RECURSO DE REVISIÓN. LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEMANDADAS EN UN JUICIO BUROCRÁTICO, CONSIDERADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO CONDENATORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DE LOURDES JUÁREZ SIERRA, CASIMIRO BARRÓN TORRES, LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN, IDALIA PEÑA CRISTO, ANTONIO REBOLLO TORRES, GENARO RIVERA, JORGE VILLALPANDO BRAVO, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, NOÉ HERRERA PEREA, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE, JOSÉ GUERRERO LÁSCARES, JUAN MANUEL VEGA TAPIA Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. PONENTE: MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. SECRETARIA: CLAUDIA LUZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 1, 3, 9 y 27 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el amparo en revisión ********** (cuaderno auxiliar **********) interpuesto por la Delegación ********** de la Ciudad de México, por conducto de su apoderado legal, en sesión de nueve de octubre de dos mil quince, en lo conducente, sostuvo:
"SÉPTIMO.-Se estudia una parte de la revisión adhesiva donde se aduce que se debe desechar el recurso.
"Aduce, en porción del único agravio la revisionista adhesiva, que debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, ya que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éstas se hubieran emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
"Cita la tesis aislada emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: ‘RECURSO DE REVISIÓN. DEBE DESECHARSE EL INTERPUESTO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CAMBIA SU CARÁCTER DE PATRÓN-ESTADO AL DE AUTORIDAD RESPONSABLE, POR CARECER DE LEGITIMACIÓN.’
"Lo anterior es infundado, en virtud de que en el caso el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal, en **********, tiene legitimación para promover recurso de revisión, en contra de la sentencia de amparo emitida por el Juez de Distrito, de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
"Los artículos 5o., fracción II, 81, fracción I, inciso e), y 87 de la Ley de Amparo disponen sobre el tópico: (se transcriben)
"De los numerales citados se deduce, en lo que interesa, que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; que procede el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional y que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas, y que tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.
"Y que las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
"Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 85/2011, determinó que son autoridades para efectos del juicio de amparo, las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas que omiten dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas.
"Lo anterior, en razón de que la excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, no obstante lo anterior, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad, en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y, d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 85/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’
"En el caso, por demanda presentada el veinticinco de marzo de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, turnada al día siguiente al Juzgado Tercero de ese Distrito y Estado, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de la ********** Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, por la negativa del titular demandado a dar cumplimiento al laudo de ocho de abril de dos mil catorce, como consta en autos del expediente laboral, precisamente, en la diligencia de fecha doce de marzo del año dos mil quince, y la omisión por parte de la Sala para tomar medidas necesarias para hacer cumplir el laudo dictado por ella.
"Por auto de veintisiete de marzo de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal registró la demanda y la admitió a trámite; tuvo como autoridades responsables a la ********** Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y al ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, a quienes les solicitó su respectivo informe justificado.
"En tal acuerdo, precisó que, no obstante que el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, haya figurado en el juicio laboral de origen como parte demandada, dada la omisión para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida en su contra, para los efectos del amparo constituye un acto de autoridad.
"Seguidos los tramites del juicio, el veintiocho de abril de dos mil quince, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado y precisó que la concesión de amparo también abarcaba el hecho de que el demandado titular (********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********), dicte, ordene, realice y ejecute todas las medidas indispensables para que cumpla en su totalidad el laudo de ocho de abril de dos mil catorce, en el ámbito de sus respectiva competencia, debiendo cumplir el laudo de mérito en sus términos y deberá acreditarlo ante este juzgado.
"Concluyó que el referido **********, se encontraba sujeto al cumplimiento del laudo en el que fue condenado, lo que en el caso no ha ocurrido, lo cual depara perjuicio a la quejosa, ya que le impide obtener la totalidad de las prestaciones que reclamó en el juicio y que le fueron concedidas en el laudo respectivo, y la actitud contumaz en que ha incurrido la demandada, aquí autoridad responsable, lo cual vulnera la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, al dejar en estado de indefensión a la quejosa ante la imposibilidad en que se ha visto inmiscuida por las vías ordinarias (ante la Sala responsable), de que se cumpla el laudo que le fue favorable.
"Precisó que, en el caso, se afecta el derecho al debido proceso (que también se traduce en recibir el cumplimiento de las sentencias firmes, en forma eficaz y sin una tramitación complicada), por parte del quejoso, conlleva al incumplimiento de tales autoridades, lo que se refleja en que las propias autoridades han incumplido con un mandato jurisdiccional, lo que deteriora la cohesión social y la seguridad jurídica de los gobernados, sin mencionar la imagen de responsabilidad y solidez ética que toda institución y los funcionarios que ahí laboran, deben tener.
