SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE DECLARA PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN PROCESAL DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, QUE DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS EJERCITE EN LA VÍA Y FORMA QUE CORRESPONDAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO, FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ Y AGUSTÍN ARROYO TORRES. PONENTE: AGUSTÍN ARROYO TORRES. SECRETARIA: MARÍA LUISA GUERRERO LÓPEZ.
Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, correspondiente al día veinte de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina del Pleno del Cuarto Circuito, la Jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien, al resolver el recurso de queja **********, sostuvo que el acto reclamado, consistente en la resolución que declara fundada la excepción de incompetencia en un juicio civil, es de naturaleza declarativa, pero tiene efectos positivos, por lo que era procedente la suspensión, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al fallar la queja **********, sostuvo lo contrario, al estimar que lo fundado de la excepción de incompetencia no lleva inmersa ejecución material alguna.
SEGUNDO.-Registro del expediente. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis 1/2017 y admitió a trámite la denuncia de que se trata.
Asimismo, a fin de integrar el expediente, requirió a las presidencias de las órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos denunciados en la presente contradicción de tesis, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Seguida la tramitación del expediente, se ingresó al sistema aleatorio de cómputo designado para las funciones del Pleno de Circuito y, por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se turnó el asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, conviene tener presente, las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de veinte de febrero de dos mil diecisiete, consideró lo siguiente:
"... QUINTO.-Es fundado un argumento planteado y, por su resultado, se considera innecesario el análisis de los restantes.
"La quejosa en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de queja **********, acudió ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, a fin de reclamar de manera destacada el acto consistente en la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca **********, que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada y, como consecuencia, dejó a salvo sus derechos, ordena entregar los documentos exhibidos y declara el asunto como totalmente concluido.
"El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito se pronunció con relación a la suspensión provisional solicitada y, en ese orden, negó la medida cautelar.
"De manera toral indicó que si bien el objeto de la suspensión es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo, sin embargo, para ello es menester analizar, en primer término, la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse.
"Así, destacó la juzgadora, el acto reclamado es de carácter declarativo, por lo que no es procedente otorgar la suspensión, puesto que, de considerar lo contrario, se darían efectos restitutorios que son propios del fondo del juicio de amparo.
"Inconforme con tal declaración, la persona moral quejosa aduce en su agravio que es ilegal afirmar que se trata de un acto de esa naturaleza, toda vez que del análisis integral de su demanda se aprecia que reclama la resolución que decretó procedente la excepción de incompetencia promovida por la codemandada. Con ello, dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que corresponda ante la autoridad mercantil que resulte competente y, por consiguiente, ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido.
"Señala la parte inconforme que debe considerarse que con esa declaración se ordena la devolución de los documentos base de la acción, a fin de preparar y presentar la demanda ante el Juez competente. Por tanto, ante la negativa de la suspensión, dejaría sin materia y/o lugar para que el Juez natural siga conociendo del negocio y, entonces, el juicio de amparo quedaría sin materia.
"Insiste en que los efectos de la autoridad responsable son los de devolver los documentos base de la acción, dando el asunto como totalmente concluido y entonces la demandada estaría en todo su derecho de recoger los documentos que acompañó a su escrito de contestación y el Juez, al no tener impedimento legal, puede dictar auto que ordene su devolución y el juicio quedaría sin materia.
"Estas consecuencias -alega- no serían restitutorias. Lo que se busca es que el Juez civil se abstenga de ordenar la devolución de los documentos en acatamiento de la sentencia reclamada.
"Lo anterior es fundado.
"El numeral 128 de la ley de la materia preceptúa que la suspensión a petición de parte puede proceder en todos aquellos casos que no se encuentran previstos en el artículo 127 del propio ordenamiento. La primera de las disposiciones invocadas es del siguiente tenor literal:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"‘Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
"‘Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.’
