FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. AUSENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. PONENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. SECRETARIO: HOMERO FERNANDO REED MEJÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados en asuntos resueltos por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Respecto a la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la posible contradicción de criterios cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resulta ilustrativa la tesis aislada PC.I.A. 1 K (10a.), sustentada por este Pleno de Circuito, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.-Cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, debe considerarse que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito, pues aunque en términos del artículo 6 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán Plenos, no debe pasar por alto el hecho de que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. Así la competencia para conocer de las contradicciones de tesis entre dichos tribunales se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza y, en consecuencia, la competencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para resolverla se da en la medida en que la decisión del Tribunal Colegiado Auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial del propio Pleno de Circuito." [Décima Época. Registro: 2007010. Instancia: Plenos de Circuito. Tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, materia común, tesis PC.I.A. 1 K (10a.), página 803]
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran a los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al conocer del juicio de amparo en revisión RA. 370/2014, el mencionado órgano colegiado resolvió:
"QUINTO.-Por otra parte, las autoridades recurrentes aducen que el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no se contrapone a lo dispuesto por el artículo 27 de la citada ley, ya que, en términos de esta última disposición, los militares que pasen a situación de retiro ascenderán, precisamente, para fines de retiro, lo que significa la suma de derechos económicos y sociales a que tendrá derecho el promovente, en términos del segundo párrafo del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.-Explican que los ascensos de grado sólo pueden darse a los militares que están en activo, a fin de cubrir las plazas vacantes en los cuadros del Ejército y para incentivar a los militares que realicen algunas de las acciones previstas en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.-De la sentencia que se revisa se advierte que el Juez de Distrito consideró que el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas viola el principio de subordinación jerárquica, al ir más allá de lo dispuesto por el diverso 27 de dicha ley, en específico, porque el mencionado reglamento acota el beneficio de ascender al grado inmediato cuando se pase a situación de retiro, únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, siendo que la ley no lo limita al beneficio económico, sino que abarca todos los aspectos relacionados con la situación de retiro, entre los que se encuentra la obtención de la patente de grado correspondiente.-La confronta entre lo resuelto por el Juez y lo alegado por las autoridades recurrentes pone de manifiesto que la litis a dilucidar consiste en determinar, si el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas viola o no el principio de subordinación jerárquica, al ir más allá de lo dispuesto por el diverso 27 de dicha ley.-Para resolver ese planteamiento, resulta necesario tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, que se refiere a la posibilidad de que dicho órgano provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas del órgano legislativo.-Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley.-La facultad reglamentaria del presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica. El primero evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle, y en la que encuentre su justificación y medida.-La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal, el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que consigna; en tales materias, es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del presidente de la República, dado que esta atribución se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza, y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.-Estas consideraciones encuentran sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 79/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1067, que establece: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES.-La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.’.-En suma, el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad reglamentaria del presidente de la República que exige que ese tipo de normas se sujeten a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, entendiéndose por el primero, la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas a las leyes y, por el segundo, que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre justificación y medida, sin exceder de sus alcances o contrariar su sentido.-Sentado lo anterior, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que establece: Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: ‘Artículo 27. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla siguiente: ...’.-El numeral transcrito establece que los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado.-Dicho de otro modo, conforme al numeral en estudio, los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato para dos efectos, a saber: a) Para todo lo relacionado con la situación de retiro; y, b) Para el cálculo del beneficio económico correspondiente.