COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. PARA TENER POR EFECTUADA LA NOTIFICACIÓN DEL AVISO DE INCUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, REALIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE REQUIERE PRUEBA FEHACIENTE DE SU RECEPCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: ARTURO ITURBE RIVAS, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA. SECRETARIO: LUCIO CORNEJO CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, pues se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) con los emitidos por los Tribunales Colegiados Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Noveno, en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión **********, ********** y **********, respectivamente, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito, basaron sus resoluciones.
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el diecinueve de mayo del año en curso, el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********), que establece lo siguiente:
"QUINTO. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. En lo que interesa, son:
"1. El once de agosto de dos mil catorce, la institución financiera quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, sociedad de inversión de renta variable, presentó un escrito ante el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CONDUSEF en el que, entre otras cosas, solicitó se le proporcionara la clave institucional, señalando para recibirla de manera electrónica, además de cualquier comunicación institucional, el correo electrónico ********** (foja 42 del juicio de amparo).
"2. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, se hizo del conocimiento de la quejosa la aceptación de su solicitud de clave, así como los datos de su usuario y contraseña (foja 43 del juicio de amparo).
"3. En oficio de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la autoridad responsable informó vía electrónica a la quejosa el aviso de incumplimiento a la regla Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, y que se turnaría el asunto a la Dirección General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para el inicio del procedimiento de imposición de multa (foja 44 del juicio de amparo).
"4. El seis de noviembre de dos mil catorce, la empresa quejosa sometió a la consideración y aprobación de la Comisión Nacional el Programa de Autocorrección número ********** de seis de noviembre de dos mil catorce (foja 39 del juicio de amparo), al cual recayó el oficio ********** de once de marzo de dos mil quince, en el que se desechó el citado programa de autocorrección (foja 40 del juicio de amparo).
"5. Inconforme con la citada determinación contenida en el oficio ********** de once de marzo de dos mil quince, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual por turno le correspondió conocer al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México; quien en lo que interesa, radicó y admitió la demanda de amparo bajo el expediente **********, entre otras determinaciones (fojas 2 a la 28 del juicio de amparo).
"6. Una vez agotada la secuela procesal; el diecinueve de octubre de dos mil quince, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que concedió el amparo solicitado a la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, sociedad de inversión de renta variable, para el efecto de que la autoridad responsable, aquí recurrente, dejara insubsistente el oficio reclamado ********** de once de marzo de dos mil quince y, emitiera uno nuevo, en el que tomara en consideración que el 'Aviso de Incumplimiento' de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, no fue notificado con anterioridad a la presentación del Programa de Autocorrección identificado con el número ********** de seis de noviembre de dos mil catorce y, de manera fundada y motivada, resolviera lo que en derecho procediera en relación a la solicitud de la quejosa respecto de dicho programa de autocorrección presentado el seis de noviembre de dos mil catorce.
"Sentencia que constituye la materia del presente recurso de revisión.
"SEXTO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. El único motivo de inconformidad resulta infundado, como a continuación se expondrá.
"En dicho agravio la autoridad recurrente aduce, en esencia, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el Juez de Distrito soslayó que previo a la presentación del Programa de Autocorrección que la institución financiera quejosa puso a consideración de esa autoridad, se detectó el incumplimiento a lo dispuesto por la Segunda, fracción XIV y Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, situación que le fue debidamente notificada mediante correo electrónico enviado el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a la dirección proporcionada por la quejosa; además, también se hizo de su conocimiento que el asunto sería turnado a la Dirección General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para el inicio el procedimiento de sanción correspondiente.
"Agrega, que el aviso de incumplimiento hace prueba plena de que desde el veinticuatro de octubre de dos mil catorce se notificó a la quejosa el incumplimiento a la obligación contenida en la Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que se desechó por improcedente el Programa de Autocorrección número ********** de seis de noviembre de dos mil catorce y, por ende, no se entró al análisis de la procedencia, ya que el incumplimiento no puede ser materia del programa, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente al momento del incumplimiento.
