COPIA DE CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACION PREVIA. SON INCONDUCENTES PARA LA PRUEBA DE LA ORDEN DE DETENCION, CUANDO LA EXISTENCIA DE ESTA HA SIDO NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
CONTRADICCION DE TESIS 16/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO EN CONTRA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO (HOY PRIMERO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Corresponde a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparo en materia penal sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual acontece en la especie.
SEGUNDO.- El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja número 9/90 interpuesta por el agente del Ministerio Público Federal en Ciudad Guzmán, Jalisco, en su parte conducente señaló:
"III. Son infundados los anteriores agravios."
"El acuerdo reclamado no puede causar agravio a la autoridad recurrente, puesto que al requerir a ésta por la expedición de las copias solicitada, dicho acuerdo se ajusta estrictamente a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo.
"El principio de sigilo y el riesgo, según se dice, de que se obstaculice la averiguación previa; no son causas que legal o jurídicamente eximan a los funcionarios o autoridades a que alude el precepto en comento, de la obligación de expedir las copias o documentos que han de ser ofrecidos como prueba en la audiencia constitucional, tanto más que frente a la facultad de investigar los delitos, que le corresponde al Ministerio Público, está el innegable derecho del inculpado, de defenderse a través del juicio de amparo, derecho éste al que el aludido Ministerio Público, siendo una institución de buena fe, no debe oponerse.
"Por tales razones, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido en la tesis que se invoca en los agravios, dictada por el entonces único Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. En esa tesis se afirma que cuando se reclama en amparo una orden de captura por el Procurador General de Justicia del estado o de la Federación, y ese acto es negado por la autoridad responsable, resulta improcedente que se requiera a éste por el envió de una copia de todo lo actuado en la averiguación previa respectiva, pues en tal caso esa copia es inconducente y no es jurídico que a pretexto de la aplicación del artículo 152 de la Ley de Amparo se exponga al Ministerio Público al peligro de ser obstaculizado en la labor de investigación de hechos delictuosos que le compete. Por lo contrario a ello, a juicio de este Tribunal Colegiado, es lo correcto, pues `si la autoridad responsable niega el acto reclamado es obvio que ese informe no constituye una verdad absoluta, sino que el quejoso tiene el derecho de probar en su contra, y si se le niegan las copias certificadas de la averiguación previa en la que él afirma que se dictó la orden reclamada, con ello se le deja en estado de indefensión y se viola en su perjuicio una de las normas fundamentales del juicio de amparo, como lo es la contenida en el citado artículo 152 de la ley de la materia.'
Debe aclararse que la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 116 y rubro: `COPIAS PARA EL AMPARO', en la página ciento setenta y siete de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, que también se invoca en los agravios, no es aplicable en favor de la pretensión de la autoridad recurrente. Conforme a esa tesis las autoridades están obligadas a expedir copias certificadas de las constancias que existan en sus archivos, no a expedir certificaciones de documentos que no tienen en su poder, y menos aún si se pretende que en tales certificaciones se involucren hechos negativos y apreciaciones que dichas autoridades no están obligadas a hacer. Sin embargo, en el caso que se juzga sólo se pidieron copias de una averiguación previa que existe en poder de la autoridad recurrente, lo que es acorde con la citada jurisprudencia."
Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios debe declararse infundada la queja a la que este toca se contrae".
"IV. Por otra parte, de lo expuesto en el considerando anterior, se advierte que el criterio de este Tribunal Colegiado es contradictorio respecto al ya comentado, del entonces único Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, contenido en la tesis publicada bajo el rubro de: `COPIAS PARA EL AMPARO. NO PROCEDE REQUERIR A LAS AUTORIDADES PARA SU EXPEDICION, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTA NEGADO Y LAS COPIAS RESULTAN, POR LO MISMO, INCONDUCENTES', en las páginas veintisiete y veintiocho del volumen 35, Sexta Parte, de la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación. Igual contradicción existe con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis publicada, con un precedente, bajo el rubro: `COPIAS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO NO PROCEDE REQUERIR SU EXPEDICION A LAS AUTORIDADES', en la página treinta y nueve de la Tercera Parte, volumen I, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve."
