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Modo: Corpus Pro

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL TERCERO CON LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR, CONTRA TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, A FIN DE QUE SE RESPETE SU DERECHO A OPONERSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. · Registro digital (IUS): 26368
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-06-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, Pág. 1934.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ Y VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, QUIEN VOTO EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES. DISIDENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ. SECRETARIA: CRISTINA GUZMÁN ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes a este circuito.

SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue presentada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, uno de los órganos colegiados contendientes.

TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión administrativo **********/2015, el uno de octubre de dos mil quince, sostuvo en lo conducente:

"QUINTO.-Análisis de los agravios.

"Los agravios propuestos por el recurrente, cuyo análisis por cuestión de método se lleva a cabo en un orden distinto al de su expresión, son infundados en una parte e inoperantes en otra.

"Para una mejor comprensión del sentido de esta resolución, es necesario precisar los siguientes antecedentes del asunto:

"1. **********, promovió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con residencia en esta ciudad, diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de que se le reconocieran derechos agrarios respecto de cuatro parcelas que se ubican en el ejido de "**********", en Apaseo el Grande, Guanajuato, según precisó, en sustitución de **********.

"2. En acuerdo de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente **********/1998 (al que se acumularon otros expedientes hasta el **********/1998), señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas.

"3. Después de llevarse a cabo esa audiencia, el siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, resolvió reconocer, entre otros, a ********** el carácter de ejidatario del ejido **********, de Apaseo el Grande, Guanajuato.

"4. En contra de esa determinación, **********, promovió juicio de amparo ostentándose tercero extraño a ese procedimiento; asunto que fue sobreseído en los términos de la resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.

"En ese fallo, el Juez de Distrito sustentó su determinación en la idea de que a ningún efecto práctico conduciría otorgar al quejoso la protección constitucional para que sea oído en las diligencias de jurisdicción voluntaria, si finalmente, una vez llamados a éstas, van a suscitar oposición y, con ello, se tendrán que dar por terminadas tales diligencias, teniendo, en todo caso, el derecho de accionar sus pretensiones en la vía contenciosa.

"El inconforme, en los agravios identificados en supralíneas con el inciso b), controvierte esa decisión del Juez de Distrito aduciendo, sustancialmente, que el derecho de oposición que la ley confiere en las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria no es limitativo, ya que no hay excepción alguna para respetar el derecho de audiencia, esto es, que si bien en este tipo de asuntos no se presenta contención, ello no exime a la autoridad de darle a los quejosos la oportunidad de intervenir en el procedimiento respectivo.

"Es infundado el agravio.

"Cierto es que la falta de controversia en las diligencias de jurisdicción voluntaria, no es motivo para no dar intervención a parte legítima, a efecto de que ésta, de ser el caso, suscite oposición a dicho trámite.

"El respeto a la garantía de audiencia de esa parte legítima, se encuentra garantizado en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos de los numerales 165 y 167 de ésta, en tanto prevén la posibilidad de que en el trámite intervenga, precisamente, ‘parte legítima.’

"Luego, la falta de contención, de controversia o de litigio en las diligencias de jurisdicción voluntaria, no es motivo para no dar intervención a parte legítima en las diligencias de mérito; pero tampoco es la causa que originó el sobreseimiento en el juicio de amparo.

"De la sentencia recurrida se desprende, más bien, que fue la inexistencia de un efecto práctico de un eventual fallo protector lo que motivó la decisión de sobreseer, dada la especial naturaleza que revisten las diligencias de jurisdicción voluntaria.

"En efecto, en el fallo impugnado, se estableció que la intervención de parte legítima, cuando es para suscitar oposición al trámite, produce la conclusión del procedimiento, acorde con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675, Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de título: ‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR.’

"Por ende, estimó el Juez Federal que ningún efecto práctico traería otorgar el amparo para que el quejoso sea oído en las mencionadas diligencias, si a virtud de la oposición que habrán de suscitar el procedimiento tendrá que darse por concluido, conservando sus derechos para accionar en la vía contenciosa.

"El criterio del juzgador es correcto, y así lo ha sostenido este Tribunal, particularmente al resolver los amparos en revisión **********/2013, **********/2014 y **********/2015, en sesiones de doce de diciembre de dos mil trece, así como cinco de marzo y tres de septiembre de dos mil quince.

"Efectivamente, este Órgano Colegiado ha considerado que, cuando el Tribunal Agrario no cite conforme a la ley a los interesados, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que le sea conferido el derecho a ser oído en la audiencia, no obstante que ya esté concluido ese asunto no litigioso, a ningún efecto práctico conduciría otorgar la protección constitucional, porque de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna, ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa.

