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Modo: Corpus Pro

RENTA. CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2016. · Registro digital (IUS): 27413
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y CUARTO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO N
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 1097.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y CUARTO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 2 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: FABIÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, cuyo punto de contradicción versa sobre la materia administrativa y, además, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Lo anterior, con apoyo en la tesis P. I/2012 (10a.),(1) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.-Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan posturas contradictorias. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados involucrados al dictar las respectivas ejecutorias.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció del amparo en revisión incidental ********** (interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 865/2015) y, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente:

"QUINTO.-Estudio del asunto.

"Los agravios son infundados.

"En el caso concreto, se advierte que la quejosa solicitó la suspensión respecto de la aplicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el efecto de que ‘... en los ejercicios subsecuentes al ejercicio fiscal de 2014, pueda seguir deduciendo de la totalidad de sus ingresos, los pagos que realiza a sus trabajadores por concepto de previsión social, ya que estos pagos son ingresos exentos para estos últimos, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio.’

"También indicó ‘... la hoy quejosa no solicita la suspensión para el efecto de que se le desincorporen de su esfera jurídica los artículos reclamados, sino para el efecto de que pueda seguir deduciendo de la totalidad de sus ingresos, los pagos que realiza a sus trabajadores por concepto de previsión social, ya que estos pagos son ingresos exentos para los trabajadores ...’

"Esto es, la quejosa pidió la suspensión únicamente respecto de los efectos y consecuencias del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Por su parte, el Juez de Distrito, al dictar la resolución recurrida, negó la medida cautelar, señalando que de concederla se estaría perjudicando al ente social llamado Estado, quien sufriría daños irreparables, ya que las deducciones impactan en la capacidad recaudatoria del erario, lo que se ocasionaría, si se le permitiera a la quejosa deducir los pagos que hubiera efectuado, que sean exentos para los trabajadores, sin la limitante prevista en la norma reclamada.

"Pues bien, en sus agravios, la recurrente aduce que el juzgador pasó por alto que, conforme a lo estatuido en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 y 148 de la Ley de Amparo, debió serle concedida la suspensión definitiva solicitada, ya que no se contraviene el interés social, ni el orden público con ello, tomando en cuenta que de negarse el amparo, la autoridad válidamente podría exigirle la diferencia del pago de contribuciones, además de que la medida no encuadra en ninguno de los supuestos del diverso 129 de ese último ordenamiento legal, el cual debió precisar para sostener su determinación.

"Añade que el juzgador jamás repara en el principio de la apariencia del buen derecho y en el perjuicio que le ocasiona el no otorgamiento de la suspensión, al imposibilitarlo de deducir la totalidad de sus gastos, lo que afectaría a la clase trabajadora a la cual brinda empleo, ya que, al no saber si el artículo reclamado se declarará inconstitucional, tampoco sabría con seguridad la exención que le correspondería y, por ende, no estaría en condiciones de seguir brindando dicha previsión social a sus trabajadores, privándolos de tal beneficio adicional a su salario, lo que precisamente interesa a la sociedad, al incentivar la economía, por constituir un estímulo para la generación de empleos bien pagados.

"No le asiste razón jurídica.

"En efecto, pues al margen de las consideraciones plasmadas en la sentencia recurrida, este tribunal estima que no se surten las condiciones necesarias para conceder la suspensión definitiva solicitada.

"Para sustentar lo anterior, es menester traer a colación el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo texto dispone:

"‘Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

"‘...

"‘XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.’

"El artículo recién reproducido prevé una prohibición de deducir en su totalidad los pagos hechos al trabajador, en tanto sean ingresos exentos para ellos mediante la aplicación de los factores establecidos por el legislador y en las hipótesis ahí referidas.

"Ahora bien, de los antecedentes relatados en líneas precedentes, se advierte que la quejosa pretende que no se le aplique la porción normativa reproducida en los ejercicios fiscales subsecuentes al de dos mil catorce; por lo que no se advierte derecho alguno incorporado en la esfera jurídica de la quejosa por proteger.

"Así las cosas, el numeral reclamado, en atención a su contenido, es de carácter negativo en la modalidad de prohibitivo.

"Ciertamente, un acto con esas características se configura o se concibe en virtud de impedir una conducta o actividad del sujeto, empero, para ser suspendidos sus efectos, es menester contar con un derecho autorizado de manera previa, porque ahí es donde se concretan las consecuencias del acto en litis.

