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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN LOS JUICIOS CIVILES. CORRESPONDE A LAS PARTES IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 263/2000. · Registro digital (IUS): 2808
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSEFINA RODRÍGUEZ MÉNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 868.

AMPARO DIRECTO 263/2000. JOSEFINA RODRÍGUEZ MÉNDEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación hechos valer.

En efecto, la quejosa hace consistir como acto reclamado, la resolución que pone fin al juicio, consistente en la sentencia de segunda instancia pronunciada el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, dictada dentro del toca civil número 94/98, mediante la cual declara la caducidad de la instancia, dejando a su vez firme la sentencia definitiva de primera instancia de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el expediente 234/97, por el Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Civil con residencia en Tampico, Tamaulipas, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario promovido por Juan García Munguía, en contra de Josefina Rodríguez Méndez.

Ahora bien, la quejosa manifiesta en sus conceptos de violación, que el Magistrado responsable violó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al decretar de oficio, en los autos del toca civil en que recayó la resolución impugnada, la caducidad de la instancia, al considerar que las partes dejaron pasar más de ciento ochenta días naturales consecutivos, sin promover lo necesario a fin de que se continuara el trámite del recurso de apelación y ponerlo en estado de dictar sentencia, fundándose para ello en el artículo 103, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo cual la amparista considera incorrecto, dado que con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho esgrimió sus agravios dando cumplimiento a los artículos 4o., y 941, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la autoridad responsable debió haber dictado los acuerdos pertinentes para que el toca quedara en estado de dictar sentencia y se dictara sentencia dentro del término de diez días.

Ahora bien, lo infundado de los conceptos de violación, mediante los cuales la impetrante sostiene que en el caso no operó la caducidad de la instancia, radica en que opuesto a lo aseverado por la agraviada, este Tribunal Colegiado estima que sí operó dicha figura procesal, como correctamente lo consideró el Magistrado responsable, ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 103, fracción IV y 104, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, preceptos estos los cuales establecen por su orden, así como en lo sustancial y conducente lo siguiente:

"Artículo 103. La instancia se extingue:

"...

"IV. Cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no promuevan las partes durante ciento ochenta días naturales consecutivos lo necesario para que quede en estado de sentencia. Los actos, promociones o actuaciones de mero trámite que no impliquen impulso del procedimiento, no se considerarán como actividad de las partes ni impedirán que la caducidad se realice.-El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.-Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal, como en los incidentes. Caducado el principal, caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en éste."

"Artículo 104. En los distintos casos precisados en el artículo anterior, se producirán, además de la caducidad en sí, los siguientes efectos:

"...

"II. Tratándose de la situación a que se refiere la fracción IV, la caducidad operará de pleno derecho y por el simple transcurso del término indicado. La resolución se dictará de oficio o a petición de parte, debiendo condenarse a la actora al pago de las costas; en su contra procede el recurso de apelación en ambos efectos.

"Cuando la caducidad se realice en segunda instancia, la resolución apelada quedará firme."

De los textos normativos de los susodichos artículos, que se han dejado transcritos en los párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que una vez que los autos queden en estado de dictar sentencia, entendido esto como el momento en que las partes hayan quedado notificadas del proveído de radicación de los autos ante la Sala responsable, así como que hayan presentado sus escritos de agravios, en el caso del apelante, y los de contestación a dichos motivos de inconformidad, tratándose de la parte contrapelante, amén de que se ofrezcan las pruebas en caso de existir y, por último, que se hayan formulado los alegatos, entonces sí, la autoridad estará obligada a dictar la respectiva sentencia en el término de diez días sin necesidad de solicitud de las partes y, en el presente caso a estudio, es evidente que como atinadamente lo sostuvo la autoridad responsable en la resolución, de las que ponen fin al juicio, reclamada, después del auto de radicación del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, visible a foja diecisiete del toca de apelación, en el cual se tiene por presentada en tiempo a la apelante, ahora quejosa, quien expresa los agravios que en su concepto le causa la resolución impugnada.