En tal situación, y conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la ley de la materia, debe denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis a que se ha hecho alusión, enviándole a la superioridad los autos para los efectos legales del caso.
TERCERO. El Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, resolvió el recurso de queja número 14/71 interpuesto por el procurador general de Justicia de San Luis Potosí, resolución que en su parte conducente dice:
"IV. La queja es fundada. En efecto, es verdad que el artículo 152 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias de documentos que les soliciten las partes, a fin de que éstas puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio; es verídico, igualmente, que en tal precepto el legislador le impuso al Juez de Distrito la diversa obligación de exigir a dichos funcionarios, la expedición de las copias de que se trata, facultándolo incluso, para hacer uso de los medios de apremio y para consignar a la autoridad omisa, por desobediencia a su mandato; y así mismo es exacto, que correlativamente a las apuntadas obligaciones de los funcionarios o autoridades y del Juez de Distrito, el legislador consignó implícitamente en favor de los interesados, el derecho de que éstos pudieran obtener de los primeros la expedición de las copias respectivas y el de que pudieran solicitar y obtener el auxilio necesario del Juez constitucional para la debida efectividad de tal derecho; sin embargo, también es cierto que ese derecho que la ley concede a quienes intervienen en un juicio de garantías, no es de orden irrestricto ni puede ejercitarse arbitrariamente, ni es ilimitada la facultad del Juez constitucional para requerir a los funcionarios y autoridades por la expedición de toda clase de copias, supuesto que una sana interpretación del precepto legal en consulta, permite afirmar, con la mayor seguridad, que las facultades y derechos de que se habla anteriormente, encuéntrense circunscritas a las necesidades y finalidades del proceso. Esto es así, porque el invocado artículo 152 habla de lo relativo a la expedición de copias, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio y como quiera por un lado, que el artículo 2o. de la ley de la materia aclara, que el juicio de amparo debe substanciarse con arreglo a las formas y procedimientos que determina tal ley y que a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles; y por otro lado, que el artículo 81 del último ordenamiento invocado, le impone al demandante la obligación de probar los hechos constitutivos de su acción y al reo los de sus excepciones, ninguna duda puede quedar sobre que los funcionarios o autoridades a que alude el citado artículo 152 de la Ley de Amparo, solo resultan legalmente obligados a expedir las copias certificadas que deban aportarse en un juicio de garantías, en tanto que esas copias sean conducentes a dilucidar los hechos materia de la litis constitucional. Y aunque lo anterior no significa, que las autoridades o funcionarios estén facultados legalmente para calificar sobre la procedencia o improcedencia de las pruebas que pretendan aportar los interesados, supuesto que lo prohíbe expresamente el artículo 338 de la ley supletoria aplicable al estatuir, que las partes no podrán oponerse a la recepción de las pruebas alegando que las ofrecidas son inverosímiles o inconducentes, sí significa, en cambio, que el Juez constitucional está obligado a vigilar que el proceso se encauce debidamente, para evitar dilaciones innecesarias, para impedir que se abuse del procedimiento de amparo propiciando trámites que sólo entorpecen las labores de otras dependencias y para cumplir, primordialmente, con el principio que consagra el artículo 17 constitucional al decir, que la justicia debe ser rápida y expedita, con tanta más razón que el artículo 79 de la ley supletoria mencionada categóricamente aclara: que el juzgador, para conocer la verdad, `puede valerse de cualquier cosa ... o documento, sin más limitaciones que las pruebas... tengan relación inmediata con los hechos controvertidos' tras de lo cual agrega que en cuanto a los tribunales no rigen en materia de prueba, las limitaciones establecidas en relación con las partes, pues si dichos tribunales, en materia de prueba, no están restringidos, como las partes y a pesar de ello sólo se les faculta para valer de las pruebas relacionadas con los hechos controvertidos, ninguna duda puede quedar respecto a que las partes sólo están legalmente facultadas para aportar las pruebas que tengan relación con la litis y que sean conducentes para aclarar la verdad sobre los puntos materia del debate. Este criterio de interpretación, concuerda con el sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 81, visible en las páginas 150 y 151 del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, en cuanto dice, que: `En términos generales, las autoridades están obligadas a expedir copias certificadas de las constancias que existan en sus archivos y que las partes en el amparo soliciten, para presentarlas en la audiencia de derecho; pero no es posible, a pretexto de la aplicación de las disposiciones relativas, obligar a las autoridades a expedir certificaciones de lo que no existe en sus archivos, máxime si en tales certificaciones se pretende que se involucren no solo hechos negativos sino apreciaciones que las autoridades no están obligadas a hacer', dado que en esa jurisprudencia, el máximo tribunal de justicia de la República admite la posibilidad de salvedades en cuanto a la obligación que respecto a la expedición de copias señala la ley."
