CONTESTACIÓN DE DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO Y CONFESIÓN FICTA DEL PATRÓN EN MATERIA LABORAL. NO SON EQUIPARABLES.
AMPARO DIRECTO 879/2017. 23 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ. SECRETARIO: JORGE IGNACIO PÉREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Los conceptos de violación, en una parte, son inoperantes, en otra, infundados, y en una diversa fundados, los cuales, por cuestión de método, serán analizados en un orden distinto al propuesto y, en algunos aspectos, de manera conjunta, atendiendo a su prelación lógica y al mayor beneficio que le redunde a la parte quejosa, conforme a lo establecido en los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo.
Es dable precisar que el estudio de los motivos de disenso, previamente transcritos (sic), se realizará bajo el principio de estricto derecho, pues en el caso concreto, las quejosas no son la parte obrera en el juicio génesis, por lo que este Tribunal Colegiado de Circuito no analizará los argumentos planteados bajo el escrutinio de la suplencia de la deficiencia de la queja.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 42/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."
En principio, es dable precisar que en el tercero de los conceptos de violación se advierte que la parte quejosa hace valer violaciones procesales relativas al emplazamiento llevado a cabo en el juicio laboral de origen.
Por tal motivo, toda vez que la violación procesal reclamada consiste en el emplazamiento, por cuestión lógica, se abordará, en primer término, el estudio de los motivos de inconformidad hechos valer contra dicho llamamiento, en razón de que en caso de declararse fundados los mismos, no resultaría procedente el análisis de las violaciones de fondo, puesto que la consecuencia de asistir la razón a la parte quejosa haría que se declarara insubsistente el laudo y todo lo actuado en el contencioso de génesis, al ordenarse la reposición del procedimiento con el fin de reparar la violación adjetiva cometida.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o. J/4, que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 63, marzo de 1993, página 37, cuyo contenido expone:
"VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS.—De lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de amparo directo a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado según sea el caso civil o penal, respectivamente; segundo, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de queja según el caso, previo constatar si la violación trascendió al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas últimas porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales."
Ahora, la parte quejosa refiere que en los autos del juicio laboral de origen no existe razón actuarial relativa al emplazamiento de la fuente de trabajo demandada, por no existir el domicilio de la misma, lo cual tiene como consecuencia su inexistencia.
Agrega, que el desconocimiento del actor respecto a la existencia de la fuente laboral se evidencia con las pruebas de inspección que ofreció, ya que omitió señalar el domicilio en donde debían practicarse, lo cual conlleva que el accionante desconocía el domicilio de la fuente de trabajo.
Además, la parte inconforme señala que no es posible decretar un laudo condenatorio con motivo de que en los autos del juicio laboral no se encuentra fe actuarial en la que conste el emplazamiento a juicio de los demandados, condenando la responsable a una persona indeterminada, dado que no existe emplazamiento y domicilio cierto de la fuente de trabajo.
Los anteriores argumentos son inoperantes.
En efecto, pues de los mismos se advierte que la parte quejosa pretende hacer valer vicios en el procedimiento por falta de emplazamiento al legítimo responsable de la fuente de trabajo demandada, lo que desde luego no se encuentra legitimado para reclamar, por no causarle perjuicio alguno, ya que aun cuando fuera cierta, dicha violación únicamente podría hacerla valer esa parte demandada, en vía de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, en caso de que pretendieran se les reparara el perjuicio que les ocasiona.
Asimismo, es inoperante lo aducido por la parte inconforme, en relación con que no es posible decretar un laudo condenatorio en su contra, dado que en los autos del juicio laboral no se encuentra constancia alguna en la que conste su emplazamiento al juicio natural.
Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el juicio natural, se colige claramente que las demandadas físicas, aquí quejosas, comparecieron al procedimiento laboral el 5, cinco de noviembre de 2014, dos mil catorce (foja 11), esto es, se integraron a la litis antes del dictado del laudo (8, ocho de marzo de dos mil diecisiete), por lo que, en el caso, no pueden ser consideradas como terceras extrañas por equiparación, pues al haberse integrado a la controversia antes de que se dictara el laudo, es evidente que estuvieron en condiciones de imponerse de los autos y defender sus intereses, lo que genera que no pueda considerárseles como terceras extrañas.
