I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR (ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN III Y 90, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN). II. CONCESIONARIOS DE USO SOCIAL. LA FIJACIÓN DE LÍMITES A LOS INGRESOS QUE PUEDEN OBTENER POR LA VENTA DE PUBLICIDAD A LOS MUNICIPIOS NO VULNERA SU LIBERTAD HACENDARIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN). III. TELECOMUNICACIONES. MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE LA HOMOLOGACIÓN DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN. IV. TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. REGULACIÓN DE LOS PERMISOS O CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS RELATIVOS AL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2014. MUNICIPIO DE IXTEPEC, JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA. 14 DE MARZO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 98/2014, promovida por el Municipio de Ixtepec, Juchitán, Estado de Oaxaca, y
RESULTANDO:
1. Presentación de la demanda. El diez de septiembre de dos mil catorce, Eduardo Pedro Reyes y Alejandro Vázquez Toledo, quienes se ostentaron como presidente y síndico del Municipio de Ciudad Ixtepec, Juchitán, Oaxaca, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, solicitando la declaración de invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce.
2. Registro, turno de la demanda. El once de septiembre de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y registrarla con el número 98/2014; asimismo, por razón de turno por conexidad designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo. Lo anterior en virtud de que en la misma fecha le fueron turnadas las controversias constitucionales 89/2014, 93/2014 y 95/2014.
3. Admisión de la demanda. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Ministro instructor sólo reconoció al síndico promovente como representante legal del Municipio actor y admitió la demanda en contra del presidente de la República y del Congreso de la Unión, ordenando emplazar al primero por conducto de su consejero jurídico y al segundo por conducto de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para que formulasen su contestación; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.
4. Contestación del Poder Ejecutivo. El tres de noviembre de dos mil catorce, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, con el carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda en representación del presidente de la República.
5. Contestaciones de las Cámaras del Congreso de la Unión. El mismo tres de noviembre, Silvano Aureoles Conejo dio contestación a la demanda en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ostentando el carácter de presidente de la Mesa Directiva; y al día siguiente, José Rosas Aispuro Torres dio contestación en representación del Senado de la República, ostentando el carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva y en sustitución por ausencia del presidente.
6. Opinión de la Procuraduría General de la República. En el presente asunto no formuló pedimento.
7. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el ocho de diciembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el artículo 1o. de su Ley Reglamentaria(2) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se plantea una controversia constitucional entre la Federación, por conducto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, y un Municipio del Estado de Oaxaca, en la que se solicita la declaración de invalidez de diversas disposiciones generales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
9. SEGUNDO.-Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(4) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
10. En su demanda, el Municipio actor señala que comparece a solicitar la declaración de invalidez de "diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014", formulando conceptos de invalidez en relación con las fracciones III y VII del artículo 89 y la fracción IV del artículo 90 de dicho ordenamiento.
11. Por consiguiente, la materia de la presente controversia constitucional se limita a las fracciones III y VII del artículo 89 y la fracción IV del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya expedición y promulgación se atribuyó, respectivamente, al Congreso de la Unión y al presidente de la República.
12. Por su parte, la expedición de dicha ley fue reconocida por los representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Senado de la República, y se encuentra acreditada en autos mediante la copia certificada de los antecedentes legislativos; y la promulgación por parte del presidente de la República, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de catorce de julio de dos mil catorce.
13. TERCERO.-Conceptos de invalidez. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada como dispone el artículo 39 de la Ley Reglamentaria,(5) a continuación se reproducen los argumentos formulados por el Municipio actor en sus conceptos de invalidez para poder examinarlos en su conjunto:
I. En el primer concepto de invalidez afirma que las fracciones III y VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son inconstitucionales por los siguientes motivos:
I.1. Violación a condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de telecomunicaciones y radio difusión establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Son inconstitucionales, porque se prohíbe la publicidad comercial en las estaciones de radio y canales de televisión para uso social y se restringe la misma a aquellas para el mismo uso social pero clasificadas como comunitarias e indígenas, con ello se infringe el artículo 6o. constitucional cuando señala que, "(e)l Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva a la prestación de dichos servicios".
