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Modo: Corpus Pro

PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, A TRAVÉS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL INICIA LA VIGENCIA TEMPORAL A LA QUE SE LIMITÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. · Registro digital (IUS): 26643
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Pág. 1864.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y LOS MAGISTRADOS ARTURO BAROCIO VILLALOBOS Y JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN. DISIDENTES: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ Y LUIS NÚÑEZ SANDOVAL. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: JAIME JULIO LÓPEZ BELTRÁN. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veintiocho junio de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 4/2016, suscitada entre los criterios del Segundo y del Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito.

El problema a resolver por este Pleno de Circuito, consiste en verificar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si existen puntos de contacto en las decisiones de los Tribunales Colegiados contendientes, respecto del tema que inicialmente se planteó en la posible contradicción de tesis sobre el siguiente punto: a partir de qué momento inicia la vigencia de cinco años de un poder, a la que se refiere el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco.

I. Antecedentes del caso

1. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo del año en curso, ante la oficialía de partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, **********, con la calidad que dijo tener de representante de **********, **********, **********, **********, denunció la posible contradicción de tesis, entre los criterios sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 515/2015 y 582/2015, respectivamente.

2. En proveído de cuatro de abril del mismo año, se previno al denunciante para que demostrara tener la representación que ostentaba; lo cual se tuvo por cumplido en acuerdo del día siete siguiente.(1) En ese mismo auto, se tuvo al denunciante demostrando que su apoderada es tercero interesada en los juicios de amparo objeto de la contradicción de tesis,(2) por lo que se admitió y se ordenó: registrarla con el número de expediente 4/2016; solicitar a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes, que enviaran la versión electrónica de las ejecutorias precisadas en el párrafo que antecede, así como que informaran si continuaban vigentes los criterios sostenidos en ellas; comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Máximo Tribunal de Justicia del País, la admisión de la contradicción de tesis de referencia, a fin de que se hiciera saber a este Pleno, sobre la existencia de una diversa contradicción de tesis radicada ante dicho Alto Tribunal, con relación al tema objeto de la presente, y, finalmente, se hizo saber a los integrantes del Pleno que, en su momento, el asunto sería turnado al Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

3. Una vez que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la presidencia del Pleno, la inexistencia de alguna contradicción de tesis, radicada ante el Máximo Tribunal de Justicia del País, sobre el tema materia de la denuncia de contradicción de tesis 4/2016, y que los Tribunales Colegiados contendientes manifestaron continuar sosteniendo sus respectivos criterios, en proveído de veintiséis de abril último, se declaró integrado el expediente relativo y se turnó al Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez, para la formulación del proyecto de resolución.

II. Competencia

4. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito.

III. Legitimación

5. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ya que fue denunciada por el apoderado de **********, parte tercero interesada en los juicios de amparo en los que se emitieron los criterios contendientes.

IV. Criterios denunciados

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

Sentencia dictada en el juicio de amparo directo 515/2015, en sesión de seis de noviembre de dos mil quince, de la que emanó la tesis III.2o.C.50 C (10a.), del siguiente contenido:

