I. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL, EMITIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DE DICHO SERVICIO, A FIN DE QUE SE PRESTE DE MANERA CONTINUA, UNIFORME, PERMANENTE Y REGULAR. II. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PARA DARLE UNIFORMIDAD A TODO EL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO. III. TRÁNSITO. COMPETENCIA DEL LEGISLADOR LOCAL PARA FACULTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA EXPEDICIÓN DE PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACIÓN Y ENGOMADOS (ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. TRÁNSITO. CONDICIONAMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO PARA QUE LA AUTORIDAD MUNICIPAL ENTREGUE PERMISOS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN (ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. TRÁNSITO. NECESIDAD DE QUE EL MUNICIPIO CELEBRE CONVENIO CON EL ESTADO PARA RECAUDAR LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS O TARJETAS DE CIRCULACIÓN (ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2012. MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 19 DE MARZO DE 2015. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil quince.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa y J. Guadalupe Torres Sánchez, en su carácter de síndicos municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
a) El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.
b) El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.
Acto y norma general, cuya invalidez se reclama:
1. La emisión del oficio número SSP/SP/DJ/0230/2012, de trece de febrero de dos mil doce, expedido por el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, a través del cual hace del conocimiento del Municipio actor, que en términos del artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, es necesario a efecto de poder expedir permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación, que previamente se celebre un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y mientras no se suscriba el referido convenio, el Municipio actor se encuentra impedido jurídicamente para otorgar los permisos citados, asimismo, solicita se destruyan todos los formatos o "machotes" que estén vinculados con los permisos en comento, toda vez que los que se utilizarán, derivados del convenio que se suscriba, serán formatos diferentes.
2. La promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el diez de noviembre de dos mil once, del Decreto Número 759, que contiene la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en particular, su artículo 20.
3. La invalidez del Decreto Número 759 "... dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí el 20 de octubre del 2011, a través de su Quincuagésima Novena Legislatura, el cual como se ha dicho contiene la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en particular su artículo 20."
Ahora, es menester tener presente que el Decreto Número 759, que contiene la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en particular, el artículo 20, establece lo siguiente:
"Artículo 20. Para circular en el territorio del Estado, todo vehículo de tracción motriz o vehículo de motor, deberá contar con placas oficiales, tarjeta de circulación, y engomados; se exceptúan aquellos de uso agrícola e industrial.
"Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la secretaría, la expedición de placas oficiales, tarjeta de circulación, engomado, llevando en todo tiempo un registro actualizado de las mismas, determinando su vigencia conforme a las disposiciones legales aplicables.
"Las placas y la tarjeta de circulación se entregarán en uso y custodia al interesado, ya que son documentos públicos, por lo que deberán entregarse al efectuar el canje correspondiente, o tramitar el aviso de baja a que se refiere el artículo 28 de esta ley.
"La secretaría, previo convenio con la autoridad municipal, podrá autorizar la entrega de permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación por conducto de la autoridad municipal, para aquellos vehículos de su demarcación, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
"En ningún caso se expedirá permiso a vehículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente en el territorio del Estado."
Por su parte, el acto impugnado de invalidez consistente en el oficio número SSP/SP/DJ/0230/2012, de trece de febrero de dos mil doce, emitido por el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, dispone lo siguiente:
"Oficio SSP/SP/DJ/0230/2012
"San Luis Potosí, S.L.P., a 13 de febrero de 2012
"Lic. Ricardo Gallardo Juárez
"Presidente municipal de Soledad
"de Graciano Sánchez
"Presente
"Por este conducto, me permito comunicarle, en vía de notificación en forma, que conforme a lo dispuesto por la actual Ley de Tránsito del Estado, a efecto de que en el Municipio del que usted es presidente, a través de su área respectiva, se pueda expedir permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación de vehículos, es necesario previamente que se celebre convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que le solicito se acerque cuanto antes ante el personal de esta secretaría, para la suscripción del mismo.
"Al efecto, es aplicable el artículo 20 de la citada ley, que en lo conducente establece:
"‘Artículo 20. Para circular en el territorio del Estado, todo vehículo de tracción motriz o vehículo de motor, deberá contar con placas oficiales, tarjeta de circulación, y engomados; se exceptúan aquellos de uso agrícola e industrial.
"‘Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la secretaría (Seguridad Pública), la expedición de placas oficiales, tarjeta de circulación, engomado, llevando en todo tiempo un registro actualizado de las mismas, determinando su vigencia conforme a las disposiciones legales aplicables.