"La suspensión a petición de parte prevista en el numeral preinserto, como su propia denominación lo indica, debe ser solicitada por el quejoso, y podrá pedirse en cualquier tiempo, siempre que no se haya dictado sentencia ejecutoria; empero, debe destacarse que la sola petición no basta para que sea concedida, pues esa medida está condicionada a una serie de presupuestos o requisitos, unos que se relacionan con la naturaleza del propio acto reclamado y otros con el impacto que tendría la suspensión en caso de otorgarse.
"Así, para que proceda ‘la suspensión provisional’ del acto reclamado, además de ser solicitada por el quejoso, es necesario que:
"I) Por su naturaleza, el acto reclamado, sea susceptible de ser suspendido; y,
"II) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Aquí cabe señalar, a manera de paréntesis, que previo al cumplimiento del requisito señalado en el inciso I), el acto reclamado debe ser o presumirse cierto. Aspecto que no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución, pero sí un presupuesto lógico, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, aunque sólo se puede verificar al momento de decidir sobre suspensión definitiva; empero, en la suspensión provisional el juzgador parte de la base de que es cierto el acto reclamado conforme al dicho del quejoso, en tanto que lo manifestado por él en la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se está realizando bajo protesta de decir verdad.
"I. Naturaleza del acto reclamado
"El artículo 107, fracción X, constitucional(1) establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria, para lo cual deberá tomarse en cuenta la ‘naturaleza de la violación alegada’.
"La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido.
"II. Que el otorgamiento de la medida cautelar no cause perjuicio al interés social, ni contravenga disposiciones de orden público
"Éste se trata de un requisito establecido en la fracción II del numeral 128 de la ley de la materia, que condiciona el otorgamiento de la medida cautelar a que no se sigan perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
"Tal exigencia es de tal importancia que en el numeral 129 del invocado ordenamiento,(2) el legislador estableció enunciativamente diversos supuestos en los que consideró que de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público; empero, al indicar el propio creador de la norma que existen otros casos, es evidente que otorgó al juzgador la libertad de ponderar en qué otros supuestos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público.
"II. 1) La apariencia del buen derecho
"Es en esa libertad que se concede al Juez de Amparo, donde adquiere relevancia la ponderación de la apariencia del buen derecho a que alude el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, establecida con la finalidad de maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social.
"En efecto, el artículo 138 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"‘I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"‘II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"‘III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’
"Así, si un acto respecto del cual se solicita la suspensión, es cierto, es susceptible de suspenderse y no se encuentra en la hipótesis a que alude el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que la concesión de la medida cautelar le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, para lo cual, no se pueden establecer reglas generales, ya que los elementos que deben tomarse en cuenta en esa ponderación (la apariencia del buen derecho y el perjuicio que se pudiera ocasionar al interés social), deben apreciarse de manera simultánea de acuerdo con cada caso concreto.
"Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/2007-PL, que aparece publicada en la página 315, Novena Época, del Tomo XXX, diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: «SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.», sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.’
"Así, la apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto.
"II. 2) El peligro en la demora
"No obstante, para que ese análisis hipotético sobre la apariencia del buen derecho sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, tal como lo dispone el artículo 139 de la Ley de Amparo, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, finalmente podrá ponderar la situación concreta del quejoso frente al perjuicio que la medida suspensiva puede ocasionar al interés social, es decir, sólo a partir de ese análisis, el juzgador podrá determinar cuáles son los daños de difícil reparación que puede sufrir el quejoso en caso de negarse la medida suspensional y, en su caso, si el perjuicio al interés social o al orden público sería mayor que esos daños, en caso de concederse la suspensión. El numeral de referencia es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
"‘Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.’
"Expuestos los presupuestos fácticos y requisitos legales necesarios para la procedencia de la suspensión provisional, es por lo que se considera equívoca la decisión adoptada por la Juez de Distrito.
"Como se puede advertir de la actuación de la juzgadora federal, al momento de resolver sobre la medida cautelar, se detuvo en el primer presupuesto lógico necesario para proveer sobre la misma: ‘naturaleza de la violación alegada’.
