GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ, ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS, HÉCTOR RIVEROS CARAZA, ANASTACIO MARTÍNEZ GARCÍA Y GRACIELA GUADALUPE ALEJO LUNA. DISIDENTES: MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY, MARTÍN SOTO ORTIZ Y ANTONIO SOTO MARTÍNEZ. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito y de la misma especialización.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes:
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Resolvió el juicio de amparo directo número 991/2013 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (órgano jurisdiccional auxiliado), respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:
********** promovió juicio ordinario civil, en contra de **********, **********, en su carácter de albacea y adjudicataria de los bienes de **********, así como del notario público número ********** y del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de Veracruz, Veracruz, de quienes reclamó diversas prestaciones.
**********, con el carácter ya indicado, dio contestación a los hechos de la demanda, opuso las excepciones y defensas correspondientes y ofreció los medios de convicción que estimó pertinentes.
Los demás codemandados fueron declarados rebeldes, al no haber dado contestación a la demanda.
Seguido el juicio por sus etapas legales, el veintiocho de junio de dos mil diez, el Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, dictó la sentencia correspondiente, en la que resolvió que la parte actora acreditó parcialmente su acción; condenándola -en parte- al pago de los gastos y costas del juicio, por no haber obtenido sentencia a su favor.
Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la que, por sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil trece, resolvió modificar la diversa de primer grado.
Contra esa sentencia, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; el cual, mediante ejecutoria dictada el siete de febrero de dos mil catorce, resolvió negar el amparo solicitado, bajo las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:
"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son jurídicamente ineficaces.
"Antes de proceder a su análisis, se estima indispensable esbozar una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado.
"I. Marco referencial
"(se transcriben dichos antecedentes)
"II. Delimitación de la litis constitucional
"Tomando en cuenta que en materia civil rige el principio de estricto derecho y que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable, se estima necesario acotar lo que es materia de la litis en el juicio uniinstancial, a fin de que exista identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es objeto de controversia en el amparo, esto es, las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales.
"En ese orden, se advierte que en los conceptos de violación se plantean dos argumentos torales, consistentes en que:
"A. La resolución reclamada viola el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al habérsele condenado a pagar los gastos y costas a la demandada **********, por supuestamente no haber obtenido resolución favorable respecto a las prestaciones reclamadas a dicha parte, lo que no es verdad -dice-, porque la sentencia sí le fue favorable, tan es así que se condenó a ********** a otorgar la escritura respectiva, además de que, de no haber llamado a los colitigantes, no se hubiera integrado el litisconsorcio pasivo necesario. Invoca la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA CUANDO EL SUPERIOR MODIFICA O REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.’
"B. Es incorrecto que se le haya condenado a cubrir gastos y costas en favor del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y titular de la Notaría Pública Número **********, ambos de Veracruz, Veracruz, pues éstos fueron declarados rebeldes, por lo que ninguna erogación realizaron y, en consecuencia, no hay importe alguno que realizar. Para apoyar su dicho, cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de voz: ‘GASTOS Y COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL JUICIO SE SIGUE EN REBELDÍA DEL DEMANDADO Y ÉSTE NO REALIZA NINGUNA EROGACIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’
"Ahora bien, en relación con el tema de las costas, se advierte que la Sala sostuvo que: (se sintetizan las consideraciones sustento de la sentencia combatida).
"Una vez delimitada la litis constitucional, se procede al análisis de los conceptos de violación que se formulan en la especie.
"III. Estudio de los conceptos de violación
"Atendiendo a lo antes expuesto, es inoperante el primer concepto de violación, pues ya fue motivo de análisis por parte de la Sala responsable el argumento de la parte quejosa relacionado con que fue incorrecta la condena en costas, en razón de que la sentencia le fue parcialmente favorable, el cual desestimó con base en que las acciones deducidas, en relación con cada uno de los codemandados que resultaron absueltos son distintas a aquella que sí prosperó.
"Esto es, la autoridad del conocimiento señaló a la parte apelante y aquí promovente del juicio de amparo, que debido a que se trataba de acciones distintas, no podía considerarse que la sentencia apelada resultara favorable respecto de aquellos colitigantes que no fueron condenados; de ahí que resultara aplicable el texto del artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.