"‘Las placas y la tarjeta de circulación se entregarán en uso y custodia al interesado, ya que son documentos públicos, por lo que deberán entregarse al efectuar el canje correspondiente, o tramitar el aviso de baja a que se refiere el artículo 28 de esta ley.
"‘La secretaría, previo convenio con la autoridad municipal, podrá autorizar la entrega de permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación por conducto de la autoridad municipal, para aquellos vehículos de su demarcación, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
"‘En ningún caso se expedirá permiso a vehículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente en el territorio del Estado.’
"Por lo tanto, es importante que observe que mientras no se suscriba el referido convenio, la autoridad de su Municipio, se encuentra impedida jurídicamente para otorgar los permisos citados, quedando bajo su más estricta responsabilidad el cumplimiento de la ley.
"Asimismo, le solicito proceda de inmediato a la destrucción de todos los formatos o machotes con que cuente vinculados a los permisos en comento, toda vez que los que se utilizarán derivado del convenio que se suscriba, serán formatos diferentes.
"Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
"Atentamente.
"(Firma)
"Secretario de Seguridad Pública del Estado."(1)
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales violados. El Municipio actor señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Antecedentes. En el escrito de demanda fueron narrados los antecedentes del caso que, en lo conducente, se transcriben a continuación (fojas 5 a 7 del expediente principal):
"Bajo protesta de decir verdad, manifestamos lo siguiente:
"Derivado de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se establece que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio público de tránsito, advirtiéndose así, un avance sustancial en la consolidación de la autonomía municipal frente a las injerencias de los gobiernos y Legislaturas Estatales.
"En efecto, la reforma en comento tuvo como intención la de fortalecer al Municipio Libre y hacer realidad la autonomía municipal, eliminando algunas injerencias o potestades que la propia Constitución permitía o consagraba a favor del Gobierno Estatal y en detrimento de la figura municipal, configurándole expresamente como un tercer nivel de gobierno.
"Asimismo, debe decirse que la Constitución particular de este Estado Potosino, es coincidente con la federal, al establecer en su arábigo 114, fracción III, inciso h), la facultad del Municipio de prestar el servicio público de tránsito, siendo que esa propia potestad la recoge la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en sus numerales 149 y 150.
"Ahora bien, en ejecución a esa facultad municipal emergida de la Constitución Federal (la de prestar el servicio público de tránsito), la entidad pública actora ha venido prestando el servicio de tránsito dentro de su circunscripción territorial, expidiendo desde hace varios años permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación, previendo en las leyes de ingresos correspondientes -inclusive la vigente del 2012-, en su artículo 16, fracción I, las tarifas por los derechos causados por ese servicio, sin que para ello el Poder Ejecutivo lo haya sujetado al cumplimiento material de algún requisito previo.
"Sin embargo, mediante correspondencia recibida por parte del señor presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, se recepcionó el 14 de febrero de 2012, el oficio identificado con la clave SSP/SP/DJ/0230/2012, fechado el 13 del mismo mes y año, a través del cual comunica al Municipio actor el que en términos del artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado, es necesario para efecto de poder expedir permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación, el que se celebre previamente convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, peticionando nos acerquemos con dicha secretaría para la suscripción del mismo.
"También, agrega diciendo que mientras no signemos el referido convenio, esta autoridad municipal se encuentra impedida jurídicamente para otorgar los permisos citados y, por último, pide que procedamos de inmediato a la destrucción de todos los formatos o machotes con los que contemos vinculados con los permisos en comento, toda vez que -según dice-, los que se utilizarán derivado del convenio que se suscriba, serán formatos diferentes.
"En ese sentido, al inmiscuirse el Estado de San Luis Potosí en la prestación del servicio público de tránsito que viene dando el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en virtud de condicionarnos la expedición de permisos de circulación sin placas y sin tarjeta de circulación a una obligación no prevista por el Pacto Federal, es obvio que viola la misma y, por ello, se acude ante este Alto Tribunal a demandar se haga justicia al actor de este juicio declarando la invalidez del acto y la norma que lo motiva.
"Debo precisar para los efectos legales correspondientes, que el primer acto de aplicación en la persona de la actora del numeral 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, fue precisamente con la emisión del acto impugnado, es decir, del oficio SSP/SP/DJ/0230/2012, fechado el 13 de febrero del actual y recibido el 14 del mismo mes y año."