"Es decir, el acto con esa modalidad impone una obligación de no hacer; sin embargo, si tal restricción se instituyó en la legislación y ésta goza del beneficio de presunción de constitucionalidad, ello genera la imposibilidad de otorgar la medida suspensional en relación con sus efectos, porque tal proscripción de ninguna manera restringe un derecho del sujeto por no estar incorporado o reconocido en su esfera jurídica, dado el texto de la norma; de ahí la justificación para negar la medida cautelar.

"Desde otra perspectiva, cabe señalar que el numeral reclamado permite la deducción parcial y la quejosa la pretende en su totalidad, lo cual evidencia que el legislador no reconoció la deducibilidad total; de ahí la ausencia de prerrogativa por conservar en vía de suspensión, ya que de otorgarse ésta, se constituiría un derecho en favor de la impetrante del amparo y la restitución del mismo a pesar de no contar con éste, como bien lo dispuso el Juez de Distrito del conocimiento.

"Bajo ese orden de ideas, lo expuesto por la quejosa y las constancias allegadas al presente toca no prueban el derecho por conservar, pues este órgano colegiado, de momento, no advierte razón alguna para presumir la inconstitucionalidad de las normas reclamadas y, por ende, debe prevalecer y acatarse su contenido.

"Es aplicable la tesis aislada con registro «digital»: 321281, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Tomo XCI, página 2501, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:

"‘ACTOS PROHIBITIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS.’ (se transcribe)

"A mayor abundamiento, conviene informar que, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución, la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que busca paralizar la ejecución de los actos reclamados, así como la de sus efectos y consecuencias, y obra únicamente hacia el futuro y excepcionalmente hacia el pasado, por lo que para su otorgamiento se requiere, generalmente, que a la fecha en que se deban resolver esos actos o sus efectos aún no se hayan realizado o que su ejecución haya sido parcial.

"Como la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, al resolverla, no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los de la sentencia, pues eso equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá ni siquiera sea resuelto en ese sentido.

"Por tanto, el objeto de la suspensión es evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías y derechos alegada y la realización de daños y perjuicios de difícil reparación.

"Estas consideraciones se ven corroboradas con lo dispuesto en el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que en ningún caso la medida cautelar podrá tener por efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, como se observa de su contenido:

"‘Artículo 131. ...

"‘En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.’

"Tales características son las que la distinguen del otorgamiento del amparo, que repara los daños sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación.

"De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el juicio de origen la quejosa tildó de inconstitucional el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, con motivo de su acto concreto de aplicación que hizo consistir en la declaración anual de dicho impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil catorce.

"La disposición transcrita veda la posibilidad a los contribuyentes personas morales de deducir los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para los trabajadores, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el procedimiento ahí contenido.

"Conforme a lo expuesto, no procede la medida cautelar, porque de otorgarla se permitiría a la contribuyente, al momento de formular su declaración, deducir sin límite alguno, lo que implicaría constituir derechos a su favor, pues se establecería una forma de tributar diversa a la que prevé la ley a través de una institución jurídica que no tiene esa finalidad, como es la suspensión en el juicio de garantías.

"Ahondando en lo expuesto, si el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta reclamado, que ha quedado reseñado en líneas precedentes, establece una limitante a la deducción de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor 0.53, al monto de dichos pagos, entonces, es evidente que de concederse la suspensión para los efectos y consecuencias de tal precepto, esto es, para que se permita al particular la deducción del cien por ciento de los referidos pagos, se estaría constituyendo un derecho a su favor, que se insiste, únicamente es procedente en el análisis del fondo del asunto.

"De ahí que se considera correcto que el Juez de Distrito haya negado a la quejosa la suspensión que solicitó para los efectos y consecuencias de la aplicación de tal precepto, es decir, para que se le permita seguir deduciendo hasta el cien por cierto de las prestaciones otorgadas a sus trabajadores, diferentes al salario.

"En consonancia con lo razonado en líneas de antelación, debe decirse que no es obstáculo la génesis del artículo 148 de la Ley de Amparo, en que se apoya la peticionaria de garantías para justificar la procedencia de la suspensión definitiva.

