FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN AUN CUANDO EXISTA UN ADEUDO POR ESE CONCEPTO, SI SE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA, PARA PERMITIR AL PRESUNTO INFRACTOR PAGAR EL DERECHO POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR, CANJE DE PLACAS Y TENER LIBRE TRÁNSITO POR LAS VÍAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL. FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN CRÉDITOS FISCALES, POR LO QUE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO OBLIGA A GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA.
FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN AUN CUANDO EXISTA UN ADEUDO POR ESE CONCEPTO, SI SE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA, PARA PERMITIR AL PRESUNTO INFRACTOR PAGAR EL DERECHO POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR, CANJE DE PLACAS Y TENER LIBRE TRÁNSITO POR LAS VÍAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL.
FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN CRÉDITOS FISCALES, POR LO QUE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO OBLIGA A GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MANUEL ROJAS FONSECA, JORGE HIGUERA CORONA Y JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. PONENTE: JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. SECRETARIA: KRYSTELL DÍAZ BARRIENTOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y, posteriormente, por el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla.
La legitimación del citado Magistrado presidente se encuentra prevista en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen que podrán denunciar las contradicciones de tesis, competencia de los Plenos de Circuito, entre otros, los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Por otro lado, el artículo 9o., párrafo primero, parte inicial, de la Ley de Amparo,2 señala que las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Y el diverso 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla3 establece que el procurador fiscal está facultado para representar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Así, el procurador fiscal está legitimado para formular la denuncia de contradicción de tesis, en representación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, ya que ésta tiene el carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja, en cuyas ejecutorias se sostienen los criterios contendientes.
TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja Q. 132/2014, el cuatro de septiembre de dos mil catorce (fojas 7 a 22), en lo conducente, estimó:
"TERCERO.-Los agravios en los aspectos que se analizarán son fundados, por las razones que se pasan a exponer: En el segundo agravio (fojas 6 y 7), los recurrentes, esencialmente, alegan que es incorrecto lo sostenido por la Juez Federal, por cuanto hace al requisito de efectividad, toda vez que en el asunto no es aplicable lo dispuesto por el artículo 135 de la nueva Ley de Amparo, al tratarse de la imposición de sanciones, las cuales fueron efectuadas por una autoridad administrativa, mas no fiscal, puesto que no se trata del incumplimiento de obligaciones tributarias, ni de alguna determinación de contribuciones omitidas o de un crédito fiscal.-Asiste razón a los inconformes.-El artículo 135 de la nueva Ley de Amparo establece lo siguiente: ‘Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.-El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.-En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.’.-Por su parte, de la demanda de garantías (fojas 14 a 61), se aprecia que los quejosos señalaron como actos reclamados, entre otros, las diversas multas por infracciones que les fueron impuestas en su carácter de propietarios de los vehículos que defienden por, al parecer, haber excedido los límites de velocidad legalmente establecidos, así como el cobro de dichas infracciones (fojas 25 a 42), respecto de los cuales solicitaron la suspensión provisional en los siguientes términos: ‘... Capítulo de suspensión de los actos reclamados.-Solicitamos se nos conceda la suspensión provisional de los actos reclamados y en su oportunidad la definitiva, hasta en tanto cuanto se defina la materia en lo principal del juicio de amparo y para los siguientes efectos: Primero. Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se cometan actos consumados de imposible reparación de manera material, que hagan imposible la restitución a los quejosos de la garantía y el derecho individual violado.-Segundo. Que bajo los principios de la apariencia del buen derecho (presunción de inconstitucionalidad de las multas) y el peligro en la demora (tiempo de duración del juicio), las autoridades responsables deberán actuar a favor de los hoy quejosos en los siguientes sentidos: 1. Realizar el cobro del control vehicular, 2. Proceder al cambio de canje de placas; 3. Permitir el libre tránsito de los vehículos en carreras (sic) de jurisdicción estatal. Sin que obste como obstáculo, las infracciones impuestas materia de los actos reclamados.’ (fojas 56 y 57).-Evidenciándose de lo anterior que el artículo 135 de la nueva Ley de Amparo, se refiere a la suspensión del acto reclamado en tratándose de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal; hipótesis que no se surte en el caso, toda vez que, como se adelantó, de la demanda de amparo se aprecia que los impetrantes, en modo alguno, reclamaron multas de carácter fiscal, sino de naturaleza administrativa, pues se trata de la comisión de diversas infracciones por las que les fueron impuestas dichas multas como propietarios de los vehículos que defienden, por al parecer haber excedido los límites de velocidad legalmente establecidos, así como el cobro de esas infracciones, motivo por el cual, como fundadamente lo aducen los inconformes, en el asunto no se actualiza la hipótesis prevista en el mencionado numeral 135 de la ley de la materia, por lo que se considera incorrecto lo sostenido por la Juez de Distrito, en el sentido de que para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, era necesario la constitución de ‘las garantías del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley fiscal aplicable’ (foja 65 vuelta).-En mérito de lo anterior, se considera que los impetrantes no se encuentran obligados a efectuar el depósito del total del efectivo de las multas que en su momento les fueron impuestas, a fin de que surta efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, al no tratarse de sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria, sino que las multas por las infracciones en comento fueron impuestas por una autoridad administrativa al parecer por haber excedido los quejosos los límites de velocidad legalmente establecidos; de ahí lo fundado del agravio así planteado.-Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por igualdad de razón en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, la tesis XVII/97, derivada de la contradicción de tesis 100/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 489, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA.-De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, última parte, del Código Fiscal de la Federación, no causarán recargos las multas no fiscales. Sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución (antes llamado económico-coactivo) para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito varía según la materia del ordenamiento legal que establece las infracciones, las sanciones y la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera); por ello, únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria y, en consecuencia, serán no fiscales todas las demás.’.-Por otra parte, es fundado lo aducido por los inconformes, por cuanto hace a que las autoridades responsables les imponen como obligación el pago previo de las multas reclamadas por las infracciones que en su momento les fueron impuestas, para que tengan derecho a realizar el trámite y pago del control y reemplacamiento vehicular, así como continuar con el libre tránsito de sus vehículos.-Se afirma lo anterior, en virtud de que, al respecto, los artículos 70, 71, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen lo siguiente: ‘Artículo 70. Los dispositivos o medios tecnológicos, son una herramienta fundamental en materia de seguridad vial, que contribuyen a la protección de peatones y conductores que circulan por el territorio del Estado.’.-‘Artículo 71. Las autoridades en la materia, podrán hacer uso por sí o a través de terceros de dispositivos o medios tecnológicos que coadyuven con la detección de la comisión de infracciones y la identificación de las personas que las cometan.’.-‘Artículo 72. La información obtenida mediante el uso de dispositivos o medios tecnológicos, únicamente podrá ser utilizada para la sanción de infracciones descritas en el presente reglamento; su uso y manejo será exclusivo de las autoridades en la materia, de conformidad con las disposiciones aplicables.’.-‘Artículo 73. Los dispositivos o medios tecnológicos servirán a las autoridades viales, para evidenciar los siguientes supuestos: I. La mecánica de sucesos en caso de hechos de tránsito; II. La velocidad superior a la máxima permitida para un vehículo; III. Falta de observancia a la señalización vial; y IV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la Ley de Vialidad y el presente reglamento.’.-Por su parte, de los documentos anexados a la demanda de garantías, se aprecia que los impetrantes ofrecieron como pruebas, entre otras, las infracciones que les fueron impuestas al parecer por haber excedido los límites de velocidad permitidos (fojas 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 176, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276 y 277); empero, de dichos documentos se advierte que éstos fueron emitidos por las responsables, a través de la información obtenida mediante el uso de dispositivos o medios tecnológicos utilizados para tal efecto, siendo éste el denominado por las autoridades responsables como ‘monitor vial’.