CUARTO.-Concepto de invalidez. El Municipio actor formuló en su escrito inicial de demanda el único concepto de invalidez que estimó pertinente (fojas 7 a 16 del expediente principal), en el cual adujo, en síntesis, lo siguiente:
A) El Decreto Número 759, que contiene la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en particular el artículo 20, vulnera lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que condiciona al Municipio actor a firmar un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de que pueda entregar y/o expedir permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación de vehículos; siendo que el citado precepto constitucional confiere expresamente a favor de los Municipios el que puedan prestar el servicio público de tránsito, por lo que sostiene que ellos son los facultados para llevar a cabo la administración, organización, planeación y operación de ese servicio, esto es, el Municipio tiene la potestad constitucional de regular el servicio de tránsito, lo cual le genera la facultad de expedir los permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación respecto de los vehículos de su demarcación, sin necesidad de firmar convenio alguno con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lo que implica que el Estado de San Luis Potosí invade su esfera municipal.
B) El artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal establece que los Municipios en el desempeño de la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales; de ahí que podría entenderse que el Estado obligue al Municipio a firmar un convenio a fin de que este último pueda expedir permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación respecto de los vehículos de su demarcación, pues tal decisión se apoyó en una ley estatal, en específico, en el artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, aduce el Municipio actor que este Alto Tribunal ha sostenido que: "... el término leyes ‘estatales en materia municipal’, utilizado por la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, se introdujo con el fin de limitar la actuación de las Legislaturas Estatales a establecer, en normas con rango de ley, un catálogo de normas esenciales orientadas a proporcionar un marco normativo homogéneo que asegure el funcionamiento regular de los Ayuntamientos y de la adecuada prestación y satisfacción de los servicios y responsabilidades públicas a su cargo. Este acotamiento... tiene por finalidad permitir a los Municipios definir normativamente cuestiones que les son propias y específicas, como lo es el servicio público de tránsito.", por tanto, no es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular al Municipio, intervenga en cuestiones que le están reservadas constitucionalmente, como la prestación del servicio público de tránsito, es decir, las bases generales en la administración pública municipal no pueden tener una extensión temática tal que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas, pues si bien es cierto que corresponde a la Legislatura Estatal emitir un marco normativo general, homogéneo e indispensable que asegure su funcionamiento, también lo es que, constitucionalmente corresponde al Municipio la emisión de normas sustantivas y adjetivas para regular la prestación del servicio de tránsito.
C) El artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí transgrede lo establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, toda vez que obliga al Municipio actor a firmar con la Secretaría de Seguridad Pública de dicho Estado, un convenio para que pueda expedir los permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación de vehículos, siendo en primer lugar, que es el Municipio y no el Estado quien tiene facultades constitucionales para regular el servicio público de tránsito, por lo que debe ser el Ayuntamiento quien regule la forma de prestarlo; en segundo lugar, se condiciona -obliga- al Municipio actor a cumplir con un requisito consistente en la firma previa de un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de dicho Estado, sin advertir que la imposición de esa condición no está prevista en la Carta Fundamental, además no debe estimarse que a través de la ley secundaria referida, se haga nugatoria una competencia exclusiva del orden municipal conferida expresamente en la Constitución Federal, de ahí que el precepto legal y su acto de aplicación deben declararse inválidos.
D) El Municipio es el facultado para prestar los servicios en materia de tránsito y vialidad, y con independencia de los actos cuya invalidez reclama, sostiene, que los elementos de policía de tránsito en su Municipio, en seguimiento a las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han otorgado permisos para circular sin placas o tarjetas de circulación, amparados en la autonomía que el Congreso Local otorga en materia de cobro de derechos respecto del citado servicio y que está plasmado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil doce, ello para contribuir al fortalecimiento de las acciones que le competen a la autoridad estatal, ya que contiene implícita la obligación de todo propietario de automóviles de pagar ante las autoridades estatales el servicio de expedición de placas y tarjeta de circulación, aunado a defender la hacienda pública municipal, como receptora del pago de derechos por la expedición de tales permisos.
