DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN. DETENCIÓN POR CASO URGENTE. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO RESULTE ILEGAL NO INCIDE EN LA VALIDEZ Y LICITUD DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA POR EL INDICIADO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA QUE ASISTIÓ VOLUNTARIAMENTE, NI DE LAS PRUEBAS DERIVADAS DE ESTE ACTO.
DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA DILIGENCIA, A LA QUE DE MANERA VOLUNTARIA ASISTIÓ, CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN.
DETENCIÓN POR CASO URGENTE. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA ORDENADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO RESULTE ILEGAL NO INCIDE EN LA VALIDEZ Y LICITUD DE LA DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA POR EL INDICIADO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA QUE ASISTIÓ VOLUNTARIAMENTE, NI DE LAS PRUEBAS DERIVADAS DE ESTE ACTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 31 DE MAYO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.
5. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(7) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por **********, quien tiene la calidad de quejoso en el juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, asunto del que emana uno de los criterios contendientes.
6. TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados. Con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (amparo directo **********).
7. Por resolución de catorce de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado.
8. En torno al cuarto concepto de violación, relativo a que debió excluirse la declaración ministerial emitida por el coinculpado el catorce de junio de dos mil doce, el Tribunal Colegiado determinó que era infundado,(8) por las razones siguientes -parte que interesa-:
a. El coinculpado rindió declaración ministerial de manera espontánea el catorce de junio de dos mil doce,(9) luego de ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público con motivo de la ejecución de una orden de búsqueda, localización y presentación.
b. Sin embargo, la calidad de presentado varió con motivo de la determinación emitida por el agente del Ministerio Público, el catorce de junio de dos mil doce, consistente en la detención por caso urgente.
c. La detención por caso urgente no resultaba ilegal, ya que el coinculpado inicialmente acudió ante el agente del Ministerio Público de la Federación en calidad de presentado, y posteriormente fue sometido a la detención por caso urgente, por lo que debía valorarse la declaración ministerial.
II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado, actual Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito.
Amparo directo **********.
9. Por sentencia dictada en sesión de dieciséis de abril de dos mil quince, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que determinara que la detención y retención del quejoso fueron ilegales; excluyera las declaraciones ministeriales del justiciable y las pruebas directamente derivadas de dicha detención; y resolviera el asunto conforme a derecho.
10. Las consideraciones de dicho fallo fueron las siguientes -parte que interesa-:(10)
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, si la detención no es bajo la hipótesis de flagrancia y tampoco media una orden de aprehensión, la privación de la libertad es ilegal, así como las pruebas que deriven de la misma.
• Con motivo de los hechos denunciados el quince de agosto de dos mil catorce, el agente investigador de la Fiscalía Especializada en Secuestro, en esa misma fecha, emitió una orden de búsqueda, localización y presentación del quejoso.
• En cumplimiento a la orden en comento, el quejoso fue presentado el uno de noviembre de dos mil catorce, ante el Ministerio Público y rindió declaración, en el sentido de confesar los hechos imputados (secuestro agravado).(11)
• El uno de noviembre de dos mil catorce, el representante social decretó la legal detención del quejoso por caso urgente.(12)
• El Tribunal Colegiado consideró que la detención del quejoso sucedió después del cumplimiento de la orden de búsqueda, localización y presentación, en cuya diligencia se recibió la declaración ministerial; sin embargo, no estaba en libertad para retirarse después de declarar.
• Precisó que una vez que la representación social recabó la declaración, debió dejar en libertad al presentado, pero no detenerlo mediante una orden de caso urgente, sino continuar con la integración de la averiguación previa y solicitar al Juez competente la orden de detención respectiva, conforme lo dispone el artículo 16 constitucional, al tratarse de un menor de edad.
• Por tanto, debió excluirse la declaración ministerial y su ratificación ante la Jueza de garantía en la audiencia.
Amparo directo **********.
11. Por sentencia de treinta de abril de dos mil quince, se concedió el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que determinara que la detención y retención de los quejosos fueron ilegales; excluyera las declaraciones ministeriales de los justiciables y las pruebas directamente derivadas de su detención; y resolviera conforme a derecho.
12. Las consideraciones fueron las siguientes -parte que interesa-:(13)
• Se declararon fundados los conceptos de violación suplidos en su queja deficiente en cuanto a la ilegalidad de la detención y la declaración ministerial.