-La afirmación anterior se corrobora si se toma en consideración, que el artículo 21 del mencionado ordenamiento legal hace una distinción entre la situación de retiro y el haber de retiro, pues al efecto establece que la situación de retiro es aquella en que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley; mientras que el haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones previstas en la ley respectiva. Tal precepto establece: ‘Artículo 21. Retiro es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley.-Situación de retiro es aquella en que son colocados, mediante órdenes expresas, los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Los militares con licencia ilimitada para ser retirados deberán presentar su solicitud ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso.-Haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley. Una vez integrado el haber de retiro en los términos del artículo 31 de la presente ley, será considerado como un solo concepto para todos los efectos legales.-Pensión es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que fije esta ley.-Compensación es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta ley.’.-Por tanto, de acuerdo con la interpretación sistemática del artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se puede concluir que cuando dicho numeral establece que los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro ascenderán al grado inmediato, ese ascenso se realiza para: a) Todo lo relacionado con la situación de retiro, esto es, la suma de derechos y obligaciones que establece el mencionado ordenamiento legal; y, b) El cálculo del beneficio económico correspondiente, es decir, el haber de retiro entendido como la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que prevea la ley relativa.-Y es que si se considerara que la locución ‘situación de retiro’, a que se refiere el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se circunscribe sólo al cálculo del beneficio económico correspondiente, no habría razón para que el legislador hiciera una distinción expresa entre ambos conceptos, esto es, la situación de retiro y el haber de retiro, pues es claro que tienen una connotación distinta en la ley.-En otras palabras, la situación de retiro es la suma de derechos y obligaciones que establece el mencionado ordenamiento legal en favor del militar retirado, derechos entre los que se encuentra, precisamente, el beneficio económico correspondiente, es decir, el haber de retiro.-Esta forma de interpretar las disposiciones en juego, se apoya en la tesis aislada P. XII/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 25, que establece: ‘INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA.-En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.’.-Es importante precisar que la conclusión alcanzada no significa que el artículo 27 del mencionado ordenamiento legal deba interpretarse en el sentido de que el ascenso al grado inmediato, cuando el militar pase a situación de retiro, opera también para los efectos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o de la Ley de Ascensos de la Armada de México, ya que, como se ha precisado en párrafos que preceden, dicho numeral se refiere, exclusivamente, a la suma de derechos y obligaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.-En otras palabras, el ascenso al grado inmediato, cuando el militar pase a situación de retiro, a que se refiere el artículo 27 de la multicitada legislación, es sólo para los efectos que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y no otras legislaciones, pues no debe perderse de vista que el objetivo de ese ordenamiento es otorgar beneficios en materia de seguridad social a los miembros de las Fuerzas Armadas y no ascensos.-Ahora bien, el numeral combatido, esto es, el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece: Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: ‘Artículo 16. Para efectos del artículo 27 de la ley, el ascenso al grado inmediato será únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente, conservando para todos los demás efectos el grado que se haya conferido al militar en términos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o de la Ley de Ascensos de la Armada de México, según corresponda.’.-Conforme a dicho precepto, para efectos del artículo 27 de la ley, el ascenso al grado inmediato será únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente, conservando para todos los demás efectos el grado que se haya conferido al militar en términos de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o de la Ley de Ascensos de la Armada de México, según corresponda.-En otras palabras, de acuerdo con la norma reglamentaria, los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato solamente para un efecto, a saber: a) Para el cálculo del beneficio económico correspondiente, esto es, el haber de retiro entendido como la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que prevea la ley relativa.-Lo anterior significa que, conforme al reglamento, el ascenso al grado inmediato no incluye todo lo relacionado con la situación de retiro, es decir, la suma de derechos y obligaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino sólo aspectos relacionados con el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente.-Ahora bien, no puede perderse de vista que el beneficio económico a que tienen derecho los militares retirados, esto es, el haber de retiro, es sólo uno de los derechos que otorga la ley a los militares que se ubiquen en situación de retiro, en virtud de que, además de ése, la ley otorga otras prerrogativas que no se circunscriben al aspecto económico; por ejemplo, el artículo 29 de la ley del mencionado instituto establece que los militares retirados tendrán obligación de pasar revista de supervivencia en los términos de las disposiciones reglamentarias, pero exceptúa de esa obligación a los generales y jefes del Ejército y la Fuerza Aérea, así como a los almirantes y capitanes de la Armada de México retirados. Dicho precepto establece: ‘Artículo 29. Los militares retirados y los pensionistas tendrán obligación de pasar revista de supervivencia en los términos de las disposiciones reglamentarias. Los generales y jefes del Ejército y la Fuerza Aérea, así como los almirantes y capitanes de la Armada de México retirados, quedan exceptuados de esta obligación.’