"Sin embargo, como se advierte de la demanda de amparo, dichas consideraciones no son controvertidas por la aquí quejosa, quien se limita a reiterar aquello que adujo ante la Sala de alzada, mas nada dice en relación con las consideraciones por las cuales la responsable desestimó el agravio en comento.
"De ahí que, al no haberse combatido eficazmente las consideraciones en mención, éstas deben permanecer firmes rigiendo el sentido del fallo reclamado, al margen del criterio que este Tribunal Colegiado de Circuito pudiera tener sobre el particular.
"Es aplicable, en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’ (se transcribe texto y, como nota al pie, el número de registro y datos de localización)
"Por otra parte, se estima jurídicamente ineficaz el diverso argumento de la quejosa relacionado con que no procedía condenarla a cubrir gastos y costas en favor de los demandados que fueron declarados rebeldes, pues -dice- esa circunstancia permite colegir que éstos ninguna erogación realizaron y, en consecuencia, no hay importe alguno qué deducir en su favor, argumento que se apoya en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, contenido en la tesis VII.1o.C.84 C, de rubro y texto siguientes:
"‘GASTOS Y COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL JUICIO SE SIGUE EN REBELDÍA DEL DEMANDADO Y ÉSTE NO REALIZA NINGUNA EROGACIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe texto y, como nota al pie, el número de registro y datos de localización)
"No obstante, este Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar no comparte el criterio sustentado en dicha tesis y, por tanto, como ya se dijo, estima ineficaz el argumento en estudio.
"Ello es así, en razón de que, a pesar de que en su epígrafe dicha tesis señala como requisitos para absolver al actor del pago de gastos y costas, que el juicio se hubiere seguido en rebeldía del demandado y éste no hubiera realizado ninguna erogación por ese concepto, de su texto se observa que su argumento central reposa en la circunstancia de que, al no comparecer al juicio, resulta obvio que ningún gasto judicial de los previstos en los preceptos que ahí se citan erogó en su defensa y, por ende, no hay obligación de pagar los gastos y costas apuntados que imponen los preceptos en cita, a pesar de que el fallo de primer grado haya sido adverso al actor, al ser evidente que no se erogó gasto alguno por promociones, pruebas, actuaciones y honorarios de abogado patrono a que aluden los propios numerales, de donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito obtiene que, en ese caso, es improcedente la condena al pago de la prestación en comento.
"Empero, atendiendo al texto literal del artículo 104 del Código Civil (sic) para el Estado de Veracruz, siempre será condenado al pago de gastos y costas que incluirán los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren; enunciado normativo que, en opinión de este órgano colegiado auxiliar, no admite la excepción en comento, pues la eventual circunstancia de que no hayan existido erogaciones por parte del litigante rebelde solamente puede ser motivo de análisis en sección de ejecución, sin que sea dable (aun por economía procesal) asumir como un hecho cierto que dichos gastos no existieron, pues ello implicaría partir de una mera inferencia, aunque lógica en apariencia, que podría conducir a situaciones injustas, pues podría darse el caso de que -verbigracia- un colitigante, habiendo contestado la demanda, lo haya hecho en forma extemporánea, situación que, aunque implicara formalmente que incurrió en rebeldía, no excluye la posibilidad de que haya realizado erogaciones para solventar su deficiente defensa. Incluso, la omisión de la parte demandada de formular su respectiva contestación puede deberse a una auténtica estrategia defensiva.
"Esto es, si se atiende a la lógica para dejar de condenar al pago de gastos y costas, podría llegarse al extremo, por ejemplo, de que cuando en un juicio se observe que una de las partes fue asesorado por un familiar (por ejemplo el cónyuge o alguno de los progenitores), lógica y necesariamente se pueda deducir que no le realizó cobro alguno por sus servicios y, por ende, no procede condenar en gastos y costas, al ser evidente que no se erogó gasto alguno por promociones, pruebas, actuaciones u honorarios de abogado patrono.
"Como puede apreciarse de los casos anteriormente plasmados a guisa de ejemplo, tienen como rasgo en común que en todos ellos se estaría prejuzgando en torno a esos aspectos, con base en meras inferencias.
"Lo antes considerado encuentra sustento, además, en la circunstancia de que, como correctamente lo sostuvo la Sala responsable, el sistema legal del Estado de Veracruz no contempla como elemento para su imposición la mala fe o temeridad de las partes, sino únicamente la teoría del vencimiento, es decir, que debe pagarlos el vencido en favor del vencedor en juicio, siempre que un litigante no obtuviere resolución favorable.