"De ahí que, si en el caso, el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, promovió su recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida por el Juez de Distrito, resta indicar que tiene legitimación para promover recurso de revisión, de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 85/2011, determinó que son autoridades para efectos del juicio de amparo, las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas que omiten dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio en el que figuraron como demandadas.
"Por otra parte, a la recurrente adhesiva no le asiste razón, al manifestar que se debe desechar el recurso de revisión interpuesto por el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, virtud que como se tiene visto, tal párrafo establece que las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éstas se hubieran emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional; sin embargo, el referido **********, no es una autoridad judicial ni ejerció funciones jurisdiccionales, pues, en el caso, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número 85/2011, el ahora recurrente tiene el carácter de autoridad responsable en razón de que omitió cumplir voluntariamente con el laudo que lo condenó, pero no de autoridad jurisdiccional, como lo aduce la recurrente adhesiva.
"En consecuencia, el ********** delegacional del Gobierno del Distrito Federal en **********, tiene legitimación para interponer recurso de revisión, de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
"Resta indicar que la recurrente adhesiva cita la tesis aislada I.13o.T.17 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la cual este tribunal no comparte.
"Se estima oportuno traer a cuenta el rubro y texto de la referida tesis:
"‘RECURSO DE REVISIÓN. DEBE DESECHARSE EL INTERPUESTO POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CAMBIA SU CARÁCTER DE PATRÓN-ESTADO AL DE AUTORIDAD RESPONSABLE, POR CARECER DE LEGITIMACIÓN.-Cuando una dependencia de la administración pública federal o de las entidades federativas es demandada en un procedimiento jurisdiccional laboral considerada como patrón-Estado, pero en un juicio de amparo cambia su naturaleza a la de autoridad responsable por incumplir voluntariamente las resoluciones dictadas en su contra, incluido el laudo; con base en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 422/2010, consultable en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, de rubro: «DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).»; su calidad de autoridad responsable deriva de un procedimiento jurisdiccional, al ser coadyuvante para conseguir el cumplimiento a la determinación adoptada. Por tanto, el recurso de revisión interpuesto por el titular de una dependencia de la administración pública federal o de alguna entidad federativa, con ese carácter (autoridad responsable), debe desecharse, al carecer de legitimación para recurrir la sentencia, en términos del artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.’
"Del criterio anterior se advierte que el Tribunal Colegiado estimó, con base en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, que cuando una dependencia de la Administración Pública Federal o de las entidades federativas es demandada en un procedimiento jurisdiccional laboral considerada como patrón-Estado, pero en un juicio de amparo cambia su naturaleza a la de autoridad responsable por incumplir voluntariamente las resoluciones dictadas en su contra, incluido el laudo; su calidad de autoridad responsable deriva de un procedimiento jurisdiccional, al ser coadyuvante para conseguir el cumplimiento a la determinación adoptada.
"De ahí que, estimó el Tribunal Colegiado, el recurso de revisión interpuesto por el titular de una dependencia de la administración pública federal o de alguna entidad federativa, con ese carácter (autoridad responsable), debe desecharse, al carecer de legitimación para recurrir la sentencia, en términos del artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
"Lo anterior no se comparte, virtud que, como se tiene visto, y con base en la misma jurisprudencia 2a./J. 85/2011, citada por el referido Tribunal Colegiado, en el caso únicamente se le dio el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pero no se reconoce la calidad de autoridad jurisdiccional de la recurrente.
"Es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la citada jurisprudencia, determinó que se surtían las condiciones para que las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas sean consideradas como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando desacatan una sentencia condenatoria, en virtud de que: a) El ente estatal se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal privilegio deriva de la ley, pues ésta parte del cumplimiento voluntario por parte del órgano estatal; c) El uso indebido de tal privilegio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular, porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y, d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 constitucional.
"Sin embargo, del análisis de la ejecutoria de mérito se advierte que las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas que son demandadas en un procedimiento jurisdiccional laboral considerada como patrón, no cambió su naturaleza de autoridades obligadas al cumplimiento de lo ordenado por la autoridad jurisdiccional laboral; lo que significa que no tienen el carácter de jurisdiccionales, sino que, por el contrario, son los obligados al cumplimiento del laudo respectivo y, por ende, no es factible considerar que son ‘coadyuvantes’ de la autoridad jurisdiccional emisora del laudo; por el contrario, ante el incumplimiento, es autoridad para efectos del amparo, precisamente, por la omisión de realizar actuaciones para darle cumplimiento a la resolución que lo condenó.
"Visto lo anterior, por conducto del presidente de este Tribunal Colegiado y con fundamento en los artículos 225, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, se denuncia la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"...
