ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
Es aplicable, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien conoció del amparo directo **********, y del cual se advierten los siguientes antecedentes:
Juicio laboral. Herón Ricardo León Xelhuantzi demandó laboralmente a Artesanías Areli, Yolanda Cruz Paul y a Nicolás Cocoletzi Hernández, por despido injustificado. Dicho juicio fue tramitado bajo el número de expediente **********, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, quien lo resolvió en una primera ocasión mediante el laudo emitido el veintisiete de mayo de dos mil diez, en el sentido de condenar a la parte demandada al pago de cantidad líquida por concepto de indemnización constitucional, entre otras prestaciones.
Inconformes con la anterior determinación, Yolanda Cruz Paul y Nicolás Cocoletzi Hernández promovieron el juicio de amparo directo **********, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien concedió el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara otro en el que considerara inverosímil el reclamo de horas extras, absolviera de su pago y reiterara todas las demás consideraciones que quedaron intocadas.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable emitió un nuevo laudo el seis de abril de dos mil once en el que nuevamente condenó a Yolanda Cruz Paul y a Nicolás Cocoletzi Hernández al pago de una cantidad líquida en concepto de indemnización constitucional, entre otros conceptos.
Derivado de lo anterior, la autoridad responsable emitió auto de requerimiento de pago y orden de embargo contra la parte demandada, el cual se cumplimentó mediante diligencia de cinco de agosto de dos mil once, en la que se embargó un terreno denominado **********. Por auto de seis de agosto del mismo año, la Junta declaró trabado el embargo y ordenó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala; sin embargo, no pudo ser inscrito, porque en la oficina registral apareció un aviso preventivo de veintiocho de junio de dos mil diez, hecho por el Notario Público Número ********** del Distrito Judicial de Hidalgo, respecto del contrato de compraventa celebrado entre Yolanda Cruz Paul y Nicolás Cocoletzi Hernández, como parte vendedora y Arely, David, Carlos y Obdulia de apellidos Cocoletzi Cruz, como parte compradora.
Juicio civil. En tal virtud, Herón Ricardo León Xelhuantzi promovió acción pauliana en contra de Arely, David, Carlos y Obdulia de apellidos Cocoletzi Cruz, de Yolanda Cruz Paul, de Nicolás Cocoletzi Hernández, del Notario Público Número ********** del Distrito Judicial de Hidalgo y del titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, de quienes reclamó –entre otras prestaciones– la restitución del predio denominado ********** al patrimonio de sus deudores.
De dicho juicio le correspondió conocer al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábial y Uribe, con residencia en Chiautempan, Tlaxcala, bajo el número de expediente **********. Sustanciado el procedimiento, por sentencia dictada el seis de mayo de dos mil catorce, se declaró la improcedencia de la acción reclamada.
Recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, Herón Ricardo León Xelhuantzi interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien lo tramitó con el número de toca civil ********** y lo resolvió el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, en el sentido de revocar la sentencia apelada y tener por acreditada la acción.
Juicio de amparo. Contra dicha resolución, Yolanda Cruz Paul y Nicolás Cocoletzi Hernández promovieron el amparo directo civil, del cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, bajo el número **********, en el que, por sentencia dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis, se determinó negar el amparo. Lo anterior, en lo que interesa para esta contradicción, por los siguientes argumentos:
• Previamente a su estudio, el cual dividió por temas, señaló que la acción pauliana o revocatoria se encuentra prevista en el siguiente precepto del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala:
"Artículo 1757. Los actos realizados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden revocarse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intente la acción es anterior a ellos."
• Asimismo, reconoce que los elementos de dicha acción han sido enunciados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de jurisprudencia, de rubro siguiente: "ACCIÓN PAULIANA. CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA."(3)
• Así, trajo a colación que, en el caso, Herón Ricardo León Xelhuantzi intentó la acción pauliana en contra de, entre otros, Yolanda Cruz Paul y Nicolás Cocoletzi Hernández –entonces quejosos–, con motivo de la venta que hicieron estos últimos a favor de Arely, David, Carlos y Obdulia, todos de apellidos Cocoletzi; la acción fue sustentada en que el veintisiete de mayo de dos mil diez, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala emitió laudo en contra de los quejosos dentro del juicio laboral **********, en el que los condenó al pago de ********** (**********).
• Después de lo anterior, comenzó el estudio de fondo, y las consideraciones que interesan para esta contradicción se vertieron en el tema que denominó: "Firmeza del citado laudo como fuente del derecho del actor".