"Máxime si la Constitución Federal establece, en el último párrafo de su artículo 14, que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, lo que excluye la posibilidad de integrar un supuesto normativo que el legislador local no tuvo intención de plasmar, pues de otra forma hubiere utilizado una redacción diferente, tal como: ‘Quedarán exceptuados de lo dispuesto en este dispositivo los siguientes casos: ...’
"De ahí que, por las razones que anteceden, deba desestimarse el argumento de que se trata.
"IV. Conclusión
"En las relatadas circunstancias, al ser, según se ha visto, jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que fueron formulados, lo que procede en la especie es negar el amparo solicitado."
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Resolvió el juicio de amparo directo número 11/2007, respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:
********** promovió juicio especial hipotecario en contra de ********** y **********, de quienes reclamó diversas prestaciones.
Los referidos demandados no dieron respuesta a la expresada demanda dentro del término legal que se les concedió, razón por la cual, el juzgador ordinario ordenó que se turnaran los autos para dictar sentencia.
El quince de mayo de dos mil seis, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, dictó la sentencia correspondiente, en la que resolvió que la parte actora no justificó la procedencia de la vía, dejando a salvo sus derechos y, como consecuencia de ello, la condenó al pago de los gastos y costas generados con motivo de dicha instancia.
Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la que, por sentencia de veintinueve de agosto de dos mil seis, resolvió confirmar la diversa de primer grado.
Contra esa sentencia, ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; el cual, mediante ejecutoria dictada el veintitrés de mayo de dos mil siete, resolvió conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, únicamente en la parte relativa a la condena al pago de los gastos y costas impuesta al actor, absolviéndolo de tal prestación. Ello, al tenor de las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:
"SEXTO. Son infundados, en una parte, y fundados, en otra, los conceptos de violación transcritos en el considerando que antecede.
"...
"En cambio, es fundado lo que alega el quejoso en el segundo y cuarto de los conceptos de violación que se analizan, tocante a que le irroga agravio la confirmación por parte de la Sala responsable relativa a la condena al pago de los gastos y costas del juicio, ya que si bien es cierto la ley procesal civil local establece, en su artículo 104, que siempre será condenado al pago de los gastos y costas del juicio la parte que no haya obtenido sentencia o resolución favorable a sus intereses, lo que incluye el pago de honorarios del abogado de la contraparte, haciendo de nueva cuenta una interpretación literal de este dispositivo, la considera del todo errónea, ya que suponiendo sin conceder que la vía que ejercitó no es la procedente, se omite tomar en consideración que, en el caso en particular, no existió litis, aunado a que los terceros perjudicados no se tomaron ni siquiera la molestia de comparecer a juicio, por lo que, en tal virtud, no realizaron ninguna erogación económica que hiciera necesario que les fuera restituida; que, por ende, bajo el criterio del a quo, confirmado por el ad quem, de que atinadamente no se entró al estudio y análisis del fondo del asunto, al no resultar procedente la vía ejercitada por el hoy quejoso, para no atentar a su esfera jurídica, lo justo y legal era resolver que no había condena al pago de gastos y costas del juicio, concatenado, además, con la no comparecencia a juicio de los demandados en el juicio de origen; que de sostenerse la determinación de la improcedencia de la acción como consecuencia de una negativa de la protección de la Justicia Federal, también expresa como puntual violación el hecho de ser condenado al pago de gastos y costas por la responsable, por haber ejercitado la vía incorrecta, siendo que si la regla contenida en el Código de Procedimientos Civiles es de que deberá ser condenado el litigante que no obtuviere resolución favorable y, en ese sentido, ante la Sala responsable se hizo precisión certera de que el juicio natural fue seguido en rebeldía y que la resolución que culmina el procedimiento, en efecto, no es favorable al aquí quejoso, por no obtenerse las prestaciones reclamadas, aunque la diferencia estriba en que se han dejado a salvo sus derechos, no por falta de integración de la litis consorcio, caso en el cual la consideración de la Sala responsable resultaría del todo inobjetable; que el criterio sustentado por la Sala responsable, no podría servir de asidero jurídico para no haber modificado la sentencia de primer grado, porque la misma, como ilustración, es explícita, en relación a situación jurídica específica, es decir, aplicable cuando la improcedencia de la vía es consecuencia de la falta de integración de la relación procesal, mas sin embargo, en el caso concreto, la relación