CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS.
AMPARO DIRECTO 1003/2015. 21 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME URIEL TORRES HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CRUZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO PRIMERO.-Síntesis y estudio de los conceptos de violación relativos a violaciones al procedimiento. Por método del juicio de amparo, su estudio se realiza en orden diverso al planteado en la demanda de amparo.
En el punto cuatro de los motivos de disenso contenidos en el capítulo de violaciones al procedimiento y primero en el diverso capítulo de los conceptos de violación de fondo, adujo la quejosa que la autoridad responsable violó el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, ya que desde el auto de radicación, audiencia trifásica y todas las demás actuaciones procesales, no se contiene el nombre de las personas que en ella intervinieron ni su cargo, lo que le generaba incertidumbre jurídica.
El planteamiento resulta infundado, como se pasa a justificar.
Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que, en realidad, la quejosa hace depender su argumento de la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título y subtítulo: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA."(1)
Sin embargo, la propia Segunda Sala, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2014, de la que surgió la diversa jurisprudencia 2a./J. 62/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.",(2) estableció el ámbito temporal de aplicación de aquella jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), y determinó que era a partir del once de diciembre de dos mil trece,(3) cuando cobraba vigencia el criterio jurisprudencial en el que se basan los argumentos de la quejosa; lo que implica que su pretensión sólo es aplicable respecto de actuaciones procesales intermedias, o resoluciones dictadas a partir de la fecha señalada, y no antes; de lo contrario, se daría una aplicación retroactiva al criterio mencionado.
En ese sentido, las actuaciones que menciona la quejosa dictadas antes del once de diciembre de dos mil trece, entre ellas, el auto de radicación de la demanda -de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de veintinueve de enero, diecinueve de marzo, cuatro, trece, veintiséis de mayo, veintitrés de junio, todos de dos mil diez- hasta el auto de veinticinco de junio de dos mil doce, en que se declaró cerrada la instrucción, previo al dictado del primer laudo de diez de julio de dos mil doce, así como los autos y diligencias posteriores -emitidas en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 1069/2012, donde se ordenó reponer el procedimiento para desahogar unas pruebas-, hasta el auto de dieciséis de abril de dos mil trece, contrariamente a lo que aduce, no era requisito para su validez, contener los nombres y cargos de los funcionarios que en ellas intervinieron, pues tal exigencia no era necesaria en la época de su emisión sino que, para su eficacia, bastaba la firma de quienes actuaron en ellas; de lo contrario, como se dijo, se daría una aplicación retroactiva al criterio mencionado.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 62/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que imperaba en aquella época, de rubro siguiente:
"ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO."(4)
Cabe agregar que, en el juicio de amparo rige -entre otros- el principio de la afectación, que tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte en que establece la procedencia del juicio al principio a instancia de parte agraviada, conforme al cual tiene legitimación para impugnar el acto de autoridad aquella parte a quien el acto perjudica; de donde se sigue que, de una revisión a las actuaciones que integran el proceso laboral, es posible advertir, incluso, en suplencia de la deficiencia de la queja que, en el fondo, ninguna de ellas le para perjuicio; esto es, no se advierte violación procesal alguna que pueda afectar a la quejosa en dichos acuerdos.
Pero además, dado que es un argumento reiterado en diversas ocasiones -en otros asuntos- por el apoderado jurídico de la quejosa, cabe señalarle que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de marzo de dos mil quince, resolvió la contradicción de tesis 357/2014, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas, en la que participó el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), para dar paso a la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.), de título y subtítulo siguientes:
"ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.",(5) donde el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que, para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccional y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente.
En el caso, del juicio laboral se advierte que durante el proceso y hasta la emisión del primer laudo, así como autos y diligencias posteriores -emitidas en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 1069/2012-, hasta el auto de dieciséis de abril de dos mil trece, la quejosa sí conoció los nombres y cargos de los integrantes de la Junta responsable, por lo que pudo hacer valer su derecho como lo estimara pertinente.(6)
Ello es así, ya que de las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, de diecinueve de marzo de dos mil diez, trece y veintiséis de mayo del mismo año, entre otras, se observan los nombres de los funcionarios que intervinieron en dichas diligencias, por lo que sí estuvo en oportunidad de hacer valer lo conducente.
Además, desde la audiencia de veintitrés de abril de dos mil trece, hasta el auto de seis de mayo de dos mil quince, donde se dejaron los autos para el dictado del laudo, así como del laudo reclamado, se advierte que la autoridad responsable sí precisó el nombre y cargo de los integrantes de la Junta laboral que intervinieron en dichas actuaciones (además, por supuesto, de su firma).