-En mérito de lo anterior, se estima que, como fundadamente lo aducen los recurrentes, es incorrecto que las responsables impongan a los hoy quejosos la obligación de pagar en forma previa las multas por las infracciones que en su momento les fueron impuestas, para que éstos tengan derecho a realizar el trámite y pago del control y reemplacamiento vehicular, así como continuar con el libre tránsito de sus vehículos, dado que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la información obtenida a través del uso de dispositivos o medios tecnológicos utilizados para ese efecto, únicamente puede ser utilizada para la sanción de las infracciones descritas en dicho ordenamiento legal, mas no para impedir a los hoy quejosos la realización del trámite y pago inherente al control y reemplacamiento vehicular, así como continuar con el libre tránsito de sus vehículos, siempre y cuando éstos, en su caso, reúnan los requisitos previstos en la ley para tal efecto; de ahí lo fundado del agravio así planteado.-En las relatadas circunstancias, lo procedente es, en la materia del recurso, declarar fundada la presente queja, al encontrarse reunidos los requisitos constitucionales y legales para la procedencia de la suspensión provisional, hasta en tanto se dicte la interlocutoria relativa a la suspensión definitiva, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se hagan efectivos los cobros de las multas reclamadas que les fueron impuestas a los quejosos, sin que, en el caso, sea necesario fijar algún requisito de efectividad, en virtud de no tratarse de multas fiscales y de no existir tercero interesado, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la nueva Ley de Amparo, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 72 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la suspensión del pago de las multas reclamadas no es obstáculo para que las autoridades responsables del cobro de los derechos de control y reemplacamiento vehicular, procedan a recibir el pago correspondiente en el momento que los quejosos lo soliciten, y que éstos puedan continuar con el libre tránsito de sus vehículos por el territorio del Estado, sin que tales efectos impliquen el incumplir las normas jurídicas en materia de tránsito.-En virtud de la conclusión alcanzada, resulta innecesario ocuparse de los restantes agravios hechos valer, dado que en nada variaría el sentido del presente fallo."
De esta ejecutoria derivó la tesis aislada VI.1o.A.78 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la cual se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas y en la página 2961, Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2007784, de contenido siguiente:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL REQUISITO DE EFECTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE EN EL CASO DE FOTOMULTAS, POR SER DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO FISCAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Una vez concedida la suspensión provisional respecto de multas por infracciones, al parecer, por haber excedido los límites de velocidad permitidos, cuya detección es obtenida mediante el uso de dispositivos o medios tecnológicos utilizados para tal efecto (fotomultas), no se actualiza el requisito de efectividad previsto en el artículo 135 de la nueva Ley de Amparo, por tratarse de multas de naturaleza administrativa mas no fiscal, de modo que el quejoso no está obligado a realizar el depósito del monto total de las así impuestas. Por otro lado, en virtud de que de conformidad con el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la información obtenida a través del uso de dispositivos o medios tecnológicos, únicamente puede ser utilizada para la sanción de las infracciones descritas en dicho ordenamiento, no es dable negar al gobernado la realización del trámite y pago inherente al control y reemplacamiento vehicular, así como impedir que continúe con el libre tránsito de su vehículo, siempre y cuando éste, en su caso, cumpla los demás requisitos previstos para tal efecto."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 111/2014, el quince de agosto de dos mil catorce (fojas 70 a 166), en lo conducente, estimó:
"SÉPTIMO.-Los quejosos, ahora recurrentes, no se inconforman en contra de la negativa de la suspensión, consistentes en las infracciones de foto multa y recargos atribuidos a los vehículos respectivos, por tratarse de actos consumados; de tal manera que ello no será materia del presente recurso de queja.-En la parte inicial de sus agravios, expresa la parte recurrente, que se violaron los artículos 135, 138, fracción I, en relación con el numeral 1, fracción I, de la Ley de Amparo, por inobservancia de unos e interpretación inexacta de otros; que la a quo dejó de observar este último dispositivo que la faculta a ser un Juez de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades.-Que siempre debe haber estricta observancia de los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues es obligación del inferior analizar los actos reclamados de toda la demanda de amparo para efectos de la suspensión y la no afectación al interés social.-En el primero de sus agravios, señalan que aun cuando la Juez razona el principio de la apariencia del buen derecho omite con base en esa teoría la posibilidad de conceder la suspensión, lo cual viola el artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues en la demanda se argumentó la presunción de inconstitucionalidad de las multas, ya que se dijo que éstas contravienen el artículo 21 de la Constitución Federal, por lo que su agravio debe declararse fundado, dado que es indudable que, con base en la apariencia del buen derecho, debe fijar los requisitos y efectos de la medida que concede la suspensión provisional.-Es fundado pero inoperante el anterior agravio.-Es verdad que la a quo omitió pronunciarse sobre la apariencia del buen derecho, no obstante, la obligación que le impone el artículo 138 de la Ley de Amparo de realizar un análisis ponderado de esa teoría, ya que sólo hizo mención de esa obligación, pero sin mayor pronunciamiento de su operancia y de las razones de su aplicabilidad o inaplicabilidad en el caso concreto.-No obstante tal omisión, ésta en nada le perjudica a la parte recurrente, pues la suspensión se concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardan y no se hiciera efectiva la sanción económica a los quejosos; de tal manera que si la suspensión se consideró procedente en contra de las consecuencias de los actos reclamados, consistentes en el cobro de las multas por infracciones, la inaplicabilidad de la teoría de la apariencia del buen derecho, en relación con los actos reclamados por los que se solicitó la medida cautelar, no causa agravio a los disconformes.-Esto es, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la suspensión contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; de tal manera que aunque no se observe la obligación que le impone al juzgador el artículo 138 de la Ley de Amparo, si éste decide otorgar la medida suspensional, la pretensión de la parte quejosa a final de cuentas fue satisfecha y, por esa razón, queda impedida legalmente para considerar como agravio la omisión de la a quo, pues ésta en nada le perjudicó.-En razón de lo anterior, no puede tampoco alegarse violación por parte de la Juez de Distrito al artículo 1o. de la Ley de Amparo, pues esa transgresión se hace depender del incumplimiento a la obligación que establece el artículo 138 del mismo ordenamiento legal, en lo que a este punto corresponde.-En la segunda parte del inicio de sus agravios, la recurrente aduce que la Juez concedió la suspensión fijando los requisitos y efectos de la medida con garantía del interés fiscal, de lo cual se duelen, que la multa impuesta por las responsables sea materia de depósito.-En el segundo de los agravios se dice que la Juez dejó de observar el artículo 1o. de la Ley de Amparo, en tanto que el artículo 135 de la Ley de Amparo que fija los requisitos y efectos de la medida, no sólo debe observarse y aplicarse, pues para ello existe una disposición constitucional que lo armoniza, esto es, el artículo 21 constitucional, que establece cuál es la sanción o multa que se debe imponer al que viole los reglamentos gubernativos o de policía; de ahí que en correlación a la apariencia del buen derecho, la garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional concedida sería hasta por la cantidad fijada en el artículo constitucional en comento y no por la establecida en el 135 de la ley ordinaria, ya que el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Vialidad señala multas de doce a sesenta y cinco días de salario.-No le asiste la razón al recurrente en relación con sus manifestaciones, con las que pretende, esencialmente, que no se condicione la efectividad de la suspensión provisional concedida a que haga el depósito del total de las multas impuestas y sea sólo por un importe no mayor al importe del jornal o salario, tratándose de jornaleros y trabajadores, o al equivalente a un día de ingreso en el caso de trabajadores no asalariados, conforme a lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Federal.-La teoría de la apariencia del buen derecho es un análisis superficial de mera probabilidad del derecho cuestionado, y para estimarla procedente para el otorgamiento de la suspensión debe ser notoria y evidente la inconstitucionalidad del acto reclamado.-Por su parte, la cantidad exigida en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo se trata de una garantía distinta de la multa, porque la primera se trata de un requisito de efectividad y no de procedencia de la suspensión del acto reclamado, por lo tanto, no puede tomarse como base la apariencia del buen derecho para reducir el monto de la garantía, como lo pretende el recurrente, porque aquélla constituye más bien uno de los requisitos de procedencia de la suspensión y no de eficacia.