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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL REQUISITO CONTENIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA, SE COLMA CON LA SOLICITUD DEL TRABAJADOR O DE SUS BENEFICIARIOS PARA OBTENER UNA PENSIÓN CON BASE EN EL RÉGIMEN 97 (NUEVO RÉGIMEN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1997).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. · Registro digital (IUS): 26864
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-01-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Pág. 1450.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 3 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA, GLORIA GARCÍA REYES, SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA Y MIGUEL MENDOZA MONTES. AUSENTE: EMMA HERLINDA VILLAGÓMEZ ORDÓÑEZ. DISIDENTE: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ. PONENTE: MIGUEL MENDOZA MONTES. SECRETARIA: MARISOL CAMACHO LEVÍN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios se originó entre Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Sexto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

• El juicio de amparo directo 554/2014, resuelto mediante ejecutoria de doce de febrero de dos mil quince.

El referido juicio de amparo fue promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado, señalando, como acto reclamado, el laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, emitido por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, en los autos del juicio laboral **********, mediante el cual se condenó al mencionado instituto a reintegrarle al actor los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda noventa y siete.

En la aludida ejecutoria de amparo se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

a. El instituto quejoso adujo que la Junta laboral no atendió la excepción que se hizo valer, en el sentido de que era improcedente la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda, toda vez que al actor se le había otorgado una pensión por invalidez, por lo que, dichos recursos debían ser utilizados para cubrir la pensión elegida, de conformidad con el régimen optado.

Asimismo, refirió que fue incorrecto que la Junta condenara a la entrega de dichos recursos, al inferir de forma tácita la voluntad del actor para que los mismos no integraran el monto acumulativo de su pensión, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en relación con los diversos 119, 120, 127, 154, 159, 170, 190 y 193 de la Ley del Seguro Social, así como con los artículos 2, 18, 80, 82 y 83 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

b. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado contendiente declaró infundados dichos argumentos, tomando como base lo resuelto en el juicio de amparo directo 110/2014, en el que se resolvió lo siguiente:

"Por su parte, los artículos 119, 120 y 159 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, establecen lo siguiente: (se transcriben).

"En íntima vinculación con los preceptos legales anteriormente transcritos, los artículos 40 y 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prescriben: (se transcriben).

"De los anteriores preceptos que se encuentran íntimamente vinculados, se desprende que cuando los asegurados opten por el régimen de pensiones y su financiamiento bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente al primero de julio de mil novecientos noventa y siete, la pensión definitiva a que tiene derecho estará integrada por una ‘renta vitalicia’ o el ‘retiro programado’; definiendo la ley como ‘renta vitalicia’ al contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado.

"Por su parte, el ‘retiro programado’ consiste en la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.

"En el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social vigente a partir de mil novecientos noventa y siete, el objetivo fundamental de las aportaciones a la cuenta individual es que el asegurado, al finalizar su vida productiva, autofinancie su pensión y tenga el mayor ingreso que pueda recibir.

"Es así, ya que la Ley del Seguro Social establece que la pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refieren los artículos 119 y 159 de la legislación en comento, se contratarán por el asegurado con la institución de seguros que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, el instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación; al monto constitutivo, se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia positiva será la suma asegurada que el instituto deberá entregar a la institución aseguradora para la contratación de seguros a que se refiere esta fracción.

"Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros de renta vitalicia de sobrevivencia, podrá el asegurado optar por reiterar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual, contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor, o aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia.

"...

"Por su parte, en cuanto a las aportaciones de vivienda a partir del año de mil novecientos noventa y siete; la negativa de devolver tales recursos resultó indebidamente fundada y motivada, por ende ilegal.

"Es así, pues en cuanto a la subcuenta de vivienda, la Junta responsable resolvió, al respecto, lo siguiente: (se transcribe).

"Como se lee, la Junta responsable negó la devolución de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda con base en que la trabajadora había elegido el régimen pensionario contenido en la Ley del Seguro Social vigente a partir de 1997.

"No obstante, apoyó su decisión en dos disposiciones legales que se contraponen, a saber:

"El artículo octavo transitorio del Decreto que reforma a la Ley del Infonavit, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y siete (aplicable para quienes hubieren optado por el régimen de la ley abrogada del seguro social, lo cual no es el caso), y el artículo 159, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, vigente, ya transcrito anteriormente.