Por ende, también estuvo en oportunidad de hacer valer lo conducente respecto a dichos funcionarios, verbigracia, recusarlos por estimar que no podían tramitar dicho juicio laboral.
De ahí lo infundado del motivo de disenso.
Por otro lado, en el punto cinco, adujo la impetrante de amparo, que la Junta laboral violó el artículo 878, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, porque en ningún momento de la audiencia trifásica exhortó a las partes para llegar a un arreglo conciliatorio o un convenio.
Lo anterior es infundado, ya que basta imponerse de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el diecinueve de marzo de dos mil diez, para advertir que en la etapa de conciliación, la autoridad laboral exhortó a las partes en los términos siguientes:
"Esta Junta Especial, de nueva cuenta exhorta a las partes para que, de ser posible, lleguen a un arreglo conciliatorio que ponga fin al presente juicio laboral, quienes conjuntamente exponen: ‘Que de momento no es posible llegar a un arreglo conciliatorio’, esto dijeron."
Luego, contrariamente a lo manifestado por la quejosa, la autoridad de trabajo sí exhortó a las partes a llegar a un arreglo conciliatorio y, por ende, no violó lo dispuesto en el artículo 878, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.(7)
En otro orden de ideas, expuso la quejosa en el punto uno, que la Junta laboral en el proveído de catorce de septiembre de dos mil diez, indebidamente admitió a la tercero interesada las pruebas ofrecidas con los números cuatro, seis, ocho, nueve, once, doce, trece y catorce, ya que las mismas no se ofrecieron conforme a derecho.
Ello, dijo, por lo siguiente:
Ver tabla
El planteamiento resulta inoperante, como se pasa a justificar.
Del auto de catorce de septiembre de dos mil diez, se advierte que la Junta responsable, respecto a las pruebas ofrecidas por el tercero interesado, marcadas con los números ocho, once, doce, trece y catorce, determinó lo siguiente:
"...la Junta acuerda: I. Se admiten en su totalidad las pruebas ofrecidas por la parte actora y por lo que ve a las pruebas marcadas con los números 4 consistentes en la presuncional legal y humana, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14, dada su naturaleza jurídica y por obrar en autos se tienen por desahogadas en sus términos; pruebas que serán tomadas en cuenta al momento de emitir el laudo que en derecho corresponda; desechando los medios de perfeccionamiento ofrecidos por dicha parte en relación con las probanzas marcadas con los números 6 y 9, por no ser los medios idóneos para acreditar lo pretendido; desechando, de igual manera, los medios de perfeccionamiento ofertados por la actora en relación con las pruebas números 8, 11, 12, 13 y 14, en virtud de que los documentos ofrecidos de su parte no fueron objetados por la demandada en cuanto autenticidad de contenido y firma, aunado al hecho de que no se ofreció medio probatorio de parte de la demandada para probar las objeciones realizadas de su parte a dichos documentos..."
De lo transcrito se observa que la autoridad laboral determinó admitir las pruebas marcadas con los números cuatro, consistente en la presuncional legal y humana, cinco, seis, ocho, nueve, once, doce, trece y catorce, dada su naturaleza jurídica, pero desechó el medio de perfeccionamiento de la seis y la nueve, por no ser los medios idóneos para acreditar lo pretendido, en tanto que desechó los medios de perfeccionamiento de las pruebas ocho, once, doce, trece y catorce, por no haber sido objetadas en cuanto a su autenticidad, contenido y firma.
De lo que se sigue que la impetrante de amparo parte de una premisa errónea en la formulación de su motivo de disenso; de ahí lo inoperante del mismo, respecto a la circunstancia de que la Junta responsable haya admitido la inspección ocular como medio de perfeccionamiento de las pruebas seis, ocho, nueve, once, doce, trece y catorce.
Además, también deviene inoperante porque no combatió las consideraciones que dio la autoridad laboral para admitir las pruebas marcadas con los números ocho, once, doce, trece y catorce ofrecidas por el tercero interesado, pues como se puede apreciar de la transcripción del auto en comento, la responsable admitió dichas probanzas por considerar que las mismas no fueron objetadas por la quejosa, en cuanto a su contenido, autenticidad y firma.
Lo que no se advierte haya sido controvertido por la impetrante de amparo, esto es, no refiere que haya sido ilegal la admisión de las pruebas en comento, no obstante la falta de objeción de su parte respecto a su contenido, autenticidad y firma. De ahí lo inoperante del motivo de disenso.
