COSTAS. CONFORME AL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, DEBE CONDENARSE AL ACTOR A SU PAGO SIEMPRE QUE NO OBTENGA RESOLUCIÓN FAVORABLE, AUN CUANDO NO SE HAYA ANALIZADO EL FONDO DEL ASUNTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUGO SAHUER HERNÁNDEZ, J. JESÚS CONTRERAS CORIA, OMAR LIÉVANOS RUIZ, FERNANDO LÓPEZ TOVAR Y PATRICIA MÚJICA LÓPEZ. PONENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁVILA.
Morelia, Michoacán. Acuerdo del Pleno del Decimoprimer Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 2/2015, sustentadas, entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. El Magistrado Guillermo Esparza Alfaro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, denunció ante el Pleno del propio circuito, la posible contradicción de criterios, entre el emitido por ese órgano jurisdiccional al fallar los amparos directos 136/2015 y 411/2015, frente al criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, en las resoluciones dictadas en los amparos directos 1062/2011, 663/2011 y 531/2012.(1)
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. En auto de cuatro de agosto de dos mil quince,(2) el presidente del Pleno del Decimoprimer Circuito formó y registró el expediente de contradicción de tesis, bajo el número 2/2015; y el diecinueve de ese mismo mes y año lo admitió a trámite, por lo cual mandó que se agregaran a los autos las copias certificadas de las resoluciones emitidas por los órganos de amparo; asimismo, ordenó que se tuviera disponible la versión electrónica de las resoluciones indicadas.
Asimismo, ordenó se diera vista por el término de treinta días al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que, si lo estimaba conveniente, expusiera su parecer; además que se informara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, sobre la admisión de la presente contradicción de tesis, enterándola de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y su tema.
Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince,(3) el Magistrado presidente del Pleno del Decimoprimer Circuito determinó que el asunto se encontraba debidamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de tesis, por lo que ordenó el envío del asunto al Magistrado Víctorino Rojas Rivera, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 11 y 12 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el veintidós de enero anterior, se llevó a cabo la sesión protocolaria de instalación del Pleno del Decimoprimer Circuito, para el periodo dos mil dieciséis, con apoyo en la fracción XI del numeral 13, así como del 46 del mismo cuerpo normativo, se ordenó el returno de la presente contradicción de tesis al Magistrado Hugo Sahuer Hernández, en su calidad de integrante del Pleno, para los efectos señalados en el auto dictado el dieciséis de octubre de dos mil quince.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito. Esto por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios, entre Tribunales Colegiados de este Décimo Primer Circuito, en el que este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito, proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo.
Es así, porque fue formulada por el Magistrado Guillermo Esparza Alfaro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito; órgano que emitió uno de los criterios contendientes, al resolver los juicios de amparo directo 136/2015 y 411/2015.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos criterios se dicen discordantes.
3.1 Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito
Éste fue emitido al resolver los juicios de amparo directo 663/2011, 1062/2011 y 531/2012, en los que ha sostenido, esencialmente, que conforme al sistema de condenación en costas de la legislación adjetiva civil para Michoacán, el actor que no obtiene resolución favorable, debe ser condenado a su pago. Esto con independencia de que la resolución que puso fin al juicio no haya abordado el fondo del asunto.
a) Amparo directo civil 663/2011
En lo que interesa para el caso, en tal resolución se estimó en principio que el artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, ordena que en toda sentencia definitiva o interlocutoria se hará forzosamente condenación en costas, por lo que tal obligación no es aparente, como lo sostuvo el ahí quejoso.
Se añadió que no se advertía motivo jurídicamente válido para calificar de diferente o sui generis ese asunto en concreto, y que por ello no le resultaran aplicables los criterios jurídicos existentes. Esto, pues si el ahí quejoso, en su calidad de actor en el juicio natural, no obtuvo resolución favorable sobre alguna de sus pretensiones, entonces fue legalmente válido que se le condenara al pago de gastos y costas del juicio, porque así lo previene el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que en la parte que interesa dispone que; "Siempre serán condenados en costas: el litigante que no obtenga resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda."