procesal sí está integrada y lo que los órganos jurisdiccionales consideran no está satisfecho es un presupuesto de carácter procesal, aspecto diferente de la integración de la relación procesal, luego entonces, es de aplicarse el diverso numeral 100 del código adjetivo civil, en cuanto a la disposición de que cada parte será inmediatamente responsable de las que originen las diligencias que promueva, y no en su caso lo aplicable por el numeral 104 en que se fundan ambas responsables, porque el criterio jurisprudencial diferencia y diversifica las cuestiones en tratándose de la imposición de gastos y costas, cuando no se obtiene resolución favorable, por lo que debe ponderarse que los demandados, al seguirse el juicio en rebeldía obtuvieron sentencia favorable, como tampoco la propia parte actora la obtuvo, antes en cambio, se declara improcedente la vía, por no ser aplicable la ley invocada, lo cual constituye, entonces, una situación jurídica que debe ser analizada por este órgano de amparo, para establecer que cuando la vía es improcedente por falta de reunión de un presupuesto procesal, no podría establecerse que alguna de las partes no ha obtenido resolución favorable si se han dejado a salvo los derechos de las partes y los demandados concurren a la relación procesal como rebeldes, para determinarse puntualmente entonces que en casos como éste, que son sometidos a la jurisdicción federal para la debida interpretación de la ley en los artículos 100 y 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe la obligación del pago de gastos y costas; que de esa consideración es de la cual nace la causa de la violación de las garantías apuntadas, porque al interpretarse los anteriores numerales del ordenamiento adjetivo civil, se imponen gastos y costas al quejoso, derivado de un procedimiento en el cual ni él ni la parte demandada lograron resolución favorable, además, ésta fue declarada rebelde y, en su caso, no ha generado ni erogó gasto ni costa alguna de donde se desprenda, necesariamente, que esa interpretación rígida, por parte de la responsable, violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución General de la República, en cuanto a las sentencias que deben regirse a lo dispuesto por la letra de la ley y a su interpretación jurídica, como es la que debió estar a su cargo.
"Como ya se dijo, le asiste la razón en lo que antecede al quejoso, puesto que, al respecto, la Sala responsable consideró que si bien el Juez a quo condenó a este último al pago de gastos y costas del juicio, lo cierto es que lo hizo de conformidad con el primer párrafo del artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual establece que quien no obtiene fallo favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren, debe ser condenado a ello.
"Tal criterio de la responsable, como bien lo destaca el quejoso, es ilegal, porque el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, establece, en lo que interesa, que siempre será condenado al pago de gastos y costas que incluirán los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtiene resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren, de donde se deduce que, al reclamarse el pago de gastos y costas, siempre se condenará al litigante que no obtenga resolución favorable, lo que implica que la intención del legislador fue la de establecer la posibilidad de restituir las erogaciones motivadas por la contienda en la primera instancia, sin condición alguna.
"Como se ve, tal precepto contiene la regla general, relativa a que siempre será condenado al pago de los gastos y costas ahí puntualizados, el litigante que no obtenga resolución favorable, en lo principal o en los incidentes que surgieren, regla general respecto de la cual, como se verá a continuación, existe excepción:
"Ciertamente, se afirma lo anterior, porque, en principio, como bien lo destaca el quejoso, tal precepto debe analizarse en relación con lo que, al respecto, dispone el artículo 100 del código procesal civil en consulta, en el sentido de que cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, y de que en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubieren sido causadas; precepto que, además, cabe agregar, debe relacionarse con lo establecido por el artículo 107 del mismo ordenamiento, en cuanto a que las costas surgen en función de los trabajos ejecutados y de los gastos expensados en un negocio, que no pueden exceder del porcentaje señalado en este precepto.
"En esas condiciones, es inconcuso que la Sala responsable perdió de vista que de la recta interpretación de los invocados artículos 100, 104 y 107 del código procesal civil en cita, debidamente concatenados entre sí, también se deduce que para que proceda la condena al pago de gastos y costas del juicio es necesario que se hayan realizado esas erogaciones durante la tramitación del juicio natural, derivadas de trabajos ejecutados y gastos expensados en el negocio, para que surja el derecho del vencedor a que se le restituyan las mismas a título de gastos y costas, hipótesis que no se actualizan en el caso a estudio.
