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Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRABAJADOR NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO DIRECTO, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA, PERO DICHA OBLIGACIÓN SUBSISTE PARA EL PATRÓN (INAPLICABILIDAD PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 65/2002).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 855/2015. · Registro digital (IUS): 26408
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-07-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Pág. 1959.

AMPARO DIRECTO 855/2015. 12 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Cabe destacar que quien acude al juicio de amparo es ********** en su carácter de patrón, motivo por el cual los conceptos de violación hechos valer deben ser analizados bajo el principio de estricto derecho pues, en el caso, no se da alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor, porque:

A) En materia laboral, únicamente procede en beneficio de la clase obrera. (fracción V)

B) No se advierte que el acto reclamado se encuentre fundado en una ley declarada inconstitucional. (fracción I)

C) Tampoco se observa que la parte quejosa se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que la ubique en desventaja social para la defensa en el juicio. (fracción VII)

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 359», registro digital: 2010624, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Establecido lo anterior, se tiene que los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo que se atiende, analizados en un orden distinto al propuesto en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, son ineficaces.

En el segundo motivo de disenso la patronal quejosa aduce, en lo medular, lo siguiente:

* Que la Junta responsable: "...no respeta la garantía de audiencia ni de legalidad de mi mandante, al haber convalidado un emplazamiento irregular que se le practicara en juicio, tal y como se desprende de la diligencia de data 12 -doce- de agosto del año 2013 -dos mil trece-.

* Por ende, señala que: "...me duelo a nombre de mi mandante de que se pretenda ejecutar un laudo laboral que deriva de un juicio en donde la ********** fue declarada confesa de las posiciones que fueron calificadas de legales y la Junta al resolver el presente controvertido señala que dicha prueba ‘beneficia plenamente los intereses del oferente’..."

* Que, de lo anterior, resulta claro que: "...con las pruebas aportadas por la parte actora no eran suficientes para condenar a mi mandante las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda, puesto que de acuerdo a los criterios establecidos por nuestros máximos tribunales donde señalan que aun y cuando no se niegue la relación laboral si de las pruebas ofrecidas por el actor no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo, y lugar donde puedo (sic) haber existido el despido, como en el que (sic) caso que ahora nos ocupa, lo lógico es absolver al demandado del pago de lo reclamado..."

Los motivos de disenso reseñados con antelación son inoperantes.

Lo anterior se determina de esa manera dado que de dichos argumentos de discrepancia se advierte que la parte quejosa se duele, en principio, del hecho de que la Junta responsable convalidó un emplazamiento irregular; sin embargo, lo inoperante de tal argumento deriva de que la patronal demandada, quien sí compareció a juicio (tal como se constata de la audiencia trifásica celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil trece, visible a fojas 51 y 52 del sumario natural), estuvo en oportunidad de promover incidente de nulidad de notificaciones para intentar contrarrestar cualquier emplazamiento o notificación irregular; empero, no actuó en consecuencia, motivo por el cual este órgano colegiado se encuentra impedido para abordar su estudio oficioso, al no encontrarse la impetrante dentro de los casos de excepción que para tal efecto prevé el artículo 171 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone:

"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.

"Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 259, de rubro y texto siguientes:

"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.-Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo."

Así como la tesis VII.2o.T.39 L (10a.), emitida por este propio tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, página 2518», de título, subtítulo y texto siguientes:

" El incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular notificaciones irregulares, con efectos similares a la revocación, como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 259, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.’; sin embargo, conforme al artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando el trabajador promueva amparo directo contra el laudo o resolución que ponga fin al juicio y plantee violaciones a las reglas esenciales del procedimiento, no es exigible que agote los medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; lo cual significa que la citada jurisprudencia sea inaplicable en esos casos, pues de acuerdo al nuevo marco normativo de la materia, tratándose del trabajador ya no resulta obligatoria, en términos del artículo sexto transitorio de la legislación de amparo; en cambio, para el patrón dicho criterio continúa siendo aplicable, ya que en el referido artículo 171 no se alude al ‘patrón’ como entidad específica relevada de impugnar durante el procedimiento las infracciones cometidas en su perjuicio, como sí lo hace literalmente con los ‘trabajadores’."