El precepto impugnado no permite la venta de lapsos de transmisión para la publicidad comercial, lo cual constituye el medio de sostenimiento de las estaciones y canales para uso comercial, a las comunitarias e indígenas, las cuales sólo podrán vender lapsos de publicidad a gobiernos por el equivalente a un máximo del uno por ciento del gasto presupuestal en comunicación social de los entes públicos federales, repartidos de manera igualitaria entre las estaciones y canales señalados, y restringiendo a las entidades federativas y Municipios a autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin en sus presupuestos.
I.2. Violación a la facultad presupuestaria del Municipio establecida en el artículo 115, fracción IV, inciso c, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ley federal impugnada, no es idónea para facultar a las entidades federativas y a los Municipios para que a su vez autoricen hasta el uno por ciento para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos, pues esto la hace nula como norma jurídica obligatoria. Aún más, dicha norma no podría, en el mejor de los casos, constituir más que una autorización para vender publicidad por parte de ciertos medios pero jamás una autorización para que Estados y Municipios compren publicidad. Del texto de la ley que establece: "Las Entidades Federativas y los Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos", se desprende que el texto es una limitación a la facultad de aprobar presupuestos de los Estados y Municipios contrario a lo preceptuado en el artículo 124 constitucional, en el sentido de que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a la Federación, se entienden reservadas a los Estados, y por el artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo cuarto, de la Constitución que autoriza a los Ayuntamientos a aprobar sus propios presupuestos, por ello se debe declarar la invalidez de la norma, porque el Congreso de la Unión carece de facultades para determinar el objeto de uso de los recursos presupuestales propios de Estados y Municipios que no sean parte de la administración de subsidios y otras aportaciones provenientes directamente de fondos federales.
I.3. La norma genera una ventaja exclusiva indebida contraria a los artículos 6o., fracción III y 28 constitucionales.
El Municipio actor considera que la prohibición de venta de publicidad a una parte de los medios radiodifusores y la limitación a otros es un acto de discriminación derivado de que tales estaciones y canales no tengan fines de lucro. Los concesionarios de uso social no pueden tener fines de lucro por mandato constitucional, lo cual es suficiente condición para diferenciarlas de las comerciales, cuyo propósito es precisamente el lucro y, por tanto, ubicarlas en un espacio de asignación directa de la concesión y no de la licitación pública. Sin embargo, la ausencia de lucro no implica la ausencia de ingresos para sufragar los gastos de operación y las inversiones de las estaciones, y canales de radio y televisión. El hecho de que las radiodifusoras de uso social no estén sujetas al pago de una contraprestación al recibir la concesión, no implica un carácter distinto como cuando existía el sistema de concesiones de permisos de financiamiento.
De acuerdo con el artículo 6o. de la Constitución, la radiodifusión es un servicio público de interés general, y el Estado debe garantizar que sea presentado en condiciones de competencia y calidad, y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población preservando la pluralidad y la veracidad de la información, fomentando los valores de la identidad nacional y contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.
Mientras las estaciones o canales de uso comercial con fines de lucro y bajo el dominio de particulares sean distinguidas de las de uso social -también bajo dominio de particulares- no sólo por tener las primeras un propósito de lucro y las segundas carecer del mismo, sino también por su capacidad de obtención de recursos de financiamiento de la propia función de radiodifusión, permitiendo a unas la venta de servicios de publicidad y prohibiendo o restringiéndoselo a las otras, con lo cual no se permite la competencia, y se viola la fracción III del artículo 6o. y el 28 constitucionales, pues este último prohíbe cualquier ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
También habrá discriminación por la condición social de quien no realiza negocio con la radiodifusión, respecto de quien pertenece a una clase empresarial, cuya función social se encuentra ligada a la obtención de ganancias mediante el lucro en transgresión del artículo 1o. de la Constitución, que prohíbe toda discriminación motivada por la condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El artículo 6o. de la Constitución establece como libertad, el acceso a la información, así como a difundir información e ideas, mientras el Estado está obligado a establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La prohibición y la limitación para que los medios sociales de radio y televisión puedan comercializar servicios de publicidad contradice también el concepto de "funcionamiento eficiente de los mercados" cuya restricción se encuentra dentro de los fenómenos que deben ser combatidos por la autoridad, según lo prescribe el artículo 28 de la Constitución General. En México existe un mercado de la publicidad en radio y televisión, y al segregar a una parte de los concesionarios de tal mercado se introduce un elemento de disturbio y con ello un funcionamiento ineficiente de ese mercado, ya que se margina a una parte de las estaciones y canales beneficiando a las de uso comercial.