• Determinó que los conceptos de violación resultaron infundados, por las siguientes dos razones:
1. Ningún precepto exige que el derecho del actor emane de una sentencia ejecutoriada o de un laudo firme, sino sólo de una sentencia condenatoria en cualquier instancia; y,
2. De cualquier forma, para el veintinueve de junio de dos mil diez, en que fue celebrado el contrato de compraventa, el laudo de veintisiete de mayo del mismo año, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala dentro del juicio laboral **********, sí era ejecutable.
• Para sustentar lo anterior, transcribió el artículo 1773 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual es del contenido siguiente:
"Artículo 1773. Cuando la enajenación, sea gratuita u onerosa, produzca la insolvencia del deudor, se presume fraudulenta:
"I. Si es hecha por persona contra quien se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes;
"II. Si se hacen en favor de las personas que según las disposiciones de este código se consideran testaferros;
"III. Si se ejecutan dentro del plazo de treinta días anteriores a la declaración del concurso del deudor; y
"IV. Si el precio pactado es la mitad o menos del valor o estimación del bien o derecho enajenado."
• De la fracción primera derivó que se presume fraudulenta la enajenación, con independencia de que sea gratuita u onerosa, siempre que produzca la insolvencia del deudor y sea hecha por la persona contra quien se hubiese: a) pronunciado antes una sentencia condenatoria en cualquiera instancia; o, b) expedido mandamiento de embargo de bienes.
• De ello siguió que únicamente se exige la emisión previa de una sentencia, pero no que ésta sea firme o que se haya declarado ejecutoriada.
• Aunado a que, salvo la revisión de los actos de ejecución, todas las demás resoluciones del juicio laboral, incluyendo el laudo, no admiten ningún recurso.
• Por tanto, una demanda de amparo directo, al ser un medio de defensa extraordinario, no resta eficacia ni firmeza a un laudo condenatorio; el cual subsiste hasta en tanto quede sin efectos con motivo de la eventual protección constitucional concedida en su contra; pero, mientras tanto, puede ser ejecutado, sin perjuicio de las reglas que para su suspensión prevé la Ley de Amparo. Lo cual sostuvo bajo la tesis de jurisprudencia de esta Primera Sala bajo el rubro siguiente: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)."(4)
• También refirió que la acción pauliana, prevista en el artículo 1757 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, tiene por objeto evitar que el deudor se valga de cualquier acto jurídico para evadir su obligación; lo cual no podría cumplirse en el caso de los derechos económicos derivados de un laudo, si se diera al juicio de amparo promovido en su contra la fuerza de desvirtuar su eficacia.
• De lo contrario implicaría permitir que la parte demandada, ante el riesgo de tener que garantizar el derecho económico de la parte trabajadora con motivo de un laudo condenatorio, se prevaliera del juicio de amparo directo para argumentar una falta de firmeza de aquel laudo mientras perfecciona la venta de sus bienes; lo cual, a todas luces, es contrario a derecho y a la buena fe.
• Por último, señaló que, contrario a lo alegado por los quejosos, no tiene aplicación la tesis aislada, de rubro siguiente: "ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA DEBE DISTINGUIRSE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL CRÉDITO QUE SE EJECUTA, POR LO QUE TRATÁNDOSE DEL QUE DERIVA DE UNA CONTROVERSIA LABORAL, ES MENESTER QUE EN EL LAUDO SE DETERMINE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DEL PATRÓN DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR UN TRABAJADOR (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 61/2011)."(5)
• Lo anterior, porque la tesis sólo hace referencia a la necesidad de un laudo condenatorio, pero no señala que debe encontrase firme por no haber sido impugnado oportunamente o por haberse negado el amparo; sino que, por el contrario, señala que el actor, por el mismo laudo "adquiere, por ende, las prerrogativas de acreedor de aquél" (se refiere al patrón). Así, la tesis invocada, lejos de sustentar la afirmación de los quejosos, acredita lo contrario.
• Por todas las razones expuestas, resultaron infundados los conceptos de violación en los que se argumenta que el derecho del tercero interesado no se funda en un laudo firme o ejecutoriado.
II. Criterio del entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo (actualmente Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito), quien conoció del amparo directo **********, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio laboral. Marcelino Pacheco Medina demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a Elidé del Carmen Borges Novelo, a Valentín Cu Cahuich o a quien resultara responsable de la fuente de trabajo, el pago de la indemnización constitucional con motivo del despido justificado al que fue objeto. Dicho juicio fue tramitado con el número de expediente **********, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, quien emitió un primer laudo el doce de mayo de dos mil cinco.
Inconforme con la anterior determinación, Marcelino Pacheco Medina promovió juicio de amparo en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, concedió la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que se dictara un nuevo laudo.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable emitió un segundo laudo el treinta y uno de octubre de dos mil seis, el cual fue controvertido por la parte demandada Elidé del Carmen Borges Novelo, a través del juicio de amparo que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito y que, posteriormente, concedió para el efecto de que se dictara una nueva resolución.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable emitió un tercer laudo el once de enero de dos mil ocho, el cual fue controvertido por la parte demandada Elidé del Carmen Borges Novelo, a través del juicio de amparo directo **********, que tuvo por no interpuesto el presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito.
