JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 18 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROGELIO CAMARENA CORTÉS, FILEMÓN HARO SOLÍS, JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA Y JUAN BONILLA PIZANO, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL MAGISTRADO ROBERTO CHARCAS LEÓN. PONENTE: ROGELIO CAMARENA CORTÉS. SECRETARIO: BERNARDO OLMOS AVILÉS.
CONSIDERANDO:
I. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 5 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues debe estimarse que el asunto se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de este circuito, en Materia Administrativa, en tanto que, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, lo hizo en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción." [Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, tesis: 2a./J. 3/2015 (10a.), página 1656 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas»]
II. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por Roberto Charcas León, Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en cumplimiento a lo ordenado en ese sentido en la ejecutoria pronunciada por el citado órgano, al resolver el amparo en revisión **********; lo que encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la vigente Ley de Amparo.
III. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el denunciante considera contradictorios.
Así, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, al resolver el veinticinco de junio de dos mil quince, por mayoría de votos el amparo en revisión **********, en lo atinente, dijo lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios hechos valer por la parte inconforme, son fundados.
"...
"En contra de lo anterior, la parte inconforme aduce en sus agravios que no comparte el criterio sostenido por la Juez de Distrito, ya que la aquí tercero interesada **********, promovió unas diligencias de jurisdicción voluntaria, en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, y se le reconoció su derecho no obstante que no tenía la posesión del terreno controvertido; esto es, que obtuvo la titularidad de ese bien en un juicio de prescripción positiva sin estar en posesión, pues dice quejoso que es él quien mantiene la posesión de ese terreno, en virtud de que ahí se encuentra construida una fábrica de medias de su propiedad. Que en ese tenor, con la forma de resolver de la Juez se le niega su derecho a ser llamado al expediente agrario a defender su derecho posesorio ‘donde jamás fui llamado como demandado ni como tercero con interés’
"...
"Los anteriores argumentos son fundados.
"En efecto, según se vio de lo narrado y transcrito en párrafos precedentes, en la sentencia dictada en el expediente agrario ********** (en cumplimiento a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal **********), se sostuvo que la promovente **********, acreditó la causa generadora de su posesión para demandar la prescripción adquisitiva de la parcela materia de aquel expediente agrario, con la testimonial a cargo de **********, en la que ambos atestes fueron coincidentes en señalar que dicha actora tiene la posesión de ese terreno desde hace quince años; con el acta de asamblea de doce de abril de mil novecientos noventa y tres, en la cual se reconoce que la ejidataria **********, vendió la totalidad de la parcela a ********** (padre de la actora y del aquí recurrente); con el acta de defunción del aludido ********** y con la constancia de posesión expedida por el **********.
"...
"En ese orden de ideas, no puede determinarse como lo hizo el Juez, que el aquí quejoso no acreditó su interés jurídico para reclamar lo resuelto en las diligencias de jurisdicción voluntaria número **********, pues para arribar a esa conclusión, sostuvo que las probanzas existentes en el juicio de garantías son insuficientes para probar que dicho quejoso detenta la posesión del bien reclamado y mucho menos la existencia de un título jurídico que sustente tal posesión; empero las aludidas probanzas, en concreto la testimonial, son aptas para demostrar esos extremos (la posesión que detenta) y si bien es cierto que no existe un título jurídico a su favor, situación que el propio quejoso acepta, lo cierto es que la promovente en aquel expediente agrario tampoco contaba con ese título y por tanto, no puede ahora, en el presente asunto, exigirse un requisito que no cumplió la citada promovente, pues se incurriría en una inequidad no obstante regir las mismas circunstancias para ambas partes.
"De ahí que no pueda estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el interés jurídico del quejoso para solicitar su intervención en el expediente agrario, quedó acreditado con los medios convictivos que obran en autos y entonces, al no haberlo advertido así el Juez Federal, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por dicho Juez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo y analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso.
