RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE EL INTERPUESTO POR LA TERCERO INTERESADA, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE AMPARO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 15/2016. 24 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ. PONENTE: JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ. SECRETARIO: JORGE ELÍAS ALFARO RESCALA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios hechos valer se estiman infundados; los cuales se analizarán en forma conjunta dada su estrecha vinculación, y en términos de lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Amparo.
En el caso la recurrente aduce, esencialmente, que el acuerdo recurrido transgrede, en su perjuicio, los principios establecidos en el artículo 107, fracciones I y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 6o., 81 y 82 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, pues afirma que fue incorrecto que se admitiera el recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada **********, contra la sentencia de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, que promovió contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México y el actuario de su adscripción, mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
En ese contexto, la inconforme aduce que del análisis sistemático de los preceptos constitucional y legales invocados en el párrafo que antecede, y atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que debe regir en todas las etapas del juicio de amparo, el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión, es que la sentencia que se pretende impugnar, resulte desfavorable a los intereses del recurrente pues, en caso de que la sentencia le beneficie, únicamente tiene a su alcance el recurso de revisión adhesivo.
Así, la recurrente concluye que, si en el caso, el interés de la tercero interesada en el juicio de amparo indirecto, es que subsista el acto reclamado, y el sobreseimiento decretado tuvo como consecuencia que no se analizara de fondo la litis constitucional que planteó, subsistiendo así el acto reclamado; entonces, debió estimarse que la sentencia de amparo benefició los intereses de dicha tercero interesada, que no se encontraba jurídicamente facultada para interponer el recurso de revisión en lo principal sino, únicamente, el recurso de revisión adhesivo y, por ende, desecharse el recurso de revisión principal que dicha tercero interesada interpuso.
Los agravios sintetizados son infundados
Ciertamente, la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ..."
Por su parte, el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley."
Los preceptos constitucional y legal reproducidos prevén el principio de instancia de parte agraviada, como presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, es decir, establecen que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama.
Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de dichas normas, que el acto o ley reclamada, cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del peticionario del amparo.
De esta manera, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente una afectación por virtud de la actuación de una autoridad o por la aplicación de una ley; otorgando al afectado la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo competente, a efecto de que se analice si dicha vulneración pudiere trascender a su esfera jurídica, para que sea analizada su constitucionalidad o legalidad. Esto es, debe existir un acto de autoridad o la aplicación de una ley dirigidos al quejoso, que afecte su esfera jurídica (agravio personal y directo), para justificar la procedencia del juicio de amparo.
Partiendo de la base jurídica expuesta, debe decirse que como acertadamente lo aduce la recurrente, el principio de instancia de parte agraviada resulta aplicable a todas las etapas que rigen el procedimiento de amparo; por lo que la afectación de que se habla, prevalece tratándose de la procedencia de los recursos que al efecto prevé la Ley de Amparo.
Lo anterior se robustece, si se toma en consideración lo previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e); 82; y, primer párrafo del numeral 88 de la Ley de Amparo, que a la letra, dicen:
"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
"I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:
"...
"e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. ..."
"Artículo 82. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."
"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada."
De los numerales transcritos se sigue, en lo que interesa, que el recurso de revisión procede, entre otros supuestos, contra las sentencias que se dicten en la audiencia constitucional; que al interponerse dicho recurso, se deberán expresar por escrito los agravios que cause la resolución recurrida; y, que quien obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo, únicamente puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes.
En otras palabras, conforme a los preceptos mencionados, quien se encuentra jurídicamente facultado para interponer recurso de revisión principal, contra una sentencia dictada en audiencia constitucional, por regla general, y sin abundar en supuestos particulares, es quien se ve afectado con su resultado pues, quien se beneficia de ella, sólo puede interponer recurso de revisión adhesivo, con la finalidad de fortalecer las consideraciones en que se funda la sentencia dictada en el juicio de amparo.
En el caso, de las constancias que obran en autos del juicio de amparo indirecto ********** promovido por ********** contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, y actuario de su adscripción, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, así como del recurso de revisión ********** interpuesto tanto por la institución bancaria referida, como por la tercero interesada **********, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente:
1. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, **********, en su calidad de tercero extraño al juicio ordinario mercantil ********** promovido por ********** contra **********, reclamó todo lo actuado en dicho procedimiento jurisdiccional, incluyendo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de tres de marzo de dos mil dieciséis, así como su ejecución atribuida al fedatario mencionado.
2. Del juicio de amparo indirecto correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien mediante auto de once de marzo del año en curso, entre otras cuestiones, admitió a trámite la demanda de mérito; la registró con el número **********; dio la intervención que correspondía al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; requirió su informe justificado a las autoridades responsables; tuvo como tercero interesada a **********; y señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional.