Derivado de lo anterior, al pretender llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo derivada de la condena decretada en el laudo, no fue posible concretarla, en razón de que en el desarrollo de la diligencia se exhibió una copia certificada de libertad de gravamen del inmueble que se pretendió embargar en el que se hacía constar que se encontraba a nombre de Rocío, Alejandra y Eloísa Magdalena, ambas de apellidos Cu Borges, con motivo del contrato de donación gratuita celebrado el veintisiete de junio de dos mil cinco, por Elidé del Carmen Borges Novelo (como donante), a favor de sus hijas.
Juicio civil. Marcelino Pacheco Medina promovió acción revocatoria o pauliana en contra de Elidé del Carmen Borges Novelo y de sus hijas. De dicho juicio le correspondió conocer al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, bajo el número de expediente **********. Sustanciado el procedimiento por sentencia de veintiuno de marzo de dos mil doce, se declaró la procedencia de la acción reclamada y la nulidad del acto traslativo de dominio.
Recurso de apelación. Inconformes con esa determinación, las demandadas Elidé del Carmen Borges Novelo y sus hijas Rocío Alejandra y Eloísa Magdalena, ambas de apellidos Cu Borges, interpusieron recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, quien lo tramitó con el número de toca civil ********** y lo resolvió el catorce de junio de dos mil doce, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
Juicio de amparo. En contra de dicha resolución, Elidé del Carmen Borges Novelo y sus hijas Rocío Alejandra y Eloísa Magdalena, ambas de apellidos Cu Borges, promovieron juicio de amparo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito el Centro Auxiliar de la Octava Región, bajo el número **********, el cual fue resuelto en sesión de quince de noviembre de dos mil doce, en el sentido de conceder el amparo. La argumentación que contiende en la presente contradicción de tesis, es la siguiente:
• Determinó que, ante la causa de pedir, los conceptos de violación de la quejosa resultaron fundados, pues la Sala responsable no analizó debidamente la procedencia de la acción.
• Para sostener lo anterior, vertió algunas consideraciones en torno a la acción pauliana, ello, partiendo de lo resuelto por esta Primera Sala en la contradicción de tesis 237/2011.
• Así, de dicha resolución destacó los siguientes elementos de la acción pauliana:
a) La existencia de un crédito anterior al acto que se pretende anular.
b) Que el deudor realice un acto que no sea simplemente material, sino jurídico, puesto que está sujeto a ser anulado. Dicho acto debe, además, celebrarse realmente, es decir, no debe ser simulado.
c) Que de la celebración de tal acto derive la insolvencia del deudor, pues mientras no lo sean los acreedores no pueden impugnar los actos jurídicos realizados por aquél, aunque implique una disminución patrimonial.
d) Si el acto fuere oneroso, que haya habido mala fe, tanto por el deudor como del tercero que contrató con él.
• Señalado lo anterior, procedió al estudio de la acción pauliana en la sentencia reclamada.
• Trajo a colación lo resuelto por la Sala responsable, lo cual tachó de erróneo, pues en el caso concreto la existencia del crédito a favor del trabajador –como adujo la parte quejosa–, se encontraba sujeto a una controversia laboral que se definió mediante el laudo de once de enero de dos mil ocho.
• Advirtió que la Sala responsable se apoyó en la jurisprudencia de la Primera Sala de esta Suprema Corte, de rubro siguiente: "ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA, SIEMPRE QUE SE TRATE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, NO SE REQUIERE LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y YUCATÁN).".(6) La cual considera inaplicable al caso concreto, por lo siguiente:
• Precisó que la jurisprudencia surgió al resolverse la contradicción de tesis **********, de la cual trajo a colación los antecedentes de los juicios contendientes, y concluyó que en aquélla se estudió la exigibilidad de créditos que derivaban de relaciones jurídicas entre particulares, el primero, sustentado en nueve pagarés y, en el segundo, la existencia de un juicio ejecutivo mercantil que estaba pendiente de resolución. Por lo cual, consideró que lo resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es aplicable a los casos en que el crédito no necesita ser reconocido por una sentencia firme que lo haga exigible, en tanto que es clara la existencia de una obligación contraída entre las partes.
• La inaplicabilidad recae, porque en el caso concreto la obligación de realizar el pago de las cantidades requería la existencia de un acto jurídico concreto que así lo determinara, pues dependía de la procedencia de la acción laboral de despido injustificado.