"PODER NOTARIAL. EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS PARA SU VIGENCIA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2214 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, INICIA DESDE QUE EL OTORGANTE LO CONFIERE Y NO CUANDO SE FORMALIZA ANTE FEDATARIO PÚBLICO. Conforme a la doctrina, el mandato es un contrato, mientras que el poder es producto de una declaración unilateral de la voluntad que genera en favor del apoderado la facultad de actuar en nombre del poderdante; de modo que un poder es perfecto con el solo hecho de que sea conferido, sin que para ello se requiera de su formalización. Es así que los actos realizados incumpliendo con tal formalidad estarán afectados de nulidad relativa y si bien, en ciertos casos se requiere protocolizar el poder ante fedatario público para poder ejercerlo, como ocurre, para comparecer a demandar en un juicio a nombre del poderdante, ello implica un requisito para el ejercicio del mismo, mas no que se carezca de poder o que no esté vigente. Lo cual es importante, pues el artículo 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco prevé: "Ningún poder se otorgará por una duración mayor a cinco años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque."; sin precisar desde cuándo debe computarse el plazo referido, por lo que al acudir a la exposición de motivos, revela que la justificación del legislador para que los poderes conferidos en Jalisco no sean indefinidos, obedeció al aspecto de la confianza que debe existir entre el poderdante y el apoderado para que el primero le otorgara el poder, previniendo que después de cinco años puedan haber cambiado los factores y circunstancias que se tomaron en consideración para su otorgamiento. Entonces, si la razón por la que el legislador limitó su vigencia a cinco años, no se debió a que quisiera establecer una fecha de caducidad para la fe del notario que dio forma al poder, ni para la eficacia del instrumento en el cual se formalizó éste, el cómputo de los cinco años de vigencia, debe comenzar a partir de que se dio la declaración unilateral del poderdante en favor del apoderado, por ser la época en que se le dio la confianza a este último y no cuando el notario formalizó el poder. Aunado a que, sostener lo contrario, implicaría validar que la formalización del poder prorrogue su vigencia, lo cual contravendría tanto la voluntad del poderdante como la del legislador, que pretendió evitar que los poderes tengan una duración mayor."(3)

6. Tesis que aun cuando no fue invocada por el apoderado del banco tercero interesado, en el escrito de denuncia de la presente contradicción de tesis, debe tenerse como un hecho notorio,(4) por encontrarse publicada en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación desde el cuatro de marzo del año en curso.

Antecedentes procesales:

7. En el amparo directo 515/2015 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se reclamó la sentencia de apelación que confirmó la de primer grado, en la que se declaró probada la acción cambiaria directa, ejercida por el banco que denunció la presente contradicción de tesis.

8. En la demanda de derechos fundamentales que originó el referido juicio constitucional, en lo conducente, se hizo valer como violación procesal, la confirmación de la desestimación de la excepción de falta de personalidad, que se basó en la caducidad del poder general judicial para pleitos y cobranzas de quien ejerció la acción natural en representación del banco actor, cuya desestimación fue reiterada porque, a criterio de la autoridad responsable, la vigencia del poder había comenzado a partir de la protocolización ante notario público del acta de sesión del consejo de administración en la que se había hecho constar el otorgamiento del poder cuestionado, y no desde la celebración de dicha sesión, como lo argumentaba la parte demandada.

9. Como conceptos de violación, la parte quejosa adujo que, opuesto a lo determinado por la sala responsable: a) no podía considerarse, válidamente, que la fecha de concesión del poder fuere la de su protocolización ante notario público; b) que en términos de lo establecido en los artículos 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 10, párrafos segundo y tercero, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el consejo de administración es quien otorga los poderes en nombre y representación de la institución bancaria; c) que el fedatario público, única y exclusivamente, se limita a dar fe de la existencia del acuerdo previo que autorizó el otorgamiento del poder, así como a verificar las facultades del consejo y el nombramiento de los consejeros.

10. Razones por las que el peticionario de amparo argumentó, toralmente, en su demanda constitucional, que en el caso a estudio había caducado el poder otorgado a quien había ejercido la acción de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple, en representación del banco acreedor, porque el poder había sido otorgado en sesión del consejo de administración de la institución de crédito, celebrada el veintitrés de octubre de dos mil ocho, e insistió en que a partir de entonces, había comenzado a transcurrir su vigencia, la cual había sido limitada a cinco años, y no desde la formalización ante notario público, como ilegalmente lo sostenía la autoridad responsable, por tratarse de un mero requisito de forma.

Consideraciones de la sentencia

11. En lo que interesa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió lo siguiente:

"II. Excepción de falta de personalidad (personería), desestimada en definitiva mediante interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

"El promovente afirma que indebidamente se desestimó su excepción de falta de personalidad (personería), pues considera que dicha interlocutoria se sustenta en razonamientos indebidamente fundados y motivados, en contravención a lo dispuesto por el artículo 1324 del Código de Comercio en perjuicio de sus derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, tutelados por los artículos 1o., 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, todos de la Constitución Federal.

