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Modo: Corpus Pro

TÍTULOS DE CRÉDITO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS, POR EL SOLO HECHO DE QUE AQUÉLLOS CONTENGAN LA EXPRESIÓN "MÁS LOS IMPUESTOS APLICABLES".

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 27425
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, T
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 2136.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y BENITO ALVA ZENTENO. DISIDENTES: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. AUSENTE: ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS. PONENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. SECRETARIO: JORGE RICARDO SÁNCHEZ CORONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que se formuló por los Magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para tal efecto, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente.

TERCERO.-No será materia de análisis lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC. **********/2015, en virtud de que no existe pronunciamiento de fondo respecto del tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis.

CUARTO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar el sentido de la presente contradicción de tesis, a continuación se sintetizan las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Consideraciones de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, todos en Materia Civil del Primer Circuito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió en el juicio de amparo directo DC. **********/2014, por unanimidad de votos de sus integrantes, lo siguiente:

"QUINTO.-Los motivos de inconformidad que expresa la sociedad quejosa son inoperantes en un aspecto y en otro, fundados y suficientes para conceder el amparo que solicita.

"En efecto, se debe calificar como inoperante la afirmación, que hace en el sentido de que el Juez responsable condenó a los codemandados a pagar intereses moratorios, a partir del día siguiente al que fueron requeridos judicialmente de pago, cuando éstos se generaron desde tiempo anterior.

"Esto es así, porque con esa exposición la impetrante del amparo no expresa un argumento jurídico, en el que presente las razones por las cuales considera que la fecha que señaló el Juez como aquella en la que incurrieron en mora los demandados es incorrecta, tampoco da a comprender a partir de cuándo considera que deben correr los intereses moratorios, ya que únicamente se concreta a sostener que ‘incurrieron en mora desde tiempo antes’, lo cual indudablemente torna inoperante su manifestación.

"Esto es así, porque ante este órgano federal la parte quejosa debe hacer patente la ilegalidad del fallo que cuestiona, a través de planteamientos jurídicos concretos, que expliquen de manera apta y eficiente, cuáles son las disposiciones legales y criterios jurisprudenciales que se estiman infringidas o que dejó de observar la autoridad responsable, al establecer la data a partir de la cual deben generarse los intereses moratorios a que fueron condenados los demandados, así como también, cuál era la fecha que consideraba era la correcta.

"Por lo tanto, si con sus formulaciones la disconforme no concreta, ni hace algún razonamiento capaz de ser analizado, su pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, reflexiones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas, ni justificadas para apoyar y concluir lo pedido.

"Lo anteriormente considerado, tiene sustento, conforme el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo, en la jurisprudencia «1a./J. 81/2002» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la página sesenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época» Tomo XVI, de diciembre de dos mil dos, que a la letra dice:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’

"Sin que las jurisprudencias que cita con los rubros: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.’; ‘TÍTULOS EJECUTIVOS.’ y ‘TÍTULOS DE CRÉDITO, DEBEN TENERSE COMO PRUEBA SIN ULTERIOR GESTIÓN.’, sirvan a sus intereses, pues ninguna de ellas se refiere a los intereses moratorios que se pactan en un título de crédito y la data a partir de la cual se incurre en mora, ya que solamente hacen ver que el título valor es una prueba preconstituida de la acción ejecutiva mercantil.

"Por otra parte, asiste la razón a la quejosa, cuando asegura que se debió condenar a su contraparte al pago del impuesto al valor agregado, dado que éste estaba convenido en los títulos de crédito, y además, porque como acreedora es prestadora de servicios.

"En efecto, de acuerdo con lo que establecen los artículos 5o., 152 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al intentarse la acción cambiaria directa, pueden reclamarse las prestaciones que en el mismo documento se indican, esto es, el importe del pagaré, los intereses moratorios desde el día de su vencimiento, los gastos del protesto y los demás gastos legítimos que se hayan precisado en el documento; entre ellos, el pago del impuesto al valor agregado, cuando éstos han sido expresamente contemplados.

"Ello es así, en atención a que conforme al principio pacta sunt servanda, contenido en el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso hacerlo, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

"De suerte tal, que tratándose de las convenciones mercantiles contenidas en los títulos de crédito denominados ‘pagarés’, la voluntad de quien lo suscribe como deudor, aceptando el pago de los impuestos aplicables, debe entenderse como la aceptación del pago expreso del impuesto al valor agregado, a causa de que ese acuerdo no requiere de observar formalidades o requisitos especiales, por lo que ha de estarse a aquello que las partes quisieron al obligarse de ese modo.