"Sentado lo anterior precisa advertir que con el informe justificado que rindió el Juez Primero de Distrito, se recibió en este Colegiado copia certificada de las siguientes constancias: a) de la demanda promovida por Domingo de Jesús Cerda Saldaña, quien señaló como autoridad responsable entre otras al Procurador General de Justicia del estado de San Luis Potosí, a quien se le reclamó textualmente, `la iniciación de un procedimiento penal por la desaparición de Zeferino Leyva Reyna sin que exista denuncia, acusación o querella en la que señale el delito y en la que se relacione con esa desaparición al suscrito quejoso', así como las órdenes para mantenerlo privado de su libertad o cualquier acto que tenga como consecuencia un ataque a su libertad y además, todas las consecuencias de hecho y de derecho de esos actos (sic), siendo de advertir que en tal escrito de demanda, el quejoso dijo ofrecer como prueba documental de su parte, LA TOTALIDAD DE LA AVERIGUACION PRACTICADA POR EL PROCURADOR DE JUSTICIA, añadiendo que solicita que por conducto del Juez de Distrito hoy recurrido, se pida la copia certificada a que alude anteriormente; b) de la copia del escrito que Domingo de Jesús Cerda Saldaña presentó al Procurador de Justicia Estatal, mediante el cual le solicitó la expedición de la copia de diversas constancias que no le han sido expedidas; c) del escrito que el mismo Cerda Saldaña dirigió al Juez Primero de Distrito en San Luis Potosí, haciéndole saber que formuló solicitud ante el Procurador de Justicia Estatal, para que le expidiera copia certificada de diversas constancias relacionadas con la desaparición de Zeferino Leyva Reyna, particularmente de la denuncia que se hubiese formulado y de las actuaciones que pudieran relacionarlo con ese hecho; d) del informe justificado que en relación con el amparo de referencia rindió el Procurador de Justicia hoy recurrente donde aclara textualmente que: `No son ciertos los actos reclamados', agregando que lo cierto es que con motivo de la denuncia presentada por María Marcos Reyna viuda de Leyva inició averiguación previa sobre la desaparición de Zeferino Leyva Reyna y que al desprender de tal averiguación, presunciones de que en determinadas casas de San Luis, podía haber pruebas sobre el paradero de Zeferino Leyva Reyna, pidieron al Juez Tercero del Ramo Penal los cateos de las casas mencionadas, efectuándose los mismos con apego a la Constitución; e) del auto recurrido en queja mismo que quedó transcrito en el considerando primero de esta ejecutoria."