La misma suerte de inoperancia debe seguir el concepto de violación formulado por la parte quejosa en el que expone que se pretende: "...ejecutar un laudo laboral que deriva de un juicio en donde la ********** fue declarada confesa de las posiciones que fueron calificadas de legales y la Junta, al resolver el presente controvertido, señala que dicha prueba ‘beneficia plenamente los intereses del oferente’; por lo que resulta claro que: ‘...con las pruebas aportadas por la parte actora no eran suficientes para condenar a mi mandante las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda, puesto que de acuerdo a los criterios establecidos por nuestros máximos tribunales donde señalan que aun y cuando no se niegue la relación laboral si de las pruebas ofrecidas por el actor no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo, y lugar donde puedo (sic) haber existido el despido, como en el que (sic) caso que ahora nos ocupa, lo lógico es absolver al demandado del pago de lo reclamado..."

Ello, puesto que basta dar lectura al laudo que ahora se pone en entredicho para arribar a la conclusión de que la Junta responsable tomó en cuenta diversas pruebas que obran en autos, entre otras, la confesional a cargo de la persona física **********, facultada para absolver posiciones en representación de ********** -quien reconoció de manera expresa la relación laboral con el actor-; confesional ficta a cargo de **********; y, documental privada de relación de trabajo, donde se hizo constar su inicio, el salario y que fue firmada por quien se ostentó como gerente general de la empresa.

No obstante lo antes destacado, en los motivos de disenso en estudio la patronal quejosa no ataca de manera frontal y directa las consideraciones que la autoridad tomó en cuenta para decretar condena en su contra; motivo por el cual, es inconcuso que esos argumentos resultan dogmáticos, por lo que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para abordar su estudio oficioso pues, se itera, no procede la suplencia de la queja en su favor.

Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Finalmente, en el primer concepto de violación (marcado como único, sin embargo, existe un consecutivo segundo, por lo que se tiene como primero para los efectos conducentes), la parte quejosa expone que la Junta responsable: "...al resolver en definitiva el presente asunto que nos ocupa, se observa que el mismo es incongruente con las constancias procesales, ya que condena a mi mandante a pagar por concepto de ‘salarios caídos desde la fecha del despido (15 de agosto del año 2012) hasta esta fecha inclusive (13 de abril de 2015), 970 días, más los que se sigan generando hasta que se dé su cumplimiento a la presente resolución, la cantidad de **********..."

Situación de previa reseña que, expone, la deja en estado de indefensión en razón de que: "...al condenársele al pago excesivo de una prestación, puesto que autos (sic) consta que el dicho del actor no se encuentra robustecido con ningún medio de prueba que acredite su dicho (sic)..."; ya que: "...la autoridad señalada como responsable dicta un laudo en el que condena a mi mandante al pago de una cantidad determinada únicamente en el desahogo de la prueba confesional a cargo de la apoderada legal de la demandada, así como de la ********** al declarársele confesa de las prestaciones formuladas por el actor y que fueron calificadas todas de legales..."; por lo que, a su decir: "...resultan insuficientes las pruebas aportadas por el actor, para que al resolverse en definitiva el presente controvertido, la H. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje condenaran a mi mandante al pago de la cantidad de **********, en razón del supuesto salario diario que dice percibía el actor de mi mandante..."

Los conceptos de violación de previa enunciación también se tornan inoperantes por insuficientes, precisamente, porque no se encuentran dirigidos a controvertir los razonamientos que la Junta del conocimiento adoptó en el laudo que ahora se pone en entredicho para fincar condena por concepto de salarios caídos, como consecuencia del acreditamiento del despido injustificado que adujo el trabajador fue objeto por parte de la patronal, por ende, la procedencia de la prestación principal de reinstalación reclamada por el trabajador en el sumario laboral que se examina.

En efecto, cabe resaltar que el actor, aquí tercero interesado, narró en su escrito inicial de demanda que ingresó a prestar sus servicios para la patronal-quejosa el diecisiete de mayo de dos mil once, con la categoría de "**********", con un salario diario de **********; empero, que el quince de agosto de dos mil doce, fue despedido de forma injustificada por la gerente de la empresa demandada. (fojas 3 y 4 del expediente natural)

En el momento de dar contestación a la demanda promovida en su contra, ********** negó de manera lisa y llana haber tenido relación de trabajo con el actor del juicio laboral; por ende, bajo el mismo argumento, negó por falsos todos y cada uno de los hechos reseñados en el escrito de la demanda laboral. (fojas 43 a 46, ídem)