"SEXTO.-No se transcribirán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que no existe disposición legal que imponga esa obligación a cargo de este órgano colegiado.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, del mes de mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X «De las sentencias», del título primero «Reglas generales», del libro primero «Del amparo en general», de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.’
"Es sustancialmente fundado el concepto de violación en el que la parte quejosa, aduce, en síntesis, que en el caso se vulnera su garantía de audiencia y defensa en el expediente agrario **********, donde jamás fue llamado como demandado ni como tercero con interés, no obstante tener la posesión de la parcela ahí controvertida desde hace veintinueve años.
"Ello es así, pues como se dijo en párrafos precedentes, el quejoso acreditó con las probanzas allegadas el juicio de garantías que nos ocupa, su interés para comparecer a aquel juicio a defender sus derechos como posesionario frente a la allá actora **********.
"Así es, como se dijo antes, las probanzas allegadas al juicio de garantías muestran que, aunque sin un título jurídico, el quejoso detenta la posesión de la parcela controvertida; lo anterior, por así haberlo declarado los testigos ********** y **********, quienes además señalaron que en dicha parcela existe una fábrica de su propiedad; demostrando el quejoso el alta en el registro federal de contribuyentes de una negociación en el domicilio en que se ubica el terreno cuestionado, así como el pago de luz y teléfono en dicho domicilio y la cesión de la parcela cuestionada a favor de su padre.
"En ese orden de ideas, a fin de que se otorguen al quejoso sus garantías de audiencia y defensa, que es precisamente la materia del amparo que nos ocupa; esto es, la pretensión final del quejoso con la interposición de su demanda de garantías, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se le dé intervención en el multimencionado expediente agrario.
"No pasa inadvertido para este tribunal que en la especie se está en presencia de una jurisdicción voluntaria y por ende, de conformidad con lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del rubro: ‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR.’, el procedimiento relativo debe concluir ante la oposición de alguna parte legítima; de ahí que en observancia de dicho criterio jurisprudencial, si el quejoso y aquí recurrente, al comparecer a dicho procedimiento insiste en su postura de oponerse a los intereses de la allá promovente, el Tribunal Agrario responsable debe dar por concluidas dichas diligencias, reservando los derechos de los opositores quienes se encontrarán en aptitud de ejercer las acciones que considere pertinentes a través de la instancia contenciosa correspondiente.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia aludida, de clave 2a./J. 205/2006, visible en la página 675 del Tomo XXV del mes de enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR.-De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, «se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio»; como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso.’
"En mérito de lo expuesto, no se comparte el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en los amparos en revisión ********** y **********, fallados en sesiones de veintiuno de enero y cuatro de febrero de dos mil diez, respectivamente, en los que se consideró improcedente conceder el amparo solicitado para el efecto de que el quejoso sea escuchado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando éste ha concluido; sosteniéndose para arribar a esa conclusión, que el artículo 533, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación agraria, cuando se formule oposición una vez concluido el trámite de jurisdicción voluntaria, se desechará la oposición pero se reservarán sus derechos al opositor; empero a juicio de este tribunal ello sucederá cuando la oposición se formule ante el Tribunal Agrario directamente, en tanto que, cuando se promueva el amparo, alegándose violación a las garantías de audiencia y defensa, como en el caso sucede, lo conducente es conceder el amparo para que el quejoso se apersone a dichas diligencias y ante su oposición se den por concluidas; una vez hecho esto, las partes estarán en aptitud de ejercer las acciones que consideren pertinentes para dilucidar su mejor derecho a poseer la parcela cuestionada; restituyéndose así al quejoso en sus garantías violadas, que es la pretensión del quejoso con la interposición de su demanda.
"Por tanto, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la contradicción de tesis respectiva ante el Pleno de este Tercer Circuito en Materia Administrativa.