El Tribunal Colegiado de Circuito estableció que, contrario a lo que alegó el quejoso, ese precepto legal no condiciona la imposición de la condena en costas a la circunstancia de que el órgano jurisdiccional, analice el fondo de la cuestión planteada, pues basta que uno de los litigantes no obtenga resolución favorable sobre alguno de los puntos de su demanda, para que prospere la condena al pago de las costas del juicio, como ocurrió en ese caso; por lo que no había razón para analizar si se obró con malicia o temeridad en términos del artículo 138 de ese mismo ordenamiento legal.
b) Amparo directo civil 1062/2011
En lo que es relevante para la presente contradicción de tesis, en tal resolución se consideró implícitamente que en el juicio natural no existió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, porque la acción fue desestimada tras advertir que se actualizó la cosa juzgada refleja. En ese entendido, se estimó que del artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, se desprende que en toda resolución definitiva, dictada en asuntos de carácter contencioso, debe hacerse condena en costas, determinando cuál de las partes debe soportarla.
En tanto que del artículo 137 del mismo cuerpo legal, se colige que la condena en costas, debe ser obligatoria en dos casos específicos: el primero, cuando no se obtenga resolución favorable sobre ninguno de los puntos de la demanda, en cuyo caso las debe soportar el actor; y el segundo, cuando existe condena de absoluta conformidad con las prestaciones demandadas, supuesto en el que la imposición debe correr a cargo del reo.
Ese órgano colegiado explicó que tal precepto adopta la teoría del vencimiento o sucumbencia, bajo un criterio de aplicación estricta o absoluta, que no otorga al órgano jurisdiccional la facultad de valorar, cuándo aplicar o no la condena al pago de costas, pues su imposición deriva del sentido mismo de la sentencia.
Finalmente -explicó- otro supuesto de condenación en costas, deriva de aquellos casos en los que existe una condena o absolución parcial. Atendiendo a esa situación, el código las regula dependiendo de la conducta procesal asumida por las partes dentro del juicio relativo; en cuyo caso, el juzgador debe atender a una valoración subjetiva que tiene su origen en la malicia o la temeridad de los contendientes.
Con base en la anterior exposición, ese Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que si los aquí quejosos no obtuvieron resolución favorable, respecto de alguna de sus reclamaciones (en virtud de la existencia del litisconsorcio pasivo necesario), entonces sobre ellos debía recaer la condena al pago de las costas judiciales de primera instancia, porque es una consecuencia legal y necesaria del sentido de la decisión, sancionada por la primera parte del numeral 137 ya citado.
El órgano de control constitucional acotó que no impedía decretar la condena a su cargo, el que no se haya analizado el fondo del asunto (haciendo pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de las prestaciones, y sobre el éxito que pudieran tener las excepciones y defensas planteadas por el demandado), ya que el artículo 137 no condiciona a la imposición de la condena, a que se analice el fondo de la cuestión planteada, sino que únicamente la sujeta al sentido adverso de la sentencia definitiva.
Así, estimó que si la causa invocada por los ahí solicitantes del amparo no está prevista en el código procedimental como un motivo para exonerarlos del pago de las costas judiciales de primera instancia; su argumento no podía tener el efecto pretendido.
El Tribunal Colegiado de Circuito argumentó que admitir que cuando no se analiza el fondo de la controversia, no procede hacer condena en costas, implicaría desconocer, primero, la regla de condenación que existe atendiendo al sentido del fallo; y segundo, desnaturalizar la intención del legislador de resarcir económicamente a aquella parte que de manera injustificada fue llamada en un proceso jurisdiccional, en el que tuvo que realizar determinadas erogaciones para salir a la defensa de sus intereses; lo que sería en perjuicio de quien resultó beneficiado con el sentido de la resolución.
