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CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", COMO REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 365/2018. · Registro digital (IUS): 28125
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-10-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Pág. 2006.

AMPARO DIRECTO 365/2018. 23 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: RENATO DE JESÚS MARTÍNEZ LEMUS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—El quejoso en el presente juicio de amparo resulta ser la parte obrera en el juicio natural, por lo que procede suplir los conceptos de violación planteados, con fundamento en el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando ello le reporte un beneficio.

De entrada, en relación con la decisión de la Junta de absolver al **********, de reconocer que la única pensión de que goza el actor **********, es la de cesantía en edad avanzada, bajo el régimen y vigencia de la Ley del Seguro Social de 1973, reclamada en el inciso B) de su escrito inicial de demanda, bajo el argumento de que no es un hecho controvertido.

La quejosa no formuló concepto de violación sobre el particular, ni este órgano colegiado advierte queja deficiente que suplir en su favor; entonces, no es dable emitir consideración alguna sobre la relatada decisión; de ahí que deba permanecer incólume.

Se precisa que el estudio de los motivos de disenso propuestos por el quejoso en su demanda de amparo se hará en su conjunto, por así permitirlo el artículo 76 de la legislación en cita.

Apoya a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que este tribunal comparte, publicada en la página 2018, Libro 29, Tomo III, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas», de título y subtítulo: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."

El quejoso en su primer y segundo conceptos de violación aduce, en esencia:

• Que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se encuentra fundado ni motivado ya que la autoridad responsable lo requirió para que exhibiera el último estado de cuenta, de conformidad con el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo que establece el último estado de cuenta, mas no uno actualizado, además, en términos del numeral 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las Afores tienen la obligación de, por lo menos tres veces al año, enviar al domicilio de los trabajadores sus estados de cuenta; por lo tanto, al omitir la demandada enviarle los estados de cuenta, exhibió el último que llegó a su domicilio.

• Que la Junta del conocimiento otorgó valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por la Afore demandada, consistentes en las documentales en copia simple del estado de cuenta emitido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre del actor, notificación de saldo de trece de marzo de dos mil dieciocho, y detalle de movimientos, argumentando que son aptas para acreditar que la Afore demandada le pagó la subcuenta de retiro 97 (noventa y siete), lo cual es incorrecto, ya que dichas pruebas fueron exhibidas en copias simples y sólo demuestran ser impresiones de pantallas de movimientos o una simple solicitud de transferencia, susceptibles de modificación, alteración o fabricación a favor de la misma.

Los anteriores motivos de disenso devienen fundados.

Veamos:

En el caso a estudio, la pretensión del actor ejercida en contra de la Afore demandada, fue obtener la devolución de las aportaciones por concepto de retiro 97 (noventa y siete); para acreditar su acción, exhibió el estado de su cuenta individual del periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis.

Del expediente laboral de donde deriva la resolución reclamada, se desprende que la Junta de Conciliación, mediante proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, radicó el asunto y requirió al actor para que exhibiera el último estado de su cuenta individual de ahorro para el retiro, de conformidad con lo previsto en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, pese a que el operario ya había aportado en su demanda el referido estado de cuenta individual.

En esa tesitura, por escrito presentado el veinticinco de enero del año en curso, el actor desahogó el requerimiento manifestando que era el último estado de su cuenta individual con que contaba, del periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, y en la audiencia de ley, específicamente, en la etapa de demanda y excepciones, previo requerimiento de la Junta responsable al trabajador para que exhibiera el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, éste expresó que el exhibido era el que tenía a su disposición, por ser el último que había llegado a su domicilio.

Seguido el juicio en sus etapas procesales, la Junta del conocimiento pronunció la resolución que ahora se reclama, de la que se desprende que al valorar la prueba del actor, aquí quejoso, estableció:

"...Pero menos resulta ser que a su demanda inicial presentó una copia fotostática de un estado de cuenta hasta el 31 de agosto de 2016, la cual en la etapa de pruebas y resolución, ratificó como su medio de convicción; sin embargo, es de destacar que el artículo 889-C de la Ley Federal del Trabajo, dispone que: ‘...Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección; deberán contener: 1. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad; II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide; IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados, actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la administradora de fondos para el retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez; VIII. Las demás pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones; y, IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte.’. ...Por lo que acorde al precepto citado con antelación, los requisitos a que alude constituyen un presupuesto esencial para que la acción quede configurada en los hechos y, si no se cumplen esas exigencias de procedibilidad necesarias acorde a la acción intentada, ésta no podría configurarse; en esas condiciones, cabe hacer notar que del sumario en que se actúa, se desprende que toda vez que el accionante anexa a su demanda inicial una copia fotostática del estado de cuenta hasta el 31 de agosto de 2015, la cual en la etapa de pruebas y resolución, ratificó como su medio de convicción, empero, es inverosímil que dicho documento sea el último estado de su cuenta individual de ahorro para el retiro del accionante; a mayor abundamiento, cabe destacar que el demandante no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el proveído del 2 de enero de 2018, en el que vista su demanda, es por lo que con fundamento en los numerales 873, párrafo segundo y 899-C, fracción VI de la legislación en comento, se le requirió para que exhibiera el último estado de su cuenta individual de ahorro para el retiro, sin que exhibiera el documento solicitado; por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 878, fracción II, primer párrafo, de la ley en cita, en la etapa de demanda y excepciones, se le previno para que corrigiera los defectos u omisiones en que haya incurrido al presentar su demanda, en el caso concreto, para que exhibiera el último estado de su cuenta individual de ahorro para el retiro, sin que exhibiera la documentación requerida, motivo por el cual es de concluir que en el juicio en que se actúa, el actor **********, no cumple con el requisito de procedibilidad previsto en la fracción VI del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, es decir, omitió exhibir el último estado de su cuenta individual de ahorro para el retiro; por tanto, no se puede configurar su acción intentada en su demanda inicial de fecha 16 de noviembre de 2017..."

Consideraciones de previa referencia que, tal como lo expone la parte quejosa en los conceptos de violación, son contrarias a derecho.

Ello es así, en razón de que la Junta responsable señaló que el accionante omitió cumplir con los requisitos que dispone el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo, específicamente, porque no cumplió con adjuntar a la demanda laboral, el último estado de cuenta de su cuenta individual pese a que fue requerido para ello, tras interpretar literalmente lo que prevé dicha hipótesis legal, cuando debe entenderse también como el último estado de cuenta, el que el quejoso exhibió de primera mano al haber adjuntado el último estado de cuenta de trato, es decir, con el que contaba al momento de presentar su demanda laboral, porque tras haber sido requerido indicó que era el último que le llegó a su domicilio.

Pues es criterio de este órgano colegiado que lo que debe entenderse por "último estado de cuenta" es el de fecha más reciente a la data de presentación de la demanda laboral que tenga a su disposición la actora, el cual, generalmente, es el que exhibe anexo a su demanda laboral, o el que acompaña al escrito relativo al momento en que la Junta del conocimiento le requiere para que exhiba dicho documento, ya que si bien la Junta tiene el deber de requerir que se cumpla con la ley y con ello que se exhiba junto con la demanda, como presupuesto de la acción, el último estado de cuenta, esto implica que debe tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y con ello considerar que si la Afore tiene la obligación de enviar al domicilio del particular los estados de cuenta, por lo menos tres veces al año, es decir, en forma cuatrimestral.

Entonces, el último estado de cuenta será, por regla general, el que tenga el actor a la fecha de presentación de la demanda, en por lo menos cuatro u ocho meses anterior a esa fecha; y por excepción, tomando en cuenta el principio que reza que "nadie está obligado a lo imposible", si el actor manifiesta que el que exhibe es el último con el que cuenta por ser, por ejemplo, el último que recibió en su domicilio, debe interpretarse cumplida la norma jurídica, y tener a este estado de cuenta como el último exigido por la ley.

En ese sentido, se considera que el quejoso sí cumplió con el requisito de procedibilidad que establece el artículo 899-C de la ley laboral, pues de una interpretación funcional y teleológica de la normativa de seguridad social de trato, se puede advertir que el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro del uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que exhibió el operario, es el último estado de cuenta individual con el que contaba al momento de ejercer su acción, pues la Junta del conocimiento perdió de vista que la obligación de ésta se constriñe a requerir en un momento dado al trabajador para que, en caso de no acompañar documental alguna, exhiba el último estado de cuenta de su cuenta individual; empero, en caso de que dicho requerimiento sea cumplido, deberá estarse a ese documento y darle la calidad de último estado de cuenta, en tanto, se insiste, a la Junta no le corresponde apreciar si para efectos del juicio laboral, el estado de cuenta exhibido es el último, ya que este órgano jurisdiccional considera que ello es materia de cargas probatorias, pues a quien le corresponderá desvirtuar esa documental será, en todo caso, a la administradora de fondos para el retiro (Afore), o bien, al instituto de seguridad social correlativo, de conformidad con el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo, que dice:

"Artículo 899-D. Los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 784 deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente. En todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social, probar su dicho cuando exista controversia sobre:

"I. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social;

"II. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento;

"III. Promedios salariales de cotización de los promoventes;

"IV. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados;

"V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas;

"VI. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones;

"VII. Vigencia de derechos;

"VIII. Pagos parciales otorgados a los asegurados."