La prohibición de la publicidad comercial para las estaciones de uso social que no sean comunitarias o indígenas es un acto de discriminación, pues se pretende crear un mercado sólo para estas últimas con el uno por ciento del gasto público federal en publicidad comercial, con lo que se transgrede el principio de búsqueda, por parte del Estado del "funcionamiento eficiente de los mercados" señalado en el artículo 28 constitucional.
Todo lo anterior se profundiza en el mismo contenido de exclusión y discriminación, así como de alteración del funcionamiento del mercado relevante, cuando el resto del gasto público en publicidad se etiqueta virtualmente por esa vía, hacia las estaciones y canales de uso comercial, es decir, cuyo propósito es el lucro, con lo cual la ley obliga a la autoridad legislativa y administrativa a utilizar el noventa y nueve por ciento del gasto en publicidad gubernamental a través de medios electrónicos hacia entidades con fines de lucro y sólo en ellas, con lo cual de por sí existe un acto de discriminación original y un uso faccioso de recursos públicos a favor de una clase social y de un sector dentro de ésa. Desde la ley se promueve el lucro de manera directa como si éste fuera la condición indispensable de toda actividad productiva, lo cual no se encuentra señalado así en la Constitución Federal.
En este mismo sentido, puede decirse que mientras la Constitución en su artículo 28 asigna al Instituto Federal de Telecomunicaciones "el desarrollo eficiente de la radiodifusión", con la ley expedida por el Congreso se busca limitar ese desarrollo eficiente, pues el Texto Constitucional abarca tanto las concesiones de uso comercial como las públicas y las sociales, y esta combinación de emisoras según sus propósitos productivos se integra al concepto de eficiencia al que se refiere la Constitución.
I.4. La ley contradice la homologación de las autorizaciones para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico en radiodifusión violando la fracción II del artículo tercero transitorio del decreto por el que se llevó a cabo la reforma constitucional en la materia, publicado el once de junio de dos mil trece.
El Municipio considera que la segregación y marginación de los concesionarios de uso social en el sector de radiodifusión establecido en el artículo 89 aludido, viola la fracción II del artículo tercero transitorio del decreto por el que se llevó a cabo la reforma constitucional en la materia. Este precepto mandata al Congreso llevar a cabo adecuaciones al marco jurídico, entre otras, establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social, que incluyen las comunitarias e indígenas.
La homologación de autorizaciones en una misma figura -concesiones-, lejos de aumentar las diferencias entre concesión y permisos las disminuye, de tal manera que limita a éstas sólo para "distinguir" las concesiones según su uso y no, como antes, de su naturaleza jurídica. Así, hay tres clases de medios privados: comerciales, sociales y privados, que tienen sin embargo usos distintos que determinan su propósito. El primero tiene fines de lucro, el segundo carece de éstos y el tercero tiene funciones de comunicación restringida entre entidades privadas, públicas o sociales. Esta diferenciación es la base de dos grandes modelos de radiodifusión de acuerdo con el propósito del radiodifusor (comerciales y sociales) pero en forma alguna implican que tengan naturaleza jurídica diferente o que una de ellas posea capacidades jurídicas que la otra no pueda alcanzar.
Así también existen, medios públicos sin que el Estado se encuentre impedido a ser concesionario de medios de uso comercial, como de hecho lo es. El régimen jurídico de las autorizaciones de espectro radioeléctrico en materia de radiodifusión ha cambiado con motivo de la más reciente reforma constitucional, pero el legislador ordinario ha ignorado este hecho y ha procedido a emitir normas inválidas desde el punto de vista de la Constitución. Ello al segregar a los medios de uso social de la comercialización de lapsos publicitarios y al crear una excepción muy limitada para aquellos medios sociales denominados comunitarios e indígenas, la ley contradice la homologación de las autorizaciones para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico en radiodifusión, es decir, lo que las hace iguales, y se opone abiertamente al mandato de que exista una diversidad de medios concesionados, de tal manera que concurran, entre otros, quienes tienen fines de lucro y quienes no lo tienen, en pie de igualdad y en condiciones de no discriminación.