Agregó que no se puede estimar que ninguna de las partes obtuvo sentencia favorable, por el hecho de haberse dejado a salvo los derechos de los ahí quejosos, pues si su reclamo no logró fructificar, esa circunstancia beneficia al reo, por no tener que responder, al menos de momento, de ninguna de las prestaciones demandadas.
Por último, dejó establecido que de conformidad con el artículo 138 del código instrumental del ramo, la malicia y la temeridad de las partes, son elementos a los que se debe acudir, pero sólo cuando existe una condena o absolución parcial, que no fue el caso.
c) Amparo directo civil 531/2012
En la resolución dictada en ese juicio constitucional, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que si los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Civiles, prevén el pago forzoso de costas en juicios contenciosos y el cargo de éstas al litigante que no obtenga resolución favorable sobre ningún punto, como aconteció en ese caso; entonces era inconcuso que la condena en costas impuesta al demandante ahí quejoso fue correcta.
Esto, porque el juicio del que emanó el acto reclamado era contencioso y no obtuvo sentencia favorable sobre ninguno de los puntos pretendidos, atento a que la acción fue improcedente por no haberse satisfecho un presupuesto procesal, lo que incluso le generó la reserva del derecho discutido, para que lo hiciera valer como estimara conveniente.
De manera que -en consideración de ese órgano colegiado- si la demandada y entonces tercero perjudicada fue obligada a ejercer su derecho de defensa, es válido que se le indemnice por la asesoría legal que se vio constreñida a erogar, aun cuando el quejoso no se haya conducido con temeridad o mala fe; habida cuenta que la condena impuesta se sustenta en el sistema del vencimiento y no en el de la temeridad. Invocó al respecto la tesis del contenido siguiente:
"COSTAS. PROCEDE SU CONDENA AUN CUANDO NO SE HUBIERA EXAMINADO EL FONDO DE LA CONTROVERSIA, POR FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-El artículo 1.227, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé que el actor está obligado a pagar costas a su contraria, por el solo hecho de no ser acogidas sus prestaciones, lo que denota la voluntad del legislador de restituir al demandado de las erogaciones motivadas por la contienda; de manera que si el demandado fue obligado a ejercer su derecho de defensa y por falta de integración de la relación jurídico procesal, no prosperaron las prestaciones del actor, dejándose a salvo sus derechos, es legal establecer la obligación de este último, a cubrir las costas erogadas por su contraria, aun cuando no se hubiera analizado el fondo de la controversia, ya que, de cualquier forma, no obtuvo sentencia favorable en cuanto a sus prestaciones en un litigio en el que fue llamado a juicio el demandado, lo que le irroga molestias y perjuicios que se traducen en costas que lesionan su patrimonio; por lo que esa actitud del actor, debe sancionarse, mediante la respectiva condena al pago de costas."(6)
Así como la jurisprudencia siguiente:
"HONORARIOS DE ABOGADOS. CUANDO UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE DECLARA IMPROCEDENTE, SE RESERVAN DERECHOS DEL ACTOR Y SE CONDENA EN COSTAS, AL RESOLVER EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO SERÁ INDETERMINADA (ARANCEL DE ABOGADOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-De la interpretación sistemática de los artículos 6o. y 12 del Arancel de Abogados en el Estado de Nuevo León, que establecen la fórmula para pagar los honorarios por cuantía determinada e indeterminada, respectivamente, se concluye que tratándose de un juicio ejecutivo mercantil resuelto por sentencia en la que se declara improcedente la acción por no satisfacerse un presupuesto procesal, se reservan derechos del promovente para que los haga valer en la vía que estime conveniente y se condena en costas, al liquidarlas en concepto de honorarios de abogados que patrocinaron el juicio, la cuantía del negocio se considerará indeterminada. Ello es así, porque con la reforma de 1988, al artículo 6o. del mencionado Arancel, que establece que la cuantía del negocio se calculará mediante una cuota fija consistente en un porcentaje, se sustituyó el término ‘suerte principal’ por la expresión ‘obtenido’ para referirse a lo alcanzado en juicio, es decir, a la sentencia definitiva, de manera que para el cálculo de los honorarios debe considerarse el monto determinado en la sentencia que concluyó el juicio, pues aun cuando desde la presentación de la demanda se conoce el monto