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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO, Y SU ANEXO No. 17. NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 89/2016. · Registro digital (IUS): 26396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-07-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Pág. 371.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 89/2016. 25 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(12)

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Los recursos de revisión principal(13) y adhesivo(14) se interpusieron dentro del plazo legal y por persona legitimada para ello.

TERCERO.-Antecedentes relevantes. Para estar en posibilidad de resolver el presente asunto, es necesario conocer sus antecedentes más relevantes; de las constancias de autos se desprenden los siguientes:

1. Resolución determinante del crédito fiscal. Mediante oficio **********, de once de noviembre de dos mil trece, el director general de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco determinó un crédito fiscal a **********, **********, por la cantidad de $********** (**********), por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios, derivado de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.(15)

2. Recurso de revocación. Contra esa determinación, la contribuyente interpuso recurso de revocación, el cual resolvió el doce de marzo de dos mil catorce el procurador fiscal del Estado, declarándolo infundado y confirmando la resolución impugnada.(16)

3. Juicio de nulidad. Inconforme con las anteriores resoluciones, la contribuyente promovió juicio de nulidad,(17) el cual registró la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente **********.(18)

Una vez seguidas las etapas procesales, la Sala Regional dictó sentencia el diez de abril de dos mil quince, en la que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.(19)

4. Demanda de amparo directo. En contra de dicha resolución, la actora promovió juicio de amparo directo, en cuyos sexto y séptimo conceptos de violación hizo valer, en la parte que interesa, los siguientes argumentos:(20)

• Sexto concepto de violación. Inconstitucionalidad del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

El Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, es un acto legislativo que vulnera las garantías de fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 constitucional, toda vez que la entidad federativa carece de competencia tributaria respecto de la recaudación del impuesto a la venta final de gasolinas y diésel en territorio nacional, previsto en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Lo anterior, porque la Federación únicamente acordó que la entidad federativa participarían del total de los impuestos federales establecidos en la cláusula tercera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por tanto, si de la citada cláusula no se desprende el nuevo y adicional impuesto a la venta final de gasolinas y diésel en territorio nacional, resulta claro que la entidad federativa no tiene competencia tributaria.

Además, el Estado de Jalisco, al firmar el convenio de adhesión, renunció a su competencia y potestad tributaria, en relación con el impuesto a la venta final de gasolinas y diésel en territorio nacional.

En efecto, la fracción II prevé un gravamen diferente, adicional al impuesto especial sobre producción y servicios, cuyos sujetos pasivos no resultan ser coincidentes, por lo que el Gobierno del Estado de Jalisco, única y exclusivamente cuenta con la competencia tributaria respecto del impuesto especial sobre producción y servicios, entendiéndose por éste como el establecido en la fracción I del artículo 2o.-A de la ley de la materia, y no así tratándose del impuesto a la venta final al público en general del territorio nacional, contemplado en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; lo cual, tiene sustento en la acción de inconstitucionalidad 29/2008.

El impuesto a la venta final de gasolina y diésel al público en general en territorio nacional, establecido en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se incluye en la recaudación del fondo general de participaciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, los convenios de adhesión son asimilables a los tratados internacionales; de ahí la trascendencia e importancia de los mismos.

Consecuentemente, la autoridad estatal hacendaria carece de competencia material para ejercer sus facultades de comprobación, tratándose del impuesto a la venta final de gasolinas y diésel en territorio nacional.

De conformidad con el artículo 73, fracción XXIX, punto 5, inciso c), de la Constitución, se advierte que el único facultado para ejercer la revisión, comprobación y recaudación del impuesto derivado de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es la Federación, a través de la Secretaria de Hacienda y Público, y no las entidades federativas por conducto de sus haciendas federales.

• Séptimo concepto de violación. Inconstitucionalidad del anexo 17.

El anexo 17 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 constitucional, por indebida fundamentación y motivación de un acto materialmente legislativo, ya que el Gobierno Federal delegó las facultades de fiscalización en materia de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siendo que de dicho convenio no se desprende tal coordinación, además de que el Gobierno Local renunció expresamente a su potestad y competencia tributaria.

Además, se insiste que la autoridad fiscalizadora no puede ejercer la competencia tributaria respecto de las cuotas previstas en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues aun cuando en el anexo 17 se cita textualmente la facultad, éste deriva de un convenio de colaboración administrativa en el que no se acordó la coordinación respecto de dicho tributo.

