PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LOS TOPES SALARIALES A QUE SE REFIEREN SUS NUMERALES 485 Y 486, ATENDIENDO AL SALARIO PROFESIONAL PACTADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONVENIO QUE CELEBRARON, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y AQUEL ORGANISMO Y, POR OTRA, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CON FECHA 18 DE MAYO DE 1992.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 13 DE DICIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA, PRESIDENTA DEL PLENO DE CIRCUITO, QUIEN EJERCIÓ SU VOTO DE CALIDAD, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES, Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. DISIDENTES: MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO Y JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA. PONENTE: GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES. SECRETARIO: JESÚS MANUEL CORRAL BASURTO.
Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión de trece de diciembre de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver en audiencia pública, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, los autos de la contradicción de tesis 7/2016; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 3005, de diez de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la licenciada Leticia Carlos Silva, secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, presentado en la propia fecha ante la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo laboral 277/2016 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, residente en esta ciudad de Chihuahua, al fallar el amparo en revisión laboral número 149/2015.
SEGUNDO.-En proveído de trece de junio de dos mil dieciséis, la Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Quáter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis; solicitó a los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito divergentes informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se conformaba la posible contradicción de tesis, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, debiendo remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio; requirió al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, copia certificada de la ejecutora emitida en el juicio de amparo en revisión 149/2015, además de la información electrónica que contuviera las respectivas sentencias participantes, considerando innecesario requerir copia certificada de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en el juicio de amparo directo laboral 277/2016, en virtud de haberla exhibido adjunta al oficio de denuncia de contradicción de tesis.
TERCERO.-En proveídos de dieciséis y diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo a los órganos colegiados contendientes proporcionando la información solicitada por auto del trece de junio de dos mil dieciséis; y por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se dio cuenta con el contenido del oficio signado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, que no se encontraba radicada en Nuestro Más Alto Tribunal, contradicción de tesis relativa al tema a dilucidar en la presente.
CUARTO.-Una vez integrado el presente expediente, el Magistrado Manuel Armando Juárez Morales, por ausencia temporal de la Magistrada presidenta del Pleno de Circuito, en acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, ordenó enviar los autos al Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Mediante oficio S.T.32/2016, firmado por el Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, encargado de la elaboración del proyecto de resolución de la contradicción de tesis 7/2016, solicitó a la Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito, una prórroga para la presentación del proyecto referente a la contradicción de tesis, solicitud que fue acordada en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en el sentido de conceder una prórroga de siete días para presentar el proyecto de resolución.
SEXTO.-En acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, con apoyo en el artículo 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó remitir el proyecto de resolución, vía electrónica, a los Magistrados integrantes del Pleno de Circuito, así como a los Magistrados no integrantes, cuyo Tribunal Colegiado de Circuito estuviera representado, para que en el término de diez días hábiles, formularan las observaciones que estimaran pertinentes al proyecto de resolución correspondiente.
SÉPTIMO.-Mediante auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito tuvo al Magistrado Manuel Armando Juárez Morales, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, así como al Magistrado Gabriel Ascención Galván Carrizales, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Décimo Séptimo Circuito, formulando sus respectivas observaciones al proyecto de resolución de contradicción de tesis, observaciones que se ordenó remitir vía electrónica a los Magistrados integrantes del Pleno del Decimoséptimo Circuito, para los efectos legales correspondientes; además, la presidencia del Pleno de Circuito, atendiendo al estado de los autos, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, convocó a los integrantes de éste a la sesión ordinaria a celebrarse a las diez horas con treinta minutos del lunes tres de octubre de dos mil dieciséis.
OCTAVO.-Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a los apoderados de los quejosos en los expedientes contendientes en la contradicción de tesis, formulando alegatos, los que se ordenaron agregar al expediente correspondiente.
NOVENO.-A las diez horas con treinta minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis, la secretaria del Pleno del Decimoséptimo Circuito certificó que no fue posible establecer comunicación con el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del sistema de videoconferencias, por lo que en acuerdo de esa fecha, la Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito convocó de nueva cuenta a los integrantes a la sesión ordinaria para el análisis, discusión y votación del proyecto relativo, la que tendría verificativo el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, una vez concluida la sesión ordinaria convocada para las diez horas con treinta minutos.