de las prestaciones reclamadas, es hasta la sentencia que el órgano jurisdiccional decide, ya que puede condenar o no al demandado al pago de dichas prestaciones. Esto es, si no hay un reconocimiento del derecho de las partes, en virtud de que no se estudió el fondo de la litis, resulta evidente que en la sentencia no consta una base para fijar el porcentaje de lo obtenido, por lo que la declaración en el sentido de dejar a salvo los derechos del actor es lo obtenido en el juicio, lo cual no es cuantificable pecuniariamente, por lo que al tratarse de un juicio contencioso cuya cuantía es indeterminada, para la tramitación del incidente de liquidación de los honorarios debe estarse a lo dispuesto en el aludido artículo 12, toda vez que el vocablo ‘obtenido’ demuestra la intención del legislador de sancionar al que promueve un litigio sin justificación en detrimento de quienes son llamados a defenderse."(7)
3.2 Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito
Ese órgano de control constitucional considera, por el voto de la mayoría(8) de sus integrantes, que sólo debe imponerse condena al pago de costas cuando el litigante no haya obtenido resolución favorable porque en la resolución definitiva se haya abordado el fondo del asunto. Esto al resolver en los mismos términos los juicios de amparo directo 136/2015 y 411/2015, en los que consideró lo siguiente:
En el amparo 136/2015, comenzó por interpretar el artículo 782 del Código Familiar del Estado, que (al igual que el Código de Procedimientos Civiles) establece que en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas.
Luego explicó que de conformidad con el diverso numeral 783, cuando a juicio del Juez ninguna de las partes haya obrado con malicia o temeridad, cada una de ellas soportará las costas que hubiere erogado.
Asimismo señaló que el ordinal 784 de ese cuerpo de leyes, dispone que son aplicables a los procedimientos de carácter familiar las disposiciones contenidas en el capítulo "de las costas" del Código de Procedimientos Civiles, en lo que no se opongan a lo previsto en los artículos citados.
En ese tenor, ya en ambas sentencias de amparo, cuyo criterio aquí contiende,(9) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, aunque en un caso no fue justificación de la sentencia, interpretó los artículos 136, 137 y 138 de la ley adjetiva civil.
Para ese órgano jurisdiccional, de todos esos preceptos se desprende la adopción de dos sistemas: a) el sistema subjetivo, conforme al cual sólo debe condenarse al pago de los gastos y costas a la parte que se haya conducido en el proceso con temeridad o mala fe; y, b) el sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de los gastos y costas a la parte que haya sido vencida en el juicio, cuya prueba es la propia sentencia.
Es decir, que en esa segunda hipótesis, el legislador acogió la "teoría del vencimiento", conforme a la cual, para su imposición no se atiende a elementos subjetivos como el dolo y la mala fe, sino al hecho objetivo y de fácil determinación: quien resulte vencedor en el juicio. Esto es, que en un primer supuesto, deberán sufragarse por la actora cuando la acción intentada resulta improcedente, pues su actitud irreflexiva fue la causa determinante del indebido llamamiento a juicio de su contraparte, lo que lógicamente le ocasionó molestias, contradicciones, erogaciones y perjuicios que se traducen en costas judiciales que afectan su patrimonio; por tanto, esa actitud indebida e irreflexiva es la que sanciona la ley.
Así también, consideró ese órgano colegiado, en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará condena en costas.
Explicó que el carácter contencioso se genera debido a las posturas contrarias de las partes contendientes, es decir, existe una disputa. Luego de narrar los antecedentes de cada caso, estableció que aun cuando se esté en presencia de un asunto contencioso y que proceda la condena en costas; no es procedente hacer tal condena sobre la base del sistema de vencimiento, porque la resolución del juicio de origen no resolvió el litigio, pues no se dio contestación a las pretensiones de un litigante contra su adversario.(10)
Por tanto, en consideración de ese órgano de control constitucional, no puede estimarse a los actores como parte vencida porque no hayan obtenido sentencia favorable, pues la declaratoria (de incompetencia en un caso, y de improcedencia de la vía en el otro) no implica la terminación del juicio, ya que subsiste la posibilidad de los accionantes de obtener sus pretensiones, puesto que su derecho a exigirlas no se ha extinguido.