"Ahora bien, si el quejoso reclamó del procurador de Justicia mencionado la iniciación de un procedimiento relacionado a la desaparición de Zeferino Leyva Reyna sin que se relacionare con esa desaparición el propio quejoso; si además le reclamó la pretensión de mantenerlo privado de su libertad o la realización de cualquier acto que produjera el efecto de atacar dicha libertad; si el procurador de Justicia negó la certeza de los actos reclamados aunque aclaró que con motivo de la desaparición de Zeferino Leyva Reyna solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo de diferentes inmuebles con el fin de obtener pruebas sobre el paradero del desaparecido; si el quejoso solicitó del procurador de Justicia Estatal una copia certificada, para presentarla en el amparo, de todo lo actuado en la citada averiguación ministerial; si la copia de referencia es por completo inconducente para probar los hechos materia de la litis constitucional, supuesto que están negados todos los actos que el quejoso reclama, que pudieran significar un ataque contra su libertad personal y por lo que atañe a la iniciación de una averiguación relacionada con la desaparición de Zeferino Leyva Reyna, la copia certificada también resulta innecesaria, atento a que si bien el procurador de justicia reconoció la existencia de la misma, el quejoso se encargó de aclarar en su demanda de garantías que tal averiguación fue iniciada sin que se relacionara al propio quejoso con la mencionada desaparición; y si, en fin, el Juez de Distrito tiene la obligación de requerir a las autoridades o funcionarios por la expedición de copias, pero sólo en los casos en que tales probanzas sean conducentes para aclarar la verdad sobre los puntos cuestionados, es obvio que en el caso no debió de ordenar el requerimiento al recurrente por la expedición de las copias de que se trata, no sólo por la generalidad de la petición de Domingo de Jesús Cerda Saldaña al pretender una copia DE LA TOTALIDAD de la averiguación ministerial reclamada en el amparo, sino además, porque ninguna justificación se advierte en dicha pretensión, si se toma en consideración que está negado el acto referente, al ataque a la libertad del que se dice agraviado y si éste aclaró que no hay denuncia donde fuese involucrado, habida consideración que la orden combatida en esta queja, ostensiblemente agravia al recurrente, porque la obliga a la expedición de documentos innecesarios y sobre todo, porque a pretexto de la aplicación del artículo 152 de la Ley de Amparo, se pretende la exhibición de una copia de todas las actuaciones que el Ministerio Público lleva practicadas, exponiendo a dicha institución al peligro de que pueda ser obstaculizada en su labor de investigación de los hechos que pudieran resultar delictuosos y que está practicando en ejercicio de las funciones que le encomienda la ley".
CUARTO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió el juicio de amparo en revisión número 204/89, interpuesto por Guillermo Martínez Ballesteros en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 97/89, por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, que en lo que trasciende, es del tenor literal siguiente:
"TERCERO.- Son infundados los motivos de inconformidad que se esgrimen."
"En efecto, el Juez Tercero de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, ante la negativa expresa de las autoridades señaladas como responsables de los actos a ellas atribuidos consistentes en la orden de privación ilegal de la libertad del quejoso y su ejecución, negativa que manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la misma fuera desvirtuada por prueba alguna del peticionario de garantías, lo condujo a aplicar correctamente el contenido de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 4 visible a fojas 12 del tomo correspondiente al Pleno y a las Salas del más alto Tribunal de la República, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete - mil novecientos ochenta y cinco cuyo rubro es: `ACTO RECLAMADO, NEGACION DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo'.
Ahora bien, el primer motivo de inconformidad que se expone por parte de Guillermo Martínez Ballesteros, resulta ineficaz, toda vez que se trata de una afirmación de carácter subjetiva, por tanto de acuerdo a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, carece de fundamento alguno que la sostenga."
"Por cuanto se refiere al siguiente agravio, ha de advertirse que efectivamente el a quo al admitir la demanda de amparo promovida por el quejoso de que se trata, no tuvo como acto reclamado `la parcial averiguación previa con número de causa S.C./204/88 iniciada' en contra del amparista `en la ciudad de Querétaro' y que el Procurador General de Justicia del estado de Querétaro y el Director de Averiguaciones Previas de la misma Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro y el Director de Averiguaciones Previas de la misma Procuraduría admitieron como cierto, al afirmar que la apertura de dicha indagatoria se hizo el tres de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en contra del peticionario de garantías por el delito de fraude cometido en agravio del ejido denominado `Charco Frío' ubicado en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, averiguación previa de la cual el recurrente mediante el escrito respectivo solicitó a las autoridades de referencia copia certificada, sin que la hubiera obtenido, motivo por el que a través de diverso ocurso y en la etapa de alegatos de la audiencia constitucional Carlos Velasco Ubilla su autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, pidió al a quo que por su conducto se requiera a las autoridades mencionadas con objeto dieran cumplimiento a tal petición y se difiera la audiencia de mérito, solicitud a la que el Juez del amparo determinó `no ha lugar a diferir la presente audiencia constitucional toda vez que el acto reclamado se hace consistir fundamentalmente en la orden de aprehensión girada en contra del quejoso por las autoridades responsables y toda vez que según lo manifiestan las mismas en los informes que obran agregados no existe orden de aprehensión en contra del amparista y con dicha probanza no se desvirtuaría la negativa manifestada por las aludidas autoridades, ni tampoco resulta ser la prueba idónea para tal efecto', criterio que es acertado por las siguientes razones: la primera consiste en que es verdad que el artículo 152 de la ley que rige el juicio de garantías prevé a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia constitucional, la obligación para los funcionarios o autoridades de expedirles las copias que les soliciten y ante su omisión, el Juez de Distrito, previa petición que acordará en la propia audiencia del juicio, ordenará se requiera a las omisas y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato lo que tiene como consecuencia se difiera la audiencia de mérito, hasta en tanto no se expidan aquellos documentos, pero esta regla no es aplicable cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen terminantemente los actos a ella reclamados, ya que en este supuesto las copias solicitadas resultan inconducentes, como en el caso concreto en que se reclama por parte del quejoso la orden de privarlo de su libertad y la ejecución de la misma apareciendo de autos que dichos actos fueron negados expresamente por las autoridades responsables."