"Es decir, de concederse la oportunidad de ser oídos en el procedimiento con la finalidad de verter su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria y, por ende, existiría imposibilidad de concretarse los efectos de una concesión de amparo.

"De ahí que si la parte recurrente pretende que sea oído en la jurisdicción voluntaria, a ningún efecto práctico conduciría otorgarle la protección constitucional, pues de cualquier forma tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa sus pretensiones.

"Por otra parte, en cuanto los recurrentes argumentan que con la resolución favorable pronunciada en la jurisdicción voluntaria, su promovente obtuvo el reconocimiento como ejidatario de los derechos agrarios y, con base en ello, puede solicitar la expedición a su favor de los certificados correspondientes; cabe decir que esa circunstancia no desvirtúa la improcedencia del juicio de amparo.

"Es así, toda vez que tanto el derecho de quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria, como el título en que se sustente, pueden ser materia de impugnación en el juicio contencioso correspondiente, pero no en la vía de jurisdicción voluntaria, dado que en ésta no hay controversia entre partes y en tanto que, de presentarse, produce la conclusión del procedimiento.

"Por lo demás, es ineficaz lo que alega el recurrente, en el sentido de que con el actuar de la autoridad responsable se afectó en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia.

"Así se concluye, habida cuenta que la posibilidad de que ese argumento fuese fundado, no traería como consecuencia la revocación del fallo recurrido, pues precisamente, la improcedencia del juicio, parte de la base de que ningún efecto práctico tendría conceder al quejoso la oportunidad de ser oído en las diligencias de jurisdicción voluntaria, si finalmente éstas habrían de darse por concluidas con su oposición.

"Por tanto, ningún beneficio produce al inconforme las tesis que cita en su agravio, de rubros: ‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR.’ y ‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.’

"Tampoco le favorece la tesis que dice: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.’, ya que dicho criterio únicamente finca la procedencia del amparo indirecto en función de que las resoluciones emitidas en ese tipo de asuntos constituye un acto dictado fuera de juicio, excluyendo así el amparo directo, que sólo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio. ..."

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el amparo en revisión administrativo **********/2015, el diez de abril de dos mil quince, resolvió:

"CUARTO.-Con apoyo en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, se analiza el ‘primer’ agravio (único expuesto) y al efecto se estima fundado para destruir jurídicamente las consideraciones relacionadas con la no demostración del interés jurídico, siendo procedente además suplirlo en sus deficiencias, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la misma ley, dado que la quejosa se ostenta como heredera de los derechos agrarios de ********** y, por ello, cuenta con una expectativa de derecho a su favor, que la coloca como aspirante a ejidatario.

"Al respecto, sirven de apoyo las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros, textos y datos de identificación se citan enseguida:

"‘AGRARIO. CLASE CAMPESINA, DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE. AMPARO EN MATERIA AGRARIA.-Aunque el artículo 212 de la Ley de Amparo se refiere «a quienes pertenezcan a la clase campesina», si se interpreta este precepto en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución, debe concluirse que las normas tutelares del amparo en materia agraria sólo son aplicables en beneficio de las entidades o individuos sujetos al régimen de propiedad ejidal o comunal, jurídicamente distinto del régimen de propiedad particular, independientemente de su pertenencia a una determinada clase social que podría llamarse campesina. Cuando el artículo 212 de la Ley de Amparo habla de «quienes pertenezcan a la clase campesina» se refiere, no a todos los campesinos en sentido genérico del vocablo, sino a los previstos en la fracción III, a saber: los aspirantes a ejidatarios o comuneros. Las referidas normas tutelares del amparo en materia agraria no implican como criterio diferenciador para su aplicación el concepto sociológico de «campesinos», sino los conceptos de núcleo ejidal o comunal o ejidatarios y comuneros (incluyendo los aspirantes), que son más bien jurídicos porque dependen del régimen de propiedad a que están sometidos dichos núcleos o individuos, de tal suerte que quien posee un terreno rústico no sujeto al régimen ejidal o comunal, aunque sociológicamente pertenezca a la clase campesina, no puede invocar en su beneficio las normas tutelares ya mencionadas.’ (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 160. Jurisprudencia. Materia administrativa); y,

"‘JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS EN FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA.-Con base en lo establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con rubro: «PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.», debe interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria dispone que las sentencias se dicten a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según se estime debido en conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse que el juzgador, percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se allega o no esos elementos, sólo porque los artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el vocablo «podrán» en vez de «deberán», al regular lo relativo a la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias y a la obtención oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la intención del legislador, con la regulación del juicio agrario ausente de formulismos y con el logro de una auténtica justicia agraria.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, noviembre de 1997, página 212. Tesis 2a./J. 54/97. Jurisprudencia. Materia administrativa).