"La Juez de Distrito afirmó que, al tratarse de un acto declarativo, no es procedente otorgar la suspensión, porque se darían efectos restitutorios propios del juicio principal.
"Recuérdese que el acto reclamado por la quejosa es la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca **********, que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada y, como consecuencia, puso fin al juicio.
"Sobre esto, en el agravio que se analiza, manifiesta quien se inconforma que la autoridad responsable dejó a salvo sus derechos y declaró el asunto como totalmente concluido, lo que a la postre implica que el Juez de primer grado pondrá a disposición de las partes los documentos en que sustentaron sus hechos, así como las excepciones y defensas, a fin de preparar nuevamente la demanda ante el Juez competente; lo anterior, no obstante que precisamente en el juicio de amparo se dilucidará si es correcta o no la incompetencia declarada y será hasta en tanto ello suceda que el Juez natural debería actuar sobre su ejecución.
"En ese sentido, una definición clara y contundente de los actos declarativos, la encontramos en la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se precisó que son aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.
"La tesis es de contenido siguiente:
"‘ACTOS DECLARATIVOS.-Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.’ (Registro digital: 372500, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, página 606)
"No obstante lo anterior, no puede soslayarse que, aunque el acto reclamado sea de esa índole, la verdad es que tiene efectos positivos, puesto que lleva por consecuencia directa la circunstancia de que la autoridad de primer grado, recibida la sentencia de la superioridad, provea necesariamente sobre el estado que en adelante guardarán las cosas.
"Luego, si el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en atención a que es a un Juez del orden mercantil a quien corresponde conocer del asunto, dejó a salvo los derechos de la parte actora, a fin de hacerlos valer en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad que en materia mercantil resulte competente, es innegable que una consecuencia directa de tal determinación, por parte del Juez de primer grado, será poner a disposición de los contendientes los documentos en que sustentan sus hechos, así como las excepciones y defensas, no obstante que aún se va a dilucidar si es legal o no el contenido del acto reclamado.
"Esto constituye precisamente un efecto del acto reclamado, que es positivo, y en esa medida, contrario a lo resuelto por la Juez de amparo, la naturaleza de la violación alegada permite conceder la suspensión.
"Consecuentemente, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se declara fundado el presente recurso y se procede a dictar la resolución que en la especie debe imperar, para quedar como sigue:
"‘... En principio, se deja sin efecto lo resuelto por el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto de la suspensión del acto reclamado, solicitada por la parte quejosa; lo anterior, en virtud de que, al haber asumido la competencia este órgano jurisdiccional, el trámite del presente juicio de amparo es en la vía biinstancial; por tanto, corresponde a este Juzgado de Distrito pronunciarse sobre tal medida en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo.
"‘El acto consistente en la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca **********, que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada y, como consecuencia, dejó a salvo los derechos de la actora y declaró el asunto como totalmente concluido.
"‘Asentado lo precedente, de conformidad con el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a analizar si se reúnen los presupuestos fácticos y requisitos legales necesarios para la procedencia de la suspensión provisional.
"‘En primer término, la circunstancia consistente en que si es cierto o no el acto reclamado, en este momento procesal, únicamente basta con que la parte quejosa así lo manifieste bajo protesta de decir verdad, al narrar los antecedentes del acto reclamado en su demanda.
"‘Como segundo requisito, debemos atender a la naturaleza de la violación reclamada.
"‘En ese sentido, encontramos que el acto reclamado, si bien tiene una naturaleza declarativa, dado que determinó que el Juez de primera instancia es incompetente para conocer del juicio civil ante él entablado, no puede soslayarse que tiene efectos positivos, puesto que lleva por consecuencia directa la circunstancia de que la autoridad de primer grado, recibida la sentencia de la superioridad, provea necesariamente sobre el estado que en adelante guardarán las cosas.
