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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO SEAN "APARENTEMENTE FAVORABLES" AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1186/2013. · Registro digital (IUS): 25516
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-03-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III , Pág. 2136.

AMPARO DIRECTO 1186/2013. 5 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. SECRETARIA: MIGUELINA JOAQUÍN AMAR.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Cabe destacar que este Tribunal Colegiado examina la procedencia del presente juicio de amparo, al constituir una cuestión de orden público y oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente.

De conformidad con los artículos 5o., fracción I, párrafo primero y 6o. de la ley de la materia vigente, el juicio de amparo directo procede contra una sentencia o resolución definitiva que afecte el interés jurídico del quejoso, esto es, si le es desfavorable.

En ese contexto debe examinarse si la sentencia reclamada afecta o no el interés jurídico del quejoso y, por tanto, si está legitimado para ejercer la acción de amparo.

El artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, establece:

"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

"...

"II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.

"En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo."

Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas.

Ahora bien, según se aprecia de las constancias que obran en el juicio contencioso administrativo, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el quejoso solicitó la nulidad de "... la resolución contenida en la boleta de infracción folio **********, emitida por la Policía Federal el quince de junio de dos mil trece, por la que se me impone una sanción por ********** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal ..."

En la sentencia reclamada, la declaratoria de nulidad de la resolución controvertida obedeció a un vicio formal, es decir, a una indebida motivación en la resolución impugnada por ser "... omisa en señalar los artículos en los cuales sustente su actuación, esto es, la resolución a debate carece de la debida fundamentación y motivación ... la enjuiciada en ningún momento establece los fundamentos utilizados para la imposición de la multa, así como tampoco señala los motivos y razonamientos utilizados para la determinación del monto de la misma, dado que no se advierte que haya tomado en cuenta la reincidencia del actor, la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del accionante, lo cual genera una indebida fundamentación y motivación en la multa a debate ..."

Sin embargo, en su concepto de violación, el quejoso afirma que deviene ilegal la sentencia reclamada, toda vez que la Sala responsable no debió declarar la nulidad de la resolución impugnada "... para el efecto de que dentro de los 4 meses contados a partir de que la presente sentencia quede firme, en términos del artículo 52, fracción V, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada emita una nueva resolución en la cual funde y motive debidamente la determinación del monto de la multa a debate ...", sino que debió ordenar una nulidad sin plasmarle efectos a la misma, toda vez que se trata de una resolución impugnada que se origina con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que no se puede obligar a la autoridad a dictar una nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en su libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar.

Por tanto, no es aplicable el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece lo relativo a la procedencia del juicio de amparo directo contra las sentencias que sean favorables al quejoso, dado que, en el caso, la sentencia reclamada resultó aparentemente favorable a sus intereses, sino la fracción I del numeral en cita, conforme a la cual, el juicio de amparo directo procede "contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo."

Sirve de apoyo a la consideración anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 990, de rubro y texto siguientes:

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO SEAN ‘APARENTEMENTE FAVORABLES’ AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean ‘favorables’ al quejoso, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación contra las normas generales aplicadas. Por tanto, si en la sentencia impugnada la Sala responsable declaró la nulidad del acto reclamado para determinados efectos, con lo cual limitó el alcance de ésta, derivado de la omisión de pronunciarse sobre la pretensión deducida de la demanda, el sentido del fallo es ‘aparentemente favorable’ al quejoso, por lo que no es aplicable al caso la fracción II del referido precepto, sino la I, en donde se establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales administrativos, por la violación cometida en éstas que trascienda al resultado del fallo."

NOVENO. El quejoso, en sus conceptos de violación, afirma que la resolución reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

1. La Sala responsable omitió brindarle mayores beneficios a la sentencia definitiva, pues si bien estimó que la resolución impugnada contenida en la boleta de infracción folio **********, emitida por la Policía Federal el quince de junio de dos mil trece, resultaba infundada, no imprimió mayores beneficios y dictó una nulidad para efectos a pesar de que los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada por lo que debió ser una nulidad lisa y llana.

La Sala responsable incorrectamente le imprime efectos a la nulidad, porque el acto impugnado es una multa que se origina con motivo del ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad y, por tanto, no se puede obligar a la autoridad a emitir otra resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o abstenerse, por lo que la nulidad debe ser lisa y llana.