"Añade, que esa Comisión responsable estableció un medio de comunicación electrónica con las instituciones financieras a fin de compartir diversa información indispensable para que cumplan con sus obligaciones respecto del registro de Prestadores de Servicios Financieros; en el caso, la quejosa presentó solicitud de Clave Institucional el once de agosto de dos mil catorce, en la que señaló el correo electrónico **********, para que le fuera proporcionada su clave institucional y en la propia solicitud expresó su consentimiento para recibir cualquier tipo de comunicación institucional y, por tanto, resulta contradictorio sostener que el correo electrónico señalado por la institución financiera fue proporcionado únicamente para que le fuera remitida su clave.
"Adicionalmente, la autoridad recurrente refiere que el Juez de Distrito debió tomar en consideración que el aviso de incumplimiento notificado a la quejosa no constituye un citatorio, emplazamiento, requerimiento, solicitud de informe o resolución administrativa definitiva, toda vez que sólo se hace del conocimiento de la institución financiera que la Comisión no cuenta con registro alguno de que se haya realizado la validación trimestral correspondiente; es decir, se detectó el incumplimiento cometido.
"Asimismo, la recurrente señala que con las constancias remitidas a su informe justificado está acreditado que mediante el correo electrónico del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se le notificó a la quejosa el incumplimiento a la obligación contenida en la Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
"Que contrariamente a lo que resolvió el Juez de Distrito, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no le impone la obligación de generar y recabar un acuse de recibo, en virtud de que el aviso de incumplimiento o irregularidad detectada por la autoridad antes de que la quejosa presentara el proyecto de autocorrección es un acto administrativo diverso a los señalados en el primer párrafo del artículo 35 de la precitada legislación, por lo que resulta inaplicable lo establecido en la fracción II del referido precepto legal.
"Por lo que la autoridad recurrente concluye que al estar demostrado que notificó a la quejosa **********, sociedad anónima de capital variable, sociedad de inversión de renta variable, a través del correo electrónico el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, como medio de transmisión de datos, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es inconcuso que es correcto que desechara la solicitud del programa de autocorrección presentada por la impetrante, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente al momento del incumplimiento, en virtud de que la quejosa presentó el Programa de Autocorrección número ********** de seis de noviembre de dos mil catorce, pues asevera que en esa fecha ya era de su conocimiento que se había detectado el incumplimiento o irregularidad detectada por esa autoridad.
"Los resumidos argumentos son infundados.
"Lo anterior, porque contrario a lo aseverado por la quejosa y acertadamente lo determinó el Juez de Distrito, en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que la recurrente invocó como fundamento para desechar el programa de autocorrección presentado por la quejosa, el cual establece:
"'Artículo 92 Bis 3.' (se transcribe)
"En efecto, los artículos 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen:
"'Artículo 7. (se transcribe)'. 'Artículo 35. (se transcribe)'
"Luego, si la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece: '... Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por la Comisión Nacional, cuando se haya notificado a la Institución Financiera la irregularidad ...', es de concluirse que, contrario a lo afirmado por la recurrente, no es aplicable a ese supuesto normativo el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino la fracción II del citado precepto legal, precisamente, porque conforme a la interpretación sistemática y extensiva de las precitadas normas, las notificaciones son uno de los actos previstos en el primer párrafo de dicho numeral como motivo de la actualización de la hipótesis prevista en la fracción II del precitado precepto, lo que excluye a actos distintos, como se distingue en el penúltimo párrafo de ese mismo numeral.
"Concepción que propende no sólo a brindar una protección más amplia de los derechos del gobernado, sino a reconocer los principios de certeza jurídica y legalidad.