QUINTO.-Admisión y trámite. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil doce (folio 65 de autos), ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 22/2012 y, por razón de turno, designó como instructora del procedimiento a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien mediante auto de esa misma fecha, le reconoció personalidad a los promoventes, en su carácter de síndicos del Municipio actor, y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de San Luis Potosí, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda; ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera; asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí para que al dar contestación a la demanda, remitiera copia certificada de todos los antecedentes de la norma impugnada; y, finalmente, mandó formar por cuerda separada el cuaderno de suspensión respectivo (folios 66 a 67 del expediente principal).
SEXTO.-Contestación de la demanda. Se sintetiza a continuación lo aducido, esencialmente, en las dos contestaciones a la demanda integradas al expediente.
Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El presidente de la directiva de la Quincuagésima Novena (LIX) Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, al contestar la demanda (folios 98 a 109 de autos), adujo sustancialmente, lo siguiente:
a) Que el Ayuntamiento de lo que se duele, no es propiamente de la existencia de la porción normativa que lo vincula con el Ejecutivo del Estado (artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí), sino más bien, como lo expresa en su demanda, del oficio emitido por el secretario de Seguridad Pública Estatal, a través del cual advierte al Municipio actor que se encuentra impedido jurídicamente para otorgar los permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación.
b) Indica que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede al Municipio Libre la categoría de un nivel de gobierno y le dota de los elementos característicos para ser considerado como base de la división territorial y de organización política y administrativa de las entidades federativas, y en su fracción III, prevé que los Municipios tendrán a su cargo diversas funciones y servicios públicos, entre otros, el de tránsito.
c) El artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, impone que para que un vehículo automotor circule dentro del territorio que pertenece a esa entidad federativa, requiere contar con placas oficiales, tarjeta de circulación y engomados, y que la atribución para emitirlos corresponde al Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; luego entonces, si es facultad del Estado la imposición de tales requerimientos es lógico que también le pertenezca la atribución de expedir esos permisos, de ahí que la secretaría en comento, previo convenio con la autoridad municipal, autorice a este último la entrega de los permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación respecto de aquellos vehículos de su demarcación.
d) Que la porción normativa vigente, de ninguna manera invade el ámbito de competencia municipal de prestar el servicio público de tránsito, pues éste es un conjunto de actividades de carácter técnico realizadas por el Ayuntamiento para regular el orden público y el tránsito vehicular y peatonal, basado en leyes y reglamentos correspondientes, es decir, la facultad concedida por el legislador a favor del Estado, no impide que el Municipio actor, preste el servicio de tránsito, como regulación normativa del libre traslado de las personas por los medios conocidos de transporte y la vigilancia que de los movimientos vehiculares y peatonales se desarrolle con base en principios de máxima seguridad, para integridad física de las personas y la protección de posibles trastornos en los vehículos y objetos transportados.
e) Además, el objeto central del contenido del título cuarto de la norma impugnada, versa sobre los requisitos administrativos para la circulación y la reglamentación para el otorgamiento de los permisos, lo que evita que las autoridades municipales se vean inmersas en situaciones de falsificación o en el abuso de esa figura, para encubrir fines distintos a los que esgrimen para solicitarlo, como ocurría anteriormente por carecer la abrogada ley de tránsito de dicho Estado, de un procedimiento que lo regulara.
Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El procurador general de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en representación directa del Poder Ejecutivo de dicho Estado, dio contestación a la demanda (folios 250 a 256 de autos), en la cual, sustancialmente planteó lo siguiente:
1. Afirma que se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la demanda fue presentada de manera extemporánea, toda vez que el plazo para su interposición cuando se impugnan normas generales, explica, es de treinta días, a partir de la fecha de su publicación, y en la especie, la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial de dicho Estado el diez de noviembre de dos mil once, por lo que el Municipio actor debió impugnarlo al día siguiente de su publicación (entró en vigor el once de noviembre siguiente), por tanto, el plazo para recurrirla concluyó en enero de dos mil doce, siendo que la presente controversia constitucional fue promovida hasta marzo de ese año, esto es, fuera del plazo correspondiente.
2. Indica, que el artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, es el que depara afectación al Municipio actor, pues prevé que corresponde al Ejecutivo de dicho Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la facultad de expedir los permisos para circular sin placas y tarjetas de circulación, por tanto, tal ordenamiento es el que otorga dicha atribución a la secretaría mencionada, y no así a los Municipios de esa entidad federativa; ahora, partiendo del principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, y al no existir el supuesto que faculte al Municipio actor a expedir los citados permisos, se tiene que éste carece de facultad para emitirlos, dado que el precepto legal es omiso en otorgarle expresamente esa potestad y en su lugar, es concedida al orden estatal, sin que sea necesario un acto posterior que excluya al Municipio actor de dicha atribución, pues está impedido por el ordenamiento legal en cuestión.
