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Modo: Corpus Pro

CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2016. · Registro digital (IUS): 26894
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 529.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.

III. Competencia

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que los tribunales contendientes pertenecen a un diferente Circuito y el tema sobre el que versa la posible contradicción corresponde a la materia laboral, en la cual esta Segunda Sala se encuentra especializada.

IV. Legitimación

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima. Lo anterior, pues fue formulada por **********, por conducto de su apoderado **********,(1) quien se presentó con el carácter de quejosa en el juicio de amparo **********, resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito. En esa ejecutoria se sostuvo el criterio que participa en esta contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

V. Existencia de la contradicción

El Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis debe estimarse existente cuando las Salas de la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias. Estos razonamientos se sustentan en los siguientes criterios:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-(2)De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-(3)El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Para estar en aptitud de determinar si existen criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados contendientes:

• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Por un lado, dicho Tribunal Colegiado analizó el concepto de violación en el que la quejosa alegó que el convenio de terminación de la relación de trabajo era inválido, por no haber sido ratificado por la autoridad correspondiente. En su estudio argumentó lo siguiente (énfasis añadido):

"... lo que refiere la impetrante de amparo en el cuarto concepto de violación, con relación a que dicho convenio es inválido, porque no fue ratificado por la autoridad correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; esto es así, porque si bien el numeral citado indica, en su segundo párrafo, que: [transcripción del artículo] sin embargo, ello se refiere a la sanción que puede hacer la Junta respecto de las prestaciones que son materia de convenio o liquidación, ello a efecto de evitar que tales acuerdos contengan alguna renuncia de derechos en perjuicio de la parte obrera, como lo dispone el primer párrafo del artículo en cita, pero ello no conduce a pensar que la voluntad de las partes encaminada a dar por terminada la relación de trabajo deba ser materia de aprobación por parte de la Junta laboral.

"Máxime si se tiene en cuenta que de la lectura del finiquito, se aprecia que la trabajadora manifestó, de manera unilateral, que en esa fecha daba por terminada la relación de trabajo con **********, lo cual no constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que dicha manifestación constituye un acto unilateral de la trabajadora, que así decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa. Es aplicable la jurisprudencia por reiteración de criterios emitida por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (sic) Volumen 187-192, Quinta Parte, materia laboral, página ochenta y tres, que dice:

"‘RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE DE APROBACIÓN DE LA JUNTA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, y su correlativo 33 de la ley actualmente en vigor, todo acto de liquidación o convenio celebrado entre el obrero y el patrón, para tener validez, debe ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es menos cierto, sin embargo, que la renuncia al trabajo presentada por el trabajador no constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que dicha renuncia constituye un acto unilateral del trabajador, que de ese modo decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa.’

"En esa medida, son infundados lo diversos argumentos que vierte la inconforme, en torno a que el convenio y finiquito, antes transcritos, carecen de valor probatorio al no haber sido calificados por la autoridad responsable.

"...

"Por lo hasta aquí expuesto y en contra de lo que alega la quejosa, se estima legal la conclusión alcanzada por la Junta, en torno a que la parte demandada demostró que la relación de trabajo culminó de manera voluntaria el cinco de enero de dos mil nueve."

Como se observa, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito decidió que los convenios de terminación de la relación laboral no deben ser ratificados por la autoridad laboral. En esencia, esta conclusión se apoya en la idea de que estos actos constituyen un acto unilateral de la trabajadora, a través del cual decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la parte patronal. De este modo, concluyó que los convenios de terminación de la relación laboral contienen una manifestación unilateral de la voluntad del trabajo y, en consecuencia, no habría razón que justificara que el convenio sea ratificado por la autoridad laboral.

• Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito

Por otro lado, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito hace un análisis de las contradicciones de tesis 90/2003 y 94/2014, resueltas por esta Segunda Sala. A partir de su estudio, el Colegiado llegó a las siguientes conclusiones:

"... Acorde con lo expuesto, como se adelantó, los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son infundados, pues contrario a lo que pretende demostrar a través de ellos, la Junta responsable estuvo en lo correcto, al establecer que el convenio presentado en juicio para demostrar la causa de terminación de la relación laboral, carece de validez, al no haber sido ratificado ante la autoridad laboral, como lo exige el artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo y que, por ende, tal constancia no es apta para demostrar la excepción de falta de acción y derecho en que la sustentó, lo que se traduce en la existencia de un despido injustificado.