"Pues bien, la quejosa, ahora recurrente, acudió al juicio de amparo subyacente ostentándose tercero extraña al procedimiento de jurisdicción voluntaria **********/98 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, promovido por **********, en ejercicio de la acción de prescripción adquisitiva de los derechos ejidales que al extinto ejidatario **********, le correspondían en el ejido **********, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

"En lo conducente, al efecto dicha promovente relató que, por virtud del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de abril de mil novecientos ochenta y seis, y ejecutado en forma virtual el veintitrés de julio del mismo año, el nombrado ********** se vio beneficiado con dotación de tierras en el referido núcleo de población; y falleció el siete de agosto de mil novecientos noventa y tres, sin haber contraído matrimonio ni tenido descendencia, siendo la quejosa, en su carácter de sobrina, quien vivió con él como su dependiente económica.

"Asimismo, que en fecha reciente a la promoción del amparo se enteró que ********** promovió el juicio agrario **********/98, ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, en el que vía jurisdicción voluntaria y en ejercicio de la acción prescriptiva adquirió los derechos agrarios de **********, al cual no fue llamada no obstante resultarle el carácter de persona con derecho a heredar de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, por haber existido dependencia económica.

"El anterior relato de los antecedentes referidos en la demanda de amparo, evidencia que la quejosa, ahora recurrente, con la calidad de tercero extraña reclamó las actuaciones, incluida la resolución, del procedimiento de jurisdicción voluntaria **********/98, por no haber sido oída y vencida en el mismo, en defensa de la expectativa a heredar los derechos ejidales del extinto **********, reconocidos en dicho procedimiento al promovente y ahora tercero interesado **********.

"Ello, por haber sido dependiente económico del ejidatario fallecido **********, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria.

"Desde esa perspectiva, para estimar acreditado el interés jurídico, la quejosa, ahora recurrente, debía demostrar precisamente ese vínculo de dependencia económica y, por tanto, la expectativa a heredar los derechos agrarios que al extinto ********** le correspondían en el ejido **********, perteneciente al Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

"Para esos efectos, con la demanda de amparo se presentó, además de la copia certificada del Diario Oficial de la Federación de nueve de abril de mil novecientos ochenta y seis, que en interiores (páginas 14 a 36) contiene la resolución presidencial sobre dotación de tierras solicitada por vecinos del poblado denominado **********, ubicado en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, de ocho de abril anterior (fojas 10 a 50 del expediente del amparo); la documental pública, consistente en certificaciones de las actas de nacimiento de la quejosa (foja 51) y de defunción de ********** (foja 52).

"Posteriormente, en el curso del procedimiento del juicio de amparo, mediante escrito recibido en el juzgado de Distrito el veintiséis de noviembre de dos mil catorce (fojas 72 y 73), además de reiterar la documental presentada con la demanda y agregar lo actuado en el expediente **********/98, la quejosa también ofreció la testimonial a cargo de ********** y **********, al tenor del interrogatorio anexo (fojas 74 y 75), misma que se admitió y se dispuso lo necesario para su desahogo en el acuerdo pronunciado el once de diciembre del año en cita (fojas 117 y 118), lo cual tuvo verificativo en la parte conducente de la audiencia constitucional celebrada el treinta de diciembre siguiente.

"En esa ocasión, en lo relevante, ambos testigos contestaron el interrogatorio (calificado de legal en su totalidad) de forma coincidente en el sentido de que conocen a la quejosa; que también conocieron a **********; que éste falleció en agosto de mil novecientos noventa y tres; que no contrajo matrimonio ni hizo vida marital con alguna persona, pues era soltero, ni procreó hijos; que no sabían si dictó alguna disposición testamentaria; y que de él dependía económicamente la quejosa, ahora recurrente (pregunta décima quinta).

"En esa virtud, es fundado el único agravio porque, contrario a lo apreciado en el fallo impugnado, la quejosa inconforme, en su calidad de tercero extraña al procedimiento generador de los actos reclamados, sí acreditó el interés jurídico necesario para promover el amparo.

"Lo anterior, porque ofreció y desahogó pruebas relacionadas no sólo con el parentesco con ********** (sobrina), sino también y de forma fundamental con el vínculo de dependencia económica que afirmó en la demanda de amparo.

"En efecto, con la documental pública presentada con la demanda de amparo, consistente en las certificaciones de las actas de nacimiento de la quejosa y de defunción de **********, se demostró que la primera era sobrina del segundo.

"Y, la declaración de ********** y de **********, proporcionó elementos de convicción relacionados con el vínculo de dependencia económica, pues ambos testigos afirmaron en forma coincidente que la quejosa dependía económicamente de **********.