"Ahora, como se advierte en los antecedentes relatados en el considerando anterior de esta ejecutoria, el once de agosto de dos mil catorce, la institución financiera **********, sociedad anónima de capital variable, sociedad de inversión de renta variable, presentó un escrito ante el Registro de Prestadores de Servicios Financieros en el que, entre otras cosas, solicitó se le proporcionara la clave institucional, señalando para recibirla de manera electrónica, además de cualquier comunicación institucional, el correo electrónico ********** (foja 42 del juicio de amparo).
"En tales condiciones, la aquí recurrente ofreció como prueba en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, la documental consistente en el correo electrónico de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a través del cual afirma que hizo del conocimiento a la quejosa el aviso de incumplimiento de la obligación contenida en la Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, tal como consta en la imagen que se inserta siguiente:
"(Se inserta imagen)
"Lo anterior, pone de manifiesto que, como ya se dijo, contrario a lo aseverado por la autoridad recurrente y acertadamente lo determinó el Juez de Distrito, en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que la recurrente invocó como fundamento para declarar improcedente el programa de autocorrección presentado por la quejosa.
"Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que la documental transcrita constituye un indicio de que la autoridad recurrente envió la comunicación vía correo electrónico en la fecha y a la dirección indicadas; sin embargo, de la mencionada constancia y demás que anexó a su informe justificado, no se desprende, que con el correo electrónico enviado de esa forma, la autoridad responsable acredite de manera fehaciente, que lo haya recibido la destinataria, como lo exige expresamente la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
"Esto, tomando en consideración que si bien, en términos del artículo 35, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se requiere generar y recabar acuse de recibo alguno, sin embargo, como ya se dijo, tal hipótesis normativa no se actualiza en el caso concreto, al estar demostrado en la especie que la notificación prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es uno de los actos contemplados en el primer párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, de conformidad con la fracción II del precitado precepto legal, la recepción de la notificación efectuada por medios electrónicos debe ser tal, que no dé lugar a dudas sobre su recepción por la persona a quien es dirigida.
"Lo anterior cobra mayor relieve, en tanto que del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas, en primer lugar, debe realizarse de manera personal en el domicilio del interesado (fracción I), tal como lo sostuvo el a quo; lo que justifica la trascendencia de la carga probatoria adicional que impone el legislador a la autoridad responsable respecto de esos tipos de actos, entre ellos, la notificación, en relación con la hipótesis prevista en la fracción II, es decir, cuando haya aceptado expresamente el promovente recibir información vía correo electrónico, también puede realizarse a través de ese medio electrónico, pero con la condición de que la autoridad debe comprobar fehacientemente la recepción de ese medio de comunicación electrónica por la destinataria.
"Por tanto, contrario a lo manifestado por la recurrente y acertadamente lo apreció el Juez de Distrito, la documental relativa al correo electrónico de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, resulta insuficiente para cumplir con la carga probatoria impuesta a la autoridad responsable en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si la responsable no ofreció en el juicio de amparo indirecto, prueba idónea para acreditar de manera fehaciente que la destinataria **********, recibió ese medio de comunicación electrónica y, por ende, tal como lo determinó el Juez de Distrito, la autoridad responsable no cumplió con la notificación prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, por tanto, resulta inexacta la afirmación de la autoridad responsable, aquí recurrente, en el sentido de que la quejosa presentó el Programa de Autocorrección número ********** de seis de noviembre de dos mil catorce, posteriormente a la irregularidad detectada y notificada por esa autoridad el veinticuatro de octubre de dos mil catorce y, por ese motivo, resolver que era improcedente el programa de autocorrección presentado por la impetrante.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido análogo y en lo conducente, la tesis XIII.T.A.3 A (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, visible en la página 2616, materia común, administrativa, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 2004530, de rubro y texto siguientes:
"'NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. AL PRACTICARLA, LA AUTORIDAD DEBE ANEXAR EN AUTOS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DEL QUE DERIVE, LA CONSTANCIA FEHACIENTE DE RECEPCIÓN POR SU DESTINATARIO.'