Así las cosas, es inconcuso que en forma correcta el Magistrado responsable determinó en la resolución reclamada, que procedía decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal, dentro del toca de apelación 94/98, al considerar atinadamente que las partes, y en especial la apelante, no habían continuado excitando al órgano jurisdiccional tal y como era su obligación hacerlo, puesto que se advierte de los propios autos que la apelante, aquí amparista, en ningún momento posterior a la radicación del recurso de apelación ante la autoridad responsable, Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, mismo en el que se le tuvo por ofreciendo sus agravios, haya comparecido con el objeto de impulsar el procedimiento dentro de dicho toca y así evitar la consumación del lapso necesario para producir la caducidad de la instancia, en los autos del toca de referencia, lo que fue suficiente para que la responsable, en la resolución de las que ponen fin al juicio, reclamada, declarara con aserto que operó dicha figura jurídica; razonamiento este que se robustece, en virtud de que a ello se arriba de una correcta interpretación de los diversos artículos 4o. y 947, fracciones IV, VI y VII, ambos del código procesal civil del Estado, al referirse el primero de ellos a la iniciativa del proceso y, el segundo, al establecer que las partes podrán ofrecer pruebas, resolviendo la Sala responsable sobre su admisión y, en caso de ser procedente, mandará abrir para ello el término respectivo; las anteriores disposiciones legales en lo conducente establecen literalmente lo siguiente:

"Artículo 4o. La iniciativa del proceso queda reservada a las partes; el Magistrado o Juez podrá dictar de oficio los acuerdos que estime pertinentes para evitar la demora o paralización, y acelerar su trámite, viendo siempre a la consecución de la economía procesal y a una efectiva administración de justicia rápida y expedita ... "

"Artículo 947. Para sustanciar la apelación, tendrán aplicación las siguientes prevenciones:

"...

"IV. Sólo en los escritos de expresión de agravios y contestación, las partes podrán ofrecer pruebas, las que en su oportunidad se mandarán recibir si procede su admisión.

"...

"VI. Presentado el escrito de contestación, o transcurrido el plazo legal para hacerlo, el tribunal resolverá sobre la admisión de pruebas, abriendo el término respectivo, que no podrá exceder de diez días, los cuales serán comunes para ofrecer y recibir.

"VII. Transcurrido el término para la contestación de los agravios, y en su caso el de prueba, se dictará sentencia dentro del término de diez días."

En efecto, de acuerdo al primer dispositivo legal en mención y de una correcta interpretación del contenido normativo del mismo, se obtiene primeramente, que los Jueces y Magistrados no tienen la obligación de impulsar el procedimiento, sino que sólo gozan de facultades discrecionales para ello, correspondiendo la iniciativa para tal efecto a las partes hasta que el proceso quede en estado de dictar sentencia, lo cual se corrobora con la lectura de las fracciones IV, VI y VII, del segundo de los dispositivos en mención, los cuales establecen la etapa de ofrecimiento de pruebas en sus respectivos escritos, ya sea en el de agravios o de contestación, hecho lo cual se resolverá sobre la admisión de las mismas por un término que no deberá exceder de diez días para ofrecerlas y recibirlas y una vez transcurrido éste se dictará sentencia dentro del término de diez días; es decir, que la apelante en forma posterior a la exhibición de su escrito de agravios y de que se diera contestación a los motivos de inconformidad expuestos a través del recurso presentado por la parte contrapelante, ahora tercera perjudicada, debieron haber comparecido ante la autoridad responsable, Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a manifestar que se daban por notificados del auto de radicación, y posteriormente, e independientemente de que se hubieren ofrecido o no pruebas en dicha instancia, hacer del conocimiento de la responsable dicha situación, para que entonces sí pudiera estimarse que el toca en apelación se encuentra en estado de dictar sentencia, dado que la única excepción a la anterior regla sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas se encuentra contemplada en el diverso 950 del ordenamiento civil adjetivo en cita, al establecerse en este numeral que cuando la apelación se interponga en contra de autos en cualquier clase de juicios la alzada, se reducirá al escrito de agravios y a la contestación, sin que proceda la respectiva apertura del término probatorio; siendo que en el caso a estudio se trata de un recurso de apelación que fue interpuesto por la ahora quejosa, que no va contra un auto, sino frente a la sentencia de primer grado recaída al juicio natural y, en el caso, según quedó apuntado con anterioridad, dentro del toca en que recayó la resolución combatida en esta vía constitucional, ya que no se llevó a cabo una actuación procesal de las partes con ulterioridad al momento en que se radicó ante la Sala responsable el toca de apelación, mismo en el que se le tuvo a la apelante por exponiendo sus agravios; lo que es así, pues no obra en los autos del toca de apelación respectivo constancia alguna en contrario, por lo que, efectivamente, transcurrieron en exceso más de ciento ochenta días sin que se hubiese impulsado el procedimiento, por lo que fue correcta la determinación de la responsable acerca de que operó la caducidad de la instancia, máxime porque aunado a lo anterior y, como lo sostuvo la responsable, no aparece de las constancias de autos el que las partes al menos se hubieren notificado del auto de radicación del recurso interpuesto ni el que hubieren gestionado lo conducente para que se perfeccionara la iniciativa del recurso ante la Sala en este sentido; en tal contexto, es incorrecto lo aducido por la quejosa en el sentido de que ya no era necesaria actuación alguna de su parte, por lo que en el caso concreto la ahora quejosa incumplió con la obligación que se contiene en el artículo 4o. del código adjetivo de la materia, consecuentemente, por las razones apuntadas, resultan infundados los capítulos de queja externados en la demanda de garantías.

