AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR EX OFFICIO, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE -POR LA RAZÓN QUE SEA- EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO.
AMPARO DIRECTO 487/2014 (CUADERNO AUXILIAR 914/2014) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: ROBERTO VALENZUELA CARDONA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Examen de constitucionalidad ex officio.
Precisa recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, las causales de improcedencia necesariamente deben ser examinadas de oficio y, principalmente, que su análisis puede abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia del amparo una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no.
Al respecto resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 13, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito."
En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de forma plena la causal de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 61, fracción XXIII y 170, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente; no obstante ello, ejerce de manera oficiosa el control de constitucionalidad, a efecto de inaplicar el último de los preceptos legales mencionados, al encontrarlo violatorio del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, en la medida en que limita injustificadamente el acceso al juicio de amparo directo, contra sentencias definitivas pronunciadas por tribunales de lo contencioso administrativo.
Respecto del análisis ex officio, en torno a la constitucionalidad de normas legales, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3788/2013, en sesión de ocho de enero de dos mil catorce, definió que el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio.
Sobre dicho tópico, el Alto Tribunal definió que esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan.
Concluyó que, de otra manera el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio alguno para el quejoso, además de que sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.
Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 555, del tenor literal siguiente:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito."
En esas condiciones, se procede al análisis ex officio de la constitucionalidad del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, al encontrarse contrario a los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República, en específico, de la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el numeral 17, segundo párrafo, de la invocada Carta Magna.
A efecto de dilucidar la cuestión anterior, conviene traer a la vista el texto del numeral 170, fracción II, de la Ley de Amparo, que al efecto se reproduce:
"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"...
"II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." (Énfasis añadido por este tribunal).
La correcta intelección del precepto legal acabado de reproducir, permite apreciar que tratándose de las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, únicamente podrán ser impugnadas para el efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas, en su caso.
Asimismo, el segundo de los dispositivos invocados dispone que, en esos casos, el juicio de amparo directo se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa; que el Tribunal Colegiado de Circuito al que le corresponda conocer de los asuntos relacionados se ocupará de resolver inicialmente lo relativo al citado recurso y, sobre todo, que solamente en caso de que el medio de impugnación previamente aludido resulte procedente y fundado, podrá ingresar al análisis de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.
Ahora bien, cabe precisar que el referido numeral 170, fracción II, de la Ley de Amparo fue materia de interpretación por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 4081/2013, 4485/2013, 3856/2013 y 872/2014, en donde determinó los alcances de dicha porción normativa, en cuanto a lo que debe entenderse por sentencia favorable, razón por la cual este órgano colegiado abandona el criterio que sustentaba sobre el particular y pasa a adoptar el propio de la citada instancia del Máximo Tribunal de Justicia del País.
Ciertamente, en la parte conducente del último de dichos asuntos, el Alto Tribunal determinó:
"Tomando en consideración que el sobreseimiento decretado por el Tribunal Colegiado de Circuito se fundó en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues de acuerdo a la interpretación que dicho órgano colegiado le dio a esa disposición legal, cuando se reclame una resolución favorable procede el juicio de amparo sólo si se hacen valer conceptos de violación contra normas generales aplicadas en el acto reclamado y se declara procedente y fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto contra ese mismo acto, afirmación que se combate a través de la revisión, es indispensable verificar si fue correcta esa decisión, para lo cual es necesario establecer el alcance que debe darse al citado artículo 170, fracción II, de la vigente Ley de Amparo.
"El citado precepto legal prevé:
"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"‘...
"‘II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.
"‘En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.’
"Del texto de la anterior disposición se advierte que su contenido integral prescribe un trámite particular para el ejercicio del amparo directo contra las sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo que resulten favorables para el actor, esto es, las que declaren la nulidad del acto cuya invalidez se demandó.
"En estos casos, el legislador dispuso un procedimiento complejo merced al cual la impugnación simultánea de las sentencias favorables a través de la acción de amparo y, en su caso, del recurso de revisión que tenga a su alcance la autoridad demandada, interactúan para conformar un sistema en el que la procedencia de la primera se subordina al resultado del segundo e, inclusive, a la simple falta de promoción de este último, con lo cual, ese tipo de sentencias de la jurisdicción ordinaria, pueden llegar a ser inatacables en la vía de control constitucional, por cuanto a las consideraciones de mera legalidad que contengan.