• Los quejosos no fueron detenidos con motivo de una orden de aprehensión; tampoco en delito flagrante, pues la detención no se ejecutó en el momento mismo de la comisión del delito, ni inmediatamente después del hecho.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha sustentado que si la detención de un indiciado no es bajo la hipótesis de flagrancia y no media orden de aprehensión emitida por un Juez, entonces la privación de la libertad es ilegal, así como las pruebas que deriven de ésta serán inválidas y no tendrán eficacia probatoria.
• Con motivo de los hechos (robo agravado) denunciados el diez de julio de dos mil catorce, se ordenó la localización y presentación del quejoso.
• Dicha orden fue cumplimentada el catorce de julio de dos mil catorce, ya que se puso a disposición del agente del Ministerio Público al quejoso y rindió declaración en la que confesó los hechos imputados.
• El catorce de julio de dos mil catorce, la representación social emitió detención por caso urgente del quejoso.
• Idéntica situación aconteció con el resto de los quejosos.
• El Tribunal Colegiado consideró que la detención de los inculpados sucedió después del cumplimiento de la orden de localización y presentación, en cuya diligencia se recibió la declaración ministerial; sin embargo, no estaban en libertad para retirarse después de declarar.
• Precisó que una vez que la representación social recabó las declaraciones, debió dejar en libertad a los presentados, pero no detenerlos mediante una orden de caso urgente, sino continuar con la integración de la averiguación previa y solicitar al Juez competente la orden de aprehensión, conforme lo dispone el artículo 16 constitucional.
• Por tanto, debió excluirse la declaración ministerial y las pruebas derivadas directamente de la detención y retención.
Amparo directo **********.
13. Por resolución de cuatro de junio de dos mil quince, se concedió el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que determinara que la detención y retención del quejoso era ilegal; excluyera las declaraciones ministerial y preparatoria del justiciable, así como las pruebas directamente derivadas de dicha detención; y, resolviera el asunto conforme a derecho.
14. Las consideraciones del fallo fueron las siguientes -parte que interesa-:(14)
• Se determinó que eran fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia.
• Iniciada la indagatoria por el delito de desaparición de persona el nueve de julio de dos mil trece, el representante social ordenó la búsqueda, localización y presentación del quejoso.
• La orden de mérito se cumplimentó el veintiuno de julio de dos mil trece; el Ministerio Público tomó la declaración del quejoso en la que aceptó los hechos que le fueron imputados (feminicidio).
• Una vez que se recabó la declaración del quejoso, la representación social decretó la legal detención por caso urgente.
• El Tribunal Colegiado consideró que la detención sucedió después del cumplimiento de la orden de búsqueda, localización y presentación, en cuya diligencia se recibió la declaración ministerial; sin embargo, no estaba en libertad, para después de declarar retirarse de las oficinas del Ministerio Público.
• Precisó que una vez que la representación social recabó la declaración, debió dejar en libertad al presentado, pero no detenerlo mediante una orden de caso urgente, sino continuar con la integración de la averiguación previa y solicitar al Juez competente la orden de aprehensión.
• Por tanto, debió excluirse la declaración ministerial y su ratificación ante el Juez de garantía en la audiencia.
15. CUARTO.-Existencia de la contradicción. En principio, para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que tales criterios se sostengan a través de tesis jurisprudenciales.
16. Más bien, por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(15) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(16)
17. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.
18. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificación de criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
19. En otras palabras, para resolver si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que arrojen- con el objeto de identificar, si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
20. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
21. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
22. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias, para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
Primer requisito: Arbitrio judicial.
23. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo ***********, ejerció arbitrio judicial en los siguientes términos:
a. Analizó la detención de la persona bajo la hipótesis de caso urgente y determinó que fue legal, aunque haya sido decretada una vez concluida la diligencia en la que el detenido rindió su declaración ministerial, originada por el cumplimiento de una orden de localización, búsqueda y presentación emitida por la representación social.
b. También estableció que la declaración rendida por el inculpado en cumplimiento a la orden de localización, búsqueda y presentación, tenía valor probatorio, en virtud de que no fue emitida en calidad de detenido, sino de manera espontánea como presentado; aunado a que, con motivo de lo declarado, el Ministerio Público decretó la detención por caso urgente.
24. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, al resolver los amparos directos **********, ********** y **********, ejerció su arbitrio judicial en los siguientes términos:
a. La comparecencia del quejoso ante el Ministerio Público -en cada caso que analizó- se logró mediante el cumplimiento de una orden de localización, búsqueda y presentación, la que si bien restringe temporalmente la libertad deambulatoria del sujeto, no tiene como propósito lograr su detención, sino que el individuo acuda ante el fiscal a declarar, y una vez finalizada la diligencia pueda retirarse.