"Al respecto, es oportuno precisar que conforme a la atribución de literalidad que establece el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, un título de crédito es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal que en él se consigna; es decir, sólo puede ejecutarse lo que aparezca como inscrito o reconocido en el texto del propio documento.

"Así, el término ‘literal’ no debe entenderse únicamente como la frase o expresión acotada a determinado sentido, pues de conformidad con el principio pacta sunt servanda antes señalado y que rige las convenciones mercantiles, en que cada uno se obliga en la manera y términos que quiso hacerlo; esa literalidad debe interpretarse dentro del propio contexto de aquello a lo que las partes quisieron constreñirse sin que para la validez de ese acuerdo se requiera el cumplimiento de alguna condición necesaria para ello.

"Del examen a los títulos de crédito básicos de la acción, se aprecia que en ambas se insertó el texto siguiente:

"La falta de pago en las fechas estipuladas causará un intereses moratorio del 4 (cuatro) % mensual sobre saldos insolutos, más los impuestos aplicables.

"En esta tesitura, es válido concluir que si en los pagarés se encuentra inserta la frase ‘... (más los impuestos aplicables)...’, ello demuestra el expreso acuerdo de voluntades entre la acreedora y los deudores, para que estos últimos paguen el impuesto al valor agregado sobre los intereses moratorios, que en su eventualidad se pudieran originar por la falta de pago de una suma de dinero determinada; toda vez de ello se advierte en forma clara, que la intención de las partes fue precisamente obligarse en esos términos; es decir, que el deudor pagaría los impuestos que resultaran aplicables a los intereses moratorios, debiendo verificarse únicamente si las cantidades demandadas por la acreedora corresponden a ese concepto.

"Sostener lo opuesto implicaría, restringir el atributo de literalidad de los títulos de crédito, al sentido único y limitado que la palabra como expresión o grafo significa; lo cual resultaría contrario al principio de libertad contractual, característico de las operaciones comerciales, implícitamente previsto en el artículo 78 del Código de Comercio, ya que esa ‘literalidad’ debe atender al sentido de lo que las partes pactaron, sin la necesidad de observar determinada formalidad o requisito.

"Por tanto, a criterio de este órgano colegiado, no es indispensable la expresión literal ‘... (más el impuesto al valor agregado)...’, para entender que el deudor asumió el compromiso de pagar ese impuesto respecto de los intereses moratorios, puesto que, atendiendo precisamente a la intención de aquello a lo cual quisieron obligarse, tal obligación se desprende de la declaración, que dice "... (más los impuestos aplicables)...", como noción consignada en ese título de crédito que indudablemente se refiere a esa carga tributaria; por lo que en este caso el juzgador está en el deber de determinar si el impuesto cuya cuantificación se reclama, encuadra o no en la norma legal que grava la actividad de los gobernados.

"Esto quiere decir, que basta la manifestación de que se deben cubrir los impuestos respectivos según la ley, para que el juzgador se encuentre ceñido a verificar si la pretensión de la parte actora se ajusta a lo que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en cuyo caso habrá de decretarse condena o absolución respecto de dicha prestación; pero sin que ello signifique que deba analizar o determinar oficiosamente si existe algún otro impuesto aplicable, puesto que de ningún modo puede perderse de vista que la pretensión de las partes no puede cambiarse, ni modificarse. De ahí que aun y cuando exista base gravable de diversos impuestos, si la parte actora únicamente solicitó el impuesto al valor agregado y este no encuadra en el marco legal correspondiente, el juzgador no podrá condenar a diverso impuesto que no haya sido solicitado.

"Sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis «I.8o.C. 15 C (10a.)» del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, que aparece publicada en la página 1785, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, de la Décima Época, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas» que a la letra dice:

"‘PAGARÉ. CONFORME AL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES PROCEDENTE EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RESPECTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS, CUANDO DE SU TEXTO SE ADVIERTE EN CUALQUIER FORMA LA VOLUNTAD DEL DEUDOR EN ESE SENTIDO. De conformidad con los artículos 5o., 152 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al intentarse la acción cambiaria directa pueden reclamarse las prestaciones que en el mismo documento se indican, esto es, el importe del pagaré, los intereses moratorios desde el día de su vencimiento, los gastos del protesto y los demás gastos legítimos que se hayan precisado en el documento, entre ellos, el pago del impuesto al valor agregado, cuando éstos han sido expresamente contemplados en el texto del propio documento; sin que el pacto sobre dicho impuesto dependa de determinada formalidad, pues conforme al principio pacta sunt servanda, contenido en el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso hacerlo, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Así, tal obligación se desprende de la frase que dice «más los impuestos aplicables», como expresión consignada en ese título de crédito que indudablemente se refiere a la aceptación de esa carga tributaria.’