"Expuesto lo anterior, a juicio de este órgano colegiado y en suplencia de la deficiencia de la queja, las anteriores consideraciones jurídicas de la Junta responsable no fueron debidamente fundadas y motivadas para negar la devolución de la subcuenta de vivienda.

"Es así, pues como ya se ha expuesto, tanto la Afore demandada como el Infonavit, en sus excepciones no expusieron consideraciones jurídicas relacionadas con la ley vigente del seguro social, pues éstas se apoyaron en disposiciones legales derivadas de la aplicación de la ley abrogada del seguro social.

"En consecuencia, si quedó demostrado que la aquí quejosa se pensionó por invalidez con base en la ley vigente del seguro social, la Junta responsable debió resolver la controversia con base en el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual prescribe que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados a fines habitacionales, serán transferidos a las administradoras del fondo para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda en los términos de lo dispuesto por la Ley del Seguro Social.

"Sin embargo, con base en el propio precepto legal invocado, corresponde al trabajador o a sus beneficiarios solicitar al instituto de vivienda la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras del fondo para el retiro, para efectos de integrar el financiamiento de la pensión correspondiente.

"En la especie, no obra en autos que la ahora quejosa haya externado su voluntad de que los recursos acumulados de la subcuenta de vivienda fuesen destinados para el financiamiento de su pensión ni los demandados opusieron excepciones en ese sentido.

"En consecuencia, la Junta responsable debió resolver que ante la falta de voluntad de la trabajadora para que los recursos de la subcuenta de vivienda integraran el financiamiento de su pensión de invalidez, éstos debieron ser devueltos.

"Ello es así, ya que si los trabajadores no hacen uso del crédito para adquirir una vivienda pueden retirar los fondos de su propiedad relativos a la subcuenta de vivienda; o bien, optar porque se acumulen a su fondo de pensión.

"Sin embargo, corresponde a los institutos de seguridad social demostrar que el asegurado externó su voluntad para que la subcuenta de vivienda financiara la pensión correspondiente.

"Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26 del Tomo VIII, julio de 1998, «Novena Época» del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, a la letra dicen:

"‘INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe texto)

"En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y emita otro, en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria reitere las absoluciones y condenas que no son materia de la presente y condene a la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda reclamados por la quejosa."

c. Con base en lo anterior, reiteró el criterio adoptado en el referido juicio de amparo directo, y determinó que, si bien, de conformidad con el nuevo régimen de seguridad social existe la posibilidad de transferir los recursos de la subcuenta de vivienda para financiar la pensión del trabajador, lo cierto es que corresponde a éste o a sus beneficiarios solicitar al instituto de vivienda dicha transferencia para tal fin.

En consecuencia, si en autos no se logró acreditar que el trabajador expresamente hubiera solicitado la transferencia de los recursos para financiar su pensión, aunado al hecho de que presentó demanda laboral contra el instituto referido para la devolución de los recursos contenidos en la cuenta de vivienda, era procedente la entrega de la cantidad acumulada en dicha cuenta, al inferirse una manifestación de voluntad tácita de que los recursos no incrementen su pensión.

• El juicio de amparo directo 247/2015, resuelto mediante ejecutoria de dos de julio de dos mil quince.

La demanda de amparo fue promovida por **********, por su propio derecho, en el cual señaló, como acto reclamado, el laudo dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el veinte de febrero de dos mil quince, dentro del expediente **********, en el que se absolvió al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a pagar los recursos acumulados en la cuenta individual por concepto de vivienda noventa y dos y noventa y siete.

Las consideraciones que sustentan la aludida ejecutoria de amparo, en lo que aquí interesa, son:

a. Determinó que fue incorrecto que la Junta laboral absolviera al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a devolver a la actora la cantidad correspondiente a la subcuenta de vivienda noventa y siete, toda vez que, de las probanzas que exhibió en el juicio laboral, no se desprendía la aceptación expresa por parte de la actora para que se realizara la transferencia de dichos recursos a la administradora de fondos para el retiro, a fin de que se incrementara su renta vitalicia; por tanto, el saldo contenido en dicha subcuenta debía devolverse a la parte actora.