De igual manera, esa resolución (la de incompetencia en un caso y la de improcedencia de la vía en el otro) no puede considerarse que dé contestación a las pretensiones de un litigante contra su adversario, toda vez que no resuelve la existencia de un litigio, pues no da la declaración de derecho contraria a sus pretensiones; es decir, no se podría determinar que la acción principal ya no exista, por lo que en dicha hipótesis se debe decir que no hay vencimiento, puesto que no concurren los elementos necesarios para caracterizarlo.
El Tribunal Colegiado de Circuito estimó que ese criterio es el mismo que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 185/2005, que estimó aplicable al caso y es del tenor siguiente:
"COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE LA CONDENA A SU PAGO CUANDO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA SE DECLARA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).-Conforme a dicha disposición, siempre será condenado a pagar costas el que intente un juicio ejecutivo y no obtenga sentencia favorable, de donde se advierte que la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio adopta la teoría del vencimiento conforme a la cual la condena se determina siempre por el resultado del proceso, lo que da al actor la calidad de vencido cuando no acredite la procedencia de su acción. En ese sentido, se concluye que en los juicios ejecutivos en los que se emita sentencia interlocutoria que declare procedente la excepción de incompetencia hecha valer por la vía declinatoria y se remitan los autos a un Juez diverso, no se surte el supuesto contenido en la fracción aludida y, por tanto, no procede la condena al pago de costas, pues esa resolución no resuelve el litigio planteado y, por ende, no puede conceptuarse al actor como parte vencida, dado que el resultado del proceso objetivamente no le ha sido adverso, ya que la incompetencia por declinatoria sólo implica que un diverso juzgador se avocará al conocimiento de la contienda para resolver lo que legalmente corresponda. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la condena en costas también pueda decretarse a través de sentencias interlocutorias, pero solamente será por aquellas que impidan el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión principal planteada."(11)
En ese orden de ideas, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, concluyó en ambos amparos que no procede la condena en costas, porque no puede considerarse que se haya obtenido sentencia favorable si ni siquiera se analizó la acción principal. Por lo que fue correcto que la sala responsable, considerara acertada la determinación de la Jueza de origen, ya que en el caso tampoco, puede determinarse que las partes actuaron con malicia o temeridad.
CUARTO.-No existe la contradicción de tesis respecto del amparo directo civil 136/2015 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y los criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil.
4.1 Elementos que configuran la existencia de criterios discordantes
Como presupuesto indispensable para emitir un pronunciamiento de fondo, se debe dilucidar ante todo si se actualiza o no la existencia de dos criterios discrepantes, que haga necesaria su resolución por parte de este Pleno del Decimoprimer Circuito. Examen del cual, se desprende que existe la contradicción de criterios denunciada.
Para una mejor comprensión de lo anterior, es necesario precisar que en el desarrollo del derecho jurisprudencial interno, se ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales al resolver los asuntos que son de su competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho -integren jurisprudencia o no-, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o se coincida en aspectos secundarios.(12)
En ese sentido, para que exista contradicción de tesis, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme, respecto de un mismo tema; de forma que los elementos para que se actualice tal contradicción, consisten en que los Tribunales Colegiados de Circuito hayan:
a) Examinado una misma cuestión jurídica.
b) Arribado a conclusiones disímiles.
4.2 Sentado lo anterior, se colige que uno de los juicios de amparo, el 136/2015, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, si bien participa de la presente contradicción no existe con ese criterio; puesto que proviene de un juicio del orden familiar, resuelto conforme a las reglas del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Tal circunstancia determina que, respecto de ese juicio, no exista la contradicción de tesis, puesto que a esa clase de juicios (los familiares), le resulta aplicable una regla propia y diferente de la que opera para el resto de los juicios civiles.
