AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SENTENCIA FAVORABLE AL QUEJOSO", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.
AMPARO DIRECTO 404/2013. 3 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. SECRETARIO: HÉCTOR ALEJANDRO TREVIÑO DE LA GARZA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. En el escrito recibido en este tribunal el veinticinco de junio de dos mil trece, la autoridad tercera interesada señala que el juicio de amparo es improcedente, porque la parte quejosa carece de interés jurídico al haberse declarado la nulidad del acto impugnado en el juicio de origen.
Al respecto, el interés jurídico de la parte quejosa deber ser analizado a la luz de lo dispuesto en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"...
"II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.
"En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo."
Como se advierte de la anterior transcripción, el legislador reguló un tratamiento limitado para la procedencia del juicio de amparo directo, en el supuesto de que fuera promovido "Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, ..."
Precepto que ha sido interpretado por este tribunal en la tesis VI.3o.A.34 A (10a.), que se reitera en el presente asunto, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN SENTENCIA FAVORABLE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. De la interpretación literal del referido precepto, se tiene que el amparo directo solamente procederá contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas, quedando condicionado hoy día su trámite y resolución a que la autoridad interponga el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución, y se admita este, debiendo el Tribunal Colegiado resolver primero lo relativo al mencionado recurso de revisión, y solo en el caso de que este sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ahora bien, dicho precepto legal no señala las características que debe revestir una sentencia para que sea considerada favorable al quejoso. Por lo tanto, ante tal falta de precisión por parte del legislador, lo acertado es que el referido numeral deba interpretarse conforme al artículo 17 de la Constitución Federal y 25, fracción 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, se debe interpretar de manera restrictiva el vocablo ‘sentencia favorable al quejoso’, para tornarlo compatible con el derecho humano de acceder a un medio de tutela efectivo, por lo que debe entenderse que tal frase, en un primer plano, se refiere a aquellas sentencias donde el tribunal de lo contencioso administrativo ha declarado la nulidad lisa y llana por vicios de fondo, en tanto que anula en forma absoluta el acto impugnado e impide a la autoridad demandada emitir un nuevo acto en perjuicio del particular; y en un segundo plano, también deben considerarse como sentencias favorables aquellas donde el actor en el juicio contencioso administrativo obtiene todo lo que pidió, es decir, consigue la totalidad de sus pretensiones, con independencia de la nulidad que se decrete.
"Reclamación 11/2013. Refaccionaria Apizaco, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretarios: Manuel Saturnino Ordóñez, Héctor Alejandro Treviño de la Garza y Alejandro Ramos García.
"Reclamación 27/2013. Refaccionaria Apizaco, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Raúl Andrade Osorio.
"Reclamación 25/2013. Luciola Flores Flores. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez.
"Reclamación 26/2013. Benito Melesio Arroyo Macín. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza."
Así, no toda sentencia que declare la nulidad del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal, deberá ser considerada regulada por el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, sino únicamente aquella que haya satisfecho totalmente la pretensión de la parte quejosa.
En el presente caso, como ya fue precisado por este tribunal al desechar el recurso de revisión fiscal 110/2013, relacionado con el presente asunto, la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana del crédito impuesto a la contribuyente, pero por un vicio de forma (haber levantado la autoridad en sus oficinas el acta final de la visita domiciliaria, cuando se encontraba suspendido ese medio de comprobación por no haberse encontrado a la contribuyente), el cual, aunque pueda no ser compartido por este tribunal, se encuentra firme.
Ello evidencia que el presente caso no se rige por el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo.
Además, la parte quejosa precisa en el concepto de violación, que de haber estudiado la responsable los conceptos de impugnación primero y tercero del escrito de ampliación de demanda, hubiera advertido que la autoridad desatendió el plazo de doce meses previsto en el artículo 46-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y, por ello, no se encontraría en posibilidad de continuar con el procedimiento de fiscalización, al quedar insubsistente íntegramente.
Así, contrario a lo expuesto por la tercera interesada, la parte quejosa sí se encuentra legitimada para controvertir la sentencia definitiva y su aclaración, pues pretende obtener una mejor nulidad a la alcanzada y acorde a su pretensión; lo que evidencia que sí tiene interés jurídico y, por ello, no se actualiza, en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
NOVENO. El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.
En efecto, señala la parte quejosa en el concepto de violación, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 17 constitucionales, pues no se funda en derecho ni resuelve todos y cada uno de los conceptos de impugnación hechos valer, conculcando con ello las garantías de acceso a la justicia y debido proceso legal contenidas en los preceptos constitucionales antes citados.
Que el juicio de nulidad se rige por el principio de congruencia contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual consiste en que al resolver la controversia planteada, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben sujetarse a lo planteado por las partes en la demanda, su ampliación -si la hubo- y en la contestación de ambas, sin omitir nada ni añadir cuestiones jurídicas no propuestas en forma oportuna por los promoventes; situación que en la especie no aconteció, toda vez que la Sala es omisa en analizar lo expuesto en los conceptos de impugnación marcados como primero y tercero del escrito de ampliación a la demanda.