"En estas condiciones, lo procedente es conceder el amparo a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto disentido, y en su lugar emita otra en la que reiterando lo que no fue materia de concesión, vuelva a examinar la procedencia de la prestación, consistente en el pago del impuesto al valor agregado, conforme a los lineamientos de este fallo.

"Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y III, inciso a), y VI, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 73 a 77, 183 y 189 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción I, inciso c), del capítulo III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege, a **********, contra el acto que reclama del Juez Décimo Segundo de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil trece, pronunciada en el expediente **********.

"Notifíquese; con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

"Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Luis Gilberto Vargas Chávez, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman conjuntamente con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió en el juicio de amparo directo DC. **********/2016, por unanimidad de votos de sus integrantes. Lo siguiente:

"SEXTO.-Los motivos de queja en los que se aduce la violación de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, son aptos para conceder el amparo.

"Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"La quejosa manifiesta esencialmente, que la Juez responsable indebidamente absolvió a los demandados del pago del impuesto al valor agregado sobre intereses moratorios, bajo los argumentos de que de la literalidad de los pagarés base de la acción, no se advierte el pago de dicho impuesto a cargo de los demandados; además de que, no se debe de dejar en suspenso la concretización de qué impuesto deben de cubrir los enjuiciados.

"La quejosa expuso que, contrario a lo determinado por la Juez responsable, de las prestaciones reclamadas en la demanda inicial, se advierte que únicamente se reclamó el impuesto en relación con los intereses moratorios, de conformidad con las leyes tributarias, lo que evidencia con claridad el impuesto que corre a cargo de los demandados.

"Además, de la literalidad de los pagarés base de la acción, se advierte que los demandados se obligaron a cubrir las prestaciones principales y los impuestos aplicables de conformidad con las leyes tributarias vigentes, como se advierte de la leyenda ‘más los impuestos aplicables’.

"En ese contexto, la quejosa indicó que al ejercitarse la acción cambiaria directa, el artículo 152, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es general y no limitativo, por lo que es procedente la condena del pago del impuesto al valor agregado, derivado de los intereses moratorios.

"Los anteriores motivos de inconformidad son fundados.

"Es fundado el anterior motivo de inconformidad, habida cuenta que contrario a lo que estimó la Juez responsable, es inexacto que al ejercitarse la acción cambiaria directa el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,(1) sea limitativo por no señalar destacadamente el pago del impuesto al valor agregado, sobre los intereses moratorios, toda vez que tal precepto es ejemplificativo y no limitativo.

"En efecto, el numeral en cita, si bien es verdad que menciona que cuando se ejercite la acción cambiaria derivada de un pagaré procederán como prestaciones las enumeradas en sus fracciones, esto es, el pago del importe del pagaré, los intereses moratorios, los gastos de protesto y demás gastos legítimos, el premio del cambio entre la plaza en que debería haberse pagado el pagaré y la plaza en que se haga efectivo, más los gastos de situación, sin embargo, de su contenido y concretamente de la fracción III de dicho numeral, se desprende que se encuentra contemplado el impuesto al valor agregado sobre los intereses moratorios, en el rubro de ‘los demás gastos legítimos’.

"Por un gasto legítimo se debe entender, aquel que no es contrario a la ley. Además, la legitimidad de ese gasto deriva también del hecho de que pueda desprenderse de la obligación principal, como un accesorio de la misma. Entonces, si dicho gasto está permitido por la ley y tiene relación directa con la obligación principal, estamos en presencia de un ‘gasto legítimo’.

"Ahora bien, el artículo 78 del Código de Comercio,(2) dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

"Por ello, si el deudor se obligó en el pagaré a cubrir los impuestos que se pudieran causar por los intereses devengados, este pacto es válido y subsiste entre las partes por tratarse de una convención mercantil, en la cual prevalece la voluntad de las partes en términos del artículo antes indicado. Este mismo principio se recoge en las características propias que tienen los títulos de crédito y, en particular, en la característica de literalidad.