DÉCIMO.-Así, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se desarrolló la sesión ordinaria número 7/2016, donde se llevó a cabo la votación del proyecto de contradicción de tesis 7/2016, formulado por el Magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, resultando la votación en empate, por lo que la Magistrada presidenta del Pleno emitió su voto de calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, quedando la votación con cuatro votos en contra del proyecto y tres a favor, por lo que se hizo la declaratoria, en el sentido de desechar el proyecto de contradicción de tesis 7/2016 y se ordenó returnar los autos, a fin de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO.-Finalmente, por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, returnó los autos de la contradicción de tesis 7/2016 al Magistrado Gabriel Ascención Galván Carrizales, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
TERCERO.-Criterios contendientes. En la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, al resolver el amparo directo laboral 277/2016, que hizo las veces de denuncia de la posible contradicción de criterios, en lo que ahora interesa, sostuvo:
"... SÉPTIMO.-En términos de los artículos (sic) 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se estima oportuno denunciar la posible contradicción de criterios, sostenidos por este tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito.
"Lo anterior, en razón de que dicho órgano de control constitucional, en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, resolvió el juicio de amparo indirecto en revisión 149/2015 ...
"De lo expuesto así por el citado Tercer Tribunal Colegiado, se advierte que, a su criterio, el convenio celebrado el 18 de mayo de 1992, por una parte, por el Gobierno del Estado de Chihuahua y Servicios Educativos del Estado Chihuahua y, por la otra, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; es suficiente para acreditar que el Gobierno Estatal se comprometió a que los trabajadores del magisterio de dicho sector, gozarían de un salario profesional equivalente a tres veces el salario mínimo general y que, por ende, en ese monto debía pagarse la prima de antigüedad reclamada.
"Razonamiento que no se comparte por este Tribunal Colegiado, pues como se expuso en esta ejecutoria, lo asentado en dicho convenio, en todo caso, sólo puede implicar un beneficio en la base salarial que debe recibir de forma ordinaria el magisterio en la entidad de Chihuahua, pero no para el pago de la prima de antigüedad.
"...
"Por ende, como se anticipó, se considera la posible existencia de contradicción de criterios entre este tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito; lo que motiva a efectuar la presente denuncia ante el Pleno del Decimoséptimo Circuito ..."
De lo anterior se desprende que la denuncia de contradicción de tesis se planteó con relación a lo considerado, por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al resolver el amparo directo laboral 277/2016, en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis y, por otra, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión laboral 149/2015, en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
Por tanto, con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la posible contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
Así, se aprecia que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad de Chihuahua, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo laboral número 277/2016, en sesión de dos de junio de dos mil dieciséis, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... En otro contexto, son sustancialmente fundados los conceptos de violación identificados como 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, los que, dada su estrecha vinculación, serán analizados en forma conjunta.