En ese tenor, una vez rendida la declaración en comento, el Ministerio Público no estaba en aptitud de decretar la detención por caso urgente, ya que los presentados no podía ser detenidos, sino que la representación ministerial, debió ponerlos en libertad una vez concluida la diligencia, para la que fueron conducidos y continuar con la integración de la averiguación previa, a fin de solicitar al Juez competente la orden de aprehensión, en términos del artículo 16 constitucional.
b. Con motivo de la detención ilegal, se determinó la exclusión de las declaraciones ministeriales emitidas con motivo de la orden de búsqueda, localización y presentación, así como las ratificaciones correspondientes.
Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico.
25. Como puede advertirse, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que en los referidos amparos directos resolvieron sobre la legalidad de la detención por caso urgente ordenada por el Ministerio Público, una vez que se logró la comparecencia y declaración ministerial de un inculpado con motivo de la ejecución de una orden de búsqueda, localización y presentación; asimismo, se pronunciaron respecto de la licitud de la declaración ministerial rendida en cumplimiento a una orden de búsqueda, localización y presentación, que posteriormente sustentó la detención por caso urgente.
26. Sin que constituya obstáculo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo ***********, no haya expresado las razones por las que consideró ajustada a derecho la detención por caso urgente, decretada una vez que concluyó la diligencia en la que el detenido rindió su declaración ministerial, con motivo de la diversa orden de localización, búsqueda y presentación; y que, en relación con el diverso tópico (licitud de la declaración ministerial), sólo precisó que tenía valor probatorio la declaración rendida en cumplimiento a la orden de localización, búsqueda y presentación, en virtud de que no fue emitida en calidad de detenido, sino de manera espontánea como presentado.
27. Sin embargo, ello no constituye obstáculo alguno para estimar que no pueda configurarse la contradicción de tesis, ya que el sentido de lo determinado por el aludido tribunal puede deducirse ciertamente de las circunstancias particulares del caso concreto que abordó, tal como lo ha establecido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 93/2006,(17) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."
28. Efectivamente, el referido Tribunal, al igual que el Cuarto Tribunal Colegiado, actualmente Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, partieron de las mismas premisas, a saber:
• La comparecencia ante el representante social obedeció al cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y presentación.
• El presentado rindió su declaración ministerial.
• Una vez concluida dicha diligencia, la representación social decretó la detención por caso urgente.
29. En ese tenor, es dable establecer que el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre las siguientes problemáticas jurídicas:
I. La legalidad de la detención bajo la hipótesis de caso urgente, una vez que el presentado emitió su declaración ministerial, rendida con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación.
II. La validez de la declaración ministerial, cuando se emitió bajo los efectos de una orden de búsqueda, localización y presentación y, posteriormente, se ordenó la detención por caso urgente.
30. Sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
31. Para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, fue legal la detención por caso urgente, no obstante que la persona fue conducida ante el Ministerio Público mediante una orden de búsqueda, localización y presentación, en cuya diligencia rindió declaración, la que gozaba de valor probatorio.
32. En tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado actualmente Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito consideró ilegal la detención por caso urgente decretada con posterioridad a que el presentado rindió declaración ministerial, con motivo de su comparecencia por la ejecución de una orden de búsqueda, localización y presentación, ya que la representación ministerial debió ponerlo en libertad una vez concluida la diligencia y continuar con la integración de la averiguación previa, a fin de solicitar al Juez competente la orden de aprehensión en términos del artículo 16 constitucional; por tanto, la declaración debió ser excluida.
33. Lo expuesto revela que ambos Tribunales Colegiados estudiaron el mismo curso procedimental dentro de la averiguación previa, pero arribaron a conclusiones diversas y, por ende, establecieron consecuencias jurídicas dispares.
34. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.
Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
35. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que la conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.
36. Porque los Tribunales Colegiados en los asuntos sometidos a su consideración, analizaron la misma problemática jurídica, consistente en la legalidad de la detención por caso urgente una vez concluida la diligencia de declaración ministerial del inculpado cuando éste fue conducido ante él mediante el cumplimiento de una orden de búsqueda, localización y presentación; así como la legalidad de la declaración ministerial rendida con motivo de la orden de presentación, cuando posteriormente se decretó la detención por caso urgente del declarante.