• En otras palabras, era menester la existencia de un laudo condenatorio a favor del trabajador demandante que definiera el derecho que le asistía para el pago de las prestaciones reclamadas en el juicio laboral; por lo tanto, fue hasta el dictado del laudo de once de enero de dos mil ocho, cuando el trabajador se convirtió en acreedor de la demandada.
• Derivado de lo expuesto, determinó que la procedencia de la acción del trabajador no podía justificarse con el dictado del laudo dictado el doce de mayo de dos mil cinco, el cual fue el primer laudo en el juicio laboral de **********, pues este fallo fue sustituido por el dictado en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo que el propio trabajador promovió.
• Lo anterior, porque era imprescindible que estuviera vigente el laudo que determinó que la acción del trabajador se encontraba definida a su favor, lo cual no contenía el primer laudo, ya que, en atención al cumplimiento de dos fallos constitucionales, el último laudo que se dictó fue el de once de enero de dos mil ocho. Por lo cual, a decir del Tribunal Colegiado, fue hasta el tercer laudo cuando quedaron establecidas las prestaciones a que se condenó a la demandada en favor del trabajador.
• Por último, reafirmó la inaplicabilidad de la jurisprudencia comentada, puesto que la naturaleza jurídica del adeudo que el actor ejerció en el juicio civil de origen era consecuencia de una relación jurídica procesal en la que era necesario que la autoridad jurisdiccional definiera el derecho de pago que le asiste; situación diversa a la que se estudió en la contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia.
• Por tanto, al ser incorrecto lo resuelto en la sentencia reclamada, se concedió el amparo para efectos.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo (actualmente Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito).
Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central y, por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(7)
Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. De conformidad con la jurisprudencia, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.
En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(9)
1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
En atención a dichos criterios, esta Primera Sala considera que, en el caso, sí se actualiza la contradicción de tesis, como se explicará a continuación:
Los dos primeros requisitos se cumplen, en tanto que en ambos casos los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de analizar la procedencia de la acción pauliana que tuvo como antecedente un procedimiento laboral, llegando a conclusiones disímiles, en tanto que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito concluyó que resulta innecesario que el derecho del actor emane de una sentencia ejecutoriada o de un laudo firme, sino sólo de una sentencia condenatoria en cualquier instancia, por lo que resultaba intrascendente la promoción de un juicio de garantías, en tanto que se trata de un medio extraordinario de defensa que no resta eficacia ni firmeza a un laudo condenatorio; mientras que, por el otro lado, el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región arribó a la conclusión contraria, pues estimó que era menester la existencia de un laudo condenatorio firme y vigente, supuesto que no se actualizaba ante la promoción de diversos amparos por los que se sustituyó tal determinación.
En efecto, el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región estimó que era necesaria la existencia de un laudo condenatorio a favor del trabajador demandante que definiera el derecho que le asistía al pago de las prestaciones que reclamó en el juicio laboral; sin embargo, la procedencia de la acción laboral no podía justificarse cuando el dictado del laudo fue sustituido por el dictado de otro posterior, en atención al cumplimiento de una sentencia de amparo directo; ya que es hasta el dictado del laudo en cumplimiento al juicio de amparo, cuando efectivamente se convirtió en acreedor de la parte patronal demandada.
Bajo esa premisa, consideró que era imprescindible que la determinación de la autoridad laboral –en donde se determinara que la acción del trabajador se encontraba definida a su favor– estuviera vigente, lo que no ocurría con el primer laudo condenatorio, en tanto que la concesión de la protección constitucional en un juicio de amparo directo, tuvo como consecuencia la destrucción de la existencia de dicho fallo; de ahí que, al haberlo dejado insubsistente para atender determinados lineamientos que impuso un Tribunal Colegiado de Circuito, es hasta el dictado del nuevo laudo en cumplimiento cuando quedaron establecidas las prestaciones a que se condenó a la demandada en favor del trabajador.
Finalmente, puntualizó que caso contrario ocurriría cuando un acreedor ya tenía a su favor un crédito reconocido por el deudor, como por ejemplo en un título de crédito, en un contrato u otro documento de naturaleza análoga, pero que no ha sido declarado judicialmente mediante sentencia firme.
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito consideró que no existe precepto legal alguno que exija que el derecho del actor emane de una sentencia ejecutoriada o de un laudo firme, sino sólo de una sentencia condenatoria en cualquier instancia y, de cualquier forma, para la fecha de celebración del contrato de compraventa materia de la acción revocatoria, el laudo emitido por la autoridad responsable, sí era ejecutable.
Además de ello, sostuvo que una demanda de amparo es un medio de defensa extraordinario, que no resta eficacia ni f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28013-3102f01d/accion-pauliana-derivada-de-un-procedimiento-laboral-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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