Dentro de este concepto de homologación destaca otro con el que tiene íntima relación: "el uso eficaz del espectro y su protección" que se encuentre dentro de los objetivos generales del órgano regulador constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, señalado en el artículo 54 de la ley.
La discriminación entre concesionarios según el uso de la concesión redunda, en un uso ineficaz del espectro radioeléctrico en tanto que los concesionarios de uso comercial y fines de lucro podrán imponer su modelo de contenidos pero también de preponderancia en el mismo espectro con una cantidad mucho mayor de estaciones y producciones más caras, y por ello más atractivas al gran público, como ahora se puede apreciar en tanto herencia de leyes anteriores que fueron superadas con la reciente reforma constitucional. La radiodifusión con fines de lucro no es el único camino del desarrollo de la industria ni de la utilización del espectro. La Constitución, ahora, pretende poner en pie de igualdad a los diferentes modelos de radio y televisión: comercial, público y social.
Por lo anterior, el artículo 89 en las partes señaladas debe considerarse inválido, en tanto no admite la homologación de las concesiones y el uso eficaz del espectro radioeléctrico así como la protección del mismo.
II. En su segundo concepto de invalidez plantea la inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
II.1. Límite a las estaciones de radio para uso social, en su versión de comunitarias e indígenas a diez por ciento de la banda de FM que va de los 88 a los 108 MHz, y para las estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, que va de los 1605 a los 1705 KHz.
El Municipio actor estima que esta limitación no tiene asidero en el marco constitucional, relativo a la radiodifusión y que es una decisión de política administrativa del espectro radioeléctrico que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, que además es violatoria de los preceptos que prohíben la discriminación, la libre concurrencia, la homologación de las autorizaciones para prestar servicios de radio y televisión, en una sola y única figura de concesión.
14. CUARTO.-Oportunidad. El Municipio actor impugna las fracciones III y VII del artículo 89 y la fracción IV del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria,(6) el plazo de treinta días para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente de su fecha de publicación.
15. Para estos efectos, los plazos no correrán durante los periodos de receso establecidos en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) por disposición de la fracción III del artículo 3o. de la ley reglamentaria.(8) Asimismo, por disposición del artículo 2o. y la fracción II del artículo 3o. de la ley reglamentaria,(9) sólo se deben computar los días hábiles que señala el artículo 163 de la referida ley orgánica,(10) de tal forma que no se computan, entre otros días, los sábados y domingos, esto último, en congruencia con los incisos a) y b) del punto primero del Acuerdo General Número 18/2013,(11) emitido por el Tribunal Pleno el diecinueve de noviembre de dos mil trece.
16. De tal manera que si la publicación se realizó el lunes catorce de julio de dos mil catorce, el plazo transcurrió del martes quince siguiente al diez de septiembre del mismo año, ya que no transcurrieron plazos del dieciséis de julio al treinta y uno de julio por corresponder al primer periodo de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y se deben descontar los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, así como el seis y siete de septiembre, por corresponder a sábados y domingos. Por consiguiente, si la demanda se presentó el diez de septiembre, la controversia constitucional fue promovida oportunamente.
17. QUINTO.-Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 la Ley Reglamentaria,(12) el Municipio de Ixtepec, Juchitán del Estado de Oaxaca debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlo en términos de las normas que lo rigen.
18. En su representación comparecieron Eduardo Pedro Reyes y Alejandro Vázquez Toledo, quienes se ostentaron como presidente y síndico del Municipio. Ambos acreditaron su personalidad con copia certificada de la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, firmada por el consejero presidente, C. Mervin Girón Román y secretario, C. Adriana Isabel Vázquez Toledo.
19. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar al Municipio actor, ya que de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca,(13) los síndicos son los representantes jurídicos del Municipio, y de acuerdo con su fracción I, entre otras atribuciones cuentan con la facultad para representar jurídicamente al Municipio en las controversias o litigios en que éstos sean parte.