Lo anterior se evidencia con la imagen que a continuación se inserta:
Ver imagen 1
Es dable precisar que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por persona extraña a juicio, para efectos del amparo, se entiende como aquella persona física o moral que no ha figurado en el juicio natural o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando igualmente, incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente; así se tiene que será persona extraña por equiparación quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque –debiendo serlo– no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley.
Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, cuyo rubro dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE."
Sin embargo, el carácter de persona extraña a juicio por equiparación se desvirtúa cuando el demandado haya comparecido al juicio (en la inteligencia de que ello puede ser no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra.
Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva de que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio".
Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica.
En ese orden de ideas, si alguien fue formalmente parte demandada en el juicio de origen, pero materialmente no se le incorporó a la relación procesal, ya sea porque no fue emplazada o porque el llamamiento a juicio practicado fue realizado en forma defectuosa (lo que le impidió conocer la existencia del procedimiento instaurado en su contra) se le debe equiparar a una persona extraña al juicio, porque éste se siguió sin darle intervención alguna, trayendo como consecuencia que no se le diera oportunidad para contestar la demanda y a que opusiera las excepciones y defensas que a su interés conviniera, así como tampoco a que hiciera valer los recursos y medios ordinarios de defensa que considerara conducentes, en defensa de sus derechos.
Sin embargo, cuando el quejoso que pretende equipararse a una persona extraña al juicio por aducir que no ha tenido conocimiento del procedimiento del juicio natural, comparece a dicho juicio y se hace sabedor de los actos reclamados y del procedimiento seguido en su contra cuando en éste no se ha dictado sentencia, esa mera circunstancia es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña, pues tal apersonamiento le permite el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que lo coloca en aptitud de hacer valer, a través de los medios ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio contencioso.
Lo antes expuesto es así porque, aun cuando un quejoso se ostentare como tercero extraño típico o tercero extraño por equiparación, serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio.
Por tanto, al no tener las disidentes el carácter de terceras extrañas por equiparación, genera que sus inconformidades relacionadas con el emplazamiento que le fue practicado en la controversia de génesis resulten inoperantes, puesto que, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo,(1) debió agotar el medio ordinario de defensa, que en el caso es el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo,(2) a fin de combatir el emplazamiento que se controvierte; lo cual no fue realizado por las peticionarias del amparo, por lo que, al no haber preparado la violación procesal, existe un impedimento técnico para el análisis de los motivos de disenso encaminados a combatir el llamamiento a juicio, por lo que los mismos deben declararse inoperantes.
Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 259, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.—Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo, debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo."
Una vez que se ha desestimado lo relativo a la violación procesal, este órgano colegiado procede a analizar los restantes motivos de disenso.
En el cuarto concepto de violación, la parte quejosa refiere que era responsabilidad de la Junta laboral aplicar la caducidad de la instancia en términos de los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, dado que el tercero interesado no realizó acto tendente para la continuación del procedimiento.
Lo anterior es infundado.
El artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente:
"Artículo 773. La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento.
"Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución."
Del precepto transcrito, en lo que interesa, se advierte que será a petición de parte, que la Junta tenga por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses.
En ese sentido, contrario a lo estimado por la parte inconforme, la responsable, de manera alguna, se encontraba obligada, de oficio, a analizar la figura de la caducidad de la instancia, pues la obligación de hacerla valer era, en todo caso, de la parte demandada, aquí quejosa, lo cual, como se advierte de los autos que integran el juicio laboral, no aconteció.
Ahora, en el primero, segundo y tercer conceptos de violación, la parte quejosa refiere, esencialmente, que la Junta laboral violó en su perjuicio los derechos y principios básicos del derecho laboral. Además, que fijó incorrectamente la litis en detrimento al principio de congruencia y exhaustividad, y que el laudo reclamado carece de fundamentación y motivación.
Asimismo, manifiesta que la responsable resolvió la controversia laboral únicamente con la confesión ficta a cargo de la demandada, lo cual estima incorrecto, pues considera que debió tomar en cuenta la instrumental de actuaciones, ya que con las constancias que integran el juicio natural se debió analizar la existencia de una relación laboral entre las partes y no determinar sólo con una presunción de la misma, dado que no existe prueba que acredite la subordinación con la parte demandada.
Lo anterior es fundado.