"El quejoso esencialmente sostiene que el hecho de que el poder otorgado debiera protocolizarse en escritura pública para surtir efectos no implica, que a partir de la fecha de su formalización (diecinueve de febrero de dos mil nueve), comenzara a contar el plazo de cinco años a que se encontraba limitado su ejercicio, porque dicha protocolización retrotrae sus efectos al día en que el consejo de administración de **********, **********, determinó conferirlo, es decir, la sesión de veintitrés de octubre de dos mil ocho, cuando el consejo de administración del banco actor resolvió otorgar en favor de ********** un poder general para pleitos y cobranzas.

"De lo cual deduce que el veintitrés de octubre de dos mil ocho, se erige como la fecha de la concesión del poder, porque es cuando el órgano encargado de la administración de la institución de crédito exteriorizó su voluntad de conferir a determinada persona, facultades para actuar en su nombre y representación, en los términos a que se refiere el artículo 90, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

"Aclara, que la formalización ante notario público de la referida asamblea, fue con la finalidad de que el poder otorgado cumpliera con la forma que al efecto prescribe el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, y para que éste pudiere surtir efectos; empero, sostiene que no se puede considerar que la fecha de concesión del poder sea la de protocolización, pues de una recta interpretación de lo que establece el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el arábigo 10, párrafos segundo y tercero, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprende que es el consejo de administración quien otorga los poderes en nombre y representación de la institución de crédito, en tanto que el fedatario público, ante quien se formaliza, se circunscribe, única y exclusivamente, a dar fe de la existencia del acuerdo previo en que se autorizó su otorgamiento, verificando las facultades del consejo y el nombramiento de los consejeros, para dejar constancia de que quien confirió el poder se encontraba en aptitud de hacerlo.

"Luego, asevera que si en el caso, el notario se limitó a dar fe de la existencia y contenido del acta de sesión que le fue presentada para su protocolización, sin que ante su presencia se hubiera propiamente otorgado el poder, ya que fue conferido previamente, dicho poder existía desde la fecha de celebración de la sesión del consejo de administración, con independencia de que el acuerdo no se hubiera protocolizado inmediatamente.

"Insiste, que el poder data de la sesión del consejo de administración de veintitrés de octubre de dos mil ocho, aunque se formalizó en escritura pública hasta el diecinueve de febrero de dos mil nueve, ello sólo significa que por omisión del delegado especial no había sido oportunamente protocolizado, sin que implique que el poder no existiera previo a su presentación ante notario.

"Asevera, que considerar lo contrario, equivaldría a que el delegado especial de la institución de crédito a través de su comparecencia ante el notario público, sea quien confiere el poder; lo que en su opinión es falso, pues en términos del artículo 10, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, su actuación se limita a presentar el acta ante fedatario y firmar el instrumento en que se protocoliza.

"Añade, que a pesar de que el apoderado no pudo hacer uso del poder en esos casi cuatro meses que transcurrieron entre la fecha de celebración de la sesión del consejo y su formalización, ello evidencia la imposibilidad temporal de ejercicio del poder por la omisión del delegado de otorgarle de manera inmediata la forma prescrita por la norma; pero no que dicho poder se entienda conferido a partir de su protocolización.

Agrega, que no es óbice que la responsable señalara que en relación con los artículos 10, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 2551, fracción I; 2553, 2554 y 2555 del Código Civil Federal, establezcan que los poderes deben formalizarse en escritura pública para surtir efectos, lo cual no significa que el cómputo de cinco años a que se encontraba sujeto el ejercicio del poder, comience a contar a partir de la fecha de su protocolización, pues reitera que esta última retrotrae sus efectos a la fecha en que el órgano competente de la institución de crédito adoptó la decisión de conferirlo.