Por otra parte, en el punto tres, la quejosa manifestó que la autoridad laboral violó en su perjuicio el procedimiento del juicio laboral, ya que omitió darle vista de la información remitida vía informe por el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitado por el tercero interesado, no obstante de que en la audiencia de veintinueve de junio de dos mil nueve, la disidente pidió que una vez que se proporcionara dicha información, se le diera vista, por lo que consideraba que, al no cumplirse con ello, le impidió imponerse del citado informe y solicitar la aclaración correspondiente.
El planteamiento resulta fundado pero inoperante, como se pasa a justificar.
De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo, se consideran violaciones al procedimiento civil, laboral y administrativo, y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo (sentencia o laudo), entre otros, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas, o se desahoguen en forma contraria a la ley sin su culpa; se reciban sin su conocimiento, o bien, cuando previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para alegar sobre ellos.(8)
A su vez, la fracción I del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo dispone que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte actora ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos e, inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y, aquél, a su vez podrá objetar las del demandado.(9)
En tanto que el diverso numeral 884 de la misma legislación laboral dispone que en la audiencia de desahogo de pruebas, si los medios de convicción por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos:(10)
a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y,
b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos.
Asimismo, establece que al concluir el desahogo de las pruebas, la autoridad laboral concederá a las partes un plazo de dos días para que presenten sus alegatos por escrito.
Por otro lado, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo señala que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que, si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales.(11)
En la especie, se advierte que el tercero interesado ofreció la prueba documental, consistente en el informe que rindiera el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a los movimientos de alta y baja del trabajador en ese instituto, y si la patronal demandada lo había inscrito al mismo.
Informe que rindió la autoridad requerida en los términos siguientes:
"...En atención a su oficio No. ********** fechado del 3 de junio de 2011 y entregado a este departamento el día 16 de este mismo mes y año en curso, referente a la controversia promovida entre el C. ********** contra el patrón **********, y otros, caso con (sic) No. de exp. **********, se le informa que la investigación de este caso arrojó los siguientes datos:
"1. El C. **********, con N.S.S. **********, sí estuvo dado de alta por el patrón **********, con No. de registro patronal **********.
"2. No es posible dar información de la categoría u ocupación con la cual fue registrado el C. **********, con N.S.S. **********, por la empresa **********, con No. de registro patronal **********, ya que estos movimientos se hacen a través del programa digital llamado ********** (**********) y en nuestro sistema, de los datos descargados en el programa antes mencionado, sólo se ve reflejada la cuenta del asegurado referente a sus movimientos laborales, sus salarios y sus patrones.
"3. El C. **********, con N.S.S. **********, sí se ingresó al sistema de asegurados el 13 de mayo del 2011 por el patrón **********, con No. de registro patronal **********.
"4. El C. **********, con N.S.S. **********, sí se registró al sistema de asegurados, con nueva fecha de 13 de junio de 2002, y se ratifica que el salario base de cotización declarado por el patrón **********, con No. de registro patronal **********, fue de $********** M.N.
"5. El C. **********, con N.S.S. **********, estuvo dado de alta por el patrón **********, con No. de registro patronal ********** en los siguientes periodos:
"• Reingreso en el sistema el 13/05/2002 y se da de baja el 12/06/2002.
"• Reingreso en el sistema el 13/06/2002 y se da de baja el 12/07/2002.
"• Reingreso en el sistema el 13/07/2002 y se da de baja el 12/08/2002.
"• Reingreso en el sistema el 13/08/2002 y se da de baja el 31/07/2003.
"• Reingreso en el sistema el 01/09/2003 y se da de baja el 05/10/2003.
"• Reingreso en el sistema el 06/10/2003 y se da de baja el 09/01/2006."
Asimismo, se advierte que por auto de dos de agosto de dos mil once, se tuvo por recibido el referido informe y ordenó dar vista al tercero interesado, no así a la quejosa, lo que pone de manifiesto la violación al procedimiento en perjuicio de la disidente.
Pero deviene inoperante, ya que dicha violación procesal no trascendió al resultado del laudo reclamado, toda vez que la Junta responsable sólo le concedió eficacia demostrativa para tener por cierto que el tercero interesado fue dado de alta en el referido instituto el trece de mayo de dos mil dos, por la quejosa.
Lo que ningún agravio irroga a la impetrante de amparo, ya que no se advierte que ello haya influido en el sentido del laudo reclamado, esto es, que hubiese condenado a la quejosa al pago de las cuotas de seguridad social respectivas ante el referido instituto, desde el inicio de la relación laboral.