"En la especie, las partes del juicio natural de los documentos base de la acción, estipularon que los intereses moratorios causarían los impuestos aplicables, derivado del interés moratorio del 4% (cuatro por ciento) mensual sobre saldos insolutos. De esta manera el deudor se obligó a pagar dicho impuesto que llegare a causar el pago de los intereses moratorios, por tanto, el impuesto citado se debe considerar para efectos de la acción cambiaria directa y como consecuencia la autoridad pronunciarse sobre el mismo, y no absolver puesto que tal obligación está pactada por las partes en los mencionados documentos y contemplado en los preceptos citados.

"Por lo tanto, ya que en la acción cambiaria se puede reclamar el pago de los impuestos pactados en un título de crédito, siempre y cuando dicha prestación sea accesoria de la suerte principal, además de que así fue pactado por las partes como aconteció en la especie, resulta procedente la condena al pago del impuesto al valor agregado, derivado del interés moratorio.

"Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) de rubro y texto:

"‘ACCIÓN CAMBIARIA. ES PROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE CAUSEN LOS INTERESES DEVENGADOS POR UN PAGARÉ, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN PACTADOS EN ESE TÍTULO DE CRÉDITO Y SE RECLAMEN COMO PRESTACIÓN ACCESORIA DE LA SUERTE PRINCIPAL.-El artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que mediante la acción cambiaria el último tenedor de la letra (pagaré) puede reclamar el pago, entre otros conceptos, del importe de la letra, de los intereses moratorios, los gastos del protesto y de los demás gastos legítimos. Dentro de este último rubro puede quedar comprendido el pacto para el pago de los impuestos generados por los intereses devengados por un pagaré, ya que, conforme al principio de libertad contractual, dicho pacto es legalmente válido, y al estar establecido en el citado título de crédito, de acuerdo con el principio de literalidad del que goza el pagaré, es obligatorio para las partes. Por lo anterior, al considerarse un gasto legítimo, es posible reclamarlo mediante la acción cambiaria, siempre y cuando se haga como accesorio de la suerte principal, pues si se reclama de manera aislada, no será a través de la referida acción, sino de alguna otra.’

"En las circunstancias apuntadas, al haber sido esencialmente fundado el concepto de violación que hizo valer la quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Juez responsable:

"1. Deje insubsistente la resolución reclamada;

"2. En su lugar pronuncie una nueva, en la que reitere lo que no es motivo de concesión;

"3. Siguiendo los lineamientos dictados en la presente ejecutoria, considere que sí es jurídicamente posible que se pacte en un pagaré la obligación a cargo del deudor de pagar los impuestos que se llegaren a causar por los intereses devengados, máxime que la legitimidad de ese gasto deriva también del hecho de que se desprende de la obligación principal, como un accesorio de la misma, la cual fue reclamada como prestación en el escrito inicial de demanda.

"4. Una vez hecho lo anterior, resuelva como en derecho corresponda.

"Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), constitucionales; 1o., fracción I, 2o., 73, 74, 75, 76, 77, 78, 170 y 171, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto y autoridad señalados al inicio de la presente ejecutoria, y para los efectos precisados en la parte final del último considerando.

"Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

"Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Alejandro Villagómez Gordillo y Jaime Aurelio Serret Álvarez; cuyas firmas aparecen a continuación al igual que la del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de febrero de dos mil diecisiete, en que se realizó el engrose de esta resolución. Doy fe."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió en el juicio de amparo directo DC. **********/2014, por unanimidad de votos de sus integrantes. Con salvedad del Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Lo siguiente:

"TERCERO.-Análisis de los conceptos de violación relativos a la ilegalidad de la aplicación de pagos parciales a la totalidad de capital.

"El quejoso sostiene, esencialmente, lo siguiente:

"Que la responsable condenó a los demandados al pago de una cantidad menor a la reclamada por la actora, lo cual es incorrecto, porque los treinta y tres depósitos exhibidos por los demandados no fueron realizados de manera oportuna, toda vez que debían efectuarse el día siete de cada mes o, de lo contrario, generarían intereses a razón del cuatro por ciento mensual, por lo que no podían ser aplicados directamente a capital, como lo hizo el Juez de origen.

