APERCIBIMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O A LA CONTRALORÍA GENERAL. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA.
QUEJA 144/2016. TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 5 DE ENERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIA: ELIA ADRIANA BAZÁN CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El estudio del único agravio expuesto, conduce a determinar lo siguiente.
En síntesis, el recurrente sostiene que fue incorrecta la determinación del juzgador federal de desechar la demanda de amparo, con la que pretendió evidenciar la imposición de una medida de apremio que no está contemplada en la ley burocrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; además de que se trata de una determinación de la responsable, carente de la debida fundamentación y motivación.
Afirma también que el Juez de Distrito sólo puede desechar una demanda de amparo cuando, al examinarla pormenorizadamente, encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio.
Para un mejor estudio de los argumentos antes sintetizados, resulta conveniente tener presentes los siguientes antecedentes que se advierten de las constancias que integran el presente toca.
El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y señaló como acto reclamado emitido por ésta: "...el acuerdo plenario de fecha veintidós de agosto de dos mil quince, emitido por la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral **********, por medio del cual se apercibe al quejoso con dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de México." (folio 9 vuelta del expediente en que se actúa)
En el acuerdo que se recurre, el Juez de amparo estableció esencialmente lo siguiente: "...el auto impugnado en la vía biinstancial, forma parte del procedimiento de ejecución del laudo pronunciado en la instancia laboral; sin embargo, no constituye la última resolución de dicho procedimiento.-En el caso a estudio, el acto de molestia que en la vía constitucional se reclama, únicamente constituye una determinación intermedia de la Sala; por lo que debe concluirse que en el caso no se trata de la última resolución dictada en ejecución del laudo, condición que exige el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, que establece que una de las hipótesis que deben de observarse para la procedencia del juicio constitucional, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, es que se trate de la última resolución del procedimiento de ejecución del laudo.-De esta forma, resulta que el acto reclamado en la demanda de amparo indirecto, no está comprendido en la hipótesis citada, pues no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo y, como consecuencia de ello, es evidente que la acción constitucional es improcedente.-No está de más precisar, que existen casos de excepción en los que procede el juicio de amparo indirecto aun en la etapa de ejecución, pero esto es con la condición de que los actos que se reclamen, gocen de autonomía propia y destacada y no se encaminen a lograr, por sí, la ejecución de la sentencia, lo que en el caso no acontece, porque el acto que se reclama está encaminado a la ejecución del laudo.-De lo anterior es dable colegir, que en el presente asunto nos encontramos dentro de la regla general del juicio biinstancial, introducida por el legislador para impedir que el mismo sea utilizado para retardar la ejecución de una resolución definitiva, consistente en que el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o sea, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.-Acorde con la redacción actual del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, bajo una correcta interpretación debe destacarse el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia a favor del actor en el menor tiempo posible. Lo que acentúa la idea, inclusive, en su propio beneficio, acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, sin importar que hubiese resultado vencedor en la contienda, no debe entorpecerse el procedimiento, restándose así la posibilidad de agotar el juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para ambas partes, pues en el espíritu del Constituyente, cristalizado en este precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que de suyo revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo a una u otra parte, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado; por tanto, donde la ley no distingue, no le es dable al juzgador distinguir.-Es aplicable la jurisprudencia ....-‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’. (La transcribe y cita datos).-Por lo que se concluye, que el juicio de amparo indirecto que se intenta es improcedente, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción IV, solamente procede el juicio biinstancial, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo." (folios 18 vuelta a 20 del presente toca)
De la transcripción anterior se advierte que el juzgador consideró que el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución del laudo pronunciado en la vía ordinaria laboral, porque únicamente constituye una determinación intermedia de la Sala; es decir, no contempla el requisito que exige el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo biinstancial.
Aunado a lo que estimó el a quo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, el acto reclamado lo constituye un acto futuro e incierto, por lo que no afecta la esfera jurídica del quejoso, dado que la actualización del apercibimiento impugnado dependerá, en todo momento, de la conducta que se contraiga ante el mandato judicial.
Precisado lo hasta aquí expuesto, debe tenerse presente que en materia de amparo se ha distinguido entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes.
Los actos futuros remotos, son aquellos que pueden o no suceder; de ahí que también se les conozca como inciertos, porque no se tiene una certeza fundada y clara de que acontezcan; en cambio, los futuros inminentes, son los que están muy próximos a realizarse de un momento a otro y cuya comisión es más o menos segura en un lapso breve y reducido.
Así, el acto futuro remoto no puede producir ningún efecto de derecho ya que no tiene existencia material y, por tanto, al no producir agravio alguno, no le afecta en su esfera jurídica.
En efecto, su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones, porque el apercibimiento decretado constituye un acto en el que se plasma un derecho de la autoridad responsable de dar vista, en el caso, a la Contraloría General de la Ciudad de México, por la responsabilidad administrativa por el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público.
Por tanto, el apercibimiento dirigido al ahora recurrente titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, consistente en dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de México, por la responsabilidad administrativa por el incumplimiento a sus obligaciones como servidor público, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que aquél asuma en relación con el mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, pero lo destacable es que la vista no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el demandado cumpla o no con lo ordenado por la autoridad responsable y, al ser futuro e incierto, de ningún modo se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales, debido a que en todo caso, resulta ser un recordatorio sobre su obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo como titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Esto, con apoyo, por identidad de razón, en la tesis I.6o.T.111 L (10a.),(1) sustentada por este órgano jurisdiccional, que es de los siguientes título, subtítulo y texto:
"APERCIBIMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA, CONSISTENTE EN QUE DE NO CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL LAUDO, SE DARÁ VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO QUE DEPENDE DE LA CONDUCTA QUE AQUÉL ASUMA. Los actos futuros e inciertos son aquellos cuya realización es remota e incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. De ahí que el apercibimiento dirigido al titular de una dependencia, consistente en que de no cumplir con lo ordenado en el laudo se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación, se ubica como un acto futuro e incierto en razón de que tal apercibimiento, en todo momento, va a depender de la conducta que aquél asuma en relación con el mandato judicial, de manera que si cumple no se hará efectivo al apercibimiento, y si no, entonces sí se hará efectivo, pero lo destacable es que la vista no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el demandado cumpla o no con el laudo y, al ser futuro e incierto, de ningún modo se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas legales; por lo que en ese caso, es correcto el sobreseimiento decretado por un Juez de amparo, por ubicarse en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XII, de la misma legislación."
Además de lo anterior, debe decirse que el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme a lo estipulado en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; por ende, resulta lógico que no podría restituirse al gobernado en el goce del derecho conculcado, en razón al acto reclamado futuro e incierto.
En atención a lo anterior, es que debe estimarse como correcta la consideración del juzgador federal de actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por ello, desechar la demanda de amparo indirecto; por lo que resultan infundados los argumentos en estudio.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo vigente, en relación con lo previsto por los artículos 37, fracción II y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el presente recurso de queja.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los ciudadanos Magistrados: presidenta Herlinda Flores Irene, Genaro Rivera y Jorge Alberto González Álvarez, siendo relator el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Página 2367 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, Décima Época, materia común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas».
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26968-d0b034eb/apercibimiento-dirigido-al-titular-de-una-dependencia-consistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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