"Considera, que es irrelevante que la responsable argumente que: ‘... para que surta efectos el mandato otorgado por el consejo de administración ... no sólo basta con la exteriorización de la voluntad de quienes integran el cuerpo aludido en la que determinan y aprueban otorgar poder, sino que, debe protocolizarse ante fedatario público para que quede debidamente exteriorizada la voluntad en la transmisión del contrato de mandato ...’, ya que la circunstancia de que el poder deba protocolizarse para surtir efectos, jamás ha sido objeto de debate.

"Puntualiza, que el poder no debe entenderse conferido hasta su formalización en escritura pública, porque el hecho de que surta sus efectos hasta ese momento, no implica una variación en la fecha de su otorgamiento, a más que la protocolización en escritura pública, constituye sólo un requisito formal para que el poder surta sus efectos; empero, ello no implica que el poder fue conferido en la fecha de su protocolización, pues equivaldría a desestimar el momento en que los miembros del consejo de administración determinaron su otorgamiento, cuando es en realidad esa exteriorización de voluntad la que le da existencia.

"Precisa, que el delegado debe de cumplir en forma expedita la encomienda a fin de que el poder conferido pueda ser ejercido a la brevedad, pues no tendría caso, que el poder se protocolice cinco años después de su concesión, si lo que se pretende es que el apoderado facilite de manera inmediata el desarrollo de las actividades de la poderdante; a más de que es factible que si se protocoliza cinco años después, ya no sea la voluntad del poderdante, que el apoderado lo represente.

"Establece, que si el delegado compareció a protocolizar el poder casi cuatro meses después de que se otorgó, no obstante que su ejercicio estaba limitado a un plazo de cinco años, su omisión de formalizarlo inmediatamente trajo como consecuencia que se perdiera ese tiempo en perjuicio de esos cinco años de su vigencia.

"Concluye, que opuesto a lo resuelto, el plazo de cinco años a que se encontraba limitado el poder para su ejercicio en el Estado de Jalisco, comenzó a contar a partir del veintitrés de octubre de dos mil ocho, cuando en sesión del consejo de administración de la actora se otorgó el poder; de modo que a la fecha de presentación de la demanda mercantil ejecutiva, el quince de enero de dos mil catorce, ya habían caducado las facultades de representación de apoderado, violación que dice trascendió al sentido del acto reclamado, al tener por indebidamente por acreditada la personería con que se ostentó **********, lo que permitió la condena en su contra que se reclama.

"Los anteriores planteamientos devienen sustancialmente fundados

"En efecto, en la interlocutoria de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Sala responsable validó el criterio del Juez natural en cuanto a la improcedencia de la excepción de falta de personería al considerar en lo relativo:

"‘... Respecto de los agravios identificados con los incisos «b», «c» y «d», en los que sostiene el apelante, medularmente, que no es verdad, que a partir de que el poder se formaliza en escritura pública, empiezan a computarse los cinco años porque en los términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, los poderes que otorguen las instituciones de crédito deberán de formalizarse en escritura pública, pero en modo alguno implica que surta efectos contra terceros, a partir de su formalización; pues, el numeral en cita, persigue como fin que los poderes que otorgue el consejo de administración se protocolicen y exista constancia de la fecha, forma y términos, en que fue conferido por dicho órgano, por ende, al formalizarse en escritura pública el acta de sesión, la protocolización se retrotrae al tiempo en que se otorgó, entonces, sí la protocolización de la escritura pública del acta de sesión del 23 veintitrés de octubre del 2008 dos mil ocho, a la fecha de otorgamiento del poder corresponde a la fecha en que se celebró la sesión y no a la protocolización del acta. Que, atendiendo a la limitante consignada en el poder, la vigencia comenzó a contar a partir de la fecha de la sesión para concluir el 22 veintidós de octubre del año 2013 dos mil trece, que fue cuando se cumplieron los cincos años, por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda el 15 quince de enero del 2014 dos mil catorce, ya habían caducado las facultades del apoderado para actuar en nombre y representación del banco actor.-Debió tomarse en cuenta que en la propia acta de sesión del 23 veintitrés de octubre del 2008 dos mil ocho, se limita la vigencia del poder a cinco años, para ejercerlo en el Estado de Jalisco, lo cual conlleva a considerar que el propio consejo de administración, reconoce que es en el momento mismo de su celebración cuando comenzó a contar la vigencia el poder; más aún, si se considera que su protocolización, ocurrió hasta el 19 diecinueve de febrero del 2009 dos mil nueve, esto es, casi cuatro meses después de que fue concedido, por lo que, en vía de consecuencia, el hecho de que debiera de formalizarse en escritura pública, no constituye impedimento para considerar que dicho poder fue conferido el 23 veintitrés de octubre del 2008 dos mil ocho, tan es así, que el poder existió desde el momento de que el consejo externó su voluntad de conferirlo, de ahí, que la sentencia contraviene lo dispuesto por el artículo 1324 del Código de Comercio, porque nunca estuvo en controversia el aspecto de que el poder se haya o no otorgado en escritura pública, sino a partir de cuándo surtió efectos, lo que conlleva a la inaplicabilidad de los artículos 2546, 2547, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555 y 2557 del Código Civil Federal. Son dogmáticos, los argumentos del Juez, en el sentido de que no basta la celebración de la sesión del consejo de administración en que se determinó el otorgamiento del poder, al ser necesario que el apoderado, aceptare el mismo, lo cual sólo se podía verificar mediante su protocolización, pues no existe dispositivo legal que así lo requiera, porque la aceptación no constituye un requisito de validez del otorgamiento del poder, por lo que, es plenamente legal que una persona física o moral, conceda un poder con independencia de que el apoderado proceda o no a aceptarlo, consecuentemente, al ser válido el otorgamiento efectuado en sesión del 23 veintitrés de octubre del 2008 dos mil ocho, debe considerarse que es esa fecha en la que se concedió el poder para efectos del cómputo de los cinco años a que se encontraba limitado.-Dichos agravios por razones de método se estudiarán de manera conjunta en atención a lo resuelto en el criterio conocido bajo el rubro: «AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.», Séptima Época, Tercera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, tesis 30, página 20; los cuales se califican de infundados, por lo siguiente.-En efecto, como consta a fojas 45 de las constancias del juicio de origen, el Juez también sostuvo la improcedencia de la excepción de falta de personalidad o personería en el sentido de que el poder que exhibe el representante de la parte actora, atendiendo a su característica, debe de otorgarse forzosa y legalmente en escritura pública y es a partir de dicho momento en que éste surte efectos legales, y no a partir de que se haya celebrado la sesión del consejo de administración, determinando el otorgamiento del poder, dado que era necesario que el apoderado respectivo, aceptare ejercerlo, lo cual no puede verificarse sino hasta que se otorgue el testimonio de la escritura pública correspondiente. Tal y como se advierte de lo siguiente: «... IV. No resulta óbice para lo anterior, los argumentos vertidos por la parte demandada, dado que aunque si bien es cierto que del instrumento habilitante exhibido, se desprende que mediante la sesión del consejo de administración, celebrada con fecha 23 veintitrés de octubre del año 2008 dos mil ocho, se tomó la determinación de otorgar el poder objeto del presente estudio, y que fue hasta el día 19 diecinueve de febrero del año 2009 dos mil nueve, cuando el delegado especial de dicho cuerpo colegiado, acudió con el notario público a protocolizar el acta respectiva, sin embargo se determina que de conformidad a lo establecido en los artículos 2546, 2547, 2550, 2551, 2553, 2554, 255, 2557 y relativos del Código Civil Federal, dicho poder debe otorgarse forzosa y legalmente en escritura