"Es así, en virtud de que dicho canon no debe interpretarse y aplicarse de forma individual y aislada del marco jurídico de la Ley de Amparo, que regula las directrices y formalidades que campean sobre la suspensión a ‘petición de parte’, puesto que si bien consigna que cuando se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación; innegable también lo es que una intelección armónica y sistemática del indicado numeral 148 con el diverso 131, ambos de esa legislación, permite arribar a la convicción que para ser procedente el establecimiento de esos efectos y consecuencias, primeramente, deben colmarse los requisitos que exige esta última porción legal que, como se ha visto, no se cumplieron en la especie.

"De esta manera, si atendiendo a la naturaleza del artículo que se tilda de inconstitucional, se considera que es improcedente otorgar la medida cautelar, deviene intrascendente si se encuentran o no satisfechos los presupuestos que se exigen en los artículo 128 y 129 de la Ley de Amparo e, inclusive, el análisis y ponderación de la apariencia del buen derecho, porque eso no motivaría a decretar el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, por ser de naturaleza prohibitiva, ante ello, se considera innecesario el estudio de los argumentos que se hacen valer, pues aun de resultar fundados, en nada variarían el sentido de la presente resolución.

"Corrobora lo anterior, por analogía, el criterio que se comparte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registrado con el número I.3o.C. 25 K, localizable en la página 1468, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta», que dice:

"...

"Aunado a lo anterior, de otorgarse la medida cautelar para el efecto de permitir a la quejosa la deducción apuntada sin sujetarse a las limitantes que consagra el numeral reclamado, atentaría contra el interés social y el orden público; de ahí que no se colmen los requisitos que establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Ciertamente, pues tal concesión implicaría un menoscabo en la recaudación de contribuciones, lo que indefectiblemente afectaría el interés social y contravendría las disposiciones que regulan esa cuestión, tomando en cuenta que la colectividad tiene sumo interés en tal aspecto por estar estrechamente vinculado con la integración del gasto público.

"En las relatadas circunstancias, lo que procede es confirmar la interlocutoria recurrida, por razones distintas a las que fueron ponderadas por el Juez y, en consecuencia, negar la suspensión definitiva a la quejosa, respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión incidental ********** (interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia interlocutoria de catorce de julio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********), en sesión de ocho de diciembre de dos mil quince, en lo conducente, consideró lo siguiente:

"Es fundado el agravio que se sintetizó en párrafos precedentes.

"Para resolver sus argumentos, conviene informar que, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que busca paralizar la ejecución de los actos reclamados, así como la de sus efectos y consecuencias, y obra únicamente hacia el futuro y, excepcionalmente, hacia el pasado, por lo que su otorgamiento requiere, generalmente, que a la fecha que se deban resolver esos actos o sus efectos aún no se hayan realizado o que su ejecución haya sido parcial.

"Como la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, al resolverla no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los de la sentencia, pues eso equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que, quizá, ni siquiera sea resuelto en ese sentido.

"Por tanto, el objeto de la suspensión es evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos fundamentales alegada y la realización de daños y perjuicios de difícil reparación.

"Tales características son las que la distinguen del otorgamiento del amparo, que repara los daños sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso cuando se cometió la violación.

"Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es improcedente conceder la suspensión contra actos consumados, porque ello equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar que son propios de la sentencia de amparo.

"Cabe señalar que se entiende por actos consumados aquellos que han producido todos sus efectos, es decir, que se han ejecutado total e íntegramente.

"Sólo en estos casos es improcedente conceder la medida, porque se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, ya que no existiría nada que suspender, sino sólo reponer las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, lo que es materia exclusiva del fallo que se dicte en el juicio constitucional.

"No obstante, el Máximo Tribunal del País también ha establecido que la sola circunstancia de que el acto reclamado se haya ejecutado, no significa que sea un acto consumado para los efectos de la suspensión, si sus efectos o consecuencias no se han ejecutado en su totalidad, toda vez que esos efectos o consecuencias sí son susceptibles de ser suspendidos.

"Apoya lo anterior la tesis aislada sin número, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

"(Se transcribe)

"De la demanda de amparo se advierte que en el juicio de origen, la quejosa tildó de inconstitucionales los artículos 25 (por omisión legislativa) y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, con motivo de su acto concreto de aplicación que hizo consistir en la declaración anual de dicho impuesto correspondiente a ese ejercicio. Tales preceptos prevén:

"...

"‘Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

"‘...