"La concesión del amparo se hace extensiva a los actos reclamados al delegado del Registro Agrario Nacional (señalado como autoridad responsable ejecutora), toda vez que los actos reclamados a dicha autoridad no se combaten por vicios propios sino como una consecuencia de la resolución reclamada."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco (hoy Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco), al fallar el diverso amparo en revisión **********, por unanimidad de votos, el cuatro de febrero de dos mil diez, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son por una parte ineficaces y sustancialmente fundados por la otra (en suplencia de la queja deficiente), los agravios que formula el autorizado legal de la tercero perjudicada y aquí recurrente **********, como se pondrá de manifiesto en párrafos subsecuentes.
"...
"Precisado lo anterior, cabe recordar en este momento que la aquí quejosa **********, por conducto de su apoderada **********, esencialmente reclama en su demanda de garantías todo lo actuado dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria iniciado a solicitud de la hoy tercero perjudicada **********, mismo que se registró con el número de expediente **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Trece, con residencia en esta ciudad; trámite en el que mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil ocho, se reconoció a la entonces promovente como sucesora legítima de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a su fallecida madre **********, también conocida como **********, en su calidad de comunera de la **********.
"Asimismo, es imprescindible acotar nuevamente que en la sentencia recurrida el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, concedió a la aquí quejosa ********** el amparo solicitado, después de considerar, por una parte, que esta última justificó ser hija supérstite de la fallecida **********, también conocida como **********, quien a su vez era reconocida en vida como comunera de la ********** y, desde luego, que en su calidad de hija aquélla (sic) se encuentra en aptitud de suceder a la de cujus en el ejercicio de los derechos agrarios que en vida le correspondieron y, por la otra, que a la referida impetrante no se le dio intervención alguna en el mencionado procedimiento de jurisdicción voluntaria, que por esa razón se contravinieron en su perjuicio las garantías de previa audiencia, legalidad y defensa, y que en esas condiciones, lo procedente era conceder a la citada quejosa el amparo solicitado para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario responsable, deje insubsistente la resolución pronunciada en el expediente relativo al citado trámite de jurisdicción voluntaria, así como sus demás consecuencias legales, y después de escuchar en defensa a la peticionaria de amparo resuelva de nueva cuenta y con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda.
"Lo resuelto en esos términos por el Juez de Distrito, resultó ilegal, como enseguida se pasa a demostrar.
"Previamente, cabe destacar que no se analizará en esta ejecutoria lo relativo a la idoneidad de la vía en que se promovió la sucesión de derechos agrarios, que dio origen al presente reclamo constitucional, debido a que en el caso se advierte que existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria concluido, y ello conduce a este tribunal a considerar que ningún fin práctico tendría el análisis de dicha cuestión, según se verá.
"En efecto, como ya se señaló adquiere particular relevancia en la especie, el hecho de que la sucesión de los aludidos derechos agrarios por la vía de jurisdicción voluntaria ya se encontraba concluida mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil ocho, a la fecha en que la directa quejosa **********, presentó la demanda de amparo que ocupa nuestro estudio, en este caso, el doce de enero de dos mil nueve.
"Lo trascendente de la precisión acabada de realizar, estriba en que el examen de las constancias que informan el procedimiento de jurisdicción voluntaria registrado con el número de expediente **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Trece con residencia en esta ciudad (del cual proviene el juicio constitucional que ahora se revisa) revela, como se dijo anticipadamente, que durante su tramitación no hubo alguna oposición de parte legítima, de tal suerte, que pudo emitirse la resolución correspondiente a dicho trámite el dieciocho de enero de dos mil ocho, con estricto apego a la legislación aplicable, puesto que si bien pudiera no encontrarse ajustado a la realidad de los hechos el mencionado fallo, tal como lo expresa la hoy quejosa ********** en su demanda de amparo, no menos cierto resulta que su sola emisión elimina toda posibilidad de que actualmente pueda darse trámite a una oposición como la que intenta formular la solicitante de amparo a través del juicio de amparo indirecto que se revisa en esta ejecutoria, pues en todo momento aquélla reclama violación a su garantía de previa audiencia, y no debe perderse de vista que para poder constreñir a la autoridad responsable a que respete tal prerrogativa a favor de la impetrante de amparo, sería imprescindible que tal controversia se hubiera producido durante la tramitación del mencionado procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, antes de que se emitiera la resolución que lo dio por concluido, y no cuando ésta ya se ha pronunciado.