Aun cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil citó las disposiciones jurídicas del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, relativas a los artículos 136, 139 y 138, en la resolución del caso 136/2015, ha de puntualizarse que no fue justificación de la sentencia de amparo, sino sólo una referencia que no incidió por tratarse de la materia familiar y no de la civil; sin que los casos provenientes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil hayan sido del orden familiar y, por eso, menos interpretó los artículos 782 y 783 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.
De manera que en lo concerniente a los juicios familiares, al contar con un sistema de condenación propio, no existe la contradicción entre los criterios de los tribunales ni, por consiguiente, se verá sujeto a las consideraciones que se verterán para resolver la divergencia de opiniones jurídicas y unificar un criterio; el cual, por ende, se constriñe estrictamente a los juicios que se sustancian conforme al Código de Procedimientos Civiles.
QUINTO.-En cambio, sí existe la contradicción de tesis por lo que ve al resto de las sentencias dictadas por ambos Tribunales Colegiados de Circuito.
5.1 Los tribunales contendientes analizaron el mismo problema jurídico
Y por ello se actualiza el primero de los elementos antes precisados, pues conforme a la síntesis efectuada en el considerando "tercero" de esta resolución, ambos examinaron los artículos del 136 al 138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que regulan la condena al pago de costas en los asuntos de carácter contencioso.
Lo que revela que en ambos casos se sometió a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el problema jurídico siguiente:
Determinar si debe o no condenarse al pago de costas al demandante que no obtuvo resolución favorable, en los casos en que la sentencia o resolución que puso fin al juicio no resolvió el fondo del asunto, es decir, cuando no se emitió un pronunciamiento sobre lo fundado o infundado de las pretensiones sustantivas hechas valer por quien instó el juicio.
5.2 Las soluciones -que cada órgano jurisdiccional estimó como correctas- son disímbolas
Es así, pues como se ha expuesto, bajo la consideración del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y concretamente su artículo 137, permite inferir que debe ser condenado al pago de costas el demandante por el simple hecho de no obtener resolución favorable, por lo que es irrelevante que se haya o no examinado el fondo de la cuestión litigiosa.
Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil consideró que esa condena sólo debe efectuarse cuando no se haya obtenido resolución favorable por haberse desestimado la pretensión de fondo, o sea, que no debía condenarse al pago de costas en los casos en los que el juicio finalizó por una cuestión previa al fondo (como la incompetencia del juzgador o la improcedencia de la vía).
5.2.1 No es obstáculo para estimar que existen criterios disidentes, la circunstancia de que en las sentencias de ambos Tribunales Colegiados de Circuito se haya dejado de examinar el fondo del asunto por motivos distintos.
En las resoluciones emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, se consideró que no existieron sentencias de fondo, porque se advirtió un litisconsorcio pasivo necesario (amparos 1062/2011 y 531/2012), y se desestimó la acción tras advertir que se configuraba la cosa juzgada refleja (amparo 663/2011).
Y por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, se decretó la improcedencia de la vía (amparo 411/2015).
Tales circunstancias no significan que los Tribunales Colegiados de Circuito hayan examinado cuestiones jurídicas distintas, pues las razones o motivos que pudieron tener para concluir que en esos casos no se abordó el fondo del asunto, son ajenas al problema jurídico que se atendió por ambos tribunales. Lo relevante para este caso es que los órganos contendientes partieron de la premisa de que en ninguno de esos casos se abordó el fondo del asunto; y tal es la premisa que funda el problema jurídico que es materia de la presente contradicción; determinar si en todos los casos en que no se obtenga sentencia favorable, se debe condenar al demandante al pago de las costas de su contraparte, con independencia de que se haya o no examinado el fondo del asunto.
Conclusión anterior que se orienta, por lo que ha estimado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de favorecer la resolución de contradicciones de tesis, cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26329-be05f70e/costas-conforme-al-articulo-137-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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