"La segunda tesis que se sustenta, es que la averiguación de la comisión de delitos es de orden público y la única autoridad facultada constitucionalmente para la prosecución de conductas delictivas, lo es el Ministerio Público, quien integra en la averiguación previa respectiva las constancias que contienen las diligencias que legalmente practica en la investigación del posible hecho delictuoso para estar en posibilidad de acudir a los Tribunales a ejercer la acción penal, es por ello, que su actuar conforme a derecho, cuando recabe pruebas inherentes a la investigación no afecta la esfera jurídica del gobernado, pues no restringe sus derechos subjetivos públicos, resultando aplicable entonces la fracción III del artículo 74 en relación con la fracción V del numeral 73, ambos de la Ley de Amparo lo cual se expresa sólo como comentario, puesto que respecto a la iniciación de la averiguación no fue admitida la demanda, debido a lo antes sostenido es de concluirse que no es correcto que se hubiera requerido al Procurador General de Justicia y al Director de Averiguaciones Previas del estado de Querétaro, expidieran la copia certificada solicitada por el peticionario de garantías pues equivaldría a obstaculizar la labor constitucional encomendada al órgano persecutor."
"En referencia al último agravio que se plantea carece de razón el inconforme, toda vez que la sentencia que se revisa, está fundada y motivada, porque el hecho de que el Juez de Distrito hubiera sobreseído en el juicio de garantías, se debió por una parte a que no se demostró la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en la orden de privación de la libertad del recurrente y en la cumplimentación de la misma; y en cuanto a la `parcial averiguación previa' iniciada en contra del quejoso, ya se apuntó en líneas procedentes lo relativo a la cuestión, por tanto no existió materia del fondo sobre la cual resolver, sin que ello signifique, como lo pretende Guillermo Martínez Ballesteros que el fallo que se recurre adolezca de los requisitos de fundamentación y motivación; finalmente debe precisarse que para desvirtuar los informes justificados rendidos por las responsables, es necesario aportar las pruebas conducentes, y no concretarse únicamente a objetarlas de manera verbal, porque esto último carece de eficacia probatoria."
"En estas condiciones al resultar infundados los agravios hechos valer por Guillermo Martínez Ballesteros y atento a las consideraciones expuestas, procede entonces confirmar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de garantías promovido por el quejoso de que se trata, con fundamento en las fracciones IV y III del artículo 74 en relación esta última con la fracción V del numeral 73 ambos de la Ley de Amparo."
QUINTO.- De las transcripciones que anteceden se concluye que sí existe contradicción de tesis, pues en los juicios de amparo que dieron origen a los recursos interpuestos, básicamente se reclamó la orden de privación de la libertad dictada por un agente del Ministerio Público ya sea local o federal, y en tanto que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito sostiene que si la autoridad responsable (agente del Ministerio Público) al rendir su informe justificado niega el acto reclamado (orden de privación de la libertad) el quejoso tiene derecho a probar en su contra y a que se le expidan las copias certificadas correspondientes así se trate de una averiguación previa; los restantes colegiados sustentan que si la autoridad responsable (agente del Ministerio Público) niega el acto reclamado (orden de privación de la libertad), las copias certificadas de la averiguación previa son inconducentes dada tal negativa, y de aceptar lo contrario se expone al Ministerio Público a ser obstaculizado en su labor de investigación.
