IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE UN JUZGADOR SOSTENGA SER EL ÚNICO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL QUE NO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ Y MARCO ANTONIO GUZMÁN GONZÁLEZ. DISIDENTE: JORGE VALENCIA MÉNDEZ. PONENTE: MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ. SECRETARIO: GABRIEL SUMANO LEYVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Decimotercer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 225, 226, fracción III, y 227 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia de amparo (común), en la que puede suscitarse dicha contradicción dada la semiespecialización de los Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el entonces Juez Quinto de Distrito en el Estado. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
TERCERO.-El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa, y de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. Los requisitos para establecer la existencia de tales contradicciones, son:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Esos elementos se contienen en las tesis jurisprudenciales que a continuación se insertan con datos de localización:
"Novena Época
"Registro: 164120
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
"Novena Época
"Registro: 165077
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, marzo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 22/2010
"Página: 122
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Esos criterios fueron reiterados al emitir la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 2a./J. 163/2011, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO.-Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."
Ahora bien, el primer requisito relativo al ejercicio interpretativo y arbitrio judicial se cumple, pues los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones sometidas a su potestad, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
• El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento **********/2016, analizó un asunto con las características que a continuación se indican:
a) Consta en la ejecutoria respectiva, que mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en ese entonces en la ciudad de Oaxaca, **********, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una orden de aprehensión, reaprehensión, búsqueda, detención, sujeción, retención, disposición y la privación de su libertad deambulatoria dictada por escrito y librada en su contra, así como la ejecución de dichas determinaciones, de manera genérica, sin que se advierta que exista una averiguación previa o expediente penal en su contra; asimismo, como responsables señaló a los Jueces de Distrito con residencia en ese momento en la ciudad de Oaxaca, excepto al Juzgado Quinto de Distrito.
b) El Juez Quinto de Distrito que conoció por turno de dicha demanda, la registró con el número **********/2016, y se declaró legalmente impedido para conocer del asunto, pues determinó que el quejoso pretendía seleccionar al juzgado que conociera de su demanda, lo que debía impedir, atento al principio de imparcialidad que rige a la Judicatura, lo que derivaba en un elemento objetivo que pone en riesgo la imparcialidad judicial; por otro lado, en ese mismo auto, se avocó al conocimiento de la demanda en la que se señalaron como responsables a los Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, previniendo al agraviado.
c) El impedimento planteado fue turnado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, quien lo radicó bajo el número **********/2016, previos los trámites del caso lo turnó a ponencia, y en ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, no calificó de legal el citado impedimento.
• Las razones que el Tribunal Colegiado aludido expresó para no calificar de legal la causa de excusa planteada, fueron las siguientes:
• "TERCERO.-No se califica de legal el impedimento planteado, en atención a las consideraciones siguientes:
"El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca plantea el impedimento en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, en contra de la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, localización, búsqueda, detención, sujeción, retención, disposición y la privación de la libertad deambulatoria, que reclama de todos los Jueces de Distrito de este Decimotercer Circuito, con excepción de dicho juzgador.
"Dicha causa de impedimento, la sustenta en que, estima, el quejoso pretende eludir el sistema de turno aleatorio de demandas de amparo al señalar, como autoridades responsables, a todos los Jueces de Distrito de este Décimo Tercer Circuito, con excepción del Juez Quinto de Distrito, sin que se aprecie la participación de tales juzgadores en el acto reclamado; sobre todo, porque en el escrito de demanda se encuentra borrado con corrector el Juez Quinto de Distrito en el Estado, quien también figuraba como autoridad responsable, lo que, considera, pone de manifiesto que el solicitante del amparo pretende seleccionar al juzgado que quería que conociera de la demanda y, de ese manera, eludir el sistema aleatorio establecido mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que regula entre otros aspectos, el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común.
"Motivo por el cual, considera que se está ante un elemento objetivo que pone en riesgo la imparcialidad judicial, consagrada como principio en los artículos 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Ahora bien, a juicio de este Tribunal Colegiado, no procede calificar de legal el impedimento planteado.