Lo anterior porque, además, conforme a lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, los institutos de seguridad social y afores deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente, siendo que, en todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social probar su dicho cuando exista controversia sobre: fecha de inscripción al régimen de seguridad social, número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, promedios salariales de cotización de los promoventes, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados, disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a los asegurados.

En esas condiciones, se considera que no solamente estos últimos tienen la carga probatoria de desvirtuar el estado de cuenta de la cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por el trabajador, sino también tienen la carga de probar qué sucedió con los recursos económicos ahí contenidos; esto es, si fueron objeto de transferencia electrónica-bancaria u otra similar al Gobierno Federal, o fueron entregados directamente al trabajador.

De ahí que se considere que la actuación de la Junta del conocimiento no puede ir más allá que el solo deber de requerir al trabajador para que, en caso de que no acompañe el estado de cuenta individual, lo haga, siendo el último el de fecha más reciente que tenga en su poder.

Antes bien, interpretando en armonía la fracción VI del numeral 899 de la ley laboral, se estima que la Junta de Conciliación no debió limitar el requerimiento que hizo al actor para que exhibiera el último estado de la cuenta individual de fondos de ahorro para el retiro, porque no tiene los alcances de saber cuál es el último estado de cuenta que tiene el trabajador en su poder, máxime porque la Afore es quien debe entregárselo a los particulares, en tanto que bien pudo omitir enviarle el correspondiente al periodo requerido o enviarle uno diverso; de ahí que debió establecer que el último estado de cuenta era el que precisó el trabajador al desahogar el requerimiento.

En esas condiciones, la Junta responsable no tomó en consideración que la Afore e instituto demandados tienen la obligación de expedir los estados de cuenta a que hace referencia la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; por tanto, dicha autoridad debió concluir en el sentido de que el laborioso sí cumplió con los requisitos que refiere el mencionado artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que entre el periodo que abarca el estado de cuenta exhibido por la parte actora, del uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, a la presentación de la demanda laboral, o sea, al veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante aproximadamente un año y tres meses, pues si aquélla, al desahogar la prevención respectiva, se dijo, expresó que era el de fecha más reciente a la data de presentación de la demanda que tenía a su disposición; entonces, como se puntualizó, debe concluirse que corresponde al último estado de cuenta a que se refiere el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que a la demandada le correspondía desvirtuar que ése no era el último estado de cuenta del trabajador y, sobre todo, cuál fue el destino de los recursos que aparecen en el mismo.

Por ende, la Junta de Conciliación debió otorgar valor probatorio al estado de cuenta presentado por el actor, en razón de que bajo protesta de decir verdad, manifestó que era el último estado de cuenta de la cuenta individual que tenía en su poder, el cual era del periodo del uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, atendiendo a que ello constituye una circunstancia no prevista por la Junta laboral no imputable al quejoso, por lo que, siguiendo el principio general de derecho que reza: nadie está obligado a lo imposible; entonces, debe concluirse que éste sí cumplió con el requisito de procedibilidad relativo.

En esas condiciones, el actor sí cumplió con el requisito que para tal efecto establece el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo, fracción VI, pues exhibió el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro con el que contaba a la fecha de la presentación de su demanda; además, en los autos del juicio laboral no existe documento alguno que acredite lo contrario; esto es, que el estado de cuenta exhibido por el actor no sea el último que expidió la demandada.