"‘Esto es, si el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en atención a que es a un Juez del orden mercantil a quien corresponde conocer del asunto, dejó a salvo los derechos de la parte actora, a fin de hacerlos valer en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad que en materia mercantil resulte competente, es innegable que una consecuencia directa de tal determinación, por parte del Juez de primer grado, será poner a disposición de los contendientes los documentos en que sustentan sus hechos, así como las excepciones y defensas, no obstante que aún se va a dilucidar si es legal o no el contenido del acto reclamado.
"‘Seguido de lo anterior, de acuerdo con lo previsto por la fracción II del numeral 128 de la ley de la materia, el otorgamiento de la medida cautelar está condicionado a que no se sigan perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
"‘En la especie, este tribunal considera que, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 129 de la ley de la materia,(3) ni alguna otra hipótesis que -de acuerdo con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora- conlleve a considerar que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; entonces, se satisface este requisito legal.
"‘Por tanto, ha lugar a conceder la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto único de que como consecuencia de la declaración de incompetencia realizada por la autoridad responsable, no se dicte acuerdo alguno en el que se ponga a disposición de los contendientes, los documentos allegados junto a sus escritos de demanda y contestación; medida cautelar que surte efectos hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.
"‘Concedida la suspensión provisional, se da paso a fijar la garantía correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo.(4)
"‘Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
"‘En ese medida, considerando únicamente la repercusión que tendría la suspensión sobre la esfera de derechos de la parte tercero interesada, esto es, que no le sean entregados los documentos que allegó al juicio natural en defensa de sus intereses, este tribunal federal fija como caución para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, solicitada por **********, la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional).
"‘Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, la parte quejosa no otorga la garantía fijada, en términos de lo dispuesto por el numeral 136 de la Ley de Amparo.’
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"PRIMERO.-Se declara fundado el recurso de queja.
"SEGUNDO.-Queda sin efectos el acuerdo tomado en el auto de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, únicamente en la parte analizada en esta ejecutoria para quedar en la forma y términos precisados.
"Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido."
CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja **********, en sesión de veinte de febrero de dos mil diecisiete, consideró lo siguiente:
"... CUARTO.-Estudio de agravios.
"La disidente sostiene que el auto recurrido vulnera lo previsto en los artículos 125, 128, 131, 132, 138 y demás relativos de la Ley de Amparo, dado que ante la negativa de la suspensión provisional, el Juez de origen -Juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado- tendría expedita su jurisdicción para ordenar la devolución de los documentos base de la acción y, más aún, la parte demandada podría recoger los documentos que aportó al sumario; consecuencias que, a su decir, no serían restitutorias, pues si se presentase dicha circunstancia, se dejaría sin materia el amparo, siendo que lo que busca es que el Juez civil se abstenga de pronunciarse respecto al acuerdo de la incompetencia que decretó del Pleno el Tribunal Superior de Justicia del Estado y ordene la devolución de los documentos, en cumplimiento de la sentencia señalada como acto reclamado, pues la incompetencia que decretó es el fondo del asunto, por ello, a su decir, se debe conceder la suspensión solicitada, a fin de que no se pierda la materia del juicio de amparo.
"En ese contexto, la recurrente arguye que el Juez tiene la facultad de dictar medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, a fin de evitar que la medida cautelar concedida sea eficaz para la paralización del acto reclamado, lo cual implicaría un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente de manera definitiva si los actos reclamados son o no constitucionales; de ahí que, en apariencia del buen derecho, debe sopesarse si el perjuicio que pueda sufrir el interés social, es mayor al daño que pudiera sufrir el quejoso, ya que la preservación del interés social está por encima del interés particular del afectado.
"El agravio de síntesis superior es infundado.
"Se sostiene lo anterior, dado que, por razón de técnica, el estudio de la suspensión definitiva del acto reclamado, por su orden, debe analizarse en la forma siguiente:
"1. Si son ciertos o no los actos reclamados.
"2. Si la naturaleza de esos actos permite su paralización.
"3. Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 128 de la Ley de Amparo.
"4. Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía.
"Así, toda vez que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio, a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada.
"De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclama
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27456-82cac552/suspension-es-improcedente-concederla-contra-la-resolucion-definitiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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