La Sala responsable reconoce, por una parte, los vicios formales, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación, e indebidamente reconoce la validez del proveído sancionado y, por otra, supone la anulación de éste sólo en cuanto a la cuantificación de la multa, por lo que la autoridad puede imponer una nueva sanción; en ese sentido, si además existen agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto con base en el principio de mayor beneficio, debe resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada.

2. La sentencia reclamada se aparta de los presupuestos procesales, porque omite el estudio de los conceptos de impugnación planteados contra la resolución contenida en la boleta de infracción folio **********, emitida por la Policía Federal el quince de junio de dos mil trece, porque si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad no entre al estudio de fondo cuando se concedió la nulidad lisa y llana, también lo es que tal criterio presupone el análisis de todos los actos.

3. La Sala responsable, al dictar la resolución reclamada, omitió el estudio de las probanzas en relación con los conceptos de nulidad con los cuales se acredita la nulidad lisa y llana, porque la boleta de infracción folio **********, fue emitida sin fundar la competencia territorial, pues la sustenta en el artículo tercero, fracción XI, apartado A, seguridad preventiva, I inciso, del Acuerdo 001/2010 del secretario de Seguridad Pública, el cual fue abrogado por el Acuerdo 001/2011, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las coordinaciones estatales de la Policía Federal, y también se desprende la falta de fundamentación, pues no se establecieron los preceptos legales que facultaran en la vialidad del aeropuerto al policía para imponer la sanción; funda su competencia en un acuerdo abrogado, pues no establece las disposiciones de la ley, sino sólo del reglamento que fueron incumplidas; no establece el número, tipo, vigencia y entidad federativa de expedición de licencia o permiso para conducir, no funda ni motiva la sanción pecuniaria, no existe congruencia entre el supuesto normativo aplicable y la boleta de infracción no refiere la cuota diaria y no motiva cómo es que supuestamente prestaba el servicio público de transporte de pasajeros federal; por tanto, la resolución reclamada se encuentra indebidamente fundada y motivada.

4. La Sala responsable no resolvió sobre los conceptos de anulación referidos en el juicio contencioso administrativo, lo que lo deja en estado de indefensión, porque las causas de improcedencia deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones; por tanto, la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, debe allegarse de las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del asunto.

5. La Sala responsable transgrede los principios de exhaustividad y congruencia, dado que omitió fijar con claridad y precisión los actos reclamados, la litis y, en consecuencia, no se valoraron adecuadamente los actos y las pruebas, decretando la nulidad pero con efectos limitados sin fundar legalmente el motivo de por qué no se otorgó la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en la boleta de infracción **********, emitida por la Policía Federal el quince de junio de dos mil trece.

6. La Sala responsable, al dictar la resolución reclamada, omitió analizar las pruebas que se ofrecieron, puesto que dichos documentos debieron valorarse para efecto de la determinación de la nulidad lisa y llana, pues la nulidad otorgada le concede a la autoridad una nueva oportunidad para mejorar su acto, porque, en el caso, al tratarse de una multa que se origina con motivo del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad, debe ser lisa y llana.

Las pruebas omitidas son las siguientes:

a) Documental pública consistente en la resolución contenida en la boleta de infracción folio **********, emitida por la Policía Federal el quince de junio de dos mil trece.

b) Documental pública consistente en el pago de la sanción por el importe de $********** (********** pesos 00/100 M.N.).

c) Documental pública consistente en la tarjeta del vehículo Nissan Tsuru I/II GS1, modelo 2012 del servicio público, clave vehicular 0040239, motor GA16840395Y, número de identificación vehicular **********, placas de taxi **********.

d) Documental pública consistente en la factura del vehículo.

e) Documental pública consistente en el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.

f) Instrumental de actuaciones.

g) Presuncional legal y humana.

7. La Sala responsable, al dictar la resolución reclamada, viola el artículo 16 constitucional, pues omite fundar y motivar adecuadamente su resolución y omite valorar los conceptos de nulidad, ya que debió establecer los supuestos o numerales aplicables específicamente al caso, y analizar con ello la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir su resolución.

El concepto de violación planteado en el punto 1, en el que el quejoso argumenta que la Sala responsable incorrectamente le imprime efectos a la nulidad porque el acto impugnado es una multa que se origina con motivo del ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad y, por tanto, no se le puede obligar a la autoridad a emitir otra resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse, resulta esencialmente fundado y, para demostrarlo, es necesario transcribir los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que textualmente señalan:

"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

"III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

"Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

"a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

"b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

"c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

"d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

"e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

"f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

"El tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

"Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.

"Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo."

"Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:

"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

"IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

"En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

"Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

"V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

"a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.

"b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.

"c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

"d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.

"Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

"Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.

"Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto.

"Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

"En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

"La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta ley."

De la transcripción anterior, en la parte que interesa, se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe declarar la nulidad de los actos administrativos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

a) Que provengan de una autoridad incompetente;

b) Que no cumplan con los requisitos formales exigidos por las leyes, afectando las defensas del gobernado;

c) Que en el procedimiento del que derivaron se actualicen vicios que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución;

d) Si los hechos que los motivan no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se emitan en contravención de las disposiciones aplicadas o dejan de aplicar las debidas; y,

e) Que la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

En el numeral 52 del citado ordenamiento legal se establecen los efectos de las sentencias emitidas en los juicios contenciosos administrativos, previendo que puede reconocerse la validez de la resolución impugnada, declarar su nulidad absoluta o para efectos, o bien, la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación. La fracción III del mismo numeral establece que al declarar la nulidad para determinados efectos, debe precisarse con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

Respecto del tema que se analiza, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 366, cuyo contenido es el siguiente:

"MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. Tratándose de multas fiscales impuestas por las autoridades administrativas al descubrir la infracción de disposiciones fiscales con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, declaradas ilegales por la Sala Fiscal por no reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la fracción II del artículo 238 del propio ordenamiento, la nulidad que debe decretarse al efecto debe atender a la génesis de la resolución impugnada y, en su caso, declarar la prevista en la fracción III, y párrafo final, del artículo 239 del mismo ordenamiento, toda vez que el acto administrativo sancionador que incumple con las exigencias formales aludidas es la culminación de facultades discrecionales ejercidas por las autoridades fiscales, de manera que en esta clase de asuntos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede obligar a las autoridades a que dicten una nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley les otorga para decidir si deben obrar o abstenerse, pues además de que no es dable a dicho Tribunal sustituir a las demandadas en la apreciación de las circunstancias y en la oportunidad para actuar que les otorgan las leyes, ello podría perjudicar al administrado en vez de beneficiarlo; pero tampoco puede válidamente impedirse que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. De ahí que cuando el acto discrecional sólo es censurado por falta de fundamentación y motivación no se viola, en perjuicio del particular, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se declara nulo el acto impugnado en términos del artículo 239, fracción III, y último párrafo, del Código Tributario Federal, ya que la norma resuelve el problema en su justa dimensión, en virtud de que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal indicado protege plenamente al particular del acto concreto, sobre todo si se tiene en cuenta que merced al vicio formal detectado, cuando se dicta la sentencia de nulidad en términos de la fracción II del mencionado artículo 238, no queda dirimido el problema de fondo de la multa impuesta, pues aún no se ha determinado si se realizó o no la conducta infractora del contribuyente, ni se conoce si va a existir una nueva resolución en perjuicio del revisado o visitado."

Del criterio transcrito se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que, para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional.

Es importante precisar que dicha tesis resulta aplicable al caso, por analogía, toda vez que los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación a que se refiere, fueron derogados el uno de diciembre de dos mil cinco, pero su contenido fue reproducido por los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente.

Asimismo, dicha tesis también resulta aplicable, porque aunque en el caso no estamos en presencia de una multa fiscal, sí se trata de una resolución que nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, pues deriva de la boleta de infracción folio **********, en la que se impone una sanción por ********** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, emitida con motivo de una inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Es necesario señalar que, en el caso, no resulta aplicable la jurisprudencia VII.2o.A.T. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO IMPUESTO SÓLO GENERA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SI SE RECONOCIÓ LA VALIDEZ DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA SANCIONADA.", citada por la Sala responsable, toda vez que no es obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y, por el contrario, la jurisprudencia 2a./J. 149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.", sí es obligatoria tanto para la Sala responsable como para este órgano colegiado y, por tanto, dicho criterio debe prevalecer.

Una vez señalado lo anterior, cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado.

Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, caso en que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad estaría obligando a la autoridad a actuar cuando podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla.

De lo expuesto se concluye que, aun cuando se considere que una resolución que se origina con motivo del ejercicio de una facultad discrecional omitió observar requisitos formales en términos de la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el tribunal no debe decretar una nulidad para efectos, pues no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte una nueva resolución.

Por su parte, los artículos 5o., fracción IV, 70 Bis y 74 Bis de la Ley de Cam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25516-610cc934/amparo-directo-procede-en-terminos-del-articulo-170 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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