"A este respecto, resulta oportuno precisar que toda declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, en principio, implica una sentencia favorable para el actor, sin que ello signifique necesariamente que con ese pronunciamiento se satisfagan en forma integral sus pretensiones, pues una cosa es que el sentido de la decisión le favorezca por sus resolutivos, y otra muy distinta que la invalidez se erija de inmediato en un obstáculo insalvable para que la autoridad demandada quede impedida, irremediablemente, para reiterar otro acto sucedáneo con el que pueda subsanar los vicios que hubiesen originado la anulación del anterior.
"Asimismo, es necesario puntualizar que la determinación del grado del provecho que obtenga el actor con la sentencia favorable, constituye una problemática que da lugar a un acucioso examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso y el resultado del análisis de los conceptos de anulación, motivo por el cual también debe reconocerse que ese ejercicio de contraste deberá hacerse en cada asunto concreto y que, desde luego, por la dificultad que implica, sería sumamente impropio que ese estudio se hiciera en los proveídos preliminares de mero trámite, porque éstos sólo son dictados en orden a poner el juicio de amparo directo en estado de resolución.
"Por ello, al estar prevista dentro de las reglas de procedencia del juicio de amparo directo en sede contenciosa administrativa, la existencia de una ‘sentencia favorable’, como una de las condiciones para encuadrar el asunto en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, basta con que el actor que comparezca como quejoso haya obtenido, por cualquier causa, la nulidad demandada, para que la demanda de amparo que se promueva desencadene las consecuencias de tal precepto, pues la única manera de saber cuál fue la proporción del efecto invalidante decretado por el tribunal de lo contencioso administrativo, estaría reservado para el estudio final que en su caso se hiciera en la ejecutoria de amparo, pues solamente el Tribunal Colegiado del conocimiento, cuando resolviera en definitiva, podría saber si el beneficio obtenido por el actor pudo o no tener el alcance mayor que pretende con la protección constitucional.
"En otras palabras, para colmar el supuesto normativo de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, es suficiente con que en una sentencia de los tribunales de lo contencioso administrativo se nulifique -por la razón que sea- el acto impugnado, para que enseguida se actualice el concepto de ‘sentencia favorable’ al que alude dicho precepto, sin que para su aplicación deba de momento verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada, pues ello supondría juzgar a priori una cuestión que solamente puede valorarse al resolver sobre las violaciones constitucionales alegadas ..."
De la transcripción anterior se advierte que el Alto Tribunal, al determinar lo que debe entenderse por sentencia favorable, en términos de lo dispuesto por el numeral 170, fracción II, de la ley de la materia, consideró lo siguiente:
• Dicha disposición prescribe un trámite particular para el ejercicio del amparo directo contra las sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo que resulten favorables para el actor, esto es, las que declaren la nulidad del acto cuya invalidez se demandó.
• En estos casos, el legislador dispuso un procedimiento complejo, merced al cual la impugnación simultánea de las sentencias favorables a través de la acción de amparo y, en su caso, del recurso de revisión que tenga a su alcance la autoridad demandada, interactúan para conformar un sistema en el cual la procedencia de la primera se subordina al resultado del segundo e, inclusive, a la simple falta de promoción de este último, con lo cual ese tipo de sentencias de la jurisdicción ordinaria pueden llegar a ser inatacables en la vía de control constitucional, por cuanto a las consideraciones de mera legalidad que contengan.
• Toda declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, en principio, implica una sentencia favorable para el actor, sin que ello signifique necesariamente que con ese pronunciamiento se satisfagan en forma integral sus pretensiones, pues una cosa es que el sentido de la decisión le favorezca por sus resolutivos, y otra muy distinta que la invalidez se erija de inmediato en un obstáculo insalvable para que la autoridad demandada quede impedida, irremediablemente, para reiterar otro acto sucedáneo con el que pueda subsanar los vicios que hubiesen originado la anulación del anterior.
• La determinación del grado de provecho que obtenga el actor con la sentencia favorable, constituye una problemática que da lugar a un acucioso examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso y el resultado del análisis de los conceptos de anulación, motivo por el cual también debe reconocerse que ese ejercicio de contraste deberá hacerse en cada asunto concreto y que, desde luego, por la dificultad que implica, sería sumamente impropio que ese estudio se hiciera en los proveídos preliminares de mero trámite, porque éstos sólo son dictados para poner el juicio de amparo directo en estado de resolución.