Es dable recordar, que ********** demandó de ********** y **********, ambas de apellidos **********, del **********, así como en contra de quien acreditara ser legítimo responsable de la fuente de trabajo ubicada en calle **********, número **********, colonia **********, San Luis Potosí, la reinstalación en su empleo, su accesoria salarios caídos, y diversas prestaciones de índole económico laboral, como consecuencia del despido injustificado del que dijo haber sido objeto.
Radicada la demanda de mérito y emplazados los demandados, el 26, veintiséis, de octubre de 2016, dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en la que el actor ratificó su escrito inicial de demandada, y se dio cuenta de la inasistencia de las demandadas ********** y **********, ambas de apellidos **********, no obstante de estar notificadas, por lo que se les tuvo por inconformes con todo arreglo conciliatorio y contestando en sentido afirmativo la demanda entablada en su contra. (foja 27 del expediente laboral)
En audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de 24, veinticuatro, de noviembre de 2016, dos mil dieciséis, dada la inasistencia de las citadas demandadas físicas, se les tuvo por perdido su derecho de ofrecer medios de convicción. Por su parte, el actor ofreció las pruebas de su intención, la Junta laboral las calificó y sólo admitió la confesional tácita, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, tal y como se advierte de la imagen que se inserta a continuación:
Ver imagen 2
Con base en lo anterior, la Junta responsable determinó lo siguiente:
"En fecha 26 de octubre el (sic) 2016, en que tuvo lugar la celebración de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a la cual se certificó la asistencia de la parte actora como única compareciente, lo que trascendió en cuanto a los diversos demandados al omitir comparecer no obstante de estar emplazados como se aprecia de las constancias que obran agregadas a los autos, se advierte que ante la falta del interés se procedió a hacerles efectivos los apercibimientos contemplados en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, el cual en su contenido expresa: ‘(se transcribe).’.—Una vez pronunciado el acuerdo de cierre de la etapa de demanda y excepciones, se fijó fecha y hora para la última de las etapas de ofrecimiento y admisión de pruebas, con los apercibimientos para las partes en caso de inasistencia.—El (sic) fecha 24 de noviembre de 2016, en que tuvo lugar el desahogo de ofrecimiento y admisión de pruebas (sic), en la cual sólo se hizo presente la parte actora, quien a través de su apoderado legal presentó las pruebas de su intensión (sic), y en cuanto a los inasistentes demandados o persona alguna que legalmente los representara, no obstante de estar notificados en los términos del artículo 739 de la ley de la materia, se le tuvo por perdido el derecho de ofrecer prueba, y con ello se determina la acreditación de los hechos que le atribuye la parte actora iniciando con el reconocimiento expreso de la existencia de la relación laboral a partir de la fecha que ambos trabajadores sostiene (sic) en su demanda 23 de mayo de 1995, lo anterior de conformidad con lo señalado por los artículos 8o., 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, hasta el día 12 de julio de 2014 en que sostiene que aproximadamente a las 7:00 horas fue ilegalmente despedido por conducto de la demandada física la C. **********, dentro de la fuente de trabajo demandada, por lo cual, al no mediar prueba en contrario que se contraponga a los mencionados hechos, luego entonces le asiste al actor ante la procedencia de su acción principal considerada legítima, para que se le reinstale en su trabajo bajo las condiciones laborales en que se venía desempeñando, siendo las siguientes: *Categoría: jornalero *Salario: $********** por día; *Horario: con jornada legal diurna iniciando a las 7:00 horas con una duración máxima de ocho horas con media hora por lo menos para el consumo de alimentos y descanso. (artículos 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo).—Así como el reconocimiento del derecho al pago de los salarios caídos..."
Determinación que se estima incorrecta.
En efecto, porque si bien es cierto que en el sumario de origen se debió de tener a ********** y **********, ambas de apellidos **********, contestando la demanda en sentido afirmativo, también lo es que esa sola circunstancia no implica necesariamente un laudo condenatorio en su contra, toda vez que, como lo sostiene la parte promovente, el actor no satisfizo la carga de acreditar la procedencia de su acción de reinstalación, ya que, en primer orden, no probó la existencia de la relación laboral con las demandadas, dado que no obra prueba alguna en autos del juicio laboral que acredite tal aspecto.
Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en audiencia de 24, veinticuatro, de noviembre de 2016, dos mil dieciséis, el actor ofreció las pruebas de su intención, también lo es que la responsable únicamente le admitió la confesional tácita, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones; sin embargo, tales probanzas no le aportan beneficio al oferente, en razón de que no existe pieza en los autos que le genere presunción a su favor de la existencia de la relación laboral, pues el resto de sus pruebas fueron desechadas por la responsable; sin que se advierta impugnación alguna al respecto por la parte actora en un juicio de amparo adherente al principal en que se actúa.
La extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la sola circunstancia de que el demandado no conteste la demanda en el periodo de arbitraje y que tampoco ofrezca prueba alguna al celebrarse la audiencia respectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sólo ocasiona que esta autoridad tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas; pero no es obstáculo para que dicha autoridad, tomando en cuenta lo actuado en el expediente laboral, absuelva al demandado de la reclamación, si el demandante no demuestra la procedencia de su acción.
Criterio el anterior, que se encuentra inmerso en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA. NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.—La circunstancia de que el demandado no conteste la demanda en el periodo de arbitraje y que tampoco ofrezca prueba alguna al celebrarse la audiencia respectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sólo ocasiona que esta autoridad le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas; pero no es obstáculo para que dicha Junta, tomando en cuenta lo actuado en el expediente laboral, absuelva al demandado de la reclamación, si el demandante no demuestra la procedencia de su acción.". Época: Séptima Época, Registro digital: 242660, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Quinta Parte, enero a diciembre de 1986, materia(s): laboral, página 85.
En ese sentido, con independencia de la presunción derivada de la falta de contestación, el actor tiene la carga de aportar al proceso pruebas idóneas, a fin de demostrar la presencia del vínculo de trabajo que unió a las partes; ello, mediante cualquiera de los medios de convicción previstos en la ley de la materia.
Lo anterior es así, toda vez que de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 21 y 832 de la Ley Federal del Trabajo,(3) bastará que el trabajador acredite la prestación de un servicio personal subordinado a favor del demandado, para que pueda operar a su favor la presunción de la existencia del contrato y de la relación de trabajo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
"SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.—La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.". Época: Séptima Época, Registro digital: 242745, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 187-192, Quinta Parte, julio a diciembre de 1984, materia(s): laboral, página 85.
En ese orden, como se precisó y considera la parte inconforme, el actor no acreditó los elementos de procedencia de su acción; dado que la presunción derivada de la contestación de demanda en sentido afirmativo, no se adminiculó con diverso medio de convicción o pieza de autos, ya que las pruebas confesional tácita, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones no le aportaron ningún beneficio al efecto, pues en el expediente laboral no existe una constancia que demuestre dicho vínculo.
De manera que, independientemente de la contestación de demanda en sentido afirmativo, se concluye que el actor no acreditó los elementos de su acción, al no aportar pruebas idóneas que acrediten la existencia de la relación laboral.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.—Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si encuentran que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas.". Época: Séptima Época, Registro digital: 242926, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, julio a diciembre de 1981, materia(s): laboral, página 86.
Es dable señalar, que de las constancias del juicio natural no se desprende que las demandadas ********** y **********, ambas de apellidos **********, confesaran expresa y espontáneamente los hechos contenidos en la demanda pues, por el contrario, evadieron controvertirlos en los términos anteriormente expuestos.
En efecto, en virtud de que el numeral 794 de la Ley Federal del Trabajo establece que se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio, respecto de un hecho litigioso y, por éstas, desde un punto de vista objetivo, deben entenderse todas las constancias judiciales escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial; asimismo, dicha confesión sólo produce efectos en lo que perjudica a quien la hace, pero no en lo que le favorece.
Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"CONFESIÓN, SÓLO PRUEBA EN LO QUE PERJUDICA A QUIEN LA HACE.—La circunstancia alegada por unos trabajadores de que al confesar que renunciaron a su trabajo, agregaron que fueran coaccionados para ello, por lo que la responsable debió haber analizado la confesión en este aspecto, carece de eficacia, porque la confesión sólo prueba en lo que perjudica a quien la hace, mas no en lo que le favorece.". Época: Sexta Época, Registro d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27897-4ea41dff/contestacion-de-demanda-en-sentido-afirmativo-y-confesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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