Así, al dictar el laudo que aquí se pone en entredicho, la Junta responsable determinó lo siguiente:

a) Expresó que, dada la negativa lisa y llana de la relación laboral formulada por el patrón, correspondía al actor la carga de la prueba para demostrarla.

b) Enseguida, procedió a analizar el material probatorio aportado en autos por el trabajador, en especial la confesional a cargo de la persona física **********, facultada para absolver posiciones en representación de ********** -quien reconoció de manera expresa la relación laboral con el actor-; confesional ficta a cargo de **********; y, documental privada de relación de trabajo, donde se hizo constar su inicio, el salario y que fue firmada por quien se ostentó como gerente general de la empresa.

c) Con tales medios de convicción, arribó a la conclusión de que el actor demostró el vínculo laboral con la patronal demandada, así como los presupuestos inmersos en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, como lo son: el pago de un salario, subordinación y prestación de un servicio; en consecuencia, el despido injustificado denunciado en el escrito inicial de demanda, con la consecuente orden de condenarla a reinstalarlo en su fuente de empleo, con el pago de salarios caídos desde el quince de agosto de dos mil doce (fecha del despido alegado), hasta la fecha de emisión del laudo (trece de abril de dos mil quince), así como los que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento al referido laudo, tomando en cuenta el salario de ********** que, dicho sea de paso, es el que señaló el trabajador en su escrito inicial de demanda laboral.

Conforme a lo antes reseñado, es inconcuso que los motivos de divergencia en estudio se tornan inoperantes, en la medida en que la patronal quejosa pierde de vista que, al desvirtuarse la negativa lisa y llana de la relación laboral que adujo en el momento de dar contestación a la demanda promovida en su contra, ello condujo a que no controvirtiera ningún hecho narrado por el trabajador, en especial, el salario que sirvió de base para que la Junta decretara condena, entre otros, por concepto de salarios caídos.

No es obstáculo a lo antes expuesto, la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 39/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1363», de título y subtítulo: "SALARIO. LA JUNTA PUEDE HACER UN JUICIO DE VEROSIMILITUD SOBRE SU MONTO AL CONSIDERARLO EXCESIVO, CUANDO SE HAYA TENIDO POR CIERTO EL HECHO RELATIVO, ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PATRÓN.", que expone que las autoridades jurisdiccionales laborales están facultadas para realizar el juicio de verosimilitud cuando el salario indicado por el trabajador en su demanda, de acuerdo con la categoría que ocupaba, resulte excesivo, no obstante que se haya tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo.

Sin embargo, en el caso a estudio, cabe decir que la patronal quejosa no expone ningún concepto de violación sobre la inverosimilitud del salario que narró el trabajador en su demanda laboral y la falta de estudio de ese aspecto por la Junta del conocimiento en el momento de dictar el laudo que aquí se pone en entredicho; además, obra en autos un documento no desvirtuado ofrecido por el trabajador, visible a foja cuarenta y dos de autos, que revela que su salario diario, en efecto, era de **********.

En ese tenor, este órgano colegiado arriba a la conclusión de que los conceptos de violación en estudio se tornan inoperantes por insuficientes, dado que no logran contrarrestar de manera directa y frontal las consideraciones contenidas en el laudo para fincar condena en su contra, en especial, por el tema combatido de salarios caídos; luego, se itera, al no operar en su favor la figura jurídica de suplencia de la queja, dichos razonamientos deben quedar incólumes ante su falta de ataque.

Sirve de apoyo a lo antes determinado, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, materia común, página 1138, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.-Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada."

No se soslaya que en la demanda de amparo, el impetrante de tutela federal principal invocó diversos criterios con el ánimo de obtener la protección constitucional; sin embargo, debe decirse que respecto de los criterios aislados no vinculan a este órgano jurisdiccional; asimismo, relativo a las jurisprudencias invocadas no se hace mayor pronunciamiento al respecto, dado que las consideraciones que plasmó vía conceptos de violación fueron desestimadas, por lo que este tribunal se encuentra impedido para analizarlas.

Apoya a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que se comparte, en la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), publicada en la página 3552, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA.-Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo."

En las relacionadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación de previo examen, procede negar la protección constitucional peticionada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó de la autoridad precisados en el resultando primero, por los motivos apuntados en el último considerando de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, gírese oficio y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Sebastián Martínez García, Jorge Toss Capistrán y Juan Carlos Moreno Correa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transpare

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26408-ac97b7d2/nulidad-de-notificaciones-en-el-juicio-laboral-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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