"(Se transcribe)
"Así como la tesis aislada I.6o.T.124 L (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 2316, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2008760 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas», de rubro y texto siguientes:
"'ACTO RECLAMADO DADO A CONOCER MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE COMPUTARSE EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, ES LA DE RECEPCIÓN DEL MISMO.'
"(Se transcribe)
"Por las razones antes expuestas, este Tribunal no comparte los criterios expuestos por el Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Noveno, Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver los recursos de revisión **********, ********** y **********, interpuestos -el primero y último- por la directora general de Desarrollo Financiero, Estadístico y Operativo de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y -el segundo- por **********, lo que dará motivo a la denuncia de contradicción de tesis ante el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"En efecto, el Cuarto y el Décimo Noveno, Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sus ejecutorias, basan en esencia su determinación interpretando el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y concluyen que la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, relativa al aviso de incumplimiento o irregularidad detectada por la Comisión Nacional en ejercicio de sus atribuciones, antes de la presentación por parte de la entidad financiera del programa de autocorrección, se ubica en la excepción prevista en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque no se trata de un citatorio, emplazamiento, requerimiento, solicitud de informes o documentos ni de una resolución administrativa definitiva y, por tanto, basta que la autoridad responsable haga del conocimiento a la quejosa dicho incumplimiento a través del correo electrónico aceptado expresamente para recibir notificaciones, sin que para ello se exija probar que la destinataria lo recibió de manera fehaciente, es decir, generar y recabar acuse de recibo alguno, por no establecerlo así esa porción normativa.
"Asimismo, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, basa su decisión esencialmente en que el aviso de incumplimiento o irregularidad detectada por la Comisión Nacional en ejercicio de sus atribuciones, antes de la presentación por parte de la entidad financiera del programa de autocorrección, actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que para ello se requiera generar y recabar acuse de recibo alguno, por no establecerlo así esa porción normativa.
"Sin embargo, como se dijo inicialmente, no se comparten dichos criterios, ya que los homólogos federales al resolver en los términos en que lo hicieron, parten de la interpretación restringida del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y este tribunal, como quedó expuesto supra líneas, lo hace conforme a la interpretación sistemática y expansiva del ámbito protector de derechos humanos del precitado precepto legal, en relación con el diverso numeral 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el cual redunda en los principios de certeza jurídica y legalidad, en tanto que el acto de notificación del incumplimiento o irregularidad detectada por la autoridad, tal como lo prevé el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es uno de los actos (notificación) previstos en el primer párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que excluye a actos distintos, como se distingue en el penúltimo párrafo de ese mismo numeral y, por tanto, la forma de notificación debe hacerse conforme la fracción II del precitado precepto, el cual exige que la autoridad responsable debe probar fehacientemente que la quejosa recibió el correo electrónico, para que produzca sus efectos, sobre todo porque en principio es en forma personal, en términos de la fracción I del multicitado numeral.
"En tales condiciones, al resultar los argumentos expuestos como único agravio infundados, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida, en los mismos términos destacados por el Juez de Distrito. ..."
En tanto que, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el seis de noviembre de dos mil quince, el amparo en revisión **********, que en la parte que interesa sostiene lo siguiente:
"SEXTO. Para mejor conocimiento del asunto es conveniente señalar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, según se desprende de constancias de autos.
"1. El once de agosto de dos mil catorce, la institución financiera quejosa presentó un escrito ante el Registro de Prestadores de Servicios Financieros en el que solicitó se le proporcionara la clave institucional, señalando para recibirla de manera electrónica, además de cualquier comunicación institucional, el correo electrónico **********.
"2. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, se hizo del conocimiento de la quejosa la aceptación de su solicitud de clave, así como los datos de su usuario y contraseña.
"3. Mediante el oficio de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se notificó a la quejosa vía electrónica el aviso de incumplimiento a la regla Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, y que se turnaría el asunto a la Dirección General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para el inicio del procedimiento de imposición de multa.