En otro orden de ideas, en el punto sexto, adujo la quejosa que la autoridad laboral violó el procedimiento laboral, ya que primero, en acuerdo de veintitrés de abril de dos mil trece, desechó la prueba pericial caligráfica y grafoscópica ofrecida por el tercero interesado para acreditar las objeciones de la ratificación de contenido y firma de la prueba documental número nueve, consistente en el gafete expedido a favor del trabajador por ********** y, posteriormente, en acuerdo de trece de mayo siguiente, admitió dicha probanza, revocando con ello su propia determinación anterior, con lo que dijo, violó el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que las Juntas no pueden revocar sus propias resoluciones.
El planteamiento resulta fundado pero inoperante, como se justifica enseguida.
El artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:
"Artículo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.
"..."
Del transcrito numeral se desprende la existencia del principio de irrevocabilidad de las resoluciones en los juicios obrero patronales, y que se traduce en la imposibilidad jurídica de la Junta laboral de revocar sus propias resoluciones, ya sea de admisión o desechamiento de pruebas, como sentencias interlocutorias o del propio laudo.
Por ende, si en el caso, la autoridad responsable, en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil trece desechó las pruebas periciales caligráfica y grafoscópica, ofrecidas por el tercero interesado para acreditar las objeciones de la ratificación de contenido y firma de la prueba documental número nueve, consistente en el gafete expedido a favor del trabajador por **********, y posteriormente, en acuerdo de trece de mayo siguiente admitió dicha probanza, resulta inconcuso que con ello revocó su propia determinación, lo que indudablemente deviene ilegal.
Sin embargo, a la postre deviene inoperante, pues como se verá más adelante, dicha documental carece de eficacia jurídica para tener por demostrada la subsistencia de la relación laboral entre la quejosa y el tercero interesado, posterior al nueve de enero de dos mil seis, data en la que adujo la impetrante de amparo, aquél renunció a la fuente de empleo.
Por ende, ningún agravio le irroga a la disidente el desahogo de la prueba pericial en comento.
Por otra parte, en el segundo de ellos, adujo la quejosa que la autoridad laboral violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 776 y 777 de la Ley Federal del Trabajo, ya que indebidamente desechó las pruebas que ofreció, marcadas con los números ocho, nueve y diez, bajo el argumento de que no era carga probatoria de la demandada acreditar que el tercero interesado continuó laborando posterior a la data que dijo la impetrante aquél había renunciado.
Lo que estima violatorio, ya que se le impidió acreditar la inexistencia de la relación laboral posterior a la renuncia del trabajador con la quejosa.
El planteamiento resulta fundado, como se pasa a justificar.
El Alto Tribunal de la Nación ha sustentado que en el supuesto de que el despido se ubique en fecha posterior a la renuncia afirmada por el patrón, corresponde al trabajador acreditar la subsistencia de la relación de trabajo, y debe considerarse que el escrito relativo perfeccionado con motivo de las objeciones del suscriptor alcanza pleno valor probatorio, porque precisamente su efecto es demostrar que dicha relación llegó a su término, esto es, que le puso fin; por lo que el trabajador que aduzca haber seguido laborando debe demostrar fehacientemente ese hecho.
Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 33/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE EL PATRÓN AFIRMA SE PRODUJO LA RENUNCIA Y EL POSTERIOR AL EN QUE AQUÉL DICE OCURRIÓ EL DESPIDO."(12)
De lo que se sigue que, en esas circunstancias, el débito procesal corresponde al trabajador.
Marco referencial del cual se advierte que si bien la Junta responsable obró conforme a derecho cuando determinó que la carga de probar la subsistencia de la relación laboral correspondía al trabajador -tercero interesado-.
Sin embargo, no debe perderse de vista que esa sola circunstancia no podía privar a la quejosa de la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes para su debida defensa, pues ello es contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional.
Por ende, si el quejoso ofreció los referidos medios de prueba ocho, nueve y diez,(13) con el propósito de demostrar la insubsistencia de la relación laboral del trabajador con la quejosa, posterior a la data de la renuncia aducida por la empresa.
Los cuales, mediante auto de catorce de septiembre de dos mil diez, le fueron desechados por la autoridad laboral, sobre las consideraciones jurídicas siguientes:
"...de igual manera, se desechan las pruebas marcadas con los números 8, 9 y 10, en virtud de no ser carga probatoria de su parte acreditar lo pretendido en dichas pruebas, esto es, por lo que ve al periodo que indica en las mismas, teniendo aplicabilidad a lo anterior la tesis de jurisprudencia que lleva por título (sic): ‘CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL DÍA DE LA SUPUESTA RUPTURA DEL VÍNCULO LABORAL Y AQUÉL OTRO POSTERIOR EN QUE AFIRMA OCURRIÓ REALMENTE LA SEPARACIÓN.’. Jurisprudencia. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic) XXX, octubre de 2009, página 1176. Tesis I.6o.T. J/101. Materia Laboral; desechando de igual forma, la prueba marcada con el número 11, por no estar ofrecida de conformidad con lo establecido en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que dicha probanza no se ofrece en sentido afirmativo, toda vez que los hechos que se pretenden demostrar son hechos negativos..."