pública, por ser general y porque el interés del presente asunto en que se actúa es superior al equivalente de mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y hasta que no se cubra con tal formalidad no surte efecto legal alguno y los posibles actos se pudieren, haber realizado antes de cubrirse tal forma serían nulos, y sin que se pierda de vista que contrariamente a lo manifestado por el demandado no basta que se haya celebrado la sesión del consejo de administración respectiva y se hubiere determinado el otorgamiento del poder, dado que legalmente era necesario que el apoderado respectivo aceptare ejercerlo y lo que no puede verificarse, sino hasta que se otorgare el testimonio de escritura pública correspondientes, lo que torna en improcedente e infundadas las afirmaciones de la parte demandada. ...» Determinación, que en concepto de esta H. Sala, deberá de prevalecer, por lo siguiente: En efecto, como se observa del contenido de la copia certificada de la escritura pública ********** otorgada el 19 diecinueve de febrero del 2009 dos mil nueve, ante la fe del licenciado **********, notario público 31, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría 19 diecinueve, en la Ciudad de México, Distrito Federal (agregada a fojas de la 105 a la 123 de las constancias remitidas para la sustanciación del presente recurso de apelación), misma que merece valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por el artículo 1292 del Código de Comercio, en el que se hace constar el otorgamiento del poder general para pleitos y cobranzas por **********, **********, entre otros, a favor de **********; es verdad, que dentro de la protocolización de la sesión del consejo de administración de dicha institución el 23 veintitrés de octubre del 2008 dos mil ocho, se advierte lo que a continuación se resolvió (páginas de la 31 a la 34): ... XLI. Los miembros del consejo de administración de «*********, ***********, celebraron sesión el veintitrés de octubre de dos mil ocho, habiéndose asentado el acta relativa a fojas de la ciento cuarenta y dos frente a la ciento noventa y dos vuelta, del correspondiente libro de actas, misma que en su parte conducente dice: **********. Sesión del Consejo de Administración. 23 de octubre de 2008. En la ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de Banco ********** ********** **********, a las 8:00 horas del día 23 de octubre del 2008, se reunieron los señores Consejeros que se mencionan en la lista de asistencia que se agrega al expediente del acta que se (sic) de la presente se levanta, con el fin de celebrar la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la cual fueron oportunamente convocados ... el secretario dio lectura al siguiente: Orden del día. ... XXIII. Otorgamiento de poderes. XXIV. Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por el consejo.-El consejo por unanimidad de votos aprobó tanto la declaratoria del presidente como el orden del día propuesto, pasando a desahogarlo en los siguientes términos: Punto XXIII. Otorgamiento de poderes. Al desahogar este punto del orden del día, el presidente concedió el uso de la palabra al secretario, quien manifestó que para el desempeño del objeto de la sociedad era necesario otorgar poderes y facultades a diversas personas, en los términos que más adelante se señalan. En virtud de lo anterior el consejo después de analizar la propuesta realizada, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente: Resolución. Vigésima sexta. El Consejo de Administración de ********** **********, **********, grupo **********, acuerda conferir a favor de las personas que se indican a continuación los poderes y facultades que también se mencionan; 32. A los señores **********, **********, ********** **********, **********, **********, **********, ********** y **********: Poder general para pleitos y cobranzas, para ser ejercitado en forma individual con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusulas especiales de acuerdo con la ley, por lo que se les confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus correlativos de todos los Estados de la República Mexicana, en donde se ejercite este poder, para que representen a la sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales o municipales, ya sea que pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo, así como ante toda clase de corporaciones, instituciones sociedades o asociaciones, así como ante individuos estando por tanto facultades de manera enunciativa, más no limitativas, para presentar denuncias y querellas, desistirse de las mismas y aún de juicios de amparo; transigir; comprometer en árbitros y amigables componedores; articular y absolver posiciones; recusar; hacer y recibir pagos; exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos celebrados por la sociedad; reconocer y desconocer documentos; querellarse; coadyuvar con el Ministerio Público; otorgar perdones; intervenir en remates judiciales; subastar y aceptar adjudicación de bienes; cualquier procedimiento de carácter concursal, tales como los de suspensión de pagos y quiebra pudiendo presentar los reconocimientos de crédito necesarios y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que haga necesaria la naturaleza y el objeto de la sociedad, como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26643-4e4faec3/poder-general-judicial-para-pleitos-y-cobranzas-otorgado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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