• Al estar prevista dentro de las reglas de procedencia del juicio de amparo directo en sede contenciosa administrativa, la existencia de una "sentencia favorable", como una de las condiciones para encuadrar el asunto en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, basta con que el actor que comparezca como quejoso haya obtenido, por cualquier causa, la nulidad demandada, para que la demanda de amparo que se promueva desencadene las consecuencias de tal precepto, pues la única manera de saber cuál fue la proporción del efecto invalidante decretado por el tribunal de lo contencioso administrativo, estaría reservado para el estudio final que en su caso se hiciera en la ejecutoria de amparo, pues solamente el Tribunal Colegiado del conocimiento, cuando resolviera en definitiva, podría saber si el beneficio obtenido por el actor pudo o no tener el alcance mayor que pretende con la protección constitucional.
• Para colmar el supuesto normativo de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, es suficiente con que en una sentencia de los tribunales de lo contencioso administrativo se nulifique -por la razón que sea- el acto impugnado, para que enseguida se actualice el concepto de "sentencia favorable" al que alude dicho precepto, sin que para su aplicación deba, de momento, verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada, pues ello supondría juzgar a priori una cuestión que solamente puede valorarse al resolver sobre las violaciones constitucionales alegadas.
En esas condiciones, de acuerdo a los lineamientos establecidos en tal criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, se colige que para estar ante una sentencia favorable de que habla el numeral 170, fracción II, que se analiza, basta con que el actor que comparezca como quejoso haya obtenido, por cualquier causa, la nulidad demandada, para que la demanda de amparo que se promueva desencadene las consecuencias de tal precepto; esto es, basta con que en una sentencia de los tribunales de lo contencioso administrativo se nulifique -por la razón que sea- el acto impugnado, para que enseguida se actualice el concepto de "sentencia favorable" al que alude dicho precepto, sin que para su aplicación deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada.
Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 90/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice:
"RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Acorde con los precedentes de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el alcance del concepto ‘resolución favorable’, en el contexto del referido dispositivo, involucra la presencia de un fallo que declare la nulidad por cualquier causa y efecto, sin que para su actualización deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada, pues ello supondría juzgar, en un proveído preliminar de mero trámite, una cuestión que sólo puede valorarse al resolver sobre las violaciones constitucionales alegadas."
Conforme a lo anteriormente expuesto, se surte la improcedencia del juicio de garantías cuando el acto reclamado por la parte quejosa se trata de una sentencia favorable, y no prospera la revisión fiscal relacionada con el asunto.
En la especie se surte la hipótesis legal aludida, pues se está en el supuesto de sentencia favorable a la parte quejosa.
Ciertamente, basta con retomar la lectura de la sentencia reclamada que pronunció la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el juicio de nulidad **********, de su índice, para advertir que la mencionada Sala responsable emitió una resolución que resultó en cierto grado favorable a los intereses del directo solicitante de amparo, en la medida que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de veinticinco de marzo de dos mil trece, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Puerto Vallarta, en donde tuvo al actor por desistido de la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado, para el efecto de que la demandada, previo a resolver la solicitud de devolución impugnada, requiriera al accionante por el dispositivo magnético con la información relativa a los proveedores y prestadores de servicios que representen al menos el 80% del valor de las operaciones, de conformidad con la regla 2.2.3. de la resolución Miscelánea vigente para el ejercicio fiscal 2007 y, hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho corresponda.
En ese orden de ideas, es incuestionable que tal determinación favorece a la parte actora del juicio natural, en la medida en que la responsable anuló la resolución impugnada.
Cierto, de la resolución reclamada claramente se advierte que la responsable emitió una resolución que, sin lugar a dudas, resultó favorable a los intereses de la parte solicitante de amparo, aun cuando la nulidad haya sido declarada para efectos, acorde con algunos de los argumentos de la propia demandante y conforme a lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
En ese orden de ideas, como se vio, el acto reclamado favorece a la parte actora, en tanto que sobre el apuntado reclamo, alcanzó el objetivo de su acción, en este caso, obtener la nulidad de la resolución impugnada, de tal suerte que la persona moral quejosa ya obtuvo una sentencia favorable en el juicio natural.
