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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2016. · Registro digital (IUS): 26896
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-01-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Pág. 1486.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, JAIME RUIZ RUBIO, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO, FAUSTINO CERVANTES LEÓN Y JOSÉ ÁVALOS COTA. PONENTE: FAUSTINO CERVANTES LEÓN. SECRETARIO: CIRO ALONSO RABANALES SEVILLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, así como el diverso Acuerdo General 52/2015; emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de noviembre de dos mil quince, publicado el quince de diciembre del mismo año; por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y en dicho órgano judicial se radicaron los juicios de amparo ********** y **********, de los cuales derivaron los juicios de amparo en revisión ********** y **********, del índice del Tercer y Quinto Tribunales Colegiados de Circuito, que contienden en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-En principio, se debe precisar la materia de la presente contradicción de tesis, para lo cual, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

• El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión **********, en sesión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en esencia, sostuvo que el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, su presidente y tesorero, deben ser considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando desacatan una sentencia o laudo condenatorio, y se trata del cumplimiento en que fueron condenados como patrones en el ámbito de sus competencias en el juicio laboral burocrático **********, el siete de noviembre de dos mil catorce, y que ello obedece a que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California dispone que los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables y, como consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, tampoco dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas las resoluciones por ejecución forzosa; bajo la premisa de que no en cualquier acto de autoridad se surten los supuestos para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad atribuciones, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación entre el órgano público y el particular; en consecuencia, concluyó que la actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder. Esto es, la situación de poder de la entidad del Estado no deriva de un acuerdo de voluntades en tal sentido, sino de lo dispuesto en una norma legal que parte de un cumplimiento voluntario a las resoluciones judiciales que hace innecesario e inconducente el ejercicio del poder coactivo; y que, por ello, resultaba aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; por consiguiente, revocó el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito y concedió el amparo a la parte quejosa y recurrente.

• Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en concreto, sostuvo que el Ayuntamiento de Mexicali, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto cuando se trata del cumplimiento de un laudo en que fue condenado como patrón, toda vez que la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California prevé una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales respectivos, específicamente, con base en lo previsto por los artículos 142, 143, 144 y 145, y no únicamente la multa, ello al afirmar que la Ley del Servicio Civil citada con antelación en ese aspecto es, en esencia, de contenido similar a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, porque prevén normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como son: la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo; y que, por ello, aplicaba el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 79/2014, que aparece en la Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, tesis 2a./J. 79/2014 (10a.), página 699 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas, de los títulos, subtítulo y texto: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Por ende, dijo el acto reclamado a la autoridad responsable Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, consistió en el incumplimiento al laudo dictado el trece de septiembre de dos mil trece, en el juicio laboral **********, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el que el Ayuntamiento figuró como parte demandada, lo que es suficiente para estimar que no le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque conforme a las consideraciones de la jurisprudencia en comento, en ese supuesto no se está ante una relación de autoridad frente al gobernado, sino de coordinación que caracteriza las relaciones laborales, y la igualdad de éstas se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser remediado a través de los medios de apremio establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California; por contar, se reitera, que cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales respectivos y no únicamente la multa. Asimismo, sostuvo que no aplicaba la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, que se invoca en los agravios, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", dado que la aplicación o inaplicación de dicho criterio jurisprudencial formó parte de los argumentos de los tribunales contendientes en la contradicción de tesis de la que emanó la jurisprudencia antes citada, pues en ambos se hizo referencia a la misma llegando a resultados divergentes, y en la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), que nos ocupa, se declaró que en los Estados de Quintana Roo y Yucatán, el incumplimiento de un laudo por un órgano estatal que fungió como parte en el juicio laboral, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo indirecto.

CUARTO.-Para determinar la existencia de la contradicción de criterios entre el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión **********, es menester transcribir las consideraciones pertinentes de las ejecutorias respectivas.

Así tenemos, que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en lo que interesa, determinó lo siguiente:

"Ahora bien, la trabajadora quejosa alega, en esencia, que el Juez recurrido, en el considerando cuarto de la sentencia, estimó ilegalmente que el acto que se reclama no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, considerando, en esencia, que la negativa por parte de las autoridades responsables, de cumplir con el laudo condenatorio que se emitió, no la emite en su carácter de ente público, sino que constituye un incumplimiento al mandato de una autoridad jurisdicción dentro de un juicio laboral en el que es parte demandada y en un proceso en que se sitúa en un plano de igualdad y bilateralidad actuando en una relación jurídica de coordinación con respecto a la quejosa.

"Que la determinación del a quo de sobreseer, denota la mala precisión y apreciación errónea, así como superficial, del acto reclamado, toda vez que deja de considerar debidamente, que si bien, las autoridades señaladas como responsables, contendieron junto con la quejosa en un juicio laboral, configurándose una relación procesal; al momento que la autoridad señalada como responsable, omitió dar cumplimiento voluntario al mandato de autoridad dictado (mismo que le fue requerido conforme lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, tal como se hizo constar en los antecedentes de la demanda de amparo y como se desprende de la documental consistente en copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral burocrático **********, así como de la documental consistente en actuación de ejecución o requerimiento realizada por el actuario adscrito al tribunal de arbitraje en fecha veinte de febrero de dos mil catorce); constituye un acto de autoridad que puede combatirse mediante el juicio de amparo, al surtirse las siguientes condiciones, para considerar a las señaladas como autoridad:

"a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo, precisamente, a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa (artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Baja California).

"b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal (Municipio de Mexicali).

"c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó laudo a su favor.

"d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de igual manera reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, párrafo primero, 8, párrafo primero, y 25.