De las cláusulas primera, segunda y tercera del anexo 17, se advierte que no se pueden delegar las atribuciones a la entidad federativa para fiscalizar el impuesto especial sobre producción y servicios, máxime si se considera que la autoridad hacendaria, al suscribir el convenio de colaboración, renunció expresamente a su potestad y competencia tributaria, por ende, si ejerce facultades de comprobación respecto de un impuesto que no forma parte de la recaudación federal participable, resulta un hecho contrario al artículo 124 constitucional.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Jalisco resulta incompetente para firmar o suscribir convenios de coordinación fiscal, toda vez que las facultades inherentes al gobernador se encuentran en el artículo 50 de la Constitución Local, y de esa disposición no se desprende que pueda celebrar convenios de coordinación fiscal; de ahí la inconstitucionalidad del anexo 17.

La autoridad fiscal estatal es incompetente para llevar a cabo los actos de fiscalización para revisar las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues ese impuesto, al no formar parte de los ingresos coordinados, no es sujeto a delegarse a la administración por parte de una entidad federativa.

Consecuentemente, al pactarse la cesión de facultades en favor de la entidad federativa, es un acto contrario tanto al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a la Ley de Coordinación Fiscal, y violatorio de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX, punto 5, en relación con el diverso 124 constitucional.

El anexo 17 viola el principio de legalidad tributaria, ya que no se señala con precisión el nombre del tributo, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 28/2008, así como en la contradicción de tesis 448/2012, en las que se determinó que las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es el denominado "impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel" o "impuesto especial sobre producción y servicios", por lo que debió citarse correctamente la denominación del impuesto.

5. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Del asunto conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el expediente **********, el cual dictó sentencia el diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la que concedió el amparo por cuestiones de legalidad y, en relación con el tema de inconstitucionalidad planteado, resolvió lo siguiente:

• El Tribunal Colegiado calificó de ineficaces los argumentos en los que se planeó la inconstitucionalidad del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y el anexo 17, en virtud de que su planteamiento lo hizo depender de una premisa incorrecta, en cuanto a que se trataba de actos legislativos, por lo que no era dable examinar si cumplían con la debida fundamentación y motivación a que alude el artículo 16 de la Constitución.

• Consideró que no se trataba de actos legislativos, en tanto la Segunda Sala resolvió que, a través de ese tipo de convenios, se busca la cooperación de la autoridad fiscal local en las tareas de recaudación y fiscalización respecto de los ingresos federales, por lo que: "... los convenios de colaboración administrativa no requerirán aprobación del Congreso del Estado ..."

• Añadió que un convenio de colaboración administrativa es un instrumento suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una entidad federativa, el cual, no requiere reunir las condiciones que necesariamente debe cumplir un acto legislativo del cual deriven normas impersonales, obligatorias, generales y abstractas, esto es, el convenio sólo prevé un acuerdo de voluntades entre dos autoridades, tendente a evitar la doble o múltiple imposición y lograr la adecuada coordinación sobre la administración de contribuciones federales.

• Es decir, el convenio y su anexo no constituyen normas generales emanadas de un proceso legislativo, en virtud de que únicamente constituyen la expresión de la voluntad de dos entes gubernamentales, con el objeto de coordinarse entre ellos en materia impositiva, motivo por el cual, su contenido no se dirige a los gobernados, porque sólo prevé la forma de llevar a cabo la ejecución de las disposiciones fiscales.

• Señaló que el convenio y su anexo no podían considerarse como un acto legislativo, desde el punto de vista formal, en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la entidad federal no estaban concebidas para la creación de normas legales; ni tampoco podían considerarse como un acto materialmente legislativo, dado que no creaba disposiciones generales, impersonales, obligatorias y abstractas, pues su objeto se concretaba en ejercer la administración de los impuestos señalados en la ley respectiva y al tenor de las cuales están investidas dichas autoridades.

• Consecuentemente, concluyó que resultaban infundadas las manifestaciones de la quejosa, en cuanto a que se debía cumplir con la fundamentación y motivación que requiere todo acto legislativo, pues se trata de instrumentos que solamente contienen un acuerdo de voluntades entre dos autoridades, con la finalidad de evitar la doble o múltiple imposición y lograr una adecuada coordinación sobre la administración de contribuciones federales.

• Por otra parte, determinó que, contrario a lo argumentado por la quejosa, el gobernador del Estado de Jalisco suscribió dicho instrumento con apoyo en las atribuciones que le confiere, entre otros, el artículo 50, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el cual establece que corresponde al titular del Poder Ejecutivo la representación del Estado de Jalisco, lo que estimó suficiente para signar los convenios de colaboración a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal.

• En relación con lo anterior, citó las tesis 2a. LXXVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO. EL GOBERNADOR DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA ESTÁ FACULTADO PARA FIRMAR TANTO AQUÉL COMO SU ANEXO No. 17." y 2a. LXXVIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "", sustentadas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

• Calificó de ineficaces los argumentos de inconstitucionalidad del anexo 17, en cuanto a que no señala el nombre del impuesto respecto del cual se convino en coordinarse para ejercer las funciones operativas de administración, cobro y recaudación, pues sobre el tema existen las jurisprudencias 2a./J. 113/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO. EL HECHO DE QUE SU ANEXO No. 17 NO MENCIONE RESPECTO DE QUÉ IMPUESTO SE OTORGARON LAS FUNCIONES OPERATIVAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA." y 2a./J. 114/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO. SU ANEXO No. 17, QUE OMITE REFERIRSE ESPECÍFICAMENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.", que resuelven lo planteado.

6. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa y la autoridad tercera interesada interpusieron sendos recursos de revisión.

CUARTO.-Agravios. Las manifestaciones que en vía de agravios formuló la parte recurrente, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, consisten, en esencia, en lo siguiente:

a) Las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se apoyó el Tribunal Colegiado para calificar de ineficaces los argumentos de inconstitucionalidad del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y el anexo 17, son contrarias y no logran superar lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2008.

b) En el caso, subsiste la inconstitucionalidad del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal y su anexo 17, toda vez que su estudio no ha sido abordado en forma toral por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues las jurisprudencias 2a./J. 113/2015 (10a.) y 2a./J. 114/2015 (10a.) son contrarias a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en la que se determinó que las cuotas previstas en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es un impuesto nuevo, adicional y diferente al impuesto especial sobre producción y servicios, el cual grava exclusivamente la venta final al público en general en territorio nacional de gasolina y diésel; por lo cual, se acredita que la entidad federativa no tiene competencia tributaria al respecto.

c) El Tribunal Colegiado soslayó que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal y su anexo 17 son actos legislativos, además de que constituyen dispositivos legales impugnables en la vía de amparo, al ser parte del marco normativo en que la autoridad responsable basa su competencia, por lo que resultan ser disposiciones de observancia general.

d) El Tribunal Colegiado omitió analizar que, en atención a las disposiciones que integran el Sistema de Coordinación Fiscal, el órgano legislativo local renunció a imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales participables, lo que conlleva, incluso, a la desincorporación temporal de su ámbito competencial de la potestad relativa, por tanto, los convenios de adhesión y coordinación, así como sus anexos, inciden y trascienden a la potestad tributaria de las entidades federativas.

QUINTO.-Procedencia. En primer lugar, es importante señalar que el juicio de amparo directo es un juicio con una sola instancia, pues la resolución que ahí se dicte, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno. De manera excepcional, en su contra podrá interponerse un medio de defensa, que sólo justifica su procedencia si se actualizan dos requisitos fundamentales, previstos en el artículo 107, fracción IX,(21) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 81, fracción II,(22) de la Ley de Amparo, a saber:

1. En la revisión debe subsistir alguna cuestión de constitucionalidad. Es decir, la sentencia de amparo combatida debe resolver sobre la constitucionalidad o convencionalidad de normas generales, establecer la interpretación directa de algún precepto constitucional o de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, u omitir un pronunciamiento sobre tales cuestiones cuando se hubieran planteado en la demanda.

2. El asunto debe fijar un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los lineamientos sentados por ésta en el Acuerdo General Plenario Número 9/2015.

Esta Segunda Sala, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil quince, aprobó la jurisprudencia 2a./J. 128/2015 (10a.), donde se puntualizaron los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, con base en los artículos 107, fracción IX, constitucional y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General Número 9/2015, del Pleno de este Alto Tribunal, que señala cuándo se está ante un caso de importancia y trascendencia. La referida jurisprudencia es del siguiente tenor:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo son definitivas y sólo de manera extraordinaria, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, una vez actualizados los presupuestos procesales (competencia, legitimación, oportunidad del recurso -en su caso-, entre otros), procede el mencionado medio de defensa siempre que: 1) en la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y 2) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, con el fin de armonizar la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los preceptos citados, el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*), que regula la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el análisis de los agravios en la revisión, permite al Alto Tribunal hacer una valoración discrecional de los méritos de cada recurso, para determinar si a su juicio el asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia, para lo cual, su punto segundo señala que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando: (i) pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo."

Ahora, en el presente asunto, se considera que tanto del análisis del planteamiento realizado en la demanda de garantías, como de los argumentos del fallo recurrido, se desprende que en el recurso interpuesto por la parte quejosa sí subsisten las cuestiones propiamente constitucionales, en atención a que la recurrente combate la ineficacia decretada por el Tribunal Colegiado, en donde se planteó la inconstitucionalidad del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su anexo 17 celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, concerniente a la transgresión de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, al no poderse delegar las facultades con que cuenta la Federación al Estado y porque el gobernador tampoco contaba con la facultad para firmar dicho convenio.