No se desatiende, desde luego, que la nulidad decretada por la Sala Fiscal haya sido para efectos, pues esa circunstancia no implica que el quejoso no haya obtenido una sentencia favorable.
Lo anterior es así, pues, como se vio, de acuerdo a los lineamientos del Alto Tribunal, para colmar el supuesto normativo de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, es suficiente con que en una sentencia de los tribunales de lo contencioso administrativo se nulifique -incluso se puntualizó que ello acontece por cualquier razón- el acto impugnado, para que enseguida se actualice el concepto de "sentencia favorable" al que alude dicho precepto, sin que para su aplicación deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada.
Luego, basta con que la parte actora que comparezca como quejosa haya obtenido por cualquier causa la nulidad demandada, para que la demanda de amparo que se promueva desencadene las consecuencias de tal precepto; esto es, basta con que, como sucedió en la especie, en la sentencia del Tribunal de lo Administrativo se hayan nulificado -insístase, por la razón que sea- la resolución impugnada, para que enseguida se actualice el concepto de "sentencia favorable" al que alude dicho precepto, sin que para su aplicación deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada.
En esas condiciones se desprende, sin género de duda, que la impetrante ya cuenta con una resolución que favoreció sus intereses y, por ende, que se está en presencia del supuesto legal previsto en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo.
Máxime que constituye un hecho notorio para los integrantes de este Tribunal Colegiado de Circuito, la circunstancia de que hasta el momento no se tiene noticia de que la autoridad demandada haya interpuesto el recurso de revisión fiscal en contra de la citada sentencia controvertida; lo que, desde luego, implica que el medio de impugnación respectivo ni siquiera fue hecho valer, siendo éste un requisito indispensable previsto por el artículo 170, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que se actualice la procedencia del juicio de amparo directo.
En consecuencia, es claro que se actualiza el supuesto previsto en el numeral 170, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que generaría en todo caso, la improcedencia del juicio de garantías, al estar en presencia de una sentencia favorable a la parte quejosa y que no fue interpuesto el recurso de revisión correspondiente; no obstante ello, como se adelantó, del análisis ex officio que este Tribunal Colegiado realiza de dicha disposición legal, encuentra que la misma es contraria al derecho humano de acceso a la justicia, previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, por lo que resulta procedente su inaplicación, en términos del artículo 1o. de la Carta Magna.
Para ello, conviene acudir de nueva cuenta, a lo también determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 4081/2013, 4485/2013, 3856/2013 y 872/2014, citados anteriormente, donde además de fijar los alcances del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos recién descritos, estableció la inconstitucionalidad de tal porción normativa.
Al efecto se reproduce la parte conducente de la sentencia relativa al último de dichos asuntos, como sigue:
"Ahora, retomando el análisis de las particularidades que reviste el amparo directo en sede contenciosa administrativa, la primera peculiaridad que introduce el repetido precepto se traduce en la imposibilidad absoluta de formular conceptos de violación de mera legalidad, ya que en estos casos el quejoso solamente está autorizado para plantear la inconstitucionalidad de las normas generales aplicadas, bajo la expresión literal en el sentido de que el amparo será procedente ‘... para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas’.
"La segunda faceta que individualiza este especial tamiz de procedencia de la vía directa, se refiere a que el juicio de amparo solamente se tramitará si coexiste con un recurso de revisión promovido por la parte contraria, en términos del artículo 104 constitucional, tal como se enuncia en la fórmula siguiente: ‘... el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución ...’.
"Finalmente, el tercer aspecto que particulariza la procedencia del amparo directo, precisa que únicamente en el caso de que el recurso de revisión de la autoridad sea procedente y fundado (lo cual además deberá decidirse siempre en forma preferente) el Tribunal Colegiado del conocimiento se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en la demanda, en tanto que categóricamente así se ordena con el mandato legal que establece: ‘El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.’
"Descritas las reglas específicas de la procedencia del amparo directo contra sentencias dictadas en sede contencioso administrativa, a continuación se examinan cada una de ellas en función del principio de acceso a la justicia que protege el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual dispone:
"‘(Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008)
"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...’
"Ahora, como el precepto secunda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25474-c8ed5f98/amparo-directo-al-declarar-ex-officio-la-inconstitucionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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