3. Que el oficio número SSP/SP/DJ/0230/2012, de trece de febrero de dos mil doce, expedido por el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, no debe tenerse como acto concreto de aplicación de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, con independencia de que se citó el artículo 20, ya que tal precepto únicamente otorga a la secretaría referida la facultad de expedir permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación, y no así a los Municipios de dicha entidad federativa, de ahí que el Municipio actor está impedido para emitirlos, pues la ley no le otorga expresamente esa potestad, por ende, el oficio cuya invalidez solicita no puede constituir el primer acto de aplicación de la ley, pues éste no le otorga ni le suprime facultad alguna, sino simplemente le señala la falta de hipótesis existente para su actuación en materia de expedición de permisos, de ahí que el aludido oficio no afecta la esfera jurídica del Municipio actor.
4. En relación con las cuestiones de fondo, menciona que el oficio número SSP/SP/DJ/0230/2012, de trece de febrero de dos mil doce, fue emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, que otorga la posibilidad al Estado de convenir con los Municipios sobre la expedición de permisos para circular sin placas y tarjeta de circulación, y tomando en cuenta que el Municipio actor emite dichos permisos, pues así lo confesó en su concepto de invalidez, fue entonces que el secretario de Seguridad Pública del Estado (dependencia facultada para ejercer la atribución de que se trata), emitió el oficio aludido debidamente fundado y motivado, por lo que es constitucionalmente válido.
5. En cuanto a la prestación del servicio público de tránsito y con la finalidad de garantizar una homogeneidad mínima suficiente en materia de control vehicular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia normativa de los Congresos de los Estados es la de fijar reglamentación básica en cuanto al registro y control de vehículos; reglas de autorización para que éstos circulen; emisión de placas, calcomanías y hologramas de identificación vehicular; reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su circulación, estacionamiento, seguridad, infracciones y sanciones; facultades de las autoridades de tránsito y los medios de impugnación de los actos de autoridades en esta materia. Tal criterio ha quedado plasmado, entre otras, en la tesis jurisprudencial P./J. 47/2011, cuyo rubro es: "SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN."(2)
6. En materia de tránsito, el registro y control de vehículos, así como la autorización de su circulación son competencia regulatoria del Estado, y el artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí reglamenta precisamente la circulación de los vehículos, en este caso, a través del permiso para circular sin los documentos ordinarios; por lo que, al tratarse de normas de circulación vehicular, y al estar ésta contemplada dentro de las facultades que de manera competencial corresponden al Estado, tal precepto se ajusta a las atribuciones locales en materia de tránsito y, es por ello, constitucionalmente válido, al ser parte de la competencia estatal; de ahí que no afecta las facultades municipales en materia de tránsito.
7. Los conceptos de invalidez expresados por el Municipio actor que versan sobre la invasión a su esfera competencial en materia de tránsito, deben ser infundados.
SÉPTIMO.-Opinión de la procuradora. La procuradora general de la República al emitir su opinión (folios 270 a 303 de los autos del expediente principal), solicitó en sus puntos petitorios, lo siguiente:
"Primero. Tenerme por presentada, en tiempo y forma, con la personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en autos, exponiendo la opinión que me compete respecto del juicio constitucional que nos ocupa.
"Segundo. Declarar que ese Alto Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, la cual fue promovida por personas legitimadas y en tiempo.
"Tercero. Por los razonamientos expuestos en el apartado correspondiente, declarar infundadas las causales de improcedencia que hizo valer el gobernador de la entidad.
"Cuarto. Declarar la validez constitucional del artículo 20 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí y, por vía de consecuencia, la constitucionalidad del oficio SSP/SP/DJ/0230/2012."
OCTAVO.-Celebración de la audiencia y cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintiocho de junio de dos mil doce se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; y, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios, específicamente, el Estado de San Luis Potosí, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez de esa entidad federativa.
SEGUNDO.-Certeza de la norma y del acto impugnado. El artículo 41, fracción I,(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las sentencias que se dicten con base en esta ley deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, por lo que en cumplimiento a esa disposición se procede a analizar la existencia de los actos reclamados que se deduzcan del estudio int
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26447-d8e40fc2/i-transito-corresponde-a-los-municipios-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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