"Asimismo, alega que las autoridades señaladas como responsables, se colocaron en un plano de superioridad frente a la quejosa, al no dar cumplimiento voluntario, dejando ese plano de igualdad que sostuvieron en el juicio natural; esto al operar la excepción que el artículo 85 de La Constitución Política del Estado de Baja California, le otorga (mismo supuesto que contempla el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles), de no ser sujeto de coacción mediante vía de apremio o ejecución forzosa a efecto de cumplir sus obligaciones: siendo este precepto legal el que convierte la relación de coordinación en una relación de supra subordinación; ante el privilegio procesal que le otorga el citado artículo de la Constitución Local, en cuanto establece: ‘El patrimonio de los Municipios lo constituyen sus bienes del dominio público y del privado. Los bienes que integren el patrimonio municipal son inembargables; en consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra del patrimonio municipal. ...’, y que al considerarse siempre solvente el Municipio de Mexicali, como ente público que es, y al incurrir en desacato al mandato del tribunal laboral, es evidente que adquiere ese carácter de autoridad, violentando, a su vez, con el desacato, la esfera jurídica del quejoso, en particular, el derecho humano que refiere el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, párrafo primero, 8, párrafo primero, y 25 en la plena ejecución de las sentencias y la tutela judicial efectiva por lo que hace a la concretización de la decisión jurisdiccional, al impedirle obtener el fruto del laudo dictado en su favor.

"Al respecto, invoca los criterios de rubros: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’

"‘JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO O RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN CONDENATORIA.’

"‘MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’

"Son fundados los anteriores motivos de disenso, por las razones expuestas a continuación:

"En efecto, el artículo 17 constitucional contempla el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional, estableciendo que la misma debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa, además, establece el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que, de no hacerlo se haría nugatoria la primera de las garantías mencionadas.

"De manera que, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del condenado, sino que en base a tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada.

"Al respecto, tiene aplicación, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento veinticuatro del Tomo XXV, correspondiente al mes de abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (se transcribe texto)

"Por otra parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"‘Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"‘Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’

"De la lectura del primer párrafo del precepto en comento, se advierte la obligación del Estado Mexicano de reconocer y tutelar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como garantizar su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos que prevé la propia Constitución.

"Además, incorpora la obligación que de las normas relativas a los derechos humanos se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Así pues, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en particular, el numeral 25, refiere:

"‘Artículo 25. Protección judicial

"‘1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"‘2. Los Estados Partes se comprometen:

"‘a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"‘b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"‘c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.’

"Del precepto transcrito, se advierte que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho que tiene toda persona a un proceso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes y que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia convención, y para ello, los Estados signantes se comprometen a garantizar, entre otros aspectos, el cumplimiento por las autoridades competentes de las resoluciones dictadas en los procesos.

"Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, su presidente y tesorero del Ayuntamiento, en su carácter de autoridad, el incumplimiento al laudo condenatorio dictado el siete de noviembre dos mil catorce en el juicio **********; en el que se condenó a que otorgara a la trabajadora actora ********** a reinstalarla, pago de salarios caídos y otras prestaciones económicas.

"De manera que para determinar si, como alega la quejosa recurrente, fue ilegal que se sobreseyera en el juicio de amparo, al advertirse una causal de improcedencia; debe determinarse, si el acto reclamado es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"El artículo 5o. de la Ley de Amparo dispone que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que para los efectos del amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable solamente cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

"Así, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad responsable.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un ‘acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo’, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación.

"Ha estimado que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes.

"Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República.

"En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos.

"La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes.

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un ‘acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo’, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad atribuciones, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación entre el órgano y el particular.

"En la hipótesis en la que se emite una sentencia o laudo desfavorable, el vencido puede adoptar una de estas dos posiciones: acatar el fallo y cumplirlo voluntariamente o desobedecer el mandato contenido en la resolución. En este último caso, la falta de cumplimiento voluntario por la parte vencida abre paso a la ejecución forzosa. La ejecución forzosa de la sentencia o laudo es una consecuencia necesaria de la naturaleza de mandato de autoridad que corresponde a toda resolución judicial, y se halla impuesta, además, para impedir, dentro de lo humanamente posible, que queden fallidas, por voluntad del vencido en juicio, las legítimas pretensiones del vencedor.

"Sin embargo, existe una limitación de la ejecución forzosa tratándose de instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, en términos del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone:

"‘Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes.-Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. ...’

"Esto es, se deriva que la excepción al principio de igualdad procesal de las partes a favor de las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas que consagra el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, fue establecida por el legislador, en cuanto a la prohibición de dictarse en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, a fin de evitar que los órganos del poder se coaccionen a sí mismos y la existencia de un poder superior al mismo Poder Estatal; y en cuanto a la exención de prestar garantías, al considerarse que el Estado siempre es solvente.

"En el caso en análisis, se trata la omisión del cumplimiento del laudo condenatorio emitido en contra del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, su presidente y tesorero, respecto a los cuales, debe decirse que en relación con el patrimonio de los Ayuntamientos de Baja California, el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, dispone:

"‘Artículo 85. El patrimonio de los Municipios lo constituyen sus bienes del dominio público y del privado. Los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables; en consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra del patrimonio municipal. En todo caso, los Ayuntamientos deberán adoptar las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer sus obligaciones. Las sentencias que se dicten contra el Ayuntamiento deberán ser incorporadas en el presupuesto de egresos correspondiente, a efecto de ser cumplidas.’

"Es en esta circunstancia que de no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia o laudo condenatorio por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo, precisamente, a su naturaleza de órgano de poder. Esto es, la situa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26896-40d35023/municipios-y-o-ayuntamientos-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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