"Es así, porque las figuras del impedimento y la recusación tienen como objeto apartar al juzgador del conocimiento de un asunto en el que, atendiendo a sus circunstancias personales y las particularidades del caso, pudiera resultar afectada su imparcialidad.
"En efecto, dichas figuras jurídicas atienden a la persona o personas físicas concretas individuales, que encarnan al órgano, con la finalidad de que no tengan injerencia alguna en el juicio ante la posibilidad de que se afecte la imparcialidad que constitucionalmente debe imperar, pues la razón de ser de esta disposición consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra influenciada o menoscabada por intereses personales, familiares, afectivos, profesionales, animadversión o haberse formado una convicción propia del asunto, al haber conocido de éste cuando se desempeñaba como autoridad responsable.
"Es ilustrativa la jurisprudencia(2) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"• ‘IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.-El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver.’(3)
"Asimismo, resulta ilustrativa la tesis aislada(4) de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice:
"‘EXCUSA. PROCEDE CUANDO PUEDA AFECTARSE LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR.-Del análisis del artículo 66 de la Ley de Amparo así como de aquellos preceptos equivalentes de las diversas legislaciones procesales del país, se llega a la conclusión de que fue propósito del legislador que los juzgadores se excusaran del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente no fueran imparciales, sino que, simplemente pudiera afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un serio factor que pueda influir, inconscientemente o subconscientemente el ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución, es imperioso que se declare impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo Juez debe emitir sus decisiones, limpias y ajenas de cualquier influencia o perturbación.’
"Así se corrobora de la sola lectura practicada al artículo 51 de la Ley de Amparo, que establece:
"‘Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:
"‘I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;
"‘II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;
"‘III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;
"‘IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;
"‘V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;
"‘VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;
"‘VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y
"‘VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.’
"Como puede advertirse de la anterior transcripción, el legislador fue específico al establecer las hipótesis en las que podría afectarse la imparcialidad del juzgador, esto es, que podría estar predispuesto a fallar a favor o en contra de alguna de las partes, por tener algún vínculo familiar (consanguíneo o por afinidad), de amistad, animadversión, obediencia o algún otro tipo de interés personal.
"Ahora bien, en el presente caso, el Juez de Distrito sustenta la causa de impedimento invocada, en que el quejoso pretende evadir el sistema de turno aleatorio de demandas de amparo, al haber señalado a todos los Jueces de Distrito de este circuito, con excepción del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con lo que pretende seleccionar el juzgado que conozca de la demanda.
"Situación que el juzgador federal considera como un dato objetivo que pone en riesgo la imparcialidad judicial.
"Sin embargo, el motivo invocado por el Juez de Distrito resulta insuficiente para calificar de legal el impedimento, pues no constituye un dato objetivo que pudiera poner en riesgo su imparcialidad, ya que no precisa en qué forma o de qué manera esa circunstancia podría influir en su ánimo, como pudiera ser animadversión, enemistad manifiesta o alguna otra circunstancia similar.
"Y aunque no se soslaya que la finalidad de plantear este impedimento, es evitar que el quejoso o sus abogados evadan el sistema de turno aleatorio de demandas de amparo; no debe perderse de vista que la figura del impedimento no es el mecanismo jurídico para ello, por las razones ya expresadas.
"En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis II.1o.C.8 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página cuatro mil once del Libro 23, Tomo IV, octubre de dos mil quince, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que este órgano colegiado comparte y que dice:
"‘IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). El numeral mencionado norma los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Así, para calificar de legal el impedimento de que se trate, bastará que casuísticamente el funcionario proporcione las bases que objetivamente le sirven de fundamento para hacerlo valer, y exprese que subjetivamente lo colocan en un riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en casos como éstos la posibilidad de peligro de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario el que, en cada caso, es diferente, ya que su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otros factores personalísimos propios de cada quien.’