Dicha determinación resulta ilegal, ya que con ello le coartó a la ahora quejosa su derecho de ofrecer las pruebas necesarias para demostrar su pretensión, esto es, la insubsistencia de la relación laboral con el tercero interesado, posterior a la data en que dijo aquél renunció a la fuente de empleo -nueve de enero de dos mil seis-.
Apoya lo anterior, la tesis aislada XI.1o.A.T.21 K (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:
" No debe confundirse la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera constituye un derecho -a probar- y la segunda es un deber procesal; asimismo, el derecho a probar es de naturaleza constitucional, en tanto el débito procesal es de naturaleza procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de mérito, o sea, el derecho a probar es anterior y de entidad superior a la obligación procesal, siendo que derecho y obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el procedimiento, tanto postulatorio como probatorio, mientras que la otra es objeto de examen por el juzgador hasta la sentencia o laudo; sin que deba validarse una decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando suponga la imposición de un formulismo obstaculizador, o contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otro tipo de intereses, como los de economía procesal, expeditez de los juicios, o el prejuzgamiento de la carga probatoria, cuando su decisión no es propia de la resolución que acepta pruebas sino de la sentencia o laudo, lo que significa que es ilegal anticipar la carga de la prueba a una de las partes al momento de decidir sobre su admisión o no, ni invocar algún otro formalismo que impida conocer el resultado de una prueba en detrimento del derecho a probar, que es uno de los que conforman el derecho humano al debido proceso; luego, si el derecho a probar es un derecho constitucional que atribuye a la persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su debida protección, entonces su constitucionalización obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad probatoria, en la medida en que determina a las partes cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su observancia. Lo anterior, porque en la interpretación de las normas probatorias también es procedente la que permita la máxima actividad probatoria de las partes, prefiriendo, inclusive, el exceso en la admisión de pruebas, a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en aquélla subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de declararse en la sentencia, partiendo de la base de que la verdad es un derecho humano cuya restricción necesariamente debe justificarse y, por ende, la norma probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al derecho humano al debido proceso."(14)
No obstante que por virtud de las infracciones procedimentales antes precisadas deberá dejarse insubsistente el laudo reclamado y reponerse el procedimiento, ello no impide analizar las diversas infracciones aducidas por el quejoso, que se citan en el considerando siguiente, esto con el fin de tutelar la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción prevista en el artículo 17 constitucional, y emitir una decisión coherente y exhaustiva en relación con los conceptos de violación que bien pueden analizarse desde el primer amparo.
DÉCIMO SEGUNDO.-En el segundo motivo de disenso -en cuanto al fondo del asunto-, la quejosa señaló que la Junta responsable, indebidamente, asignó valor probatorio a la credencial expedida a favor del tercero interesado, para considerar subsistente la relación laboral entre la quejosa y el tercero interesado, posterior a la data de la renuncia señalada por la patronal, pues a decir de la impetrante, dicho documento no tenía fecha cierta en su expedición ni vigencia, y no demostraba el pago de un salario.
El planteamiento resulta fundado, como se pasa a justificar.
Del laudo reclamado se advierte que la Junta laboral justipreció el gafete -credencial- expedido por la patronal a nombre del tercero interesado, en los términos siguientes:
"...8. Documental (Fs. 52), consistente en una credencial expedida por ********** a favor del actor **********, carente de fecha cierta de expedición -cuyo dato era susceptible de ser materia de la ratificación del documento-, siendo atribuida su autoría al C. **********.
"Persona que aun y cuando en el desahogo de la ratificación de contenido y firma (Fs. 358-362) de la documental en cita, negó su autoría y que del desahogo de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica (Fs. 417-447v), resultaran peritajes discrepantes; con el desahogo del peritaje en esa materia, efectuado por el perito tercero en discordia (Fs. 485-502v), se logró concluir que, el C. **********, era el autor de la firma que al pie y en el reverso de la misma se estampó en: ‘firma empresa’
"No siendo materia del desahogo de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica (Fs. 417-447v), la fecha cierta de expedición del documento.
"Documento que resulta apto para demostrar la prestación de un trabajo personal por parte del actor, en beneficio de la patronal **********; no así para acreditar la existencia de la relación laboral entre el C. ********** y el actor.
"Ya que aun y cuando el codemandado físico en mención negó la existen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27034-45f53b26/carga-de-la-prueba-y-derecho-a-probar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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