Que aun y cuando la responsable, a través del considerando tercero del acto reclamado, al analizar los conceptos de impugnación II del escrito inicial de demanda y segundo del escrito de ampliación, decreta con fundamento en los artículos 51, fracción III y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la nulidad de la resolución impugnada, determinando ilegal el levantamiento del acta final, tal situación no impide a la autoridad fiscalizadora emitir nuevamente dicha acta final y determinar un crédito fiscal; siendo que de haber analizado en conjunto los conceptos de impugnación antes indicados, se hubiera declarado la nulidad lisa y llana del procedimiento fiscalizador sin posibilidad de dejar a salvo las facultades fiscalizadoras de la autoridad hacendaria, con lo cual se hubiera alcanzado un mayor beneficio en la sentencia dictada.
Que así, la Sala no se pronunció respecto a la legalidad de las actas de constancias de hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de fechas 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011, a fin de saber si con las mismas se justificaba o no el levantamiento del acta final en las oficinas de la autoridad y la suspensión del plazo para concluir la revisión, pues únicamente se limitó a decir que dadas las formalidades que para la visita domiciliaria prevé el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, el acta final debió levantarse en el domicilio del contribuyente; por lo que, a través de los conceptos de impugnación primero y tercero del escrito de ampliación a la demanda, se acreditó plenamente el ilegal levantamiento de las actas antes detalladas y la consecuencia de tal ilegalidad, al no haber justificación en la suspensión al plazo que hace la fiscalizadora, es el exceso en el tiempo con el que ésta contaba para la conclusión de sus facultades de comprobación, esto es, doce meses.
Que a través de los conceptos de impugnación de referencia, se acreditó que la falta de circunstanciación que revisten las actas analizadas provoca su ilegalidad, pues no existe certeza de que los hechos asentados en ellas sean correctos, o bien, que efectivamente correspondan con los realmente acontecidos, lo que deja sin sustento legal tanto al acta parcial de suspensión de plazo de diez de noviembre de dos mil once, como al acta final de once de noviembre de dos mil once; por lo que, si en la especie la Sala determinó ilegal el levantamiento del acta final, debió haber analizado la ilegalidad de las constancias de hechos, en las cuales se basó la autoridad para suspender el plazo, pues al no existir una legal justificación para la suspensión de éste, es evidente que se excedió en el término de doce meses para concluir la revisión.
Que ello es así, pues si las facultades de comprobación se iniciaron con la notificación del doce de noviembre de dos mil diez, correspondiente al oficio 500 74 06 03 01 2010 28599, a través del cual se ordenó la práctica de una visita domiciliaria y fue hasta que se corrió traslado con la contestación a la demanda en el juicio de origen, esto es, el veinticuatro de octubre de dos mil doce, que a la contribuyente se le dio a conocer el acta final levantada por las autoridades hacendarias; resulta claro que transcurrió en exceso el plazo máximo de doce meses que tenía la autoridad para concluir su revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, cuando inició sus facultades de comprobación; por tanto, y en estricto cumplimiento del último párrafo del mencionado precepto, se debe dejar sin efectos la resolución combatida en el presente juicio, así como todos sus antecedentes y consecuentes, siendo aplicables las jurisprudencias 2a./J. 1/2004 y 2a./J. 2/2004, de rubros: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO." y "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.", respectivamente, sin que sea posible la reposición del procedimiento al dejar de existir su causa generadora, que en la especie resulta ser el oficio que contiene la orden de visita domiciliaria.
Que por ello, la omisión en el estudio de los conceptos de impugnación primero y tercero del escrito de ampliación del juicio de origen, no permitió a la actora alcanzar un mayor beneficio en la nulidad de carácter excepcional decretada, pues se permite a la autoridad hacendaria realizar actos de molestia consistente en el levantamiento, nuevamente, del acta final ante su indebida diligenciación y notificar nuevamente un crédito fiscal, aun cuando durante el juicio de origen la demandada no acreditó la falta de localización de la contribuyente para estar en aptitud de suspender el plazo de conclusión y excederse en el mismo, al levantar injustificadamente el acta final en sus oficinas.
Como ya se adelantó, el concepto de violación es fundado.
Al respecto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que invoca la parte quejosa, establece:
"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.
"Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B del artículo 123 constitucional, respecto de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio."
El transcrito artículo en su párrafo segundo, efectivamente prevé el principio de exhaustividad que invoca la quejosa, al prever que al dictar la sentencia definitiva, la Sala deberá examinar primero los conceptos de impugnación que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana.
Precepto que debe interpretarse armónicamente con lo dispuesto en el diverso artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece:
"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"...
"(Adicionado, D.O.F. 10 de diciembre de 2010)
"Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor."
A través del citado precepto, el legislador incorporó el principio de mayor beneficio en el estudio de los conceptos de impugnación; porción normativa que fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veinte de marzo de dos mil trece la contradicción de tesis 33/2013, en donde precisó:
"Por tanto, se reitera que el punto a dilucidar consiste en determinar si en términos de los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, están obligadas o no, a examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun y cuando se determine que el acto impugnado adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.