Tiene apoyo a lo anterior, en lo sustancial y conducente, el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 710/96, en la tesis número XIX.2o.27 C, visible en la página 1066 del Tomo VII, enero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

"-De una correcta interpretación del artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, se obtiene que los Jueces y Magistrados no tienen la obligación de impulsar el procedimiento, sino que sólo gozan de facultades discrecionales para ello, correspondiendo la iniciativa para tal efecto a las partes hasta que el proceso quede en estado de dictar sentencia."

En mérito de lo anterior, sólo queda agregar que si la figura jurídica de índole procesal de la caducidad de la instancia tiene como finalidad esencial el que no se acumulen de manera indefinida los negocios en los tribunales (estableciendo una sanción para las partes que abandonan el ejercicio de su acción procesal), sino el que rápidamente sean terminados en beneficio de las partes y de una pronta administración de justicia, por ser ésta una razón de interés público ante la cual debe ceder todo tipo de interés particular, que es la finalidad primordial que persigue el artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, cobrando plena aplicación entonces el hecho de que además, por disposición expresa contenida en el artículo 17 constitucional, es imperativo el que toda persona tenga derecho a la administración de la justicia por los tribunales, los cuales deberán estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen al respecto las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial y de esta manera los juicios no se prolonguen de forma indefinida, dejando al arbitrio de las partes el debido impulso procesal que les corresponda aunque ello acontezca en segunda instancia; resulta claro que la finalidad del legislador fue precisamente la no prolongación de manera indefinida de los juicios, con la consiguiente pérdida no sólo de tiempo sino muchas veces de cuestiones económicas de las partes por la conducta omisiva o por apatía para continuar con el mismo y, ante tal manifestación, se establece la sanción de pleno derecho, pues arribar a otra conclusión, como lo pretenden los agraviados, resultaría absurdo y antijurídico, dado que implicaría que en el recurso de apelación, una vez formulados los agravios y recibida la contestación de los mismos por la parte contrapelante, independientemente de que se abriera un periodo probatorio en caso de que se ofrecieran pruebas, el mismo se continuara sin ningún impulso procesal de las partes, violentándose con ello una norma de carácter público.

En las relacionadas consideraciones, al ser infundados los conceptos de violación aducidos por la quejosa y no advirtiéndose que exista materia para suplir en su favor la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, resulta procedente negarles el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Josefina Rodríguez Méndez en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia de fecha nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca civil número 94/98, por las razones apuntadas en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Olga Iliana Saldaña Durán, José Martín Hernández Simental y Fernando Octavio Villarreal Delgado, siendo el segundo ponente, y presidente de este tribunal la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2808-68ef1fc8/caducidad-de-la-instancia-en-los-juicios-civiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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