"En primer lugar, es necesario precisar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, al resolver la contradicción de tesis 345/2012, emitió la jurisprudencia 2a./J. 49/2013 (10a.), que es del tenor siguiente:
"‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ACTIVIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO PROFESIONALES PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR ESE CONCEPTO (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 42/96 Y DE LA TESIS AISLADA 2a. LXVII/96).-A la luz del nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y atento a la interpretación pro persona derivada de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios contenidos en las tesis referidas, de rubros: «PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL, SALVO QUE EL TRABAJADOR HAYA PERCIBIDO EL MÍNIMO PROFESIONAL, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, SUPUESTO EN QUE SE ESTARÁ A ESTE ÚLTIMO.», «SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL. CORRESPONDE FIJARLO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS Y NO SE IDENTIFICA CON EL PERCIBIDO POR TRABAJOS ESPECIALES.» y «SALARIO PROFESIONAL. NO SE DETERMINA POR LA ESPECIAL NATURALEZA DE LAS LABORES, SINO POR LA CLASIFICACIÓN DE ÉSTAS COMO PROFESIONALES POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.», en razón de la evolución de las condiciones del mercado laboral suscitadas con posterioridad a su emisión. Por ello, si bien los salarios mínimos profesionales y generales debe establecerlos la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al ser la facultada para determinar a qué tipo de actividades corresponde percibir un salario mínimo profesional, la lista que los contenga no debe considerarse taxativa, porque puede existir una gran variedad de actividades no definidas expresamente en aquélla, pero desarrolladas de forma similar o análoga a las previstas; por tanto, si la labor desempeñada por el trabajador es especializada o profesional -en oposición a general-, éste tiene derecho a recibir el pago de su prima de antigüedad acorde con el salario mínimo profesional que análogamente le corresponda; salvo que contractualmente tenga derecho a una cantidad mayor. Lo anterior además, en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en la fracción VII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: «Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad».’(1)
"En la resolución emitida en dicha contradicción, la precitada Sala destacó el contenido del apartado A del artículo 123 constitucional, para después establecer que el derecho de la clase trabajadora a percibir la prima de antigüedad se regula en el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo, el cual transcribió.
"Luego, determinó que, en relación al tema de los salarios mínimos, cabía traer a cuenta los siguientes criterios de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"‘SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL. CORRESPONDE FIJARLO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS Y NO SE IDENTIFICA CON EL PERCIBIDO POR TRABAJOS ESPECIALES.’ (se transcribe texto) ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL, SALVO QUE EL TRABAJADOR HAYA PERCIBIDO EL MÍNIMO PROFESIONAL, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, SUPUESTO EN QUE SE ESTARÁ A ESTE ÚLTIMO.’ (se transcribe texto)
"Agregó que la ejecutoria de la que derivaron las jurisprudencias supra insertas, corresponde a la contradicción de tesis 87/95, de cuyas consideraciones, en lo que aquí interesa, destaca que los salarios mínimos profesionales deben ser establecidos por la referida Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en el resultado de la investigación socio-económica nacional que realice, en la que se determinen las condiciones y necesidades del trabajador y la forma en la que el fenómeno inflacionario ha incidido en su nivel de vida, y que únicamente dicho órgano es el facultado para establecer a qué tipo de actividades corresponde un salario mínimo profesional, basado en el resultado que arroje aquella investigación, por ser esa comisión el organismo constitucionalmente facultado para ello, en términos del último párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Y concluyó que: ‘... En tales condiciones, si del análisis de un caso concreto se advierte que la actividad que desempeña un trabajador se encuentra dentro de la relación de aquellas a las que corresponde un salario mínimo profesional, de conformidad con lo determinado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el pago de la prima de antigüedad a que se refieren los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, deberá cubrirse con base en ese tipo de remuneración y lo mismo deberá observarse tratándose de aquellos trabajos que conforme a dicho ordenamiento legal sean considerados como especiales, siempre que se encuentren incluidos en la referida relación emitida por la comisión nacional facultada constitucionalmente para ello, salvo que en algún contrato colectivo de trabajo se establezca que el salario que percibe un trabajador es profesional, pues en dicho supuesto debe atenderse al principio de que debe estarse a lo más favorable para el trabajador y, por ende, tomar como base dicho tipo de salario.’
"Y en las tesis emanadas de esa contradicción de criterios se determinó que para efectos del cálculo del monto a pagar por concepto de prima de antigüedad, debe tomarse como base el salario mínimo general, salvo que en el juicio laboral correspondiente aparezca que el trabajador percibió un salario mínimo profesional, de conformidad con la resolución que al efecto haya emitido la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o que ello derive del contrato colectivo que rija la relación laboral, sin que baste la afirmación, en el sentido de que el trabajo desempeñado es de naturaleza especial, pues constitucionalmente corresponde a la indicada comisión dicha atribución, además de que el salario mínimo profesional no se identifica con el percibido por trabajos especiales.
