundamental de acceso a los cargos de elección popular y de forma indirecta pone en peligro el derecho a votar.

6. Finalmente, en el sexto concepto de los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Tlaxcala, el PT e Impacto Social, se estiman violados los artículos 14, 16, 41 y 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal; en tanto existen vicios en el procedimiento de emisión, promulgación y publicación de las normas del decreto que vulneran los principios constitucionales de régimen democrático, representativo, los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, así como las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación; lo que estiman, se traduce en infracción de los derechos humanos de participación directa de la ciudadanía en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos.

En concreto señalan las siguientes violaciones al proceso legislativo del Decreto 215:

• Primero, destacan que el decreto no fue avalado por la totalidad de las y los diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Tlaxcala porque careció del tiempo de análisis suficiente para instrumentar disposiciones adecuadas y coherentes con el modelo constitucional del Estado.

Aducen, que el dictamen fue puesto a consideración por la mayoría de las y los integrantes de las Comisiones Unidas y tuvo tres modificaciones de fondo en sólo seis días naturales, lo que implicó con cada nueva versión iniciar desde cero los trabajos. Así pues, aducen una falta de seriedad en la metodología que impacta en la falta de certeza jurídica.

• Señalan que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, una mayoría formada por quince legisladores decidieron aprobar la integración de una mesa directiva que no cumplió con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, la cual dispone que debe ser integrada con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, esto es, diecisiete diputados en ese momento, con la finalidad de aprobar el paquete en materia electoral.

Lo cual sostienen, no permitió tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública a razón de que la votación de la legislación impugnada se dio en el contexto de una mesa directiva que no estuvo debidamente constituida.

• Lo anterior, pues al haberse constituido por una mayoría de quince diputados y no de diecisiete de conformidad con lo exigido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se colige un vicio en el origen de la expedición de la norma, toda vez que el acto legislativo es una unidad indisoluble y al existir una falla en una de sus partes constitutivas, se contamina la totalidad del mismo.

• Refieren, que el dictamen fue aprobado sin la presentación previa del dictamen de minoría, que derivó del análisis de la reforma electoral, elaborado bajo la figura de parlamento abierto, amparados en el artículo 132 del Reglamento Interno del Congreso.

• El decreto es ilegal, pues vulnera la certeza en el próximo proceso electoral y genera espacios de incertidumbre y probable utilización indebida de recursos públicos.

• Asimismo, hacen valer la invalidez del procedimiento de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.

Sostienen que las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de ese Estado, publicado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, viola los artículos 14, 16, 41 y 105 penúltimo párrafo de la Constitución Federal.

Lo anterior, pues sostienen que la publicación que se hiciera de las reformas en materia electoral en el Estado, en el Periódico Oficial se realizó de manera extemporánea; ello, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Federal y las leyes electorales, deben publicarse en el Diario Oficial noventa días antes de que inicie el proceso electoral local en que tendrá aplicación y durante el mismo no habrá modificaciones legales.

Así pues, en el caso de Tlaxcala el proceso para renovar gobernador, diputados locales y Ayuntamientos, inicia el veintinueve de noviembre de dos mil veinte, así pues, los noventa días previos a la fecha señalada es el uno de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que a más tardar debió publicarse en el Diario Oficial de Tlaxcala cualquier reforma en materia electoral, lo que en el caso no aconteció.

Ello pues, consta una publicación de tres de septiembre, en "La Jornada del Oriente" periódico de mayor circulación en el Estado de Tlaxcala (la cual refieren como prueba anexa), donde se señala que hasta ese día no se había publicado en el Diario del Estado la reforma electoral que realizó el legislador en aquella entidad federativa. También hacen referencia a una impresión de pantalla del Periódico Oficial de Tlaxcala de tres de septiembre de dos mil veinte, del que se desprende que a ese día no se había publicado la reforma electoral en cita y, que dicha reforma en realidad fue publicada hasta el nueve o diez de septiembre del año en curso, fechado el día veintisiete de agosto de dos mil veinte, lo que resulta falso.

Ante ello, se considera inconstitucional que la publicación de las reformas electorales en Tlaxcala, fueran publicadas fuera del término legal establecido en la Constitución Federal, por lo que se debe tener por no realizada.

• Indebidamente se tomó en consideración la opinión del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por encima del organismo público local Electoral, pues se trató de una estrategia política para influir en el trámite de una denuncia en materia de violencia política, interpuesta por los promoventes en contra de la reestructuración política y administrativa del Congreso.

El partido político Movimiento Ciudadano, hizo valer en su primer concepto de invalidez las siguientes violaciones al proceso legislativo:

En adición a las demás cuestiones que al igual que el resto de los accionantes hace valer como violaciones al proceso legislativo, refiere que, también se transgreden los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Lo anterior, pues la ley emitida con vicio de origen puede justificar actos de privación, no se siguen las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales deben interpretarse armónicamente con el artículo 72 de la ley orgánica en cita y al no hacerlo impide al gobernado tener certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias.

CUARTO.—Admisión y acumulación de las acciones. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 265/2020, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.

Luego, mediante respectivos proveídos de esa misma fe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30049-fb99cb84/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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