"Lo anterior es así, pues como se ha señalado, tanto los convenios en que se establece la terminación de la relación laboral, en términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, así como los finiquitos, para su validez, deben cumplir con los requisitos que señala el diverso artículo 33, párrafo segundo, para lo cual debe seguirse el procedimiento paraprocesal condigno, lo que no sucedió en la especie.

"Asimismo, conviene reiterar que los requisitos contenidos en el artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, tienen el objeto de verificar que no se contravenga el principio de irrenunciabilidad, dado el carácter tutelar del derecho del trabajo, tendente a proteger a la clase obrera, así como constatar que la voluntad de los convenios, liquidaciones o finiquitos efectivamente se exprese de forma libre y espontánea, es decir, que exista la libre expresión coincidente de voluntad en la celebración de esos actos jurídicos, que puedan extinguir o modificar derechos laborales legalmente protegidos.

"Por ello, es inconcuso que la circunstancia de que la actora, en la prueba confesional a su cargo, haya tácitamente admitido que suscribió dichos documentos y que recibió el cheque por la cantidad establecida en el finiquito, no sea apta para convalidar la falta de observancia a los requisitos y procedimientos establecidos en ley, como condición de validez.

"Pues, como se destacó, ante la falta del cumplimiento de tales requisitos, no puede tenerse por demostrado que efectivamente existió consentimiento del trabajador, al tratarse de convenios que no se celebraron en la forma y conforme a los procedimientos de tutela de los derechos de los trabajadores, instaurados precisamente con ese objeto; es decir, tener por comprobada la voluntad de las partes por un medio legal distinto al establecido en ley como mecanismo de protección al trabajador.

"Es decir, en esos términos, la Junta no estaba en posibilidad de verificar la real voluntad de la actora de celebrar el convenio (con base en lo que adujo en la prueba confesional a su cargo, como lo plantea la quejosa), pues ello debe hacerse mediante el procedimiento respectivo; de ahí que la omisión en ese aspecto, no sea ilegal.

"Por ello, es que no apoyan las pretensiones de la peticionaria de amparo la tesis que invoca de rubro: ‘CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. LO MANIFESTADO EN ÉL TIENE EFICACIA DEMOSTRATIVA COMO CONFESIÓN DEL TRABAJADOR, CUANDO ÉSTE LO OFRECIÓ O LO HIZO SUYO EN EL JUICIO.’; además de que no resulta de observancia obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; aunado a que la misma no se refiere a un convenio que no haya sido ratificado por la autoridad del trabajo y que, en el caso, la parte actora no hizo suyo el convenio y finiquito aportados por la demandada, como premisa expuesta en dicha tesis, sino por el contrario, lo objetó precisamente por no haber sido ratificado y aprobado por autoridad laboral correspondiente.

"Máxime que el principio de autonomía de la voluntad en materia laboral se encuentra restringido por esas medidas proteccionistas, que señalan determinadas formalidades solemnes que deben guardar los actos jurídicos; de ahí que cuando la ley de interés público fija la norma a que debe sujetarse un acto, los particulares no pueden modificar esa norma por cualquier manifestación de voluntad que haya.

"En ese mismo orden de ideas, conviene mencionar que en materia de trabajo no son aplicables las disposiciones atinentes a los convenios en materia civil, pues en aquélla, dichos actos están sujetos a normas específicas, diversas a las contenidas en la ley común, tomando en cuenta el carácter tutelar y de interés público de la ley laboral, que es contrario, en cierta medida, a los principios de la autonomía y libre voluntad de las partes, que inspiran las disposiciones de la ley civil.

"Del mismo modo, no es viable, como lo propone la quejosa en sus conceptos de violación, a fin de establecer lo innecesario de cumplir con el aludido requisito, establecer si dichos contratos contienen o no renuncia de derechos, pues como se expuso, ése es precisamente lo que constituye uno de los objetos que justifican los requisitos contenidos en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo (principio de irrenunciabilidad), los cuales no se observaron con la solemnidad que impone la ley de orden público.

"Máxime que del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo no se advierten excepciones a la obligación de ratificar los convenios que involucren, como acontece en el caso, la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento y finiquitos para otorgar al trabajador las prestaciones a que tiene derecho, por dar por terminado la relación que los unía.