b. Asimismo, señaló que era incorrecta la apreciación realizada por la Junta laboral, en el sentido de que el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecía que los recursos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en un crédito de esa naturaleza, debían ser transferidos incondicionalmente a la Afore para la contratación de una renta vitalicia y del seguro de supervivencia; ello, porque el referido numeral sí establece la posibilidad de que el actor solicite la devolución de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda, en los casos que proceda de acuerdo con la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

c. Y, de conformidad con el artículo 120, fracción II, de la Ley del Seguro Social, existe una hipótesis para que opere la devolución de los recursos excedentes de la cuenta individual de retiro, incluida la subcuenta de vivienda, a quien haya obtenido una pensión por invalidez; ello, cuando el saldo acumulado en la cuenta individual sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros mencionados, pudiendo retirar el excedente, si así lo desea.

d. Por lo que, consideró que correspondía al instituto demandado la carga procesal de acreditar el consentimiento expreso de la actora para que los recursos de la subcuenta de vivienda fueran transferidos para aumentar la renta vitalicia; y, al no haberlo hecho, procedía su devolución.

B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

• El juicio de amparo directo 109/2016, resuelto mediante ejecutoria de quince de abril de dos mil dieciséis.

El juicio constitucional referido lo promovió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado, en el que señaló como reclamado, el laudo de cinco de noviembre de dos mil quince, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral **********, en el que se condenó al instituto demandado a devolver los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda noventa y siete.

Las consideraciones que sustentaron el fallo de la sentencia de amparo, en relación con el tema de la contradicción, fueron las siguientes:

1. El artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, interpretado en conjunto con los diversos 42, fracción II, y 43 Bis de la misma ley, así como los diversos numerales 190 y 193 de la Ley del Seguro Social, establece que la transferencia de los recursos de vivienda que no hayan sido aplicados para un crédito de vivienda, a las administradoras de fondos para el retiro, tiene como finalidad la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, en caso de que ésta sea procedente de acuerdo con la legislación aplicable.

2. Que en el caso, la Junta debió determinar que no procedía la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda, entre otras razones, porque el instituto de vivienda no estaba obligado a demostrar que la parte actora aceptó expresamente la transferencia de dichos recursos a la Afore correspondiente, ya que, de conformidad con lo dispuesto por el multicitado artículo 40 de la ley del instituto de vivienda indicado, los recursos de vivienda que no sean utilizados para obtener un crédito sobre ese concepto, deberán ser transferidos para que formen parte de la pensión otorgada, o bien, en caso de que proceda, se entreguen a la parte trabajadora o sus beneficiarios, lo cual, en el caso, no aconteció, ya que se determinó que en el caso no se actualizó alguna de las hipótesis de procedencia para devolver dichos fondos.

3. Por lo que consideró que la exigencia establecida en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley del Infonavit, se colma con la solicitud que realiza el trabajador o sus beneficiarios para la obtención de alguna de las pensiones conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete; ya que con ello, se otorga el consentimiento para ser beneficiado en los términos establecidos en el sistema pensionario aludido, así como la aceptación tácita de las consecuencias legales que ello implica, entre las que se encuentra la transferencia de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda que no hayan sido utilizados para la obtención de algún crédito, a las administradoras del fondo para el retiro, para que éstas lo apliquen ya sea a incrementar el monto de la pensión obtenida, o se les devuelva si es que procede de acuerdo con la legislación de seguridad social aplicable.

4. Que dicha determinación no deja al asegurado ni a sus beneficiarios en estado de indefensión, ya que el artículo 127 de la Ley del Seguro Social vigente establece el derecho para solicitar la devolución de los recursos contenidos en la cuenta individual, cuando éstos excedan el monto constitutivo determinado para la contratación de una pensión o renta vitalicia.

En relación con la ejecutoria anterior, la Magistrada Emma Herlinda Villagómez Ordóñez emitió un voto concurrente, en el siguiente sentido:

"Respetuosamente, aun cuando comparto el sentido del proyecto aprobado por la mayoría, lo cierto es que considero que en la consulta no se analiza el supuesto de procedencia de devolución establecido en el artículo 120, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social vigente, a partir de la cual, precisamente, la Junta responsable ordenó la devolución de los recursos habidos en la subcuenta de vivienda 97; punto fundamental en que la autoridad responsable, en conjunto a lo establecido en el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, apuntaló el sentido del fallo reclamado.