20. Por tanto, el síndico procurador acreditó estar facultado legalmente para representar al Municipio actor y éste cuenta con legitimación para promover la presente controversia constitucional en contra de la Federación, de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21. SEXTO.-Legitimación Pasiva. Con fundamento en la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia,(14) se les reconoció el carácter de parte demandada al presidente de la República y al Congreso de la Unión, al haber emitido y promulgado, respectivamente, las disposiciones generales impugnadas.
22. La parte demandada, lo mismo que la parte actora, debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlo en términos de las normas que lo rigen, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.
23. Poder Ejecutivo Federal. En su representación compareció Alfonso Humberto Castillejos Cervantes ostentando el carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento que el propio presidente de los Estados Unidos Mexicanos le expidió el cuatro de diciembre de dos mil doce.(15)
24. Dicho funcionario cuenta con facultades para representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en términos del párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(16) en relación con la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(17) y el Punto Único del acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de enero de dos mil uno.(18) Resulta aplicable al caso el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial 99/2009 del rubro siguiente: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO, ASÍ COMO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN RELATIVA EN ESTOS JUICIOS."(19)
25. Por tanto, el consejero jurídico cuenta con facultades para comparecer en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al que se le debe reconocer legitimación pasiva como titular del Poder Ejecutivo Federal en términos del artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(20)
26. Poder Legislativo. En representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión compareció Silvano Aureoles Conejo ostentando el carácter de presidente de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, personalidad que acreditó con la copia certificada del Diario de Debates del veintiocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se advierte que se eligió la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura que funcionará durante el tercer año de ejercicio y donde consta que fue designado con dicho carácter.
27. Ahora, de conformidad con el inciso l) del artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(21) a dicho funcionario le corresponde representar al referido órgano legislativo. Por lo tanto acreditó tener legitimación para comparecer en el presente juicio en representación de la Cámara de Diputados.
28. Senado de la República. En su representación compareció José Rosas Aispuro Torres con el carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo, personalidad que acreditó con copia certificada del acta de la junta previa de treinta y uno de agosto de dos mil catorce, en la cual se advierte la elección de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, en la que se advierte su designación como vicepresidente.
29. De acuerdo con el artículo 67.1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(22) el representante jurídico del Senado es el presidente de la Mesa Directiva, y de conformidad con el artículo 69.1 del mismo ordenamiento, el vicepresidente lo puede sustituir en el ejercicio de sus funciones y en sus ausencias temporales. Por tanto, José Rosas Aispuro Torres cuenta con la legitimación procesal para comparecer en el presente juicio en representación de la Cámara de Senadores.
30. SÉPTIMO.-Causas de improcedencia. En la presente controversia constitucional se plantearon dos causas de improcedencia.
31. Litispendencia. En primer lugar, el Poder Ejecutivo Federal afirma que entre el presente asunto y la controversia constitucional 99/2014 existe identidad de partes, normas generales impugnadas, autoridades responsables y conceptos de invalidez. Por este motivo, considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia(23) y, consecuentemente, solicita decretar el sobreseimiento con relación a las normas generales que ya habían sido impugnadas y que se encuentran pendientes de resolución, con fundamento en la fracción II del artículo 20 del mismo ordenamiento.(24)
32. Este Tribunal Pleno considera que esta causa de improcedencia debe desestimarse, toda vez que la controversia constitucional 99/2014 fue admitida con posterioridad a la presente controversia constitucional (el seis de octubre de dos mil catorce) y, por lo mismo, debe ser en aquella controversia en donde se deberá estudiar si se reúnen las condiciones de litispendencia que se plantean y, en su caso, sobreseer.
33. Falta de interés legítimo. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión coinciden en plantear la falta de interés legítimo del Municipio actor para impugnar las fracciones III y VII del artículo 89 y la fracción IV del artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud de que no resiente una afectación en su ámbito competencial.
34. Con excepción de la impugnación de la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la parte que señala: "Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.", este Tribunal Pleno considera fundado el motivo de improcedencia en atención a las siguientes consideraciones.
35. La controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26800-e874d1a9/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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