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"...
"SEGUNDO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
"TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, del Gobierno del Distrito Federal **********, consistente en el incumplimiento del laudo dictado en el expediente ********** ... del índice de la ********** Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en la sentencia recurrida.
"CUARTO.-Se declara infundada la revisión adhesiva, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente ejecutoria."
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. **********, en sesión de tres de julio de dos mil catorce, en lo que interesa, consideró:
"TERCERO.-En el presente caso, no se transcriben ni se estudian los agravios propuestos por el ********** de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que el recurso debe desecharse, por lo siguiente:
"En el particular, ********** promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la ********** Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y su actuario adscrito, atribuyéndoles como acto reclamado la inejecución del laudo dictado en el juicio laboral **********, y señaló como terceros interesados a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal.
"Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Juez ********** de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, radicó y admitió la demanda, radicándola (sic) bajo el expediente **********, proveyó lo conducente; tuvo en primer término como terceros interesados a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal, y en párrafos posteriores requirió al quejoso para en el término de tres días manifestara si era su deseo señalar a dichas entidades como autoridades responsables, ya que se desprendía que revestían ese carácter, no obstante que en el juicio laboral hayan figurado como demandados, apoyando su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, cuyos datos de localización proporcionó, de rubro: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’
"Mediante escrito recibido ante el Juzgado Federal de origen, el quejoso señaló como autoridades responsables a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal, lo cual acordó favorable el a quo, por auto veintinueve de noviembre de dos mil trece, solicitándoles sus respectivos informes justificados.
"Por su parte, la Ley de Amparo dispone sobre el tópico: (se transcribe)
"Establecido lo anterior, se arriba a las siguientes conclusiones:
"Debe considerarse que el ********** de Gobierno del Distrito Federal o Gobierno del Distrito Federal, si bien es verdad que fue demandado en el juicio laboral, y que con base en ello tenía el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, no menos cierto es que, en la especie, dejó de tener esa calidad por determinación del Juez de Distrito, al tenerlo como autoridad responsable; máxime que, además, recurrió la sentencia ostentándose como autoridad responsable.
"En efecto, cuando una dependencia de la Administración Pública de la Federación o de las entidades federativas, es demandado en un procedimiento jurisdiccional laboral considerado como patrón al Estado, pero en un juicio de amparo cambia su naturaleza a la de autoridad responsable por la omisión de cumplir voluntariamente las resoluciones dictadas en su contra, incluido el laudo, con base en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 422/2010, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, julio de dos mil once, de rubro: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’; su calidad de autoridad responsable deriva de un procedimiento jurisdiccional, al ser coadyuvante para conseguir el cumplimiento a la determinación adoptada.
"Por tanto, el recurso de revisión instado por el titular de una unidad burocrática con este carácter, debe desecharse al carecer de legitimación para recurrir la sentencia, en términos del artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente.
"No obsta a lo anterior, el hecho de que por auto de presidencia de treinta de enero de dos mil catorce, se haya admitido el recurso de revisión, porque se trata de un proveído de trámite, que no analiza el fondo de la cuestión planteada y, por ende, no causa estado.
"Orienta esta determinación, por igualdad de razones, la jurisprudencia 4a./J. 34/94, emitida en la Octava Época por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiuno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 81, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, que textualmente establece: (se transcribe)
"CUARTO.-En lo tocante a la autoridad responsable, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, debe declararse sin materia el recurso de revisión adhesiva.
"Sobre el particular, la Ley de Amparo dispone: (se transcribe)
"Lo anterior indica que si el recurso de revisión principal se desechó, el recurso adhesivo no tiene razón de existir y, por consecuencia, según se dijo, debe dejarse sin materia.
"Así las cosas, ante las consideraciones que preceden, lo procedente es desechar el recurso de revisión principal, y dejar sin materia el recurso adhesivo.
"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 80, 81, 82, fracción I, 93, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:
"PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el ********** de Gobierno del Distrito Federal, contra la sentencia de ocho de enero de dos mil catorce, dictada por el Juez ********** de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********.
"SEGUNDO.-Queda sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el ********** de Finanzas del Distrito Federal, contra la sentencia de ocho de enero de dos mil catorce, dictada por el Juez ********** de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********."
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Con la finalidad de establecer si se configura la contradicción de criterios denunciada, se toma en cuenta la tesis jurisprudencial número 1697, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos veinticinco del Tomo II, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, común, Primera Parte, Décima Cuarta Sección, jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como a la jurisprudencia 1679, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en los mismos Apéndice, Tomo, parte y sección, página mil novecientos cuatro, que estableció lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26751-275f21aa/recurso-de-revision-los-titulares-de-las-dependencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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