"Sobre esas bases, para que la Junta responsable pudiera apoyarse en el convenio de treinta y uno de agosto de dos mil diez, para resolver la controversia puesta por las partes, era necesario que cumpliera con los requisitos mencionados, por constituir una garantía a favor del trabajador, pues dicha autoridad en todo momento debe vigilar por los derechos del obrero y deberá rechazarlo si contiene renuncia a las prerrogativas del trabajador, por lo que se considera, es de suma importancia la intervención de la Junta a través de la sanción o aprobación de los convenios para que pueda cumplirse el propósito de la referida disposición legal.

"Así, es verdad que el convenio exhibido por la quejosa (y el finiquito que es parte integrante del mismo), se elaboró por escrito y contiene la relación sucinta de los hechos y derechos ahí contemplados, como lo reconoció la Junta responsable en el laudo; empero, tales requisitos no satisfacen la totalidad de los que imperativamente establece el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, como se expuso.

"Acorde con lo establecido, no apoya a la quejosa la jurisprudencia que cita, de rubro: ‘RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE DE APROBACIÓN DE LA JUNTA.’, con la que pretende respaldar su alegato relativo a que no era necesario ratificar el convenio de mérito, pues dicha tesis se refiere a la renuncia efectuada de manera unilateral por el trabajador, aspecto que por no constituir un acuerdo de voluntades no le son aplicables los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal del trabajador (sic).

"Igualmente, no sólo no son de tomarse en cuenta las diversas tesis que cita la quejosa, de rubros: ‘CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO. CASO EN QUE SU VALIDEZ NO SE AFECTA POR FALTA DE APROBACIÓN DE LA JUNTA.’ y ‘CONVENIO O LIQUIDACIÓN EN MATERIA LABORAL. NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE VALIDEZ SU RATIFICACIÓN ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’, porque fueron emitidas con antelación a las contradicciones de tesis mencionadas en esta sentencia, resultando indudable que quedaron superados con los referidos criterios jurisprudenciales, sino porque su contenido no obliga a este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en cambio, sí lo hacen los sustentados por el Máximo Tribunal, al resolver contradicciones de tesis.

"En cuanto a lo alegado por la quejosa, en el sentido de que la Junta responsable se excedió en sus facultades, al haber analizado la validez del convenio de terminación de la relación laboral, sin que al efecto se haya ejercido la acción de nulidad por parte de la actora, debe decirse que en el laudo, a fin de justificar tal proceder, se citaron las tesis de rubro: ‘CONVENIOS O LIQUIDACIONES LABORALES. PROCEDE ANALIZAR DE OFICIO SU VALIDEZ O NULIDAD, AUNQUE NO HAYA SIDO MOTIVO DE LA ACCIÓN EJERCIDA POR EL TRABAJADOR.’ y ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.’; en las cuales se establece la posibilidad de que cuando en un procedimiento se encuentre en pugna un pacto y el órgano jurisdiccional tiene conocimiento de que su impugnación deriva de la contravención a los derechos fundamentales, la autoridad jurisdiccional, de oficio, puede abordar el tema de su validez, aunque no se solicite en vía de acción o excepción.

"En el entendido de que con la cita de tales criterios, al tener relación con el actuar de la responsable, es inconcuso que hizo suyos los argumentos contenidos en ellas.

"En ese sentido, si la quejosa se limita a señalar lo reseñado, es decir, únicamente a establecer lo contrario a lo establecido por la Junta en ese sentido, sin controvertir los motivos con los que justificó su proceder, tal concepto de violación deviene ineficaz.

"En el entendido de que el criterio citado por la Junta responsable, de rubro: ‘CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.’, fue abandonado únicamente en la medida que considera procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje (lo cual no sucede en el caso), como se acotó en la contradicción de tesis 94/2014 citada y no sobre la posibilidad de que la Juntas puedan pronunciarse de oficio sobre la validez de un convenio laboral.

"Además de que, contrario a lo que alega la quejosa, dichos documentos sí fueron objetados por la actora en cuanto a su alcance probatorio, a causa de que no fueron ratificados ante la autoridad laboral correspondiente, lo que en cierta medida, también sustentó que se abordara el estudio de ese aspecto en el laudo reclamado.

"Sin que apoyen las pretensiones de la quejosa, la tesis que cita de rubro: ‘TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.’, con el objeto de respaldar su aseveración de que se debió haber demandado la nulidad, pues en dicho criterio lo único que se resalta es que se puede ejercer la acción de nulidad, ya sea que un convenio haya sido ratificado (aspecto este último que, como se vio, ya quedó superado) o no ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero sin descartar la posibilidad de que se analice de oficio la validez de los convenios celebrados entre patrón y trabajador, cuando se plantee controversia al respecto en un juicio laboral.