SEXTO.-Estudio. Bajo ese contexto, con el objeto de demostrar si, como lo refiere la quejosa en los agravios sintetizados en los incisos c) y d), fue incorrecta la decisión del Tribunal Colegiado, al sostener que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su anexo 17 no son normas generales, pues no derivan de un proceso legislativo, ni reúnen la característica de observancia general y tampoco eran abstractas, sino que sólo eran un acuerdo de voluntades entre la autoridad federal y estatal, que ni siquiera estaba dirigido al gobernado; lo cual, impidió el análisis de constitucionalidad de dichos convenios.

En ese sentido, se procede a desentrañar si, como lo asevera el Tribunal Colegiado, el convenio reclamado es susceptible de ser analizado como norma general o no.

Al respecto, ha sido criterio del Tribunal Pleno que el acto legislativo, que desde el punto de vista material tiene la naturaleza de ley, es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales, esto es, se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigido a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables.

En cambio, el acto legislativo, que materialmente tiene la naturaleza de acto administrativo, es el que crea situaciones jurídicas particulares y concretas, que no posee elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley.

Así, la diferencia sustancial entre una ley y un acto de naturaleza administrativa, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el acto regula situaciones particulares, concretas e individuales.

Por otra parte, la generalidad de la norma implica su permanencia después de su aplicación; de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, el acto administrativo va dirigido a una situación particular y concreta y, una vez aplicado, se extingue.

De este modo, el contenido material de la disposición impugnada es el que permite determinar si tiene realmente la naturaleza jurídica de norma de carácter general.

En esas condiciones, conviene traer a contexto el anexo 17 al que se hace alusión:

"Anexo No. 17 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco.

"El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la que en lo sucesivo se le denominará la ‘secretaría’, y el Gobierno del Estado de Jalisco, al que en lo sucesivo se le denominará el ‘Estado’, tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual entró en vigor el 17 de junio de 2003.

"Dentro de las más recientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas por el Congreso de la Unión se incluye la adición del artículo 4o.-A a dicho ordenamiento, el cual prevé que la recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, serán distribuidas entre las entidades federativas que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y celebren con la Federación convenio de colaboración.

"En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o.-A y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, la secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de conformidad con las siguientes:

"Cláusulas

"Primera. La secretaría y el Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas séptima y octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, convienen en coordinarse, en los términos de lo dispuesto en dicho convenio y de lo previsto en este anexo, para que el Estado ejerza las funciones operativas de administración respecto de los ingresos derivados de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que entrará en vigor a los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.-Para la administración de los ingresos referidos en esta cláusula, el Estado ejercerá las funciones operativas de administración, recaudación, comprobación, determinación y cobro, en los términos de la legislación federal aplicable y conforme a lo dispuesto en las cláusulas siguientes de este anexo.

"Segunda. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los ingresos referidos en este anexo, el Estado ejercerá las siguientes facultades:

"I. Recibir y, en su caso, exigir la presentación de las declaraciones, avisos y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales y recaudar los pagos respectivos a través de las oficinas o instituciones de crédito, que el Estado autorice, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos. Asimismo, el Estado diseñará, emitirá y publicará en su órgano de difusión oficial los formatos para el pago de los ingresos a que se refiere este anexo, los cuales deberán contener los requisitos mínimos que se establezcan mediante las reglas de carácter general que al efecto emita la secretaría.

"II. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar el impuesto correspondiente, su actualización y accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades conforme a la legislación federal aplicable.

"III. Las establecidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones no lo hagan en los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado estará a lo dispuesto en la cláusula decimoprimera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

"IV. Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por el Estado, relativas al impuesto y sus accesorios, los requerimientos o solicitudes de informes emitidos por el propio Estado, así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente. [Martes 5 de febrero de 2008 Diario Oficial (segunda sección)]

"V. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el pago de los créditos fiscales, con sus correspondientes accesorios, que el Estado determine. En el ejercicio de las facultades referidas en esta cláusula, el Estado se obliga a auxiliar a las autoridades fiscales de otras entidades federativas que hayan celebrado el presente anexo y así lo requieran en razón de la ubicación de establecimientos del contribuyente en diversas circunscripciones territoriales.

"Tercera. En materia de los ingresos referidos en este anexo, además de lo dispuesto en la cláusula segunda que antecede, en el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimiento de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las oficinas de la autoridad competente. Asimismo, el Estado podrá ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación.

"En el ejercicio de las facultades referidas en el párrafo que antecede, el Estado se obliga a auxiliar a las autoridades fiscales de otras entidades federativas que hayan celebrado el presente anexo y así lo requieran en razón de la ubicación de establecimientos del contribuyente en diversas circunscripciones territoriales.

"No obstante la exclusión a que se refiere la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el Estado podrá ejercer las facultades de comprobación previstas en el presente anexo, exclusivamente tratándose del impuesto especial sobre producción y servicios derivado de la aplicación de las cuotas que sobre gasol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26396-60d85602/convenio-de-colaboracion-administrativa-en-materia-fiscal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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