"Ello es así, porque de la lectura integral de las actuaciones del juicio natural de que se trata se advierte que inmediatamente después de la diligencia de emplazamiento a los demandados se dictó el proveído de fecha diecisiete de abril de dos mil seis (foja 64 del juicio natural), a través del cual, tomando en consideración que estos últimos no dieron contestación a la demanda instaurada en su contra por el quejoso, se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, con apoyo en lo que, al respecto, dispone el artículo 451-H del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, fallo que se emitió el quince de mayo siguiente (fojas 65 y 66 del juicio natural).
"De ello se infiere, como bien lo apunta el quejoso, que el juicio de origen fue seguido en rebeldía de dichos demandados, en virtud de que éstos nunca comparecieron al mismo, razón por la cual, obvio es que ningún gasto judicial de los previstos en dichos preceptos, erogaron en su defensa y, por ende, no hay obligación de pagar los gastos y costas apuntados que imponen los preceptos en cita, a pesar de que el fallo de primer grado haya sido adverso al quejoso, ante esa rebeldía en que incurrieron los referidos demandados, ya que, por todo ello, resulta evidente que estos últimos no erogaron ningún gasto por promociones, pruebas, actuaciones y honorarios de abogado patrono, a que aluden los invocados numerales 100, 104 y 107 del código adjetivo civil en cita.
"Luego entonces, se insiste, si los demandados no comparecieron al juicio, razón por la cual se siguió el procedimiento en su rebeldía, pese a lo cual el quejoso obtuvo fallo desfavorable, ello no acarrea, necesariamente, que deba condenarse a este último al pago de dicha prestación, pues es patente, se insiste, que aquéllos no erogaron gastos ni honorarios, ya que jamás realizaron las erogaciones legítimas y necesarias antes señaladas, ni liquidaron o generaron honorarios con motivo de la sustanciación del proceso, lo que implica que en el caso a estudio no es procedente condenar al quejoso al pago de los gastos y costas que impone el invocado artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues las mismas se imponen a quien no obtiene en sus pretensiones, para indemnizar al vencedor, de los gastos que, al obligarlo a litigar, le ha ocasionado el vencido, evento que no concurre en el caso a estudio, en apoyo de lo que cabe invocar, en lo conducente, las tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, respectivamente, pueden consultarse en las páginas 36 y 3219, Tomos 38, Cuarta Parte, y LIII, Séptima y Quinta Épocas, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘COSTAS EN MATERIA CIVIL.’ (se transcribe texto) y ‘COSTAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ.’ (se transcribe texto)
"Sentado lo anterior, debe otorgarse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada únicamente en la parte relativa a la condena al pago de los gastos y costas impuesta al actor en el juicio de origen, aquí quejoso en la sentencia de primera instancia, que se dejó firme en la alzada, y absuelva a este último de tal prestación."
CUARTO. Existencia de la contradicción. Cabe destacar que si bien los dos asuntos que contienden en esta contradicción derivan del índice de un mismo Tribunal Colegiado (Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito); ello no constituye un obstáculo para estimar su existencia, dado que uno de los asuntos contendientes fue resuelto por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, que actuó en auxilio del primero, adoptando un criterio que discrepa del sostenido por el órgano colegiado al que auxilió. Esto es, partiendo de la base de que los tribunales auxiliares están facultados para emitir jurisprudencia, no existe razón válida para estimar que sus criterios no pudieran participar en una contienda de contradicción de tesis con el órgano jurisdiccional al que auxiliaron, pues la única limitación que tienen es que no pueden integrar los Plenos de Circuito. Además de que son órganos jurisdiccionales distintos, el hecho de que uno de ellos auxilie en el dictado de las sentencias no hace que su criterio dependa del auxiliado; estimar lo contrario, sería atentar contra la independencia del tribunal auxiliar.
Asimismo, debe señalarse que, aun cuando uno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes no fue expuesto formalmente como tesis y, por ende, no existe la publicación respectiva, ello no es obstáculo para que este Pleno del Séptimo Circuito proceda a su análisis y establezca si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios discrepantes al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número P./J. 27/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización,(1) rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25332-b13a9ccf/gastos-y-costas-en-primera-instancia-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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