-En efecto, los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales se encuentran previstas en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, y consisten en las siguientes: que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.-Por su parte, los requisitos de eficacia de la suspensión se refieren a las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida, y que, a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida.-En este sentido, puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad.-En el caso concreto, en materia tributaria los requisitos de eficacia se encuentran previstos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, en el que se establece que el Juez podrá conceder discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal, lo cual implica que el depósito tendrá que cubrir el monto total del crédito fiscal combatido.-Del artículo 138 de la Ley de Amparo se advierte que el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que se debe tomar en consideración al momento de otorgar la suspensión, cuyo análisis no prejuzga sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, y sin que deje de observar los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que se debe ponderar simultáneamente el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social u orden público para determinar su procedencia.-Así, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que para el otorgamiento de la suspensión es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.-En este sentido, conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, lo relativo a la garantía del interés fiscal, al ser un elemento de eficacia de la medida cautelar, no es dable aplicarle el principio de la apariencia del buen derecho, pues éste no se encuentra vinculado en materia tributaria con los requisitos de efectividad de la suspensión, contenidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo.-Conforme a lo señalado, el principio de la apariencia del buen derecho no puede ser fundamento para dejar de observar el requisito contenido en el artículo 135 de la Ley de Amparo.-Mientras que la aparente o notoria inconstitucionalidad a que alude el recurrente no significa indefectiblemente que la quejosa obtenga el amparo, pues puede negarse el amparo o, incluso, puede actualizarse alguna causal de improcedencia que genere el sobreseimiento del juicio de garantías, tal como lo señala el último párrafo del artículo 135 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, si se considerara que resultaba innecesario garantizar el interés fiscal, la autoridad hacendaria no podría hacer efectiva la garantía, con lo que la autoridad responsable resultaría perjudicada por la carencia de la referida garantía.-Ejemplo de ello es que, incluso, puede reclamarse una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aun así debe garantizarse el interés fiscal en los términos previstos por el artículo 135 de la Ley de Amparo.-Es ilustrativo a lo expuesto el siguiente criterio jurisprudencial: Novena Época. Registro «digital»: 163230. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, tesis 2a./J. 151/2010, página 473: ‘APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ESE PRINCIPIO NO ES FUNDAMENTO PARA QUE DEJE DE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA SUSPENSIÓN PRODUZCA EFECTOS, CUANDO LA NORMA RECLAMADA HAYA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-El principio de la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Por otra parte, como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: «SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).», en la suspensión del acto reclamado deben distinguirse dos elementos sobre la medida cautelar: a) los requisitos de procedencia, que son las condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y b) los requisitos de eficacia de la suspensión, que son las condiciones que el quejoso debe satisfacer para que surta efectos la suspensión concedida, y que en materia tributaria se prevén en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien el juzgador de amparo con base en un criterio objetivo puede considerar probable que se conceda la razón a la quejosa derivado de que la norma impugnada ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo mismo, bajo el principio de la apariencia del buen derecho otorgarle la suspensión -en el ámbito de procedencia- lo anterior no puede ser fundamento para dejar de observar el requisito de eficacia contenido en el citado artículo 135 consistente en garantizar el interés fiscal para que se conceda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26367-771b72d2/fotomultas-en-el-estado-de-puebla-procede-conceder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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