"Adicionalmente, en la aludida jurisprudencia se corrobora que a los convenios celebrados para dar por terminada la relación de trabajo por mutuo consentimiento, en términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, debe [sic] interpretarse en función con el diverso 33, como se ha apuntado aquí. ..."

De la transcripción anterior se observa que este Tribunal Colegiado estima que los convenios de terminación de la relación laboral sí deben ser ratificados por la autoridad laboral. Para llegar a esta conclusión, expuso los siguientes argumentos:

• La ratificación ante la Junta busca verificar que no se contravenga el carácter tutelar del derecho laboral.

• La falta de ratificación impide que la Junta pueda confirmar que existió el consentimiento del trabajador.

• El principio de autonomía de la voluntad de las partes está restringido, en materia laboral, por medidas proteccionistas en favor del trabajador. Por lo tanto, las disposiciones y principios respecto a los convenios en materia civil no son aplicables en materia laboral.

• El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo no contiene alguna excepción que justifique la omisión de ratificar los convenios que terminen una relación laboral por mutuo consentimiento.

• La Junta no puede verificar en el juicio la voluntad real del trabajador, porque esta acción debe llevarse a cabo mediante el procedimiento respectivo

• No es aplicable la tesis: "RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE DE APROBACIÓN DE LA JUNTA.", pues esta jurisprudencia regula el supuesto de una renuncia unilateral por parte del trabajador y no la terminación de la relación laboral mediante el acuerdo entre el trabajador y el patrón.

• Por las razones anteriores, las Juntas laborales pueden analizar de oficio la validez de los convenios impugnados aun cuando no se haya planteado su nulidad en el juicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Segunda Sala estima que sí existe la contradicción de criterios denunciada. En primer lugar, a través del estudio de las ejecutorias denunciadas, esta Segunda Sala advierte que, en ambos casos, la parte patronal demandada ofreció el convenio de terminación de la relación laboral como prueba documental para poder justificar la extinción del vínculo entre el trabajador y el patrón. Asimismo, en los dos casos se estudió la validez del documento, argumentando la falta de ratificación ante la Junta, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

De las transcripciones expuestas anteriormente, es posible advertir que ambos Tribunales Colegiados, al resolver el asunto, llevaron a cabo una labor interpretativa sobre contenido del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, para determinar si los convenios de terminación de la relación laboral tienen que ser ratificados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En esa labor, los órganos de amparo llegaron a conclusiones que se ubican en polos contrarios. Por un lado, uno de ellos decidió que los convenios mencionados sí tenían que ser ratificados, en virtud de la restricción que existe al principio de la autonomía de la voluntad de las partes en materia laboral, pues la renuncia unilateral y la terminación de la relación laboral no son conceptos similares. Por lo que la manera de verificar el consentimiento del trabajador es seguir el procedimiento señalado en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, el segundo Colegiado resolvió que estos convenios no tienen que ser ratificados por la Junta, pues constituyen un acto unilateral del trabajador con la intención de terminar la relación laboral, cuya validez no depende de la revisión y aprobación de la Junta.

En consecuencia, resulta evidente que existe contradicción sobre un mismo punto de derecho, consistente en determinar si los convenios de terminación de la relación laboral son o no actos unilaterales y, como consecuencia de esa decisión, estipular si deben ser ratificados por la Junta laboral.

VI. Estudio de fondo

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer, con el criterio de jurisprudencia, es el que se sustenta en la presente sentencia.

En primer lugar, resulta pertinente citar el contenido del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo (énfasis añadido).

"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

"Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."

Para comenzar con el estudio correspondiente, es pertinente explicar que la Ley Federal del Trabajo reconoce dos formas para poder extinguir una relación laboral con duración indeterminada: la rescisión (capítulo IV del título segundo) y la terminación (capítulo V del título segundo). Uno de los supuestos de terminación de la relación laboral es el mutuo consentimiento de las partes.

"Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

"I. El mutuo consentimiento de las partes. ..."

Si analizamos la fracción I del artículo 53 en conjunto con el artículo 33 es posible afirmar que el legislador reconoció la posibilidad de que los trabajadores y los patrones pudieran llevar a cabo negociaciones con la intención de terminar su relación laboral, sin necesidad de iniciar una controversia jurisdiccional, en consonancia con la reforma constitucional de junio d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26894-955f5fc1/convenios-de-terminacion-de-la-relacion-laboral-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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