"QUINTO. Estudio. Precisada así la existencia de la contradicción y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala se avoca a su resolución, determinando que debe prevalecer con carácter jurisprudencial la tesis consistente en que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben analizar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, en atención al principio de mayor beneficio, a pesar de que se advierta de oficio o por atención a un agravio, deficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.
"Al respecto, los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son del tenor siguiente:
"‘Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"‘Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"‘Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"‘Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"‘En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.
"‘Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B del artículo 123 constitucional, respecto de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.’
"‘Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"‘I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
"‘II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
"‘III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
"‘IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.
"‘V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.
"‘Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:
"‘a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.
"‘b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.
"‘c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.
"‘d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.
"‘e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.
"‘f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.
"‘El tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.
"‘Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.
"‘Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo.’
"Las disposiciones transcritas establecen, respectivamente, en lo que interesa a esta contradicción, lo que deberán contener las sentencias dictadas en un juicio contencioso administrativo, y la forma en la que deberán examinarse los conceptos de anulación, a saber, que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad la sentencia de la Sala deberá examinar primero, aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana.
"Así como se enumeran las causales de nulidad, los vicios que no afectan la defensa del particular ni trascienden al sentido de la resolución; que el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación de la resolución; y que cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.
"En este apartado es importante indicar que el penúltimo párrafo del artículo 51, arriba transcrito, fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez; y de la lectura a las constancias que integran el proceso legislativo correspondiente, se desprende concretamente de la exposición de motivos la preocupación del Poder Legislativo sobre la cantidad de demandas que actualmente ingresan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el tiempo en que se desarrolla el procedimiento contencioso administrativo, los cuales se afirmó, se tramitan y resuelven en un tiempo prolongado, lo que atenta contra la garantía de justicia pronta y expedita.
"Pero principalmente de la lectura al dictamen de la Cámara de Origen se advierte que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, expresaron lo siguiente:
"‘... Estas Comisiones Legislativas dan cuenta con las iniciativas objeto de dictamen, las cuales regulan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la posibilidad de tramitar el juicio contencioso administrativo federal a través de la vía sumaria. Asimismo, entre otros aspectos, se propone modificar el sistema de notificaciones, simplificar el procedimiento para el otorgamiento de las medidas cautelares, así como el hecho que al emitir sus resoluciones el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realice el estudio y análisis, no sólo de la insuficiente competencia de la autoridad, sino también de los agravios fundados hechos valer por las partes en los procedimientos contenciosos administrativos federales, en aras de salvaguardar el principio de mayor beneficio establecido otrora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"‘...
"‘De igual forma, esta iniciativa prevé la reforma al cuarto párrafo, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de evitar mayores dilaciones en los juicios que se tramitan ante el mismo, que, en caso de que exista incompetencia infundada de la autoridad que emitió el acto impugnado, el tribunal analizará los agravios que estén encaminados a controvertir el fondo del asunto cuando de resultar fundado alguno de ellos, sea de mayor beneficio para el actor y que colme su pretensión; lo anterior, para evitar la reiteración del acto impugnado que esta vez sea emitido por una autoridad auténticamente competente y que con ello se dé inicio a un nuevo juicio.’
"Asimismo, en la discusión sustentada por la Cámara de Origen, destaca lo siguiente:
"‘Por su importancia para salvaguardar el principio de mayor beneficio al justiciable el dictamen recoge la propuesta de obligar al tribunal a que al emitir sus resoluciones analice no solamente la competencia de la autoridad, sino también los agravios hechos valer por las partes; es decir, las cuestiones de fondo.
"‘Esto significa recuperar en todos los casos la esencia de la justicia, que es superar la mera forma para atender lo que al ciudadano le importa más.
"‘...
"‘En síntesis, señoras y señores senadores, el dictamen que se pone a consideración de esta asamblea se dirige a cumplir tres objetivos fundamentales:
"‘Uno. Resolver inmediatamente sobre la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado, para garantizar la protección oportuna de los justiciables que impugnan un acto de autoridad.
"‘Dos. Resolver invariablemente el fondo de los asuntos con base en el principio del mayor beneficio para el justiciable, para evitar reenvíos innecesarios y juicios interminables y costosos.
"‘Y tres. Reducir drásticamente el tiempo para sustanciar los juicios de menor cuantía que podrán ser resueltos por los Magistrados de manera unitaria en la vía sumaria, no menos es importante la consideración de que estas reformas no significarán cargas adicionales para el presupuesto federal, ya que no implican la creación de nuevas salas, sino generar condiciones jurídicas para un mejor rendimiento de la estructura actual en beneficio de los justiciables.’
"De lo anterior es evidente la preocupación del Poder Legislativo ante la gran cantidad de demandas que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como respecto de la necesidad de evitar reenvíos innecesarios y juicios interminables y costosos, preocupación que provocó reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para establecer, entre otras medidas, que las Salas de ese tribunal deberán realizar el estudio no sólo de las cuestiones de competencia de la autoridad demandada,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24676-b4cbc99d/amparo-directo-en-materia-administrativa-alcance-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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