"Que los demandados hicieron pagos parciales y, por ese motivo, no les fue reclamada la totalidad de la suma consignada en el pagaré con folio **********, sin embargo, la responsable soslayó que varios de los depósitos exhibidos por la demandada fueron aplicados a los intereses generados con motivo de los pagos extemporáneos que hizo esta última.

"Que los pagos no pueden aplicarse en su totalidad a capital, porque primero deben cubrirse los intereses, según prevé el artículo 364 del Código de Comercio, situación que perdió de vista el Juez natural, lo cual le condujo a reconocer pagos que no se han efectuado.

"Esos conceptos de violación son fundados.

"Es así, porque la parte actora en su demanda manifestó que la demandada incurrió en mora desde el ocho de septiembre de dos mil once, por lo cual, dejó de cubrir veinticinco abonos de los cuarenta y cuatro pactados, como se desprende de dicho libelo en la parte que dice:

"‘2) Hago del conocimiento de su Señoría que los demandados se han abstenido de hacer pago de las sumas reclamadas, ya que actualmente adeudan a nuestra endosante las siguientes cantidades: I. Del pagaré número de folio ********** adeudan 25 abonos mensuales sucesivos, comprendidos del 7 de septiembre de 2011, al 7 de septiembre de 2013, por la cantidad de **********, cada uno de ellos y que en suma hacen un total de **********. Por lo que el día que incurrieron en mora es el 8 de septiembre de 2011.-II. Del pagaré número de folio ********** con fecha de vencimiento el día 27 de enero de 2011, por la cantidad de **********, lo adeudan en su totalidad.-III. Del pagaré número de folio ********** con fecha de vencimiento el día 27 de enero de 2012, por la cantidad de **********, lo adeudan en su totalidad. Razón por la cual se reclama por concepto de suerte principal el pago de la suma de los documentos anteriormente citados, que asciende a la cantidad de **********.’

"En su contestación, la demandada opuso la excepción de plus petitio, en los siguientes términos:

"‘Por otra parte, es pertinente manifestar que procede oponer la excepción de plus petitio y la de falta de legitimación activa, en virtud de que los accionantes pretenden el cobro de una suma de dinero consistente en ********** más el 4% de interés, más el pago del impuesto al valor agregado, más el pago de gastos y costas del juicio y oponemos dicha excepción de legitimación activa, por razón de que en cuanto al impuesto al valor agregado, toda vez que si bien es cierto que en el documento base de la acción trae la leyenda «más los impuestos aplicables» ********** no es en modo alguno la autoridad legalmente autorizada para reclamar el pago de impuesto de ningún tipo, ya que tal función corresponde a las entidades públicas con funciones de recaudación y administración tributaria; además de lo anterior, procede la excepción de plus petitio por virtud de que estamos exhibiendo tantas y cuantas constancias de pago hechos por el finado **********, a la parte actora que comprende tres pagos del mes de diciembre del 2009 y pago de intereses moratorios, que suman la cantidad de **********; trece pagos de los meses de enero a diciembre del 2010, por diversas cantidades haciendo un total de **********; catorce pagos que comprenden los meses de febrero a diciembre del 2011, por diversas cantidades que ascienden a la cantidad de ********** y un pago del mes de enero del 2012 por la cantidad de **********, cuando el señor ********** ya había fallecido, pagos realizados por el mismo concepto que reclaman y que en total ascienden a la cantidad de **********, lo que pone en evidencia que la cantidad reclamada excede a lo que realmente se debe, además de que con las cantidades pagadas por el consumidor-adjudicatario, hacen que el proveedor está obligado a mantener vigente el contrato de seguro a que se refiere el capítulo IV del contrato de adhesión, celebrado por sistema de **********, y el señor **********, en su carácter de proveedor y consumidor-adjudicatario, respectivamente, de tal suerte que no es ni el deudor principal, ni los avales quienes han de cubrir el adeudo que se reclama, el deudor principal no, porque al haber fallecido como lo acreditamos con la partida del Registro Civil respectiva, hace que se consume el siniestro en donde el seguro que debe tener vigente el actor, haga que sean a su cargo tales reclamos y los avales tampoco, por virtud de que los supuestos pagarés nunca han nacido a la vida jurídica por las razones que ya hemos venido exponiendo.’

"Ahora bien, de los recibos exhibidos por la demandada se desprende que, algunos pagos fueron realizados en forma extemporánea, a pes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27425-70650980/titulos-de-credito-es-improcedente-la-condena-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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