Apoya a la anterior consideración la tesis VII.2o.T.171 L (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, pendiente de publicarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO’, COMO REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Atento a los preceptos que integran el título catorce, capítulo XVIII, sección primera, denominada: ‘Conflictos individuales de seguridad social’, de la Ley Federal del Trabajo; de la pretensión del legislador al establecer en su contenido requisitos que, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen el presupuesto para que la acción quede configurada en los hechos, y de la interpretación funcional y teleológica del artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la ley citada, por ‘último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro’, debe entenderse aquel que contiene la fecha de expedición más reciente en relación con la de la presentación de la demanda, que tenga a disposición el trabajador y acompañe a ésta, o bien, el que exhiba con motivo de la prevención o requerimiento que le realice el tribunal laboral. Lo anterior, con independencia de que la fecha de expedición de dicha documental se encuentre o no dentro del rango de 4 u 8 meses previos, contados a partir de la fecha de presentación de la demanda, ya que corresponde a los institutos de seguridad social desvirtuarla y demostrar el destino de los recursos cuya devolución se demande, de conformidad con el artículo 899-D de la ley aludida. Por ende, el trabajador cumple con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 899-C invocado, si el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro que exhibe es el último con el que cuenta al presentar su demanda, pues el tribunal no puede analizar su temporalidad, sino sólo requerirlo para que lo exhiba, en caso de que no lo haya hecho, por lo que, si dicho requerimiento es cumplido, deberá estarse a ese documento y darle la calidad de último estado de cuenta, al no corresponderle determinar si es el último, ya que ello es materia de la carga probatoria que corresponde a la administradora de fondos para el retiro, o bien, al instituto de seguridad social correlativo, quienes deben desvirtuar esa documental; ello, porque conforme a los artículos 784 y 899-D, deben exhibir los documentos que tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente; además, tienen la carga de probar su dicho cuando exista controversia sobre: la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, el número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, el promedio salarial de cotización de los promoventes, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro, disposiciones o retiros de los asegurados, recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a éstos."

De ahí que, contrario a lo determinado por la Junta responsable, se obtiene del sumario que la Afore demandada no logró acreditar su excepción de pago, ya que se excepcionó en los siguientes términos:

"...se opone la excepción de pago de los recursos correspondientes al ramo de retiro 97 de la subcuenta de RCV, de la cuenta individual del trabajador, toda vez que éstos le fueron cubiertos administrativamente al C. ********** por mi representada, en virtud de la resolución de pensión en cesantía en edad avanzada que percibe, en la fecha y por los montos siguientes:

Ver fecha y montos

Lo anterior se desprende de la impresión de la pantalla del sistema automatizado de mi representada, denominada "Detalle de movimientos" que se adjunta como "Anexo 2".

La citada documental se adminicula con la "Notificación de saldo" que se adjunta al presente como "Anexo 1" del que se desprende que no existe cantidad alguna susceptible de devolución, en virtud de que tales rubros reportan saldo de **********, asimismo, se adminicula con la prueba confesional ofrecida por mi representada a cargo del actor, ya que como se ha señalado, a éste le fueron pagados los recursos a los que se alude.

Lo anterior es así, en razón de que la administradora demandada ofreció como pruebas de su parte las consistentes en: notificación de saldo de trece de marzo de dos mil dieciocho y detalle de movimientos; pruebas que fueron objetadas en cuanto a su autenticidad y en el laudo, la Junta les otorgó eficacia demostrativa.

Derivado de lo anterior, el órgano tripartito de trabajo, al emitir el laudo, desestimó el estado de cuenta ofrecido por el actor, como se vio líneas precedentes, y otorgó valor probatorio a las documentales ofrecidas por la demandada, de cuyo contenido no se desprende saldo alguno a favor del actor por el rubro de retiro 97 (noventa y siete), por lo que absolvió a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable a pagar la cantidad de **********.

Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 171/2017 (10a.), determinó que la información en poder de las Afores respecto de la contabilidad y el movimiento de los saldos de las subcuentas de retiro, sólo puede ser generada, consultada y procesada por sus sistemas automatizados, los cuales se encuentran coordinados con la Base Nacional de Datos SAR y su operación está supeditada a las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento, por lo que dichos sistemas cuentan con la presunción legal de fiabilidad y certeza de los datos que contienen; por lo que en el plano administrativo, dicha información se trata del cumplimiento de la obligación legal de llevar su contabilidad y el registro de las operaciones en que intervienen mediante sistemas automatizados o electrónicos que puede reproducirse en forma impresa.

Asimismo, determinó que en el plano jurisdiccional esos elementos de prueba se ubican en los artículos 776, fracción VIII y 836-C de la Ley Federal del Trabajo, como medios aportados por los descubrimientos de la ciencia que pueden alcanzar valor probatorio ante un conflicto que se genere con relación a los saldos y movimientos propios de las administradoras sujetos a comprobar y que se hace mediante la información generada en impresiones digitales ofrecidas como prueba.