"‘XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.’

"La primera de las disposiciones que se reprodujeron, en su fracción X, establece el tope de la deducción por concepto de aportaciones efectuadas para la creación, o incremento, de reservas para el fondo de pensiones o jubilaciones del personal; y de primas de antigüedad constituidas conforme a esa ley.

"La segunda, veda la posibilidad de los contribuyentes, personas morales, de deducir los pagos que, a su vez, sean ingresos exentos para los trabajadores, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el procedimiento ahí descrito.

"Es decir, prevén límites para hacer o no hacer deducciones del impuesto sobre la renta, tratándose de personas morales.

"De conformidad con el artículo 9 de tal ordenamiento, los contribuyentes están en condiciones de ejercer la prerrogativa de deducir, de sus ingresos acumulables, los conceptos mencionados, hasta que determinen su resultado fiscal en términos del propio precepto.

"Para determinar ese resultado fiscal, o base gravable del impuesto sobre la renta, es necesario obtener la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables percibidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por la ley; y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"A la cifra que resulte se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. La cantidad que derive de esas operaciones constituye el resultado fiscal, o base gravable, a la que se aplicará la tasa para determinar la cantidad a pagar por el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio respectivo.

"Conforme con tales explicaciones, resulta indudable que la determinación del resultado fiscal, o base gravable, debe efectuarse al término del ejercicio, que tratándose del impuesto sobre la renta es anual; de ahí que las deducciones puedan aplicarse, hasta que se formule la declaración definitiva que debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el citado ejercicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"La parte quejosa promovió amparo contra las normas reclamadas, con motivo de su acto concreto de aplicación, que hizo consistir en la declaración del ejercicio fiscal de dos mil catorce.

"Ahora bien, no debe pasar desapercibido que si bien la sociedad quejosa solicitó la suspensión contra la aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello no representa obstáculo para realizar el análisis correspondiente, por cuanto a sus efectos y consecuencias, pues acorde con lo ordenado en el artículo 147 de la Ley de Amparo, el órgano judicial que conozca del juicio de amparo, debe preservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, con independencia de si esos efectos fueron señalados expresamente, o se solicitaron en el capítulo sobre la suspensión en el escrito de demanda, ya que los Jueces de amparo no están limitados, legalmente, para decidir de manera exclusiva sobre la suspensión del acto, cuya invalidez se pide, sino que cuentan con facultades para pronunciarse en relación con sus efectos y consecuencias.

"Y es que tratándose de la obligación tributaria impugnada, su ejecución se prolonga en el tiempo, pues está en aptitud de realizar las subsecuentes declaraciones anuales en que podrá hacer las deducciones correspondientes; en esas circunstancias, si bien es cierto que la parte quejosa realizó su declaración anual y pagó el impuesto respectivo, sin realizar las deducciones en los términos que controvierte, tal como explicó en los puntos cuatro y cinco del apartado de hechos de la demanda de amparo, no puede considerarse consumado para los efectos de la suspensión, pues, como se dijo, las subsecuentes deducciones se podrán aplicar hasta la declaración anual del ejercicio fiscal que corresponda.

"En esas condiciones, procede ahora, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, realizar el análisis correspondiente para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, para lo cual el juzgador debe atender los requisitos de procedencia, es decir, son las condiciones que se deben satisfacer para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, mientras que las exigencias de efectividad son aquellas que se deben acatar para que tenga vigencia la medida.

"Las exigencias que condicionan la procedencia de la suspensión son:

"a) Que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos;

"b) Que la naturaleza de los actos permita su paralización; y,

"c) Que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que lo solicite el agraviado, atender a la naturaleza del acto reclamado y a los perjuicios que con la suspensión se originan y/o pudieran originarse al interés social, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social, ni la contravención de disposiciones de orden público.

"Ahora bien, la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión de la aplicación del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce, contra todos sus efectos y consecuencias, esto es, para el efecto de que dicho numeral, que únicamente permite la deducción limitada, no sea aplicado hasta en tanto sea resuelto el fondo y en definitiva el juicio de amparo.

"Que la solicitud de la suspensión de los actos reclamados obedece al hecho de que, con el impedimento para deducir la totalidad de los gastos que le resultan necesarios para la obtención de ingresos, ate

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27413-4363945e/renta-contra-los-efectos-y-consecuencias-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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