"Así también, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja mil ciento cinco, del Tomo XIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO.-Las manifestaciones públicas para criticar los actos de los Jueces de Distrito, no pueden originar la enemistad a que la ley se refiere, como causa de impedimento, ni debe privar a los mismos Jueces, de la imparcialidad y entereza necesarias para desempeñar las funciones de su cargo, pues de admitir tal causa de impedimento, los Jueces de Distrito, ante cualquiera manifestación pública contra sus actos, podrían desprenderse del conocimiento de los negocios, lo que causaría demoras a la administración de justicia, que resultarían injustificadas.’
"En consecuencia, lo que procede es no calificar de legal el impedimento planteado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca."
• Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento 11/2015, en sesión de ocho de diciembre de dos mil quince (según consta en la ejecutoria respectiva), lo hizo basado en que:
1) **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en ese entonces en la ciudad de Oaxaca, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
"III. Autoridades responsables: Señalo como autoridades ordenadoras y ejecutoras a las siguientes: Ordenadoras: 1. Oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública ... 2. A los CC. Juez Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, respectivamente ... a los CC. Juez Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, respectivamente ... 3. Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ... 4. Oficial mayor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ... 5. Director financiero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ... Ejecutoras: 1. Departamento de Pago de Nómina, Dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, conocido como la pagaduría 101, del IEEPO ... 2. **********, ********** y **********; ... IV. Señalamos como actos reclamados: I. De las responsables señaladas como ordenadoras reclamamos: 1. La notoria implementación del sistema de pago a los suscritos como trabajadores al servicio de la educación en Oaxaca y en general a todos los trabajadores al servicio de la educación, imponiéndonos los mecanismos de pago electrónico mediante orden verbal girada a las ejecutoras antes señaladas, consistente en: Condicionar el cobro de nuestro salario mediante la celebración de un contrato de pago vía nómina a través de una tarjeta electrónica, del **********, Institución de Banca Múltiple, **********, sin nuestro consentimiento. 2. La privación ilegal de nuestra percepción salarial económica mediante la celebración de un contrato de pago vía nómina a través de una tarjeta electrónica y no normalmente como lo veníamos haciendo, es decir, cobro mediante cheque, y que corresponde a la primera quincena de septiembre de dos mil quince, en la forma y lugar convenidos.-II. De las señaladas como responsables ejecutoras reclamamos: 1. El cumplimiento de las órdenes verbales de las autoridades señaladas como ordenadoras, consistente en el condicionamiento de nuestro pago de salario a la aceptación de la nómina a través de una tarjeta electrónica, en concreto del banco denominado **********.-2. La retención de nuestra percepción salarial económica mediante cheque, como normalmente lo venía haciendo, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil quince, en la forma y lugar convenidos ..."
2) Se señala también en la ejecutoria respectiva, que el entonces Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, formó el juicio **********/2015, y se declaró impedido legalmente para su conocimiento por resultarle el carácter de autoridad responsable; ordenó remitir la demanda de amparo y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esa fecha en la ciudad de Oaxaca, para que se turnaran al Juez Primero de Distrito en el Estado, quien era competente para conocer del asunto por ser el único Juez de Distrito en el circuito que no fue señalado como autoridad responsable; y, ordenó se notificara personalmente a los promoventes.
Se indica asimismo, en la ejecutoria aludida, que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil quince, aceptó conocer del asunto; de oficio, declaró la separación de juicios y con el expediente **********/2015 dispuso analizar los actos imputados al oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública Federal, director, oficial mayor, director financiero, Departamento de Pago de Nómina, todos, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y banco **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, **********; y formuló ante ese tribunal excusa para conocer del juicio de que se trata.
Se menciona de igual forma, que con el número de expediente **********/2015, admitió la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos a los Jueces de Distrito, ordenó tramitar el incidente de suspensión, citó para la audiencia constitucional, y pidió informe justificado.
• En la ejecutoria relativa se sost
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26833-343ec299/impedimento-la-causa-prevista-en-el-articulo-51 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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