SEXTO: Debe prevalecer como criterio de jurisprudencia, el sustentado por los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (hoy primero) y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito, por las siguientes razones.
El Tribunal Colegiado del Tercer Circuito sostiene, en síntesis:
1o. Que cuando la autoridad responsable niega en su informe justificado la existencia del acto reclamado, no por ello debe considerarse el informe como una verdad absoluta;
2o. Que el quejoso tiene derecho a probar en contra del informe rendido en esos términos y a que se le expidan para ese efecto las copias certificadas correspondientes, así se trate de una averiguación previa.
3o. Que si la autoridad responsable se niega a expedir las copias certificadas que en esa hipótesis le solicita el quejoso, procede requerirla para que las expida, ya que de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión y se violaría en su perjuicio una de las normas fundamentales del juicio de garantías, como es la contenida en el artículo 152 de la Ley de Amparo.
Por su parte los Tribunales Colegiados que sostienen el criterio contrario argumentan:
1o. Que es cierto que el artículo 152 de la Ley de Amparo dispone que, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia constitucional, los funcionarios y autoridades están obligados a expedir copias de los documentos que aquéllas les soliciten.
2o. Que igualmente es cierto que ante una omisión a ese respecto, previa solicitud de parte interesada, el Juez de Distrito requerirá a la autoridad renuente para que dé cumplimiento a la petición, pudiendo hacer uso de los medios de apremio e incluso consignar al funcionario o autoridad por desacato a su mandato.
3o. Que si el quejoso reclamó una orden de captura y la autoridad responsable negó haberla librado, resulta improcedente que el Juez requiera a la autoridad para el envío de una copia de lo actuado en la averiguación previa respectiva, pues la misma sería inconducente por haberse negado el acto reclamado.
4o. Que no es jurídico que a pretexto de la aplicación del artículo 152 de la Ley de Amparo, se corra el riesgo de obstaculizar la labor de investigación de hechos delictuosos que la ley encomienda al Ministerio Público, pues la misma debe practicarse con discreción y sigilo.
En cuanto a los argumentos del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito cabe señalar que, en efecto, no debe tenerse como verdad absoluta la negativa de existencia de los actos que se le atribuyen a la autoridad responsable, pues respecto de ella surge para la parte quejosa la carga procesal de desvirtuarla y, consecuentemente, el derecho de rendir prueba en contrario.
En relación a este aspecto se invocan las tesis de jurisprudencia 53, 1002 y 1003, visibles en las páginas 90 y 1621 de los Tomos I y IV, respectivamente, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,correspondiente a los años de 1917 a 1988, que a la letra dicen:
"ACTO RECLAMADO NEGACION DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo".
"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".
"INFORME JUSTIFICADO NEGATIVO.- El hecho de que en él se niegue la existencia del acto que se reclama, no es motivo para sobreseer por improcedencia, privándose al quejoso del derecho de probar, en la audiencia del juicio, la existencia de los actos negados por la autoridad".
Como se advierte de las jurisprudencias transcritas, si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, corresponde al quejoso aportar las pruebas correspondientes para desvirtuar tales negativas, pues, de no hacerlo, procedería sobreseer en el juicio con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo; de donde se sigue que por el derecho de prueba de que goza la parte quejosa, no se puede tener como verdad absoluta la manifestación que respecto de la inexistencia del acto reclamado formule la autoridad responsable en su informe con justificación.
Ahora bien, reiterando desde luego que el quejoso cuenta con el derecho de ofrecer las pruebas que estime pertinentes a la demostración de la existencia del acto que reclama, cuando éste ha sido negado por la autoridad responsable, con las únicas excepciones relativas a la de posiciones y a las que fueren contrarias a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/269-61edf4a6/copia-de-constancias-que-integran-la-averiguacion-previa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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