"4. El seis de noviembre de dos mil catorce, la empresa quejosa sometió a la consideración y aprobación de la Comisión Nacional el Programa de Autocorrección número **********, al cual recayó el oficio **********, de once de marzo de dos mil quince, en el que se desechó el programa, el cual constituye la materia del juicio de amparo del cual deriva el presente recurso de revisión.
"SÉPTIMO. Los agravios que se hacen valer son fundados, atento a las siguientes consideraciones.
"La autoridad recurrente aduce, esencialmente, que en la complementación del oficio reclamado se advirtió que efectivamente previo a la presentación del Programa de Autocorrección que la institución financiera puso a consideración del organismo, se detectó el incumplimiento a lo dispuesto por la Segunda, fracción XIV y Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, situación que le fue debidamente notificada mediante correo electrónico enviado y recibido el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a la dirección proporcionada por la quejosa; además, también se hizo de su conocimiento que el asunto sería turnado a la Dirección General de Servicios Legales de la Comisión Nacional para el inicio el procedimiento de sanción correspondiente.
"Que el Aviso de Incumplimiento hace prueba plena de que desde el veinticuatro de octubre de dos mil catorce se notificó a la quejosa el incumplimiento a la obligación contenida en la Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que se desechó por improcedente el Programa de Autocorrección número **********, puesto a consideración, razón por la cual no se entró al análisis de la procedencia, ya que el incumplimiento no puede ser materia del programa, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vigente al momento del incumplimiento.
"Lo anterior, no fue observado por la Juez de Distrito, pues de haber sido así habría advertido que es inaplicable lo establecido en el artículo 92 Bis 4 de la ley, ya que el plazo previsto en dicho artículo tiene como finalidad que se resuelva sobre la procedencia o improcedencia del Programa de Autocorrección, a lo que se encontró imposibilitada la Comisión, porque el incumplimiento del programa fue detectado por el organismo.
"Que la Comisión estableció un medio de comunicación electrónica con las instituciones financieras a fin de compartir diversa información indispensable para que cumplan con sus obligaciones respecto del registro de Prestadores de Servicios Financieros; en el caso, la quejosa presentó solicitud de Clave Institucional el once de agosto de dos mil catorce, en la que señaló el correo electrónico **********, para que le fuera proporcionada su clave institucional y en la propia solicitud expresó su consentimiento para recibir cualquier tipo de comunicación institucional.
"Que en virtud de ello, resulta contradictoria la determinación de la a quo en el sentido que el correo electrónico señalado por la institución financiera fue proporcionado únicamente para que le fuera remitida su clave.
"Que el aviso de incumplimiento notificado a la impetrante no constituye un citatorio, emplazamiento, requerimiento, solicitud de informe o resolución administrativa definitiva, toda vez que sólo se hace del conocimiento de la institución financiera que la Comisión no cuenta con registro alguno de que se haya realizado la validación trimestral correspondiente; es decir, se detectó el incumplimiento cometido.
"Que con las constancias remitidas se acredita que mediante el correo electrónico del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se le notificó a la quejosa el incumplimiento a la obligación contenida en la Vigésima Sexta de las Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
"Que contrariamente a lo que resolvió la Juez de Distrito, a (sic) la ley no le impone la obligación de generar y recabar un acuse de recibo, ya que el Aviso de Incumplimiento es un acto administrativo diverso a los señalados en el primer párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que resulta inaplicable lo establecido en la fracción II del referido precepto legal.
"Que se tiene por demostrada la efectividad del correo electrónico como medio de transmisión de datos, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de ahí que se acredita que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se acreditó el incumplimiento, por lo que si la quejosa presentó ante el organismo el Programa de Autocorrección número ********** el seis de noviembre de dos mil catorce, se actualiza lo dispuesto por el artículo 92 Bis 3, segundo párrafo, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, debido a que en esa fecha ya era de su conocimiento que se había detectado el incumplimiento.
"P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26927-8d8e068b/comunicacion-electronica-para-tener-por-efectuada-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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