.-En consecuencia, el hecho de que la disposición reclamada limite el beneficio de ascender al grado inmediato, cuando se pase a situación de retiro, únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, cuando la ley no lo acota a ese beneficio, sino que lo relaciona con todos los aspectos que puedan estar vinculados con la situación de retiro que adquiere el militar, viola el principio de subordinación jerárquica.-En otras palabras, cuando el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas dispone que el ascenso al grado inmediato será únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente, en realidad no está desarrollando, complementando o detallando lo dispuesto en el artículo 27 de esa ley, sino que va más allá, toda vez que limita el beneficio de ascender al grado inmediato, cuando se pase a situación de retiro, sólo para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, cuando, como ya se vio, conforme a la ley comprende todos los aspectos que puedan estar vinculados con los derechos y obligaciones que adquiere el militar en situación de retiro.-Consecuentemente, el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas viola el principio de subordinación jerárquica, al restringir lo dispuesto por el diverso 27 de dicha ley.-Ahora bien, es importante reiterar que la conclusión alcanzada no significa que el artículo 27 del mencionado ordenamiento legal deba interpretarse en el sentido de que el ascenso al grado inmediato, cuando el militar pase a situación, opera también para los efectos que establezcan la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o de la Ley de Ascensos de la Armada de México, ya que, como se ha precisado en párrafos que preceden, dicho numeral se refiere, exclusivamente, a la suma de derechos y obligaciones que establece Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.-En razón de lo anterior, es inexacto lo establecido por el Juez de Distrito, en el sentido de que el ascenso que prevé dicha norma también abarca la obtención de la patente de grado correspondiente, ya que la obtención de dicha patente no se circunscribe a lo previsto en la legislación de seguridad social de las Fuerzas Armadas, sino a un ordenamiento diverso, a saber, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, específicamente, en sus artículos 9 y 31.-Por tanto, debe modificarse el efecto impreso por el Juez a la sentencia que se revisa, a fin de que la autoridad responsable emita un diverso oficio en que, sin tener en cuenta el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, resuelva que el ascenso previsto en la ley es para todos los efectos relacionados con la situación de retiro y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, tomando en cuenta la interpretación que este tribunal realizó del artículo 27 de dicha ley, esto es, que el ascenso al grado inmediato, cuando el militar pase a situación, es sólo para los efectos que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y no otras legislaciones."
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito plasmó el criterio sustentado en el juicio de amparo en revisión RA. 370/2014, en la tesis aislada I.1o.A.5 CS (10a.), del tenor siguiente:
"FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Cuando el artículo 16 del reglamento citado dispone que el ascenso al grado inmediato para los militares que, por resolución definitiva, pasen a situación de retiro, será únicamente para el cálculo y otorgamiento del beneficio económico correspondiente, no desarrolla, complementa o detalla lo dispuesto en el artículo 27 de dicha ley, sino que va más allá, toda vez que limita el beneficio de ascender al grado inmediato, cuando se pase a situación de retiro, sólo para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, cuando conforme a la ley comprende todos los aspectos que puedan estar vinculados con los derechos y obligaciones que adquiere el militar en situación de retiro, de modo que la norma reglamentaria viola el principio de subordinación jerárquica." [Décima Época. Registro: 2008908. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, materia constitucional, tesis I.1o.A.5 CS (10a.), página 1729]
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo en revisión RA. 502/2015, el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar decidió lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Estudio de los agravios. Devienen sustancialmente fundados los agravios expuestos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se analizarán en orden distinto al propuesto, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.-En el primer agravio aduce que le causa perjuicio que la a quo considere que el precepto reclamado es inconstitucional, porque se basa en un análisis literal de los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en relación con el 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y 16 de su reglamento, y que omitió hacer un estudio exhaustivo de dichas leyes y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ordenamientos legales que, en conjunto, sustentan la constitucionalidad del reglamento reclamado.-Sostiene que el aludido artículo no es inconstitucional, porque el propio precepto que reglamenta -27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas-, establece que los militares que pasan a situación de retiro ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, circunstancia que, dice, se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a ese dispositivo legal y al diverso 25 del mism
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26792-82594f74/fuerzas-armadas-mexicanas-el-articulo-16-del-reglamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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