"Sin embargo -destacó-, a la luz del nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y atendiendo a la interpretación pro persona derivada de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de once de junio de dos mil once, aunado a la evolución tecnológica y científica que se ha presentado mundialmente con posterioridad a la emisión de esas jurisprudencias, pues datan de julio de mil novecientos noventa y seis, lo que significa que han transcurrido más de dieciséis años desde que se emitieron, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que esos criterios deben matizarse, acorde a las razones que en el momento actual rigen y que se desarrollan de la siguiente manera: ... (transcribe parte de la ejecutoria).
"De lo expuesto por la referida Sala, se pueden establecer las siguientes premisas:
"• La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la única facultada para emitir la lista de actividades, profesiones, oficios y trabajos especiales y de establecer los salarios mínimos profesionales correspondientes.
"• Si la labor que desempeñó un operario es especializada o profesional -en oposición a general-, tiene derecho a recibir el pago de su prima de antigüedad acorde al salario mínimo profesional que análogamente le corresponda al establecido en la lista fijada por la citada comisión.
"• Con la excepción de que contractualmente se tenga derecho a cantidad mayor, es decir, que entre el patrón y el operario o el sindicato respectivo, se haya pactado un beneficio más amplio, en cuanto al pago de la prima de antigüedad.
"Luego, tomando en cuenta lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y el citado criterio jurisprudencial, podemos arribar a las siguientes conclusiones:
"a) La regla general para el pago de la prima de antigüedad se encuentra prevista en el artículo 162, fracciones I y II, de la legislación laboral, que dispone que dicha prestación consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios y para determinar el monto del salario debe estarse a lo dispuesto en los artículos 485 y 486(2) del citado ordenamiento jurídico que, a su vez, regulan que dicho salario no podrá ser inferior al salario mínimo ni mayor al doble, ya que si el que percibe el trabajador excede del doble del mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como máximo.
"b) La primer excepción a esa regla general, se da cuando un trabajador realice una actividad profesional, pues en ese caso, debe atenderse al salario mínimo profesional que corresponda, según la lista que emita la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya sea por estar expresamente establecida la profesión, o bien, atenderse por analogía a la que resulte de una función o actividad similar.
"c) La segunda excepción, se actualiza derivado de que contractualmente el patrón otorgó a los empleados el pago de dicha prestación con un salario mayor.
"Sentado lo anterior, se procede a evidenciar la ilegalidad del acto reclamado, pues como lo sostiene el organismo quejoso, en el caso, el pago de la prima de antigüedad de los actores debió hacerse con el salario mínimo general (regla general).
"Para mayor claridad, conviene transcribir la parte del laudo conducente: (transcribe laudo).
"Como se observa, la autoridad laboral concluyó que los actores habían acreditado, específicamente con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Convenio de 18 de mayo de 1992 y oficio de 22 de junio de 2009, que contractualmente tenían derecho a recibir el pago de la prima de antigüedad con un salario mayor al establecido por la Ley Federal del Trabajo (doble del mínimo general vigente) y al referido en el criterio jurisprudencial 49/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (mínimo profesional establecido por la Comisión Nacional de Salario Mínimos).
"Aseveración que, en efecto, resulta incorrecta, pues la autoridad laboral hace alusión a que de una ‘interpretación sistemática’ de los documentos analizados, se advirtió que el acuerdo a que se refiere la primera de ellas se ha visto materializado en la actualidad, quedando acreditado que el valor de la plaza inicial de maestro de primaria en esta zona no fronteriza tiene un valor de 3.6 salarios mínimos, por lo que existía un salario mínimo profesional pactado entre las partes para el personal docente de la educación básica en el Estado.
"Lo anterior pone de manifiesto que, en todo caso, los actores sólo acreditaron que existe un salario mínimo para la plaza de docente, pero como lo aduce el quejoso, jamás se evidenció que existiera un pacto, en el sentido de que dicho salario sería el que se tomaría como base para el pago de la prima de antigüedad.
"Así es, para poder establecer que los actores, contractualmente, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad con un salario mayor al mínimo general o al mínimo profesional, era menester que se evidenciara un pacto expreso en ese sentido y no sobre el salario mínimo que debe recibir un trabajador al servicio del demandado, pues esto último, de ninguna manera repercute sobre el pago de la prima objeto de reclamo.