"Así lo establece el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria como ésta lo dispone en su numeral 167, el cual establece:
"‘Artículo 533. Si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.
"‘Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando su derecho al opositor.’ (lo resaltado y subrayado es autoría de este órgano colegiado)
"De entrada, cabe destacar que el primer párrafo del precepto legal acabado de transcribir es claro al establecer que si a la solicitud de jurisdicción voluntaria promovida se opusiera parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.
"Supuesto que en el caso no se dio, pues la oposición se produjo, como se precisó anteriormente, después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria.
"A su vez, el segundo párrafo de ese mismo dispositivo alude a dos supuestos de oposición distintos, cada uno de los cuales genera diferentes consecuencias de derecho, los cuales se identifican de la siguiente manera:
"1) Si la oposición la hiciere quien no tiene personalidad ni interés para ello, se desechará de plano; y,
"2) Si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, como ocurrió en el caso concreto, se desechará la oposición, reservándose los derechos al opositor.
"Sobre el tema acabado de tratar, resulta altamente ilustrativa la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR.-De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, «se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio»; como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso.’
"De lo anterior, se sigue lo fundado del agravio que se atiende en suplencia de la queja deficiente, pues según se vio, resultó desacertada la resolución que se recurre en la parte en que el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado y ordenó dejar sin efectos la resolución del Tribunal Unitario Agrario responsable que le reconoció derechos agrarios a la tercero perjudicada aquí recurrente **********, para el efecto de que dentro de dicho trámite de jurisdicción voluntaria se escuche en defensa a la solicitante de amparo, y una vez efectuado lo anterior aquél resuelva de nueva cuenta y con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda, pues en opinión de los integrantes de este órgano de control constitucional, esa concesión a nada práctico conducirá si se parte de lo expuesto y razonado en forma previa, en el sentido de que la oposición de parte legítima cuando se ventila un trámite de jurisdicción voluntaria, sólo es admisible antes de que concluya el trámite respectivo y no cuando en éste ya se ha pronunciado la resolución correspondiente, pues de ello se sigue que a lo único que llevaría el otorgamiento del amparo en los términos acabados de precisar sería, en todo caso, a que se escuche a la peticionaria de garantías en un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que manifieste su oposición y pueda resolverse a continuación por parte del tribunal responsable la conclusión del trámite respectivo sin mayores consecuencias, en franca contravención al principio de expeditez en la administración de justicia que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ello sin duda alguna implicaría un mayor retardo en el inicio del juicio contencioso respectivo, toda vez que habría que esperar a que el propio Juez de Distrito exija el cumplimiento de la eventual concesión de amparo (pues se trata de un amparo tramitado en la vía indirecta), y a que se otorgue a la quejosa la oportunidad de ser escuchada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria relativo (para lo cual habrá de ser citada previamente); luego de lo cual, necesariamente habrá de pronunciarse el Tribunal Agrario responsable en el sentido que considere ajustado a derecho, y sólo en caso de que declare la conclusión del trámite correspondiente ajustándose al criterio jurisprudencial que se transcribió en párrafos precedentes, dejará a las partes en aptitud de promover el juicio sucesorio que proceda, siendo que todo ello bien puede ser definido en esta misma ejecutoria de amparo.
"Por lo que se refiere a este último aspecto, cabe puntualizar que el solo hecho de que no se haya llamado a la impetrante de amparo a las diligencias de jurisdicción voluntaria previamente aludidas, de cualquier manera no importa violación alguna a sus garantías de audiencia y defensa, porque durante su tramitación el tribunal responsable no tuvo conocimiento de que la aquí quejosa ********** tuviera derechos que hacer valer en ese procedimiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26437-0abd8116/jurisdiccion-voluntaria-en-materia-agraria-es-improcedente-conceder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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