37. A partir de todo lo anterior, se advierte que frente a esas disyuntivas jurídicas, la divergencia de criterios se actualiza respecto de los siguientes cuestionamientos:
A. ¿Existe algún impedimento constitucional o legal para que el Ministerio Público decrete la detención por caso urgente una vez que el indiciado rinde su declaración ministerial y concluye la diligencia a la que asistió de manera voluntaria mediante una orden de búsqueda, localización y presentación, emitida por la representación social?
B. ¿Debe excluirse la declaración ministerial rendida con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación, así como las pruebas que deriven de dicho acto, si el Ministerio Público, al concluir la diligencia a la que de manera voluntaria accedió el compareciente, decreta su detención por caso urgente?
38. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que, esencialmente, se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
39. No es óbice para la actualización de la contienda de criterios que, por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro de los autos del juicio de amparo directo ***********,(18) en cumplimiento a lo solicitado por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre del mismo año, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, informó a este Alto Tribunal que ante el cambio en la materia de su especialización (materia de trabajo), así como en su integración, no se estaba en posibilidad de seguir sustentando el criterio adoptado en los juicios de amparo **********, ********** y **********.
40. Al respecto, es menester precisar que la finalidad de la contradicción de tesis estriba en eliminar las situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica que suscitan la posible divergencia en la interpretación judicial del derecho, derivada de la actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito, al ser órganos jurisdiccionales terminales en sus respectivas circunscripciones territoriales.
41. Por tanto, el hecho de que el Tribunal Colegiado se especialice en una materia diversa a la que correspondió su criterio contendiente en la presente contradicción y cambie su denominación e integración, no implica que la divergencia de criterios sea inexistente por considerar que ese órgano jurisdiccional ya no está en posibilidad de reexaminar o modificar el criterio, pues la tesis sustentada en los juicios de amparo **********, ********** y **********, conserva actualmente su valor objetivo en el sistema jurídico nacional.
42. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis aislada 2a. LI/2009,(19) y que esta Primera Sala comparte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL HECHO DE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE ESPECIALICE EN UNA MATERIA DIVERSA A LA EN QUE EMITIÓ UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES, NO ES OBSTÁCULO PARA DECRETAR SU EXISTENCIA."
43. QUINTO.-Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, como jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:
44. Antes de dar contestación a las interrogantes materia de la presente contradicción, es menester reseñar la doctrina jurisprudencial que esta Primera Sala ha sostenido respecto del derecho a la libertad personal y sus restricciones constitucionales, particularmente la orden detención por caso urgente, así como la orden de búsqueda, localización y presentación, las que constituyen dos instituciones fundamentales para la solución de la presente divergencia de criterios.
45. Es indispensable precisar que esta Primera Sala ha establecido(20) que el artículo 16 de la Constitución Federal (conforme al texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales está el derecho a la libertad personal, entendida como una categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Dicho precepto(21) prevé de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones, lo que guarda relación con el contenido del artículo 7.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(22) que prohíbe afectar el derecho a la libertad personal, salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución.
46. Esta Sala también ha considerado que el artículo 16 constitucional prevé taxativamente los supuestos en los que está autorizada la afectación a la libertad personal, en torno a la detención de una persona, los cuales se reducen a la orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente.
47. De esta manera, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión; mientras que las detenciones en los casos de flagrancia y urgencia, son excepcionales.
48. Así, la orden de aprehensión por autoridad judicial deriva de una investigación previa por parte del Ministerio Público, pues para que pueda librarse deben preceder los siguientes requisitos:
• Denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.
• Sancionado con pena privativa de libertad.
• Obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
49. En tanto que la detención en flagrancia(23) ocurre cuando cualquier persona o autoridad detiene al indiciado en los siguientes momentos:
• En el instante de la comisión del delito.
• Inmediatamente después de haberlo cometido.
50. Por su parte, la detención por caso urgente, es una figura excepcional, pero puede decirse que comparte los mismos requisitos que una orden de aprehensión,(24) con la diferencia sustancial de que no es expedida por una autoridad judicial, sino por el Ministerio Público.
51. Además, "la urgencia" es lo que rige en este tipo de instrumentos para privar de la libertad a una persona, lo que debe entenderse conforme a los propios requisitos que prevé el artículo 16 constitucional, como -fundamentación y motivación-:
• El Ministerio Público no puede ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.
• Sólo cuand
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27376-0bfcdd6f/detencion-por-caso-urgente-el-ministerio-publico-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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