3. Seguido el juicio de amparo en sus etapas procesales, mediante sentencia de dos de mayo del año en curso, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México sobreseyó en el juicio de amparo, por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la sociedad quejosa no había demostrado su interés jurídico, esto es, por no haber demostrado que los bienes afectados en la diligencia de embargo de tres de marzo de dos mil dieciséis, formaran parte de su patrimonio y no del fideicomiso ********** demandado en el juicio de origen.
4. No conformes con la sentencia de mérito, por escritos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el diecisiete y diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, tanto la quejosa como la tercero interesada, interpusieron recurso de revisión principal; de los cuales, como se advierte de los resultandos de la presente ejecutoria, correspondió conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito, los que por auto de veintisiete de mayo del año en curso, se radicaron con el número ********** y se admitieron a trámite.
Se estima que no asiste razón a la recurrente, pues si bien, en principio, el interés de la tercero interesada en el juicio de amparo, es la subsistencia del acto reclamado; lo cual se logró en el juicio de amparo indirecto del que emanó el recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada, cuya admisión se controvierte a través del presente recurso de reclamación, en tanto que se sobreseyó en el juicio de amparo, no por ello puede estimarse que la sentencia recurrida no le afecta.
En efecto, la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo dice:
"Artículo 74. La sentencia debe contener:
"...
"IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer."
El numeral transcrito, al establecer los requisitos que debe contener la sentencia de amparo, permite observar que su sentido puede ser el de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; la negativa del amparo; el sobreseimiento en el juicio; o, cualquier combinación de éstas.
Ahora bien, como lo dice la institución bancaria recurrente, uno de los efectos del sobreseimiento en el juicio de amparo, es la subsistencia del acto reclamado, lo cual beneficia a los intereses de la tercero interesada; sin embargo, dicha circunstancia no conduce, necesariamente, a estimar que debe desecharse un recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada, en este supuesto.
Lo anterior es así, ya que a través de los agravios, ésta podría controvertir que no debió sobreseerse en el juicio, sino negarse la protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa, lo cual le traería mayores beneficios que los obtenidos con el sobreseimiento, en tanto que haría inejercitable el juicio de amparo.
Asimismo, podría darse el caso de que la tercero interesada que pretende controvertir el sobreseimiento en el juicio, adujera la actualización de una causa de improcedencia diversa a la invocada por el juzgador de amparo, de estudio preferente, o que le traería mayores beneficios que la invocada en la sentencia de amparo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien, por regla general, el sobreseimiento en el juicio de amparo, no constituye cosa juzgada, en razón de que no se analiza la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, existen causas de improcedencia que sí tienen como efecto hacer inejercitable el juicio de amparo, como lo puede ser la cesación de efectos del acto reclamado, la falta de interés jurídico fundada en un documento determinado, entre otros.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 214, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, página 232, cuyos rubro y texto son:
"COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.-Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías."
Así, la afectación de la tercero interesada, ante el sobreseimiento de un juicio de amparo, no puede determinarse tomando en consideración que el efecto del sobreseimiento tiene como consecuencia la subsistencia del acto reclamado pues, como se sostuvo, ésta podría obtener mayores beneficios, por pretender la negativa en el juicio de amparo a la quejosa, o bien, el sobreseimiento en el juicio por una causa de improcedencia que haría inejercitable el juicio de amparo a su contraparte, circunstancias anteriores que únicamente se advierten del análisis de fondo de los agravios planteados, al dictarse la sentencia de segunda instancia, y no de un estudio preliminar que se haga al analizarse la procedencia del recurso de revisión.
Estimar lo contrario, como lo pretende la inconforme, podría implicar la transgresión al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como se verá a continuación.
Ciertamente, ante el nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que, en materia de derechos humanos, se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se estima que el artículo 17 constitucional establece, como género, el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén mecanismos que como especies de aquél, subyacen en el precepto constitucional citado, que tienden a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.
Así, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los Jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
"Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
"La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."
Como se dijo, el precepto constitucional transcrito establece, en esencia, el derecho fundamental de acceso efectivo a la impartición de justicia en favor de los gobernados, el cual descansa sobre los principios siguientes:
1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,
4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación, establecen:
"Artículo 8. Garantías judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
"b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
"c) Concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
"d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
"e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
"f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
"g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
"h) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior.
"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
"4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia."
"Artículo 25. Protección judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados Partes se comprometen:
"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
De los preceptos reproducidos se obtiene que los mecanismos tendentes a hacer efectivo el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, que detallan sus alcances son:
1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter;
2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales;
3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga;
4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y,
5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, cuyos rubro y texto son:
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."
De igual manera, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1096, de rubro y texto siguientes:
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’. Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 consti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26707-60dd0ef6/recurso-de-revision-procede-el-interpuesto-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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