"Para evidenciar tal postura, conviene citar un ejemplo: un chofer acomodador de autos en un estacionamiento -categoría reconocida con el número 15 en la lista de salarios mínimos profesionales del año 2016-, demuestra que en la empresa que trabaja, todos los que ocupan ese puesto perciben $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) como salario diario; pero la lista de salarios mínimos profesionales establece como salario mínimo $99.25 (noventa y nueve pesos 25/100 moneda nacional). Entonces, ¿Cuál salario debe tomarse en cuenta para el pago de la prima de antigüedad?
"La respuesta es el salario mínimo profesional, debido a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos consideró dicha actividad como profesional y estipuló el salario mínimo correspondiente, independientemente de que se demostrara que todos los empleados de la empresa para la que trabaja reciben un salario mayor, pues ello es insuficiente para tener por demostrado un pacto sobre el pago de dicha prima con un mayor beneficio.
"Postura que tiene razón de ser si se toma en cuenta que la legislación laboral federal establece topes para el pago de la prima de antigüedad, tanto para personas que realicen actividades generales, como para aquellas que ejecuten alguna que pueda catalogarse como profesional.
"Por ende, aun suponiendo que los actores demostraron que la plaza de docente tiene un salario mínimo garantizado, ello es insuficiente para establecer que dicho monto es el que debe servir de base para el pago de la prima de antigüedad, pues como se ha puesto en evidencia, ello no implica un pacto a fin de aumentar el salario base para efectos del pago de tal prima.
"De ahí que, como se adelantó, fue incorrecto que la autoridad laboral tuviera por demostrado que los actores contractualmente tenían derecho al pago de la prima de antigüedad con el supuesto salario mínimo garantizado para la plaza de maestro.
"Ahora, también asiste razón al quejoso, en cuanto refiere que a partir del año dos mil catorce, la Comisión de Salarios Mínimos eliminó de la lista de actividades profesionales, la concerniente a maestro (a) en escuelas particulares, por lo que en las de los años subsecuentes, tampoco aparece tal categoría.
"La tabla de salarios mínimos establecida por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce,(3) es del contenido siguiente:
Ver contenido
"Listado del que, como se adelantó, se advierte que no se encuentra contemplada la actividad de docente, educador, maestro o alguna otra afín dentro de la cual se pudiera encuadrar dicha actividad, y si bien dicha lista puede llegar a sufrir modificaciones, no ha cambiado sustancialmente, por lo menos, desde la fecha de jubilación de los actores, hasta la del dictado de la resolución reclamada.
"Entonces, tomando en cuenta que, como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha comisión es la única facultada para emitir cuáles actividades deben ser consideradas con tal calidad y establecer el salario mínimo profesional que corresponda; resulta que de las listas publicadas para los años dos mil catorce y dos mil quince (años en los que los actores dieron por concluida la relación laboral que los unía con el demandado), no se desprende ninguna actividad que pueda ser análoga a la de maestros; debe concluirse que, en el caso, no opera la primer excepción (existencia de un salario mínimo profesional).
"Por ende, si no se actualiza ninguna de las excepciones a la regla general que establece la Ley Federal del Trabajo para el pago de la prima de antigüedad, es innegable que la autoridad laboral, al cuantificar el monto a pagar a cada trabajador por dicha prima, debió tomar como base el doble del salario mínimo general vigente en los años correspondientes a la data en que cada trabajador dio por concluido el vínculo laboral que lo unía con la patronal. ..."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad de Chihuahua, al resolver, por unanimidad de votos el amparo en revisión laboral número 149/2015, en sesión del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"... Ahora, del análisis de lo antes transcrito, contenido en el acto reclamado en el juicio de amparo sujeto a revisión, se pone de manifiesto que si bien es cierto en el caso concreto analizado la Junta responsable sí tomó en consideración el salario mínimo profesional para el pago de la prima de antigüedad correspondiente; también es cierto que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26954-c65fbdec/prima-de-antiguedad-de-los-trabajadores-del-organismo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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