"Ello, aun cuando sea evidente que dicho numeral establece los supuestos de procedencia de devolución de recursos en caso de pensiones de invalidez, en razón a que la misma disposición la encontramos en el artículo 127 de la propia ley, respecto a las pensiones de viudez, tal como sucede en el caso sujeto a estudio, y que establece, literalmente, en su tercer párrafo, lo siguiente: (se transcribe).

"Así, en el supuesto de mérito, de idéntico sentido al previsto por el numeral 120, fracción II, de la propia Ley del Seguro Social, se establece la procedencia de la devolución de los recursos habidos en la cuenta individual del trabajador fallecido en caso que los fondos habidos en la subcuenta correspondiente sean suficientes para la constitución (celebración) del contrato de renta vitalicia; numeral que debe, en consecuencia, interpretarse en correspondencia a lo establecido en el artículo 40, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece: (se transcribe).

"De ello, se advierte que los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, serán transferidos a las administradoras de fondos de retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, lo que implica, acorde a una interpretación sistemática con el artículo 127 de la Ley del Seguro Social, que si los recursos habidos en la subcuenta correspondiente son bastantes para constituir la pensión, entonces existen dos posibilidades para los beneficiarios:

"a) Aumentar el importe de la renta vitalicia; o,

"b) Retirar los recursos.

"Luego, a juicio de la suscrita, si los recursos que se encontraron en la subcuenta correspondiente son suficientes para la contratación de la renta vitalicia, de acuerdo al último de los numerales citados, es necesario que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores espere la solicitud de los beneficiarios de transferir los recursos para aumentar el importe de la renta vitalicia o retiren los mismos.

"Por tanto, considero, respetuosamente, que en la sentencia debió precisarse que no era necesaria la solicitud de los beneficiarios porque, en el caso específico, los recursos no eran bastantes para constituir la pensión."

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, cabe determinar, si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, el Máximo Tribunal del País determinó que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

En ese sentido, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones; lo anterior, aun cuando las cuestiones fácticas que rodean los criterios adoptados no sean exactamente iguales.

De ahí que para la procedencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

b) Que respecto de esas cuestiones los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la discrepancia de criterios se presente en las consideraciones jurídicas de la sentencia respectiva.

d) Que la discrepancia de criterios provenga del examen de los mismos elementos que atañen a las cuestiones jurídicas relativas.

Estas consideraciones se encuentran contenidas en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1).-El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Expuesto lo anterior, en el presente caso debe considerarse que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

Se estima lo anterior, tomando en consideración que del examen de los juicios de amparo directo 554/2014 y 247/2015, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, y el diverso 109/2016, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, se desprende que ambos órganos Colegiados analizaron los siguientes elementos comunes:

1. Los asuntos relativos derivaron de juicios laborales en donde la parte actora, ya sea en calidad de trabajadores o de beneficiarios de los derechos laborales de un trabajador fallecido, demandaron del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros, la devolución de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda noventa y siete, al haber obtenido una pensión con base en las disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente (régimen noventa y siete); tema respecto del cual, se pronunció la Junta laboral para determinar la procedencia de la devolución solicitada.

Cabe precisar, que en los juicios de amparo resueltos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, los trabajadores solicitaron, de manera destacada, la transferencia, por parte del instituto referido, de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda a la Afore elegida, con el fin de que éstos les fueran entregados; y, en el diverso amparo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, si bien la actora únicamente solicitó el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales de su difunto esposo, así como la entrega de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda noventa y siete, lo cierto es que el instituto demandado señaló que ya había realizado la transferencia de los recursos acumulados a la Afore correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. Ambos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la parte en la que señala que serán los trabajadores o sus beneficiarios quienes deberán hacer la solicitud al instituto para la transferencia de los recursos contenidos en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al numeral 43 Bis de la propia ley, a las administradoras de fondos para el retiro; como requisito previo para determinar la procedencia de la devolución de los mismos.

Por lo que, aun cuando en los tres juicios de amparo directo se produjeron cuestiones fácticas diferentes, las cuales dependieron de la pensión obtenida por las partes contendientes en los juicios laborales de origen, lo cierto es que, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la misma cuestión jurídica, consistente en la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26864-fca1c7d3/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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