"A ese respecto, como lo expone la recurrente, a fin de determinar qué personas cuentan con una expectativa de derecho, tratándose del fallecimiento de un ejidatario, debe acudirse a lo que disponen los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, que regulan los procedimientos que deben observarse para la transmisión de los derechos ejidales en caso de muerte del titular de tales derechos, dependiendo en cada caso, si existió o no designación de sucesores por parte del ejidatario. Tales preceptos legales disponen lo siguiente:

"‘Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

"‘La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.’

"‘Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

"‘I. Al cónyuge;

"‘II. A la concubina o concubinario;

"‘III. A uno de los hijos del ejidatario;

"‘IV. A uno de sus ascendientes; y

"‘V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

"‘En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.’

"‘Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.’

"De los artículos transcritos, se desprende la regulación que al efecto prevé la Ley Agraria para la transmisión de los derechos agrarios al fallecimiento de un ejidatario, dependiendo de la existencia o no de la designación de sucesor por parte del ejidatario.

"En ese sentido, en el primer caso, se dispone que el ejidatario como titular de los derechos ejidales, tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento.

"Ante tal contexto, se aprecia la voluntad del ejidatario para designar a su sucesor, proporcionando los nombres de aquellas personas que pueden sucederle y en el orden de preferencia que elija, que pueden ser la cónyuge, la concubina, los hijos, los ascendientes o cualquier otra persona.

"En tanto, en el segundo caso, esto es, cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia establecido por el artículo 18 de la Ley Agraria.

"De ahí que, mientras no se realice la designación del heredero de los derechos agrarios, cualquier persona que acredite encontrarse en el orden de preferencia establecido en el artículo 18 de la Ley Agraria, en relación con el ejidatario fallecido, goza de una expectativa de derecho, dada su aspiración a que le sea reconocida su calidad de ejidatario, por sucesión; esto es, la posible titularidad de los derechos ejidales, depende del procedimiento de designación que deba realizarse conforme lo establece la Ley Agraria, para que, en su caso, se adquieran tales derechos por sucesión.

"Por tanto, cualquiera de esas personas puede acudir al juicio agrario donde se esté dilucidando el tema, no obstante sea tramitado en la vía de jurisdicción voluntaria, pues lo relevante en el caso, es que la autoridad responsable con la emisión de los actos aquí reclamados, reconoció a **********, el carácter de ejidatario en el poblado **********, Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, respecto de los derechos agrarios que pertenecieron a **********, lo que dista de tener efectos meramente declarativos.

"De ahí que la quejosa, ahora recurrente, está legitimada en términos de los artículos 5o., fracción I, primer párrafo y 6o., párrafo primero, de la Ley de Amparo, para promover el juicio subyacente, en defensa de los derechos agrarios individuales, ya que desahogó en el juicio de amparo pruebas relacionadas con la dependencia económica con el nombrado **********, para los efectos del artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, demostrando ser titular de un derecho subjetivo que se ve afectado por los actos reclamados, las cuales merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 165, 197, 202 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de esa ley.

"Es decir, goza de una expectativa de derecho como aspirante a ejidatario, pues las gestiones legales provienen de una persona que acreditó, cuando menos para los efectos del amparo, encontrarse en el orden de preferencia establecido en el artículo 18 de la Ley Agraria, en relación con el ejidatario fallecido, con el objeto de proteger los derechos que en vida pertenecieron a éste, y que pudieran verse afectados por los actos de las autoridades responsables.

"Orienta lo antes considerado, la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"‘Décima Época

"’Registro: 160464

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tipo de Tesis: Jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Libro IV, enero de 2012, Tomo 4.

"‘Materia: Común

"‘Tesis: 2a./J. 87/2011 (9a.)

"‘Página: 3048

"‘AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN.-Conforme a los artículos 212 y 216 de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de garantías en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si durante la tramitación de un juicio agrario fallece el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y éste no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión.’

"También resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 20/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 464, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor:

"‘TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA.-Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido.’

"En suma, es fundado el agravio para destruir jurídicamente las consideraciones relacionadas con la no demostración del interés jurídico, de la quejosa para promover el juicio de amparo, y como además las autoridades responsables, el tercero interesado y el agente del Ministerio Público Federal adscrito no invocaron diversa causal de improcedencia ni este Tribunal Colegiado advierte alguna otra, entonces, con apoyo en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y emitir la que en derecho corresponda en cuanto al fondo.

"QUINTO.-La quejosa expuso el concepto de violación visible en el apartado correspondiente de la demanda de amparo, cuya transcripción es jurídicamente innecesaria, atento a la jurisprudencia citada previamente en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26368-ad34b7bd/jurisdiccion-voluntaria-sobre-prescripcion-adquisitiva-en-materia-agraria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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