En razón de lo expuesto, precisó que esas pruebas documentales, para alcanzar un valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, requieren perfeccionarse mediante la prueba pericial o la de inspección ocular, como ordenan los artículos 836-A a 836-D de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que exista certeza jurídica de que el contenido de la impresión coincida con el de los sistemas automatizados de las Afores.

La jurisprudencia en cita, con número de registro digital: 2016315, fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, página 1210 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de marzo de 2018 a las 10:05 horas», y es del contenido siguiente:

"ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). LAS IMPRESIONES DIGITALES APORTADAS EN EL JUICIO LABORAL QUE REPORTAN DETALLES DE SALDOS O MOVIMIENTOS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO QUE ADMINISTRAN, REQUIEREN PERFECCIONARSE PARA ALCANZAR VALOR PROBATORIO PLENO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. La información en poder de las Afores respecto de la contabilidad y el movimiento de los saldos de las subcuentas de retiro, sólo puede ser generada, consultada y procesada por sus sistemas automatizados, los cuales se encuentran coordinados con la Base Nacional de Datos SAR y su operación está supeditada a las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, por lo que dichos sistemas cuentan con la presunción legal de fiabilidad y certeza de que los datos que contienen, en el plano administrativo, son producto del cumplimiento de la obligación legal de llevar su contabilidad y el registro de las operaciones en que intervienen mediante sistemas automatizados o electrónicos que puede reproducirse en forma impresa. Ahora bien, en el plano jurisdiccional esos elementos de prueba se ubican en los artículos 776, fracción VIII y 836-C de la Ley Federal del Trabajo, como medios aportados por los descubrimientos de la ciencia que pueden alcanzar valor probatorio ante un conflicto que se genere con relación a los saldos y movimientos propios de las administradoras sujetos a comprobar y que se hace mediante la información generada en impresiones digitales ofrecidas como prueba; en consecuencia, a la par de lo sostenido, para alcanzar un valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, requieren perfeccionarse mediante la prueba pericial o la de inspección ocular, como ordenan los artículos 836-A a 836-D de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que exista certeza jurídica de que los datos presentados en la impresión coincidan con el contenido de los sistemas automatizados de las Afores."

Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 172/2017 (10a.) determinó que los asientos contables en cuyos movimientos se detalle la transferencia de los recursos de la subcuenta de retiro a la cuenta del beneficiario, no son prueba idónea para tener por acreditada la excepción de pago.

En ese sentido, precisó que aunque llegaran a perfeccionarse las impresiones digitales de los movimientos contables exhibidos por la Afore demandada, no son idóneas para demostrar la aludida excepción, porque el movimiento financiero consiste en el cargo que recibe la cuenta del ordenante y el abono que se produce en la cuenta del beneficiario, como puede ser la transferencia o el depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, emisión de cheques o cualquier otro medio electrónico, los cuales tienen el alcance de demostrar fehacientemente que se realizó la transferencia que se asentó en el movimiento contable de las Afores en la subcuenta de retiro; lo que se considera idóneo para comprobar la entrega de los recursos demandados.

Lo que, por sí mismo, permite sostener que no se encuentra debidamente soportada la excepción de pago aludida; pero además, esas documentales no son aptas para acreditar el pago, sino, en todo caso, podrían generar la presunción de que se llevaron a cabo determinados movimientos en la cuenta individual del quejoso **********.

Por ello, si la excepción de pago no está orientada a acreditar que se verificaron movimientos financieros en la cuenta del trabajador, sino que se hizo entrega de los importes afirmados, se requiere de otros elementos de convicción que así lo demuestren, como podría ser el abono que se produce en la cuenta del beneficiario, la transferencia o el depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, emisión de cheques o cualquier otro que tenga el alcance de demostrar que, efectivamente, se realizó el pago del movimiento contable asentado por la Afore en la subcuenta de retiro el operario.

En las relatadas consideraciones, se concluye que la Afore demandada no acreditó la excepción de pago, porque las pruebas documentales que ofreció y exhibió en el juicio laboral no son idóneas para acreditar su afirmación.

De ahí que la Junta del conocimiento deberá condenar a la demandada a la devolución de la totalidad de los recursos con los que cuenta el trabajador en su cuenta individual de ahorro para el retiro, consistente en retiro 97 (noventa y siete), bajo la idea de que la Afore demandada no demostró su excepción de pago.

Sin que pase inadvertido que la autoridad laboral no orde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28125-3